Puebla mantiene el no al aborto y al matrimonio igualitario
Mujeres no ven avances en su estado pese a cambio de gobierno.
octubre 17, 2019

El Congreso de Puebla, con una mayoría que pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa, que mantiene la criminalización del aborto y se opone al matrimonio igualitario.

La iniciativa de reforma aprobada por el Congreso de Puebla el 8 de octubre de 2019, incluye una pena de cárcel de hasta un año a las mujeres que aborten en la entidad. La reforma al código penal eliminó las tres agravantes que aumentaban la pena hasta por cinco años: el que la mujer tenga “mala fama”, “que haya logrado ocultar su embarazo” o “que no sea fruto del matrimonio”.

La aprobación se trata además del segundo desacato por parte del Congreso local a la acción de inconstitucionalidad 29/2016 que presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2016 contra la asamblea local, por lo que podría enfrentar sanciones. La orden que dio la Corte fue erradicar términos discriminatorios e ilegales sobre el matrimonio.

El artículo 300 del Código Civil de Puebla establecía que el matrimonio podía darse solo entre el hombre y una sola mujer para “perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”. La Suprema Corte declaró en 2016 que se trataba de una acción inconstitucional y discriminatoria por excluir injustificadamente del matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Jurídicamente, a partir de que la iniciativa del gobernador del estado toca el artículo correspondiente sin acatar lo que dicta la SCJN, da pauta para que se reabra el procedimiento en términos del Artículo 105 constitucional y se vuelva a solicitar la acción de inconstitucionalidad, explicó en entrevista con Gatopardo la diputada local por el PRI, Rocío García Olmedo.

aborto en puebla

Criminalización por aborto

Varias organizaciones de Puebla comenzaron a impulsar el tema del aborto legal en la entidad después de que Andrés Manuel López Obrador ganara las elecciones presidenciales el pasado 1 de julio de 2018.

La diputada Rocío García Olmedo había presentado un mes antes de las elecciones presidenciales dos iniciativas de reforma de ley para que las mujeres pudieran abortar antes de las doce semanas de gestación.

“Hace 10 años se presentó una propuesta de esta naturaleza y ahora se da en otro contexto con gobiernos que se auto nombran progresistas y liberales. Pensamos que el contexto había cambiado, pero se nota que no fue así ”, dice García Olmedo.

La iniciativa presentada en 2019 contenía las modificaciones que hizo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. Durante su discusión se reportaron irregularidades como que la iniciativa fuera dirigida únicamente a la comisión de procuración y administración de justicia y no a la comisión de igualdad de género, que preside García Olmedo.

Desde 2009 hasta agosto de 2019 se registraron 73 procesos legales en contra de mujeres por interrupción del embarazo y de estos, once culminaron en sentencias a mujeres, de acuerdo con el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis). Sin embargo, García Olmedo denuncia que el periódico de Puebla con mayor circulación contiene anuncios de clínicas que hacen abortos clandestinos.

Previo a la votación para aprobar la reforma, García pidió a sus símiles en el Congreso a dejar de “violentar los derechos de las mujeres”. Únicamente García Olmedo, la diputada Vianey García de Morena y Marcelo García, legislador  independiente, votaron en contra de la reforma.

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Rubí Cervantes, coordinadora del área de acompañamiento social de la organización Taller en Puebla que apoya a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, dice que el trabajo que han hecho los legisladores en el estado ha sido una “simulación”.

“Para nosotras ha sido bastante complicado este cambio de gobierno. Aparentemente iba a ser una oportunidad para la despenalización del aborto y de legalizar el matrimonio igualitario, pero también es una estrategia para desarticularnos o para cansarnos”, dice en entrevista con Gatopardo. Para ella, es evidente que el gobierno local ha usado los temas de Derechos Humanos “como botín electoral”.

“Nos sentimos bastante desanimadas y defraudadas por los partidos que durante la campaña hicieron varias promesas para obtener votos”, continúa la activista.

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Mely Arellano, periodista del medio local Lado B y que cubre temas de género en Puebla, afirma que el gobernador Miguel Barbosa es un personaje cercano al exgobernador del PAN, Rafael Moreno Valle.

“Él, como muchos personajes del país en los últimos años, se sumó a Morena ya de última para la gubernatura, pero en la práctica, Barbosa ha sido conocido como un personaje que le juega al mejor postor”, explica Arellano en entrevista con Gatopardo.

La periodista piensa que podría tratarse de un pago de favores al partido de derecha, Encuentro Social (PES), que junto al Partido del Trabajo (PT) formaron la coalición con Morena para representar a Barbosa en las últimas elecciones estatales. Morena tiene mayoría en el Congreso, por lo que Arellano opina que como bancada podrían presentar una iniciativa propia que despenalice el aborto y legalice el matrimonio igualitraio para apuntarse ese logro.

“Yo no siento que haya habido un avance para las mujeres con la llegada de Morena al gobierno del estado, a la mayoría de los municipios y a la mayoría del Congreso”, dice Arellano.

Sin embargo, la periodista observa que el movimiento feminista crece cada vez más en Puebla y que también hay mujeres con perspectiva de género en cargos públicos.

El Congreso de Puebla, con una mayoría que pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa, que mantiene la criminalización del aborto y se opone al matrimonio igualitario.

El Congreso de Puebla, con una mayoría que pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprobó un paquete de reformas presentadas por el Ejecutivo estatal, Miguel Barbosa, que mantiene la criminalización del aborto y se opone al matrimonio igualitario.

Matrimonio igualitario

La reforma recién aprobada al Artículo 294 del Código Civil de Puebla establece que el matrimonio es “entre un solo hombre y una sola mujer para darse apoyo mutuo”. El término “para perpetuar la especie” quedó erradicado en la nueva legislación.

Aunque en Puebla las parejas del mismo sexo pueden casarse sin un amparo gracias a la declaración de inconstitucionalidad de la SCJN, Juan Corona de la organización civil por los derechos LGBTTTI+, Vida Plena, cree que la legalización cambiaría el paradigma social sobre ese tema.

“El Estado podría mandar un mensaje más fuerte y admitir que tiene un código restrictivo. Cuando cambia la legislación, cambia la política pública y cambia la sociedad”, comenta en entrevista.

Vida Plena y más organizaciones por los derechos de la comunidad LGBTTTI+ asesoraron a las comisiones para hacer las modificaciones que ordena la Corte a la iniciativa. Sin embargo, durante el debate legislativo a favor de la iniciativa, la mayoría de los diputados incurrieron en comentarios discriminatorios.

“Es la primera vez que Puebla tiene un congreso con una mayoría de partidos de izquierda. Esto exhibe a la asamblea legislativa tal cual es: como una composición de gobiernos de izquierda con las viejas tradiciones de partidos de derecha”, afirma Juan Corona.

Lo que sigue

El día después de la aprobación de las reformas el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa dijo que no hizo la propuesta de matrimonio igualitario, pero que “dejaba una llave” para que entrara la acción de inconstitucionalidad.

“Pongan atención: pude haber no metido en ese paquete el tema del matrimonio y se hubiera quedado como está, pero la metí ¿para qué? Para dar una llave”,  declaró Miguel Barbosa de manera condescendiente a los medios. También dijo estar satisfecho de lo que se hizo con el tema del aborto, que fue “bajar la penalidad de cinco años a uno”.

Respecto a la acción de inconstitucionalidad, Juan Corona de Vida Plena dio a conocer que se organizarán como sociedad civil para presentar ante las comisiones de derechos humanos local y nacional los trámites pertinentes, una vez que se publique el paquete de leyes en el diario oficial del estado.


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