¿En qué escenario podría hablarse de un buen trabajo del CNI, que dirige el general retirado Audomaro Martínez Zapata? Sólo si el ataque se hubiera impedido. Esto es, si se hubiera detenido al grupo delictivo en algún punto durante la maquinación del plan, no después de su materialización. Para eso existen estas instituciones, es parte de su razón de ser en el organigrama: generar información para que quienes gobiernan estén mejor informados que los grupos delictivos y anticiparse a sus acciones. Así, por lo menos desde el año 2000, en Francia, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Reino Unido, se ha logrado arrestar y encarcelar a integrantes de grupos extremistas por planear actos terroristas. Que el atentado se haya llevado a cabo, a pesar de que el CNI contaba con información sobre el mismo, y aunque el secretario García Harfuch salvara la vida, representa un fracaso de la institución.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia a la que está adscrita el CNI, debe hacer una revisión exhaustiva de los errores u omisiones en los que se incurrió y tomar medidas para corregir los procesos que fallaron. Si se tenía conocimiento de la amenaza, la inteligencia —insumo principal de la estrategia de seguridad actual, de acuerdo con el presidente que clama “abrazos, no balazos”— no se tradujo en acciones por parte de la autoridad federal de seguridad pública, la Guardia Nacional, para impedirlo. ¿Habrá siquiera llegado la información a esta otra institución?

Como sea, es un hecho que García Harfuch, quien ha emprendido acciones frontales para combatir a diversas organizaciones dedicadas al narcotráfico desde su puesto actual y en su posición anterior, al frente de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, no estuvo debidamente respaldado por el principal órgano de inteligencia civil del país. A juzgar por su mensaje en Twitter pocas horas después del atentando: “continuaremos trabajando”, el hombre encargado de la seguridad en la capital del país continuará con el mismo objetivo en la mira. Sin embargo, a sabiendas de que ya son varios los funcionarios de seguridad y justicia que han sido blanco de ataques letales en la presente administración —el juez federal Uriel Villegas y al menos mil 100 policías, de acuerdo con la organización Causa en Común–— la pregunta es, ¿qué garantías ofrece el Estado, por medio de los órganos de inteligencia civil a quienes trabajan en el reto de desarticular organizaciones poderosas y violentas, dedicadas a actividades como narcotráfico, extorsión, explotación sexual o robo de combustible? Su respaldo es necesario como señal de que, tanto el gobierno federal como los estados comparten el objetivo de pacificar el país, lo que implica acciones policiales contra estos grupos.

García Harfuch podrá reincorporarse a la Secretaría de Seguridad capitalina, pero es en buena medida obligación de las autoridades federales detectar todo lo que salió mal. La inteligencia del Estado mexicano le falló a la Ciudad de México.