Un modelo en crisis. El rezago de los hospitales psiquiátricos en México

Un modelo en crisis. El rezago de los psiquiátricos en México

Entre personal reducido y un presupuesto que llega a cuentagotas, México apuesta por un cambio en el sistema de atención a la salud mental en medio de un rezago de tres décadas. Año tras año un quinto de la población requiere atención por una discapacidad psicosocial. La solución podría estar en un modelo que considere los vínculos sociales, la inclusión comunitaria, la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.

 

 

 

Felipe Orozco abrió los ojos y descubrió que no podía moverse. Tenía las manos y las piernas sujetas con vendas. Estaba atado a una cama del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en la Ciudad de México, que auspicia el gobierno federal. Era finales de julio de 2017 cuando, por voz de un enfermero, se enteró de que tenía tres semanas así. Aún no recuerda lo que pasó en ese lapso. “Después supe que llegué por un brote psicótico y que en el área de observación me amarraron y medicaron”, cuenta este hombre de 43 años, médico cirujano, a quien diagnosticaron desde los veintitrés con trastorno esquizoafectivo maniaco (una combinación de síntomas de esquizofrenia y de trastornos del estado de ánimo), sobre su primer internamiento forzado.

Cuando recobró el conocimiento lo trasladaron al quinto piso, donde encontró un poco más de libertad —al menos, un par de horas, porque entre las ocho de la mañana y el mediodía, así como por las noches, volvían a inmovilizarlo—. “En una ocasión necesitaba ir al baño y pedí apoyo al enfermero, porque ya no aguantaba, y me dijo que no, que si quería me podía hacer en el colchón. Se siente horrible. Uno no quiere estar sucio, pero mi vejiga ya no aguantaba más. Me tuve que hacer”.

Un año más tarde, en 2018, un nuevo brote lo llevó a otro hospital público, ahora en Puebla. Un despido injustificado elevó sus niveles de estrés y las alucinaciones incrementaron; por ello su psiquiatra de cabecera recomendó internamiento y la única opción era el Hospital Psiquiátrico Doctor Rafael Serrano, del gobierno estatal. “No recuerdo cómo llegué, pero sí que, entrando, me encadenaron. No fueron vendas: eran cadenas, cadenas con candado. En las tres semanas que estuve ahí descubrí el horror”. Entre sus memorias están los baños con mangueras a presión y agua fría que el personal le obligaba a tomar en las madrugadas; que su ropa era una bata que a cada movimiento dejaba ver su desnudez; que la comida no tenía sabor y el personal la arrojaba al piso; que había golpes y burlas y ninguna consulta con los especialistas. 

Cuando su papá logró verlo —las visitas no están permitidas con regularidad— lo encontró en tan malas condiciones que firmó su alta voluntaria. Su caso fue retomado por Human Rights Watch, que incluyó a México como uno de los países que todavía encadena a pacientes, según consta en el informe Living in chains (2020). En un análisis reciente, la Secretaría de Salud (SSA) encontró que hay nueve estados donde los centros de atención psiquiátrica tienen salas de aislamiento que, según la dependencia, no deberían existir porque no se consideran medidas terapéuticas. La mayoría están en Chihuahua, con ocho; Ciudad de México, con dos; y Sinaloa, también con dos, aunque Durango, Hidalgo, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Veracruz también cuentan con espacios así. 

Felipe es testigo del rezago del sistema de atención a la salud mental de este país que, a decir del doctor Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica de la SSA, tiene treinta años de atraso, pues quedó estancado en el modelo asilar: dejó mayoritariamente la atención en los hospitales psiquiátricos. 

Desde 1990, con la Declaración de Caracas, que surgió de la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, se definió que los hospitales psiquiátricos, al aislar a las personas, les generan mayor discapacidad social, condiciones desfavorables que ponen en peligro los derechos humanos y civiles de los pacientes y acaparan los recursos que destinan los países a la salud mental. Esto ha evitado que los servicios sean accesibles y estén descentralizados. 

México, junto con otras naciones, se comprometió desde entonces a reestructurar los servicios, mudarlos a un modelo de atención comunitaria, donde cualquiera pueda tener acceso temprano a una clínica o un hospital general sin necesidad de ir a un centro de alta especialización. Esto impulsaría el respeto a las libertades fundamentales de las personas con discapacidades psicosociales. Pero esta transformación no se ha concretado. Miles permanecen en un limbo, sin recibir atención oportuna, dentro de un sistema que estigmatiza y agrede.

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