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Desde aquel edificio de la colonia Nápoles, en el Distrito Federal, las mecanógrafas preparaban el documento a teclazos frenéticos y manchas de tinta. Era viernes por la mañana, 24 de febrero de 1995. Todo debía quedar listo antes de las 11:00. Empezaba a fraguarse el plan:

Ábrase la Averiguación Previa SE/003/95 respectiva en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por la comisión del delito de HOMICIDIO.

Con letras mayúsculas y minúsculas puestas a capricho, tildes donde deben ir o donde no, en una hoja color manila y un sello con el escudo nacional, quedaron redactados los cinco párrafos con los que se iniciaba una nueva averiguación previa. Para las 3:00 de la tarde, se lanzaban las primeras amenazas en forma de citatorios: 

Por medio del presente, solicito a Usted se presente ante el -AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, de esta SUBPROCURADURÍA ESPECIAL, SITIO EN: AVENIDA INSURGENTES SUR #615 COLONIA NAPOLES a efecto de que amplié su declaración.

De esta forma comenzó a operar la tercera Subprocuraduría Especial creada para esclarecer un magnicidio ocurrido en Tijuana once meses atrás: el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. 

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En el lugar mismo donde Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994, se detuvo a un michoacano llamado Mario Aburto Martínez. El entonces presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó que se investigara si Aburto había tenido cómplices. 

El primer fiscal especial nombrado para esclarecer el hecho, Miguel Montes García, exministro de la Corte, coqueteó con la idea de una “acción concertada”. Después se desdijo y aseguró que nadie había estado detrás de Aburto. En julio renunció a su cargo. 

Le siguió Olga Islas de González Mariscal, designada porque conocía a la perfección los entramados judiciales —había sido agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal—. Ella descartó por completo la hipótesis del complot y sentenció a 45 años de prisión a Mario Aburto, quien comenzaría a ser llamado el “asesino solitario”. Y en ésas acabó el sexenio.  

Ernesto Zedillo Ponce de León llegó a la Presidencia el 1 de diciembre de 1994, y bien pronto dejó claro que deseaba deslindarse de su antecesor, Salinas de Gortari, el principal sospechoso, señalaba la vox populi, de haber mandado asesinar a Colosio. El 31 de diciembre Zedillo creó por decreto una nueva Subprocuraduría Especial, con la misión de esclarecer plenamente los hechos, para que no quedara, dijo, “duda alguna en la sociedad”. 

Llegamos, entonces, al 24 de febrero de 1995 con un nuevo expediente auspiciado por un nuevo fiscal: Pablo Chapa Bezanilla, abogado que hasta entonces había tenido una carrera más bien gris en la Procuraduría General de la República. Se desató una caza de viejos testigos que habían sido descartados por los anteriores fiscales especiales, porque sus historias parecían sacadas de una novela terraplanista. 

Basta con acudir a las páginas de la averiguación previa SE/003/995 para comprobar cómo llegaron a la Subprocuraduría de Chapa Bezanilla relatos estrambóticos de personas que primero acusaron a sus amigos, y que unos años después llegaron a retractarse, asegurando que habían soñado lo originalmente confesado. Por ejemplo, una testigo hoy archiconocida, a la que más adelante volveremos, juró que Colosio se le apareció en una sesión espiritista exigiendo justicia. 

Con todo, lo que la averiguación contenía no eran solo teorías psicomágicas. A partir de ella se privó de la libertad a Othón Cortez, el joven chofer de Colosio, al que se le acusó de ser el “segundo tirador”. 

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Este 23 de marzo de 2024 se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Como en cada sexenio, este Gobierno también creó para sí una Fiscalía. Una vez más se demuestra que la historia es cíclica. 

El llamado Equipo Especial de Investigación y Litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta, nacido tras las constantes menciones del caso por parte del presidente de la República, no ha entregado certeza alguna. Sin embargo, a través de un informe entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) en octubre del año pasado, resolvió la duda sobre cuál era el número de expediente que estaba trabajando: 

RESPUESTA: Número de averiguación previa SE/003/95.

Es decir, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero no hizo otra cosa que abrir la averiguación previa que inició Pablo Chapa Bezanilla el 24 de febrero de 1995. 

No es la primera vez, por desgracia, que la averiguación previa SE/003/95 le provoca a la sociedad un shock retroactivo.  

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El 12 de marzo de 2019, tras varios intentos por parte de la ciudadanía de conocer la causa judicial del Caso Colosio (la cual había sido clasificada como reservada por la anterior PGR), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó su apertura. Así, a unos días de cumplirse el 25 aniversario luctuoso del asesinato, la entonces recién creada FGR entregó miles de páginas de testimonios e informes periciales. Desde marzo de 1994 hasta septiembre de 2000, cuatro fiscales especiales habían recabado 164 mil páginas y videos, que contaban la historia de cómo se investigó el magnicidio que cambió el rumbo del país. 

Fue una entrega más bien simbólica: fue imposible conocer, y lo sigue siendo, quiénes fueron los funcionarios, los policías, los ministerios públicos, los médicos legistas, los políticos y hasta los científicos involucrados en cada uno de los interrogatorios, de las detenciones, de los informes. Todo eso y mucho más está testado en el documento; es decir, tachonado con negro.

Sin embargo, en el tomo XXX pueden leerse los testimonios que Chapa Bezanilla recabó en la averiguación previa SE/003/95. Desde las primeras páginas, se encuentran decenas de citatorios de los viejos y nuevos testigos. 

Hay testimonios como el de una señora que vivía en Lomas Taurinas, la colonia donde cayó Luis Donaldo Colosio, en Tijuana, tras un mitin. Con todo detalle cuenta cómo un hombre, que hacía mucho tiempo que no veía, se presentó en su casa para hacerle preguntas insistentes. “Me dijo que las personas que iban a declarar ya no regresaban. Su actitud era rara, quería saber si ya había declarado”. La mujer declaró que ese hombre le había revelado un secreto: el Mario Aburto que estaba en Almoloya [el penal federal] no era el mismo de Lomas Taurinas. Y es que este hombre le explicó que habían vivido juntos, y que incluso le ayudó a construir su casita de madera. “Te voy a platicar algo, yo conozco a la persona que le dio la pistola a Mario”. Además, le confesó que unos días antes del magnicidio Aburto le dijo que pronto haría mucho dinero. “Pero ya no voy a decir nada, y tú ten mucho cuidado”, le advirtió el hombre. 

Unas semanas después aquel hombre testificó ante la Subprocuraduría Especial de Chapa Bezanilla que nunca le dijo algo parecido a la mujer. Todo era una mentira, invenciones de la señora. 

De cualquier forma, el 28 de febrero de 1995, tal Subprocuraduría, en un movimiento muy rápido, dio virtualmente por buenas las teorías de los mexicanos que aseguraban que todo se trató de un complot de Salinas. Según documentos judiciales, a las 9:30 de la noche de ese día el Servicio Médico Forense del Distrito Federal entregó el oficio 175/95. Era una opinión técnica que aseguraba que la teoría del “asesino solitario” era imposible.  

(La teoría del “asesino solitario” aseguraba que el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Mario Aburto se abrió paso entre la multitud y colocó un arma Taurus en la cabeza de Colosio, y abrió fuego. Pese al impacto, el candidato alcanzó a dar un giro de 90 grados y se colocó otra vez delante de Aburto, quien aprovechó para darle un segundo tiro en el abdomen.) 

El informe forense decía:

Lic Pablo Chapa Bezanilla. Referente a la pregunta que usted nos hace del giro de 90 grados, después de recibir el impacto de arma de fuego. Declaramos categóricamente que tal giro era imposible de darse esto desde el punto de vista neurofisiológico y desde el punto de vista de mecánica cinética dado el lugar desde donde se encontraba rodeado apretado de gente.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumó a la validación de las teorías del complot. El 1 de marzo de 1995, El Instituto de Física envió una opinión técnica sobre 12 cuadros fotográficos del momento del asesinato. Sus observaciones fueron una bomba. Opinaban que parecería que el “Licenciado Colosio cayó de frente inmediatamente sin que haya girado como han afirmado algunas hipótesis (…) parece imposible que la misma persona que disparó a la cabeza haya disparado en el estómago”. 

Algunas de las personas que rodean al Lic. Colosio parecían alerta de lo que iba a pasar. El disparo pudo ser hecho por alguna de las personas que estaban a su izquierda.

No se sabe quiénes firmaron el informe. El nombre de los académicos se mantiene en secreto. 

Durante esta época, el fiscal Chapa Bezanilla consiguió el testimonio de Jorge Amaral y Jorge Romero Romero, asistentes al mitin en Tijuana. Son los que aseguraron que Othón Cortez, el chofer de Colosio, iba junto al candidato con un arma de fuego. Ellos, dicen, lo vieron disparar. Así de contundentes. 

Más tarde, la cuarta Subprocuraduría Especial encabezada por Luis Raúl González Pérez, concluiría que Chapa Bezanilla obtuvo más de mil supuestas evidencias “fuera del proceso”. En 1997 Jorge Romero Romero corrigió su testimonio en contra de Othón, y confesó: “Como parte de un sueño creí haberlo visto”. 

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El “método Chapa Bezanilla” parecía no ser problemático a ojos de sus superiores. Mientras intentaba resolver el homicidio de Colosio, también le fue asignada la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, ocurrida el 28 de septiembre de 1994. La averiguación SE/003/95 también exhibe la forma en que el fiscal aprovechó a los testigos de ese caso para utilizarlos en el de Colosio, como si fueran testigos genéricos-intercambiables, o como si todos los sucesos de 1994 hubieran formado parte de un gran complot. 

Entra en escena Francisca Zetina, a quien la prensa apodó “La Paca”, testigo clave de Chapa Bezanilla para dar con la falsa osamenta de uno de los asesinos de Ruiz Massieu, enterrada en el rancho de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. En un documento judicial se lee que Zetina también declaró en la averiguación previa en cuestión. 

Según Zetina, Luis Donaldo Colosio se apareció en la casa que Raúl Salinas de Gortari tenía en Las Lomas, colonia de clase alta en Ciudad de México. Dijo sentir la presencia de un hombre que “se metía” entre ella y Raúl, durante una sesión espiritista ocurrida en abril de 1994. “Su puerta está manchada de sangre y un justo pide justicia”, dijo Zetina a Salinas, siempre según en el testimonio. A Colosio se le habría visto sentado en uno de los sillones de la casona. 

A lo largo de la investigación los testimonios que pretendían apuntalar la teoría de Chapa Bezanilla no pararon de llegar. Un perito de Tijuana juró que unos agentes del entonces Distrito Federal llegaron el 23 de marzo a Tijuana, y lo hicieron lavar lo ojiva de la bala que mató a Colosio; un custodio escuchó en el penal de Almoloya de Juárez a un reo que juraba que no fueron “uno ni dos, sino un grupo de personas” las que asesinaron a Colosio; la secretaria de un priísta en Tijuana aseguró que antes del asesinato escuchó cómo a su jefe le advirtieron que matarían a Colosio, y aun así no hizo nada. La pesquisa se volvió un chismerío sin control. 

Finalmente, en agosto de 1996, Pablo Chapa Bezanilla y su gente fueron destituidos por haber alterado evidencia en el caso de José Francisco Ruiz Massieu (sí, la osamenta) y, con ello, terminó su mandato en la Subprocuraduría Especial. Escapó a España y en 1997 fue detenido y extraditado a México. 

Othón Cortez demostró que había sido un chivo expiatorio del fiscal, pero siempre cargó con el estigma de ser “el segundo tirador”. Murió por un infarto y por las secuelas de la tortura a la que fue sometido en 1995. Se fue entre animalitos: los únicos que le dieron empleo fueron los encargados de un zoológico en Tijuana. Hasta el final intentó limpiar su nombre. 

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Según el breve informe entregado por la FGR en octubre de 2023, la Fiscalía Especializada del caso Colosio, la quinta, fue creada el 5 de abril de 2022. Depende de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos instalada en 2019, y entre sus atribuciones está la investigación de casos relacionados con torturas. 

La FGR explicó que hasta octubre del año pasado un equipo integrado por 18 personas trabajaba en la averiguación de marras SE/003/95. Habían realizado 472 diligencias. El 29 de enero de 2024, la FGR colgó en su sitio web un comunicado que, más que informativo, parecía un reclamo al Poder Judicial:

Sobre el caso del segundo tirador, en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hace veinte días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G”, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana.

Sin mayor explicación, sin contexto, deja entrever que su línea de investigación apunta al hecho de que, como había planteado Chapa Bezanilla, hubo un segundo tirador. Igual que en 1995, pero con el involucramiento de un personaje reciente, el exsecretario de seguridad pública, Genaro García Luna, hoy encarcelado en Estados Unidos por colusión con el narcotráfico. Después del comunicado, solo silencio. 

El misterioso agente al que se refiere la Fiscalía General es José Antonio Sánchez Ortega, un sinaloense que, en efecto, trabajaba para el Centro Nacional de Inteligencia, y que el 23 de marzo de 1994 fue detenido porque su chamarra tenía manchas de sangre. El agente fue liberado a las pocas horas tras asegurar que la sangre de Colosio lo había manchado en el momento en que ayudó a sostener su cuerpo para trasladarlo a una ambulancia. 

El periodista Atahualpa Garibay, quien el día del asesinato tenía 18 años y empezaba a reportear, recuerda bien a Sánchez Ortega. Era lo que se conoce como una “oreja”: un informante que asistía a los desayunos de políticos y “luego-luego, saliendo con su radio antiguo Motorola, informaba las novedades a sus superiores en el Distrito Federal”. De jeans y botas vaqueras, lo recuerda como un hombre sencillo y bastante respetuoso. Hoy, 30 años después, como periodista Atahualpa no descarta ninguna teoría, pero dice que Sánchez Ortega no era mucho más que un soplón con acento culichi. 

Y hoy también es un sospechoso del asesinato de Colosio, como alguna vez lo fue Othón Cortez. 

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LAURA SÁNCHEZ LEY. Periodista independiente que escribe sobre archivos y expedientes olvidados. Estudió Comunicación y desde hace catorce años es periodista especializada en temas de transparencia, seguridad y desclasificación de documentos. Ha colaborado con medios como Milenio, El Universal, Los Angeles Times, entre otros. También escribió el libro Aburto. Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo, y actualmente se concentra en su proyecto de apertura de expedientes llamado Archivero. En esta edición escribe sobre el accidente nuclear de cobalto-60 en Ciudad Juárez.

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