No sabemos su nombre. No podemos averiguarlo. Es un hombre de piel morena, con unas cuantas arrugas en la frente. Sus párpados pesados podrían esconder unos ojos grandes. Su escaso cabello alborotado perdió color con el paso del tiempo. De su boca entreabierta todavía sale una parte del tubo transparente que le ayudó a respirar de forma mecánica durante días –quizá semanas–, hoy es un indicio de la causa de su muerte: el covid-19.

Las tres fotografías –dos de perfil y una de frente– se tomaron para facilitar su identificación. Están pegadas en una hoja blanca, en la que estaría escrito su nombre, si lo supiéramos. Las letras “f.c.-c” indican que su destino fue la fosa común para quienes fallecieron por covid que no han sido reclamados ni identificados. Nadie ha llegado a esta institución a preguntar por este hombre.

En los archivos del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), ubicado en la Ciudad de México, hay gordas carpetas cuatrimestrales que contienen cientos de hojas. Están aquellos sin identificar y también quienes, aun con apellidos, edad, lugar de residencia y más datos que los hacen plenamente reconocibles, quedaron en el desamparo. El doctor Felipe Takahashi Medina, director del Incifo, reconoce, en entrevista, que la pandemia incrementó en México el número de personas que fueron abandonadas por sus familias después de morir. Quizá lo hacen por miedo.

“A partir de marzo del año pasado, empezaron a enviarnos en mayor cantidad cadáveres abandonados en hospitales”. Algunos se habían internado en vida ellos mismos, solos, y otros, con familiares que después los dejaban. “Había gran desconocimiento de las implicaciones del virus y ése fue un factor importante para que algunas familias abandonaran a un ser querido”, explica.

Tan solo en la Ciudad de México estos casos se cuentan por decenas. Hasta agosto de 2021 el Incifo contabilizó 240 muertos de covid –confirmado o bajo la sospecha de haberlo tenido– que no fueron identificados ni reclamados por un familiar. La gran mayoría –el 67 por ciento– son hombres mayores de cincuenta años que murieron en un hospital.

Los cuerpos de las personas que fallecen por esta enfermedad en México tienen una tasa alta de abandono si llegan al Incifo: apenas tres de cada diez cadáveres que llegaron a las planchas de la morgue volvieron a sus familiares, el resto terminó sepultado en una fosa común. En el Panteón Civil de Dolores, al occidente de la ciudad, el único que los alberga, un cuerpo olvidado descansa junto a otro y otro y otro más… Según el análisis de la base de datos que Gatopardo obtuvo mediante una solicitud de transparencia, la mayoría murió en Iztapalapa (38), Gustavo A. Madero (22), Álvaro Obregón (20), Cuauhtémoc (14) y Miguel Hidalgo (14).

Al inicio de la pandemia, México estableció mecanismos para el manejo general y masivo de cadáveres infectados de covid-19. Consideraban un trato digno para aquellas personas que nadie reclamara y, así, evitar que la emergencia sanitaria recrudeciera la crisis de desaparecidos. Oficialmente, se reconoce que hay 90,148 personas en esta situación; la mayoría de las fechas de desaparición (el 80%) empiezan a partir del sexenio del expresidente Felipe Calderón.

La meta obligaba al trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, debían permitir el resguardo digno de los restos y, al mismo tiempo, facilitar que los familiares localizaran a sus fallecidos. Pese al trazo de un camino claro, la ruta no es transitable. “Tenemos los lineamientos correctos, el tema sigue siendo la implementación, la falta de condiciones para preservar los cuerpos, morgues rebasadas, poco personal, falta de refrigeración y el continuo uso de fosas comunes que, lejos de facilitar la identificación, dificultan el proceso, además de la nula coordinación entre autoridades”, enlista los problemas Edith Escareño, consultora independiente que se dedica al acompañamiento psicosocial para familiares de víctimas de actos de violencia.

A nivel federal, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), dirigida por Karla Quintana, quedó encargada de alojar la información sobre los fallecidos por covid que no han sido reclamados en las 32 entidades. Las comisiones estatales de búsqueda harían lo propio en cada uno de sus territorios. Sin embargo, en la respuesta a una solicitud de información, la CNB apenas reconoce que tiene 43 avisos de personas en esta situación en todo el país. Esa cifra representa el 18% de los casos registrados sólo en la Ciudad de México –suman 240–. De acuerdo con una fuente interna de la comisión, ninguna otra entidad les ha reportado estos casos y la misma Ciudad de México, la única entidad que al inicio de la pandemia envió reportes, dejó de hacerlo sin previo aviso.

Ocurre lo mismo a nivel local. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que comanda Lizzeth Hernández, da cuenta, apenas, de 31 hombres y dos mujeres que murieron por covid y no fueron reclamados. El Panteón Civil de Dolores –el único en toda la ciudad que tiene un área de fosa común–, a cargo de la alcaldía Miguel Hidalgo, no tiene el registro completo de las más de doscientas personas que el Incifo dice haberles enviado para que las enterraran en su territorio.

Las personas que mueren por covid en México son vulnerables a un doble olvido: el familiar y el institucional.

Fosas comunes para los muertos por covid cavadas en esta pandemia. Fotografía de Alejandra Crail.

Buscar en las carpetas de los olvidados

En el piso uno del Incifo, un letrero amarillo con la leyenda “¡Cuidado! Zona de alto contagio” da la bienvenida a aquellas –son, en su mayoría, mujeres– que buscan a un familiar perdido. Hay tres oficinas, con vidrios templados por paredes, que reciben a quienes logran acreditar una relación consanguínea. Es un requisito legal y garantiza que puedan responder preguntas sumamente detalladas: “¿Fracturas?, ¿en dónde? ¿Tatuajes?, ¿de qué forma? ¿Lunares? ¿Tenía barba? ¿Color de ojos? ¿Tamaño de orejas? ¿Prótesis dental o algún diente faltante?, ¿cuál? ¿De qué color era el pantalón?, ¿y los zapatos?”

Una rendija bajo el vidrio de una de las oficinas permite ver un par de pies que se mueven inquietos. Pertenecen a una mujer que busca a alguien. En el vaivén de sus pies muestra los nervios que siente cuando pasan, hoja por hoja, los rostros de las personas no reclamadas; espera encontrar a su ser querido o quizá prefiera lo contrario. Afuera está una joven de unos veinte años, acompañada de una amiga, que busca a su padre. Tiene en sus manos una identificación amarillenta que le ayudará a reclamar su cuerpo porque sin una credencial oficial del fallecido, no hay forma de que le entreguen sus restos. Otra mujer, de semblante frío y mirada perdida, vino a identificar a su sobrina.

Casi es la hora de la comida, pero en esta sala siempre hay gente esperando, lo que me hace pensar que hay un gran número de personas interesadas en reclamar a sus muertos. La doctora Briceño, perito en odontología forense, quien me acompaña en mi intento de localizar a un hombre de 82 años que vivía en situación de calle y que fue hospitalizado por covid en abril de 2020, me explica que, en realidad, se cuentan por cientos las personas a las que nadie busca. “No sabemos por qué nadie viene, una de nuestras teorías es que podrían ser migrantes”, me dice en confidencia.

En los últimos seis años el Incifo no había tenido tantos cuerpos sin reclamar. El año pasado, cuando inició la pandemia, rompió récord: 751 personas terminaron en una fosa común, un incremento de 71% en comparación con 2019. En los primeros seis meses de 2021 ya se acumulan 549.

Hasta ahora el Incifo tampoco había recibido un número tan alto de fallecidos por enfermedades respiratorias –neumonías, edemas pulmonares, insuficiencia respiratoria– y por infartos que de pronto se volvieron frecuentes. “El año pasado hubo mucho covid, bajaron las muertes relacionadas con la inseguridad, pero ahorita ya se está normalizando otra vez”, contesta la perito cuando le pregunto si es común que reciban cuerpos mutilados como algunos que están en la carpeta que revisamos juntas.

El rostro del hombre de 82 años que buscamos no está en ninguna de las carpetas del Incifo. Una persona con características similares –coincide hasta la edad– murió de covid en agosto de 2020. De haber sido el hombre al que busco, un familiar tendría que acudir a identificarlo formalmente y a presentar un acta de nacimiento, la credencial del INE o la cartilla militar, además de una fotografía impresa reciente. Luego de hacer los trámites correspondientes en el Incifo, tendría que ir a la alcaldía Miguel Hidalgo para solicitar la exhumación de la fosa común para los muertos por covid. Aunque los reglamentos, vigentes por la contingencia, marcan que puede hacerse seis meses después del entierro, en realidad, hay que esperar siete años. “Al menos el familiar puede acudir al lugar donde está enterrado y dejarle alguna flor”, la perito intenta consolarse.

En el caso de que la visita al Incifo no dé frutos, los familiares pueden ir directamente al Registro Civil a revisar si hay algún acta de defunción con el nombre que buscan, o bien, –recomienda la perito– pueden tocar la puerta de la CNB y pedir que solicite información a los centros de asistencias e integración social (IASIS), por si la persona se encuentra con vida. Una búsqueda ante la comisión, sin embargo, podría no dar resultado debido a la falta de avisos que terminan por afectar su funcionamiento.

¿En dónde están los muertos olvidados del covid?

En el Panteón Civil de Dolores, una vereda lleva hacia un conjunto de hoyos que tienen hasta siete metros de profundidad. Entre pequeñas flores blancas y un silencio sepulcral, cada semana, por las mañanas, una camioneta del Incifo hace este recorrido y luego descarga, adentro de esos agujeros enormes, los cuerpos de los muertos que no fueron reclamados a tiempo. Cada uno de esos hoyos tiene la capacidad de cobijar a cien personas.

Sin embargo, cuando llegó el covid, las reglas cambiaron. El 17 de abril de 2020 se publicó el acuerdo que prohibió la incineración de cuerpos identificados pero no reclamados o no identificados que fallecieran a causa de ese virus. También se prohibió su inhumación en las fosas comunes. Una de las medidas alternativas era enterrarlos individualmente.

En el Panteón Civil de Dolores se empezaron a cavar fosas con ese fin; poco más de cien hoyos, al inicio de la pandemia, que recibirían a los fallecidos que no fueran identificados o nadie reclamara. Se trata de una medida similar a la del sismo de 2017; entonces las autoridades mandaron cavar fosas individuales, previendo que muchas personas morirían y quedarían en la misma situación, como ocurrió en 1985. A pesar del esfuerzo, esas fosas nunca se usaron.

El doctor Takahashi recuerda que tuvo una reunión con Néstor Vargas, consejero jurídico de la Ciudad de México, y con el exalcalde de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en la que establecieron que se cavarían fosas especiales para los cadáveres de covid que no fueran reclamados. “Se determinó que sólo se inhumaran dos cadáveres en cada fosa, a diferencia de lo que pasa en la fosa tradicional, donde puede haber entre setenta y cien cuerpos”.

No ocurre así. A decir del personal del panteón, los cuerpos que provienen del Incifo, hayan tenido o no covid, se entierran en fosas comunes, a la vieja usanza. Pese a lo que diga la normatividad, no hay separación entre unos y otros.

Al respecto, el titular del Incifo admite que es posible que los lineamientos no se estén cumpliendo. “Finalmente, son decisiones que toma la alcaldía. Nosotros podemos saber el lote, la fosa y el nivel donde está la persona, pero si la alcaldía decide otra cosa, no podemos hacer nada”, responde.

Gatopardo solicitó una entrevista con la administración saliente de Víctor Romo y con la que recién tomó las riendas, a cargo de Mauricio Tabe. Ninguna respondió al cierre de esta publicación. Oficialmente, la alcaldía reconoce la inhumación de 34 personas –dos mujeres y 32 hombres– no reclamadas o no identificadas que murieron por covid, hasta mayo de 2021: son apenas el 14% de los que el Incifo asegura haber enviado al Panteón Civil de Dolores a desde el inicio de la pandemia.

Fosas individuales para los muertos de covid no identificados que debieron haberse usado. Fotografía de Alejandra Crail.

Cientos de desaparecidos terminan por cambiar a un país

Edith Escareño me cuenta una anécdota. “En los alrededores del edificio que está en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, había un fantasma que aquejaba a los familiares de las personas atrapadas bajo el inmueble. ‘Nos van a hacer lo mismo que a los 43’, comentaban entre ellos; se referían a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que intentó tapar el Estado mexicano con su mal llamada ‘verdad histórica’, al decir que sus cuerpos habían sido incinerados”. Ella acompañó a los familiares de quienes murieron en el edificio durante el proceso de recuperación de sus cuerpos. Asegura que la anécdota muestra que la sociedad se ha acostumbrado a la desaparición forzada en México. “Hay un temor tangible ante la gran probabilidad de que el mismo Estado desaparezca los cuerpos de nuestros seres queridos”.

La crisis de desaparecidos ha herido irremediablemente al país. Por eso, los lineamientos sobre la disposición de los cadáveres tienen tanta importancia. Primero, porque garantizan la dignidad de las personas fallecidas. Segundo, porque intentan reducir la desconfianza, el temor a que desaparezca un ser querido o lo que queda de él. En el sismo de 2017 las autoridades determinaron que ningún cuerpo debía salir de la zona de aquél edificio sin ser identificado por un familiar; en la pandemia, los lineamientos deberían facilitar la localización y el luto de las familias.

“Lo que ocurre con las desapariciones forzadas va apareciendo en escenarios más cercanos, como esta crisis de salud”, reflexiona Escareño. Cualquiera de nosotros podría morir sin ser identificado a tiempo: por una muerte repentina el día que olvidaste tu identificación, por la pérdida o el robo de tus objetos personales antes de ser internado de gravedad, por estar en un país extranjero sin que alguien te busque de inmediato o porque tu familia pudo encontrarte meses después de tu muerte, después de que te enterraran en una fosa común. “Hay que insistir en el derecho de las personas a ser buscadas y ser nombradas para contrarrestar el control de la vida y la muerte que tiene el Estado”, argumenta Escareño en el estilo de Michel Foucault, quien acuñó el término biopoder para referirse al poder que un Estado ejerce sobre la vida y la muerte de los individuos.

Antes de que hubiera miles de desaparecidos la muerte se pensaba como una parte natural de la vida. Hoy esa naturalidad, recalca Escareño, está trastocada: “La desaparición y la pandemia nos arrebatan esa pequeña certeza”.

Mientras tanto, cientos de cadáveres en todo México esperan que alguien los saque del olvido, como aquel hombre de tez morena y párpados pesados.