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Una mujer junto al fuego en un bloqueo de la Avenida Simón Bolívar. La gente está protestando contra el gobierno con una huelga nacional. Fotografía de Rafael Rodríguez / REUTERS.
Quito fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional que organizó el movimiento indígena, que duró dieciocho días y que casi provoca la destitución de Guillermo Lasso. Pero el asunto en Ecuador comienza tiempo atrás. El fósforo que encendió la mecha fue el precio de los combustibles, lo que elevaría el costo de la vida en general en un país con una deuda histórica con los pueblos indígenas.
La Patria fue el campo de batalla. Es casi una metáfora perfecta porque la avenida Patria, una de las principales vías en el corazón comercial de Quito, fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional organizado por el movimiento indígena que duró dieciocho días en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio. Aquello fue una batalla en gran parte del país, especialmente en la Sierra y la Amazonía: al menos seis muertos —cinco manifestantes y un militar—, casi seiscientos heridos, 162 detenidos, once unidades policiales y 117 patrulleros destruidos, más de 240 agresiones contra la prensa, la toma por la fuerza de los edificios de gobernaciones provinciales, el desabastecimiento de productos básicos y gas de uso doméstico, enfermos en riesgo por falta de oxígeno en los hospitales debido al cierre de las vías. Y la lista sigue.
Es sábado 2 de julio —dos días después de la firma del Acta por la Paz, el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena que permitió poner fin a todo— y en la avenida Patria aún quedan huellas de los destrozos. Aunque han vuelto el ruido, el tráfico y los artistas que exponen sus cuadros los fines de semana en la vereda que da al parque El Ejido, aún se ven piedras por la calzada, los vidrios rotos en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General, los grafitis que dicen “Las balas que tiraste te van a volver”, “Fuck the police” o “Viva la violencia revolucionaria”.
En el parterre, Luis Ugsha, un obrero contratado por el Instituto de Patrimonio de Quito, lleva una hora limpiando, con su trapo empapado en tíner, una frase pintada en negro sobre el busto de Juan Aurelio Villagómez, “eminente jurisconsulto quiteño”. La frase, que ya casi desaparece, decía “Fuera Lasso”, en referencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de centro-derecha que se posesionó en mayo de 2021, hace poco más de un año.
Más adelante, en la esquina de las avenidas Patria y 10 de Agosto, está el local de Andrés León, de 34 años, que trabaja allí desde hace trece. El sol ha salido y hay mucha gente caminando en las veredas. Andrés mira todo desde adentro, rodeado por unas nueve mil cajas de cedés —que contienen películas y programas piratas— y de accesorios de audio y video. Vive en el sur de la ciudad y todos los días sale de su casa a las 5:45, para abrir su local a las 7:00. Normalmente trabaja hasta que cae la tarde, pero durante los dieciocho días de paro pudo trabajar apenas un par de horas diarias.
—Los manifestantes no nos permitían abrir. Unos nos decían que cerráramos, otros nos pedían que nos uniéramos al paro; que si ellos no trabajaban, yo tampoco podía trabajar. Aprovechaba para abrir en las mañanas, cuando había un poco de calma, pero enseguida me retiraba.
Andrés calcula que sus ventas cayeron al menos en 70%. Normalmente puede vender entre cien y ciento cincuenta dólares diarios, pero hubo días en los que no vendió más de veinte.
—Vi imágenes catastróficas. Y, sobre todo, la impavidez de las dos partes, que se ponen en capricho y no ven que los que pagamos somos el pueblo.
—Y ahora que se firmó la paz, ¿cómo ha visto las calles?
—Gracias a Dios, la gente ha estado saliendo bastante, hay fluidez de personas y se está moviendo el comercio también. Ojalá, de a poco, se siga reactivando la economía del país. Creo que ese debería ser el objetivo de todos.
Según el balance preliminar del Ministerio de Producción, las pérdidas por estos dieciocho días representan unos mil millones de dólares: 775 millones en ventas locales y exportaciones del sector privado, y 225 millones por la afectación al sector petrolero.
EL ORIGEN, LOS PORQUÉS
El fósforo que encendió la mecha de la protesta fue el precio de los combustibles. Pero este asunto comienza tiempo atrás. En Ecuador, esos precios han estado siempre muy por debajo de los de otros países, por los subsidios que el Estado pagaba. Varios gobiernos sucesivos postergaron la decisión de reducir o eliminar esos subsidios, precisamente por el costo político que tendría.
Hasta septiembre de 2019, el galón de gasolina popular (extra) costaba en Ecuador 1.85 dólares, mientras en Uruguay costaba 5.63; en Perú, 4.12; en México, 3.90, y en Argentina, 3.10. Entonces, asfixiado por una fuerte crisis económica, el expresidente Lenín Moreno decidió eliminar los subsidios y liberar el precio de todos los combustibles a partir del 2 de octubre de ese año. La gasolina extra pasó de 1.85 a 2.39 dólares: un incremento de 29%. Eso desató un paro nacional que inició por el sector del transporte, pero tomó fuerza cuando intervino el movimiento indígena y se sumaron otros sectores sociales. En aquel momento hubo muertos y heridos, calles cerradas violentamente en todo el país, se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado, hubo una fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Los movimientos indígenas aseguraban que el encarecimiento en las gasolinas y el diésel elevaría el costo de la vida en general: afectaría la agricultura, el transporte público, los productos de la canasta básica y toda la cadena productiva. Tras una incómoda negociación entre el Gobierno y los principales dirigentes indígenas, Moreno se echó para atrás y derogó el Decreto Ejecutivo mediante el cual se habían elevado los costos de los combustibles. Sin embargo, advirtió que debería emitir otro decreto que lo reemplazara, porque el fisco necesitaba liberar al menos parte de esos recursos. Esto se concretó en mayo de 2021, días antes de que Moreno dejara el poder, ya con Guillermo Lasso como presidente electo. Se estableció un sistema de bandas abiertas, mediante el cual la empresa estatal petrolera, Petroecuador, fijaría mensualmente el precio de los combustibles, con una variación máxima de 5%, dependiendo de algunos factores, pero principalmente el precio del barril de crudo. En la práctica, esto significó un incremento mensual en los precios y una reducción paulatina de los subsidios de los combustibles.
Pronto, los precios no solo alcanzaron los niveles establecidos en el decreto inicial de Moreno, sino que los superaron. Y Lasso tuvo que enfrentar la presión del movimiento indígena para que los bajara de nuevo. En varias reuniones, los dirigentes insistían en que esa sería la única forma de tener un entendimiento con él, y el presidente respondía que ese era un punto sobre el que no se podía negociar. Hasta que el 22 de octubre de 2021, ante la presión y el fantasma del paro que se había dado exactamente dos años atrás, Lasso congeló el precio de la gasolina popular en 2.55 dólares y el del diésel en 1.90, evitando la actualización mensual. La Agencia EFE tituló así: “Ecuador congela el precio del combustible para evitar un estallido social”.
Pero eso no dejó conformes a los sectores indígenas, que exigían una rebaja de cuarenta centavos en el diésel, para que su valor quedara en 1.50, y de 45 centavos en la gasolina popular, para que quedara en 2.10. El Gobierno se negó a ceder, y junio de 2022 trajo de nuevo el paro.
LAS CALLES
Hay algo más de un millón de indígenas en Ecuador, un país con una población de 17.6 millones. Se trata de una comunidad con la que el Estado tiene una deuda histórica: para 2014 —la cifra oficial más reciente—, seis de cada diez indígenas vivían en la pobreza. En la actualidad, apenas la mitad obtiene agua a través de una red pública, solo 30% tiene alcantarillado, la mayoría vive en zonas rurales y siete de cada diez se dedican a la agricultura; apenas 17% ha terminado el bachillerato y 11% no ha cursado ni la educación básica. Según el UNICEF, cuatro de cada diez niños indígenas de Ecuador están desnutridos. Pese a representar a menos de 6% de la población, desde su primer levantamiento —a finales de los ochenta—, el movimiento indígena ha mostrado tener una fuerte estructura, capacidad organizativa y bases siempre dispuestas a acompañar a sus dirigentes a las calles. Además, ha logrado sumar a sus luchas a otros sectores, como estudiantes, maestros y sindicatos. Así, ha sido protagonista de muchas movilizaciones, especialmente en los últimos años. Las elecciones de 2021 fueron trascendentales para este sector: estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta presidencial con su candidato propio, Yaku Pérez Guartambel —que se presentó por el movimiento Pachakutik—, lo que lo hubiera dejado con grandes posibilidades de ganar, y en la Asamblea Nacional logró el mejor resultado de su historia, al convertirse —con veintisiete asambleístas— en la segunda fuerza legislativa del país.
Ese movimiento indígena es el que convocó al paro de junio de 2022. Lo hizo por medio de sus tres más grandes organizaciones: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Se les unieron gremios de estudiantes, maestros, sindicatos y ciudadanos descontentos con las políticas públicas de Lasso.
A las 00:00 del lunes 13 de junio se registraron los primeros cierres de carreteras. Ese día, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el rostro más visible de la protesta, decía:
—No podemos aceptar como una cuestión normal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Tres cosas hemos dicho: la movilización es de carácter nacional, también es de carácter territorial y es indefinida. Si es que el día de hoy el presidente da respuestas, pues el día de hoy levantaremos; si no da respuesta a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
El reclamo principal de los indígenas seguía siendo el costo de los combustibles. Sin embargo, Iza habló también de otros dos temas “sustanciales”: la derogación del Decreto 95, que tendía a incrementar significativamente la producción petrolera, y la derogación del Decreto 151, que establece la política minera, a la que los movimientos indígenas se oponen por la contaminación que genera la minería, especialmente en los ríos. Estos puntos fundamentales se incluyeron en un pliego de diez peticiones que presentaron al Gobierno y que incluía también temas como control de precios y freno a la especulación en los productos del campo, condonación y renegociación de deudas e intereses en el sistema financiero para paliar los efectos económicos de la pandemia en la población, atención al desabastecimiento de insumos y medicinas en los hospitales públicos —que se había venido denunciando por meses—, mayor presupuesto para la educación intercultural... La consigna de los movimientos era que solo si el Gobierno daba respuesta a esos diez puntos, levantarían el paro.
A partir del 13 de junio se cerraron las principales carreteras del país y muchas vías dentro de las ciudades, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Se tomaron por la fuerza camiones que llevaban productos para exportación, se invadieron empresas privadas para exigir a sus empleados que se plegaran al paro, se tomaron por la fuerza edificios de las gobernaciones e incluso se nombraron gobernadores indígenas de facto. La Policía reprimía las protestas fuertemente con gases lacrimógenos y unidades especializadas antimotines. Puyo, la capital de la provincia amazónica de Pastaza, vivió una noche en llamas, en la que se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que provocaron la muerte de un joven comunero del lugar. Esto despertó la reacción de los indígenas, quienes atacaron destacamentos policiales, infraestructura pública y una sucursal del Banco Guayaquil, del cual es propietario el presidente Lasso.
Mientras tanto, camiones y camionetas repletos de manifestantes entraron a Quito, por el sur de la ciudad, con el apoyo de cientos de personas en las calles. El Gobierno declaró el estado de excepción, que incluía la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, un toque de queda de 22:00 a 5:00 en la capital, la limitación de los derechos de asociación y reunión. Gracias a ese decreto, que permitía también incautaciones y allanamientos, la Policía se tomó la Casa de la Cultura en la capital, sitio al que tenían planeado llegar los movimientos indígenas —como siempre suelen hacer— para reunirse en asamblea. Por eso, los enfrentamientos de manifestantes y las fuerzas del orden se dieron sobre la avenida Patria, muy cercana al edificio de la Casa de la Cultura y a las universidades Central y Salesiana, que sirvieron como zonas de acogida y de paz.
Durante días, por la cantidad de gas lacrimógeno arrojado por la Policía, la avenida Patria pareció una zona de guerra o el escenario de una película distópica: el cielo ennegrecido, el pavimento lleno de piedras, escombros y restos de maderas, metales, vidrios. No solo había miembros del movimiento indígena en la protesta, sino que varios sectores se sumaron. Algunos quiteños cerraban las calles de acceso a los barrios, había “brigadas” que, a bordo de camionetas, recorrían barrios del sur y la zona comercial de Quito obligando a los dueños de locales a cerrar, saqueando algunos de los que encontraban abiertos y ponchando las llantas de cuanto vehículo aparecía enfrente.
La violencia, en lugar de ceder, escalaba. Aparecieron grupos que armaban barricadas con contenedores de basura o las cajas metálicas de las acometidas eléctricas. Muchos de ellos comenzaron a responder a la represión policial con bombas molotov y armas de perdigones. La tarde del 24 de junio, un joven de 39 años murió a causa de múltiples impactos de ese tipo, provenientes de armamento que no estaba usando la Policía, pero sí estos grupos de manifestantes. Entonces, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que analizaban la posibilidad de subir el “uso progresivo de la fuerza” al siguiente nivel y comenzar a usar también perdigones porque consideraban que no estaban enfrentando, en esos casos, a manifestantes comunes, sino a grupos delictivos.
Según el diario El Comercio, los informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas identificaron ocho grupos relacionados con estos hechos violentos, en once de las veinticuatro provincias del país.
Otro sector de la población organizó las llamadas marchas por la paz en varias zonas de la ciudad. Vestidos de blanco y con banderas de Ecuador, muchos pobladores pedían que el Gobierno y los movimientos indígenas se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo que terminara con el paro. Sin embargo, en algunas de estas manifestaciones se escucharon también frases y cánticos con contenido racista contra Leonidas Iza y los indígenas. Un exasambleísta y activista político, por ejemplo, los llamó “apestosos”.
Los líderes indígenas se desmarcaron de los hechos violentos; llamaron públicamente a sus bases a “no dar pie” para que los acusen y a manifestarse en paz y sin violencia. Aseguraron que había infiltrados en la movilización. Lo mismo dijo el Gobierno, y ambos acusaron al correísmo, a los grupos de apoyo al expresidente Rafael Correa y a su autodenominada “revolución ciudadana” —que perdió las elecciones de 2021 frente a Lasso—, de querer desestabilizar el país en un intento por retomar el poder.
LA MUERTE CRUZADA
Esa teoría tomaría más fuerza al amanecer del viernes 24 de junio, cuando, sorpresivamente, la bancada correísta en la Asamblea presentó formalmente el pedido de destituir al presidente Lasso y llamar a elecciones anticipadas, en un procedimiento que en Ecuador se conoce como muerte cruzada: el presidente es destituido, asume el vicepresidente y el Consejo Nacional Electoral convoca enseguida a elecciones para elegir nuevo presidente y nueva Asamblea.
Este proceso está amparado por el artículo 130, numeral 2, de la Constitución y se da bajo la figura de grave crisis política y conmoción interna. Según el correísmo, lo que sucedía en las calles cumplía con esas características. Para llevar el debate al Pleno de la Asamblea necesitaban reunir 46 firmas de apoyo y, como su bancada es de 47 legisladores, no tuvieron problema en superar este primer escalón. Desde Bélgica, país que le otorgó refugio, el expresidente Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, aplaudía a sus asambleístas y animaba a las otras bancadas para votar por la destitución.
El debate en la Asamblea —que se daba de manera virtual y paralela a las manifestaciones— duró tres días, y en él intervinieron 109 asambleístas, a razón de diez minutos cada uno. Muchos denunciaron presiones e intimidaciones para que votaran a favor de la destitución: llamadas telefónicas, visitas amenazantes a sus casas o a las de sus familias.
En las calles, la situación se mantenía, pero los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública disminuyeron levemente porque, el lunes 27 de junio, el Gobierno y la dirigencia indígena se sentaron formalmente a dialogar.
La votación se dio el martes 28 de junio. Ese día, el presidente Lasso envió un mensaje a la nación, en el que dijo:
—Todos somos testigos del intento de Unes [Unión por la Esperanza, bancada leal al expresidente Correa] de asaltar la democracia, de aprovechar el caos para destruir la institucionalidad en Ecuador. Hago un llamado a los asambleístas a que cumplan su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. No es un llamado a defender a una persona, un proyecto político, a un gobierno. Es un llamado a defender el país de este intento golpista.
El correísmo —que negó que fuera un intento golpista— necesitaba 92 votos para destituir a Lasso. Recibió el apoyo de casi todo el movimiento Pachakutik —enfurecido por la represión policial y por las muertes— y de algunos independientes. Pero apenas consiguió ochenta votos.
EL DIÁLOGO
En los primeros días del paro, el Gobierno había atendido, de alguna manera, varios de los pedidos indígenas: duplicó el presupuesto para la educación intercultural, declaró la emergencia en el sistema de salud, decretó el control a la especulación en los precios, ofreció la renegociación de créditos en la banca pública, aumentó el valor del Bono de Desarrollo Humano. Además, antes de sentarse a dialogar había bajado diez centavos al precio por galón de la gasolina popular y el diésel. También había liberado la Casa de la Cultura para que el movimiento indígena pudiera reunirse ahí y derogado el estado de excepción. Pero nada de esto había sido suficiente.
El lunes 27, en la Basílica de Quito, se instaló oficialmente la primera mesa de diálogo. Asistían los dirigentes de la Conaie, la Feine y la Fenocin; el ministro de Gobierno y el secretario de la Presidencia. Al borde de las 22:00 horas, parecía que el acuerdo estaba cerca. El Gobierno ya se había comprometido a derogar el decreto petrolero y había dicho que se podría reformar el decreto minero. Leonidas Iza reconoció que quizá la reducción en los precios de los combustibles no sería la que ellos esperaban, pero le pidió al Gobierno que hiciera “un esfuercito” más allá de los diez centavos que ya había cedido. Quedaron en hacer las consultas y reunirse la mañana siguiente.
Pero el martes 28 el país amaneció con la noticia de un militar muerto y varios policías y militares heridos, tras un enfrentamiento con manifestantes en la zona petrolera de la provincia de Orellana. El Gobierno anunció que se retiraba de la mesa de diálogo y que no volvería a negociar con Iza. Esa misma noche, mientras la Asamblea se alistaba para votar por el pedido del correísmo de destituir a Guillermo Lasso, en un discurso más conciliador, Iza dijo que era el momento para que las partes “bajaran el tono” e invitó al Gobierno a volver al diálogo para poner fin a la movilización.
El miércoles 29, por la tarde, el Gobierno aceptó sentarse a negociar, pero con la mediación de la Iglesia católica. Había un acuerdo que se estaba afinando y se seguiría afinando durante toda esa noche y parte de esa madrugada.
Luego de dieciocho días de paro, el jueves 30 de junio se firmó el Acta por la Paz en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Gobierno se comprometió a bajar en quince centavos el precio del diésel y en quince centavos el de la gasolina popular —cinco adicionales a los que ya había bajado—, además de avanzar en una política para focalizar los subsidios para los más necesitados. Se derogaría el decreto petrolero y se reformaría el minero, para evitar que la minería se desarrolle en territorios ancestrales y otras zonas de protección. Para los puntos en los que aún no hubo acuerdo se instalarán mesas técnicas con un plazo de noventa días.
—¿Usted cree que era necesario llegar a los niveles de violencia a los que se llegó, de parte y parte? —le pregunto, telefónicamente, a Nina Pacari, dirigente histórica del movimiento indígena, exdiputada y excanciller.
—Yo no hablaría de parte y parte —responde—. Primero, la violencia proviene del Estado, y en eso hay que estar muy claros. Se puede decir “de parte y parte” cuando están en igualdad de condiciones, y en este caso hay una fuerza de represión brutal, que fue implementada desde el Estado. Y las responsabilidades de las muertes, de los heridos, el Estado debe responder.
—Pero también hubo violencia de parte de algunos manifestantes.
—En esos casos tendrán que no endosar ni endilgar al movimiento indígena o a la Conaie de manera general. La movilización no estaba solo accionada por el movimiento indígena, sino también por sectores sociales, sectores empobrecidos. Y, como bien se ha denunciado en su momento, por infiltrados. Me parece que lo responsable es conformar una comisión y, en virtud de los análisis de cada uno de los casos, decir qué ocurrió.
El martes 5 de julio, el presidente Lasso cambió a cuatro de sus ministros y aceptó la renuncia de una más. En su discurso no quiso aceptar que estos cambios tuvieran que ver con el paro, pero sí volvió a hablar de la ruralidad y los movimientos indígenas. “Se vienen desafíos de otro tipo, como volcar la atención al campo”, dijo, y entonces habló de reconstruir el país.
Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, una oenegé que trabaja por la igualdad, cree que “el gran aprendizaje” es que cualquier reivindicación debe llegar a través del diálogo.
—Todo el Ecuador perdió. Sin embargo, de las crisis puede salir una oportunidad. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Trabajar con los partidos políticos, con los sectores sociales. El diálogo no puede acabarse. Y para los movimientos sociales: las formas tienen que cambiar. Cuidado, nos acostumbramos a que esas son las únicas maneras de llegar. Cuando incendiamos todo, las heridas quedan abiertas. Y en cualquier momento las llamas se encienden.
El mismo día de la firma de la paz, Iza era recibido por una multitud en Cotopaxi, su provincia natal, y enumeraba los logros de la protesta. El video está colgado en la cuenta de Twitter de la Conaie. Con el poncho rojo de su comunidad y su sombrero negro, le hablaba:
—Jamás a una lucha se sale para estar contentos. Pasan cosas dolorosas, la ciudadanía se pone en contra. Mientras más larga sea la lucha, mientras más días sean, la ciudadanía queda desabastecida. Pero también esperaríamos que nos entiendan, porque los pobres no tenemos otro mecanismo. No tenemos otras opciones más que salir a luchar.
¡Gracias!
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Quito fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional que organizó el movimiento indígena, que duró dieciocho días y que casi provoca la destitución de Guillermo Lasso. Pero el asunto en Ecuador comienza tiempo atrás. El fósforo que encendió la mecha fue el precio de los combustibles, lo que elevaría el costo de la vida en general en un país con una deuda histórica con los pueblos indígenas.
La Patria fue el campo de batalla. Es casi una metáfora perfecta porque la avenida Patria, una de las principales vías en el corazón comercial de Quito, fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional organizado por el movimiento indígena que duró dieciocho días en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio. Aquello fue una batalla en gran parte del país, especialmente en la Sierra y la Amazonía: al menos seis muertos —cinco manifestantes y un militar—, casi seiscientos heridos, 162 detenidos, once unidades policiales y 117 patrulleros destruidos, más de 240 agresiones contra la prensa, la toma por la fuerza de los edificios de gobernaciones provinciales, el desabastecimiento de productos básicos y gas de uso doméstico, enfermos en riesgo por falta de oxígeno en los hospitales debido al cierre de las vías. Y la lista sigue.
Es sábado 2 de julio —dos días después de la firma del Acta por la Paz, el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena que permitió poner fin a todo— y en la avenida Patria aún quedan huellas de los destrozos. Aunque han vuelto el ruido, el tráfico y los artistas que exponen sus cuadros los fines de semana en la vereda que da al parque El Ejido, aún se ven piedras por la calzada, los vidrios rotos en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General, los grafitis que dicen “Las balas que tiraste te van a volver”, “Fuck the police” o “Viva la violencia revolucionaria”.
En el parterre, Luis Ugsha, un obrero contratado por el Instituto de Patrimonio de Quito, lleva una hora limpiando, con su trapo empapado en tíner, una frase pintada en negro sobre el busto de Juan Aurelio Villagómez, “eminente jurisconsulto quiteño”. La frase, que ya casi desaparece, decía “Fuera Lasso”, en referencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de centro-derecha que se posesionó en mayo de 2021, hace poco más de un año.
Más adelante, en la esquina de las avenidas Patria y 10 de Agosto, está el local de Andrés León, de 34 años, que trabaja allí desde hace trece. El sol ha salido y hay mucha gente caminando en las veredas. Andrés mira todo desde adentro, rodeado por unas nueve mil cajas de cedés —que contienen películas y programas piratas— y de accesorios de audio y video. Vive en el sur de la ciudad y todos los días sale de su casa a las 5:45, para abrir su local a las 7:00. Normalmente trabaja hasta que cae la tarde, pero durante los dieciocho días de paro pudo trabajar apenas un par de horas diarias.
—Los manifestantes no nos permitían abrir. Unos nos decían que cerráramos, otros nos pedían que nos uniéramos al paro; que si ellos no trabajaban, yo tampoco podía trabajar. Aprovechaba para abrir en las mañanas, cuando había un poco de calma, pero enseguida me retiraba.
Andrés calcula que sus ventas cayeron al menos en 70%. Normalmente puede vender entre cien y ciento cincuenta dólares diarios, pero hubo días en los que no vendió más de veinte.
—Vi imágenes catastróficas. Y, sobre todo, la impavidez de las dos partes, que se ponen en capricho y no ven que los que pagamos somos el pueblo.
—Y ahora que se firmó la paz, ¿cómo ha visto las calles?
—Gracias a Dios, la gente ha estado saliendo bastante, hay fluidez de personas y se está moviendo el comercio también. Ojalá, de a poco, se siga reactivando la economía del país. Creo que ese debería ser el objetivo de todos.
Según el balance preliminar del Ministerio de Producción, las pérdidas por estos dieciocho días representan unos mil millones de dólares: 775 millones en ventas locales y exportaciones del sector privado, y 225 millones por la afectación al sector petrolero.
EL ORIGEN, LOS PORQUÉS
El fósforo que encendió la mecha de la protesta fue el precio de los combustibles. Pero este asunto comienza tiempo atrás. En Ecuador, esos precios han estado siempre muy por debajo de los de otros países, por los subsidios que el Estado pagaba. Varios gobiernos sucesivos postergaron la decisión de reducir o eliminar esos subsidios, precisamente por el costo político que tendría.
Hasta septiembre de 2019, el galón de gasolina popular (extra) costaba en Ecuador 1.85 dólares, mientras en Uruguay costaba 5.63; en Perú, 4.12; en México, 3.90, y en Argentina, 3.10. Entonces, asfixiado por una fuerte crisis económica, el expresidente Lenín Moreno decidió eliminar los subsidios y liberar el precio de todos los combustibles a partir del 2 de octubre de ese año. La gasolina extra pasó de 1.85 a 2.39 dólares: un incremento de 29%. Eso desató un paro nacional que inició por el sector del transporte, pero tomó fuerza cuando intervino el movimiento indígena y se sumaron otros sectores sociales. En aquel momento hubo muertos y heridos, calles cerradas violentamente en todo el país, se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado, hubo una fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Los movimientos indígenas aseguraban que el encarecimiento en las gasolinas y el diésel elevaría el costo de la vida en general: afectaría la agricultura, el transporte público, los productos de la canasta básica y toda la cadena productiva. Tras una incómoda negociación entre el Gobierno y los principales dirigentes indígenas, Moreno se echó para atrás y derogó el Decreto Ejecutivo mediante el cual se habían elevado los costos de los combustibles. Sin embargo, advirtió que debería emitir otro decreto que lo reemplazara, porque el fisco necesitaba liberar al menos parte de esos recursos. Esto se concretó en mayo de 2021, días antes de que Moreno dejara el poder, ya con Guillermo Lasso como presidente electo. Se estableció un sistema de bandas abiertas, mediante el cual la empresa estatal petrolera, Petroecuador, fijaría mensualmente el precio de los combustibles, con una variación máxima de 5%, dependiendo de algunos factores, pero principalmente el precio del barril de crudo. En la práctica, esto significó un incremento mensual en los precios y una reducción paulatina de los subsidios de los combustibles.
Pronto, los precios no solo alcanzaron los niveles establecidos en el decreto inicial de Moreno, sino que los superaron. Y Lasso tuvo que enfrentar la presión del movimiento indígena para que los bajara de nuevo. En varias reuniones, los dirigentes insistían en que esa sería la única forma de tener un entendimiento con él, y el presidente respondía que ese era un punto sobre el que no se podía negociar. Hasta que el 22 de octubre de 2021, ante la presión y el fantasma del paro que se había dado exactamente dos años atrás, Lasso congeló el precio de la gasolina popular en 2.55 dólares y el del diésel en 1.90, evitando la actualización mensual. La Agencia EFE tituló así: “Ecuador congela el precio del combustible para evitar un estallido social”.
Pero eso no dejó conformes a los sectores indígenas, que exigían una rebaja de cuarenta centavos en el diésel, para que su valor quedara en 1.50, y de 45 centavos en la gasolina popular, para que quedara en 2.10. El Gobierno se negó a ceder, y junio de 2022 trajo de nuevo el paro.
LAS CALLES
Hay algo más de un millón de indígenas en Ecuador, un país con una población de 17.6 millones. Se trata de una comunidad con la que el Estado tiene una deuda histórica: para 2014 —la cifra oficial más reciente—, seis de cada diez indígenas vivían en la pobreza. En la actualidad, apenas la mitad obtiene agua a través de una red pública, solo 30% tiene alcantarillado, la mayoría vive en zonas rurales y siete de cada diez se dedican a la agricultura; apenas 17% ha terminado el bachillerato y 11% no ha cursado ni la educación básica. Según el UNICEF, cuatro de cada diez niños indígenas de Ecuador están desnutridos. Pese a representar a menos de 6% de la población, desde su primer levantamiento —a finales de los ochenta—, el movimiento indígena ha mostrado tener una fuerte estructura, capacidad organizativa y bases siempre dispuestas a acompañar a sus dirigentes a las calles. Además, ha logrado sumar a sus luchas a otros sectores, como estudiantes, maestros y sindicatos. Así, ha sido protagonista de muchas movilizaciones, especialmente en los últimos años. Las elecciones de 2021 fueron trascendentales para este sector: estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta presidencial con su candidato propio, Yaku Pérez Guartambel —que se presentó por el movimiento Pachakutik—, lo que lo hubiera dejado con grandes posibilidades de ganar, y en la Asamblea Nacional logró el mejor resultado de su historia, al convertirse —con veintisiete asambleístas— en la segunda fuerza legislativa del país.
Ese movimiento indígena es el que convocó al paro de junio de 2022. Lo hizo por medio de sus tres más grandes organizaciones: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Se les unieron gremios de estudiantes, maestros, sindicatos y ciudadanos descontentos con las políticas públicas de Lasso.
A las 00:00 del lunes 13 de junio se registraron los primeros cierres de carreteras. Ese día, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el rostro más visible de la protesta, decía:
—No podemos aceptar como una cuestión normal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Tres cosas hemos dicho: la movilización es de carácter nacional, también es de carácter territorial y es indefinida. Si es que el día de hoy el presidente da respuestas, pues el día de hoy levantaremos; si no da respuesta a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
El reclamo principal de los indígenas seguía siendo el costo de los combustibles. Sin embargo, Iza habló también de otros dos temas “sustanciales”: la derogación del Decreto 95, que tendía a incrementar significativamente la producción petrolera, y la derogación del Decreto 151, que establece la política minera, a la que los movimientos indígenas se oponen por la contaminación que genera la minería, especialmente en los ríos. Estos puntos fundamentales se incluyeron en un pliego de diez peticiones que presentaron al Gobierno y que incluía también temas como control de precios y freno a la especulación en los productos del campo, condonación y renegociación de deudas e intereses en el sistema financiero para paliar los efectos económicos de la pandemia en la población, atención al desabastecimiento de insumos y medicinas en los hospitales públicos —que se había venido denunciando por meses—, mayor presupuesto para la educación intercultural... La consigna de los movimientos era que solo si el Gobierno daba respuesta a esos diez puntos, levantarían el paro.
A partir del 13 de junio se cerraron las principales carreteras del país y muchas vías dentro de las ciudades, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Se tomaron por la fuerza camiones que llevaban productos para exportación, se invadieron empresas privadas para exigir a sus empleados que se plegaran al paro, se tomaron por la fuerza edificios de las gobernaciones e incluso se nombraron gobernadores indígenas de facto. La Policía reprimía las protestas fuertemente con gases lacrimógenos y unidades especializadas antimotines. Puyo, la capital de la provincia amazónica de Pastaza, vivió una noche en llamas, en la que se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que provocaron la muerte de un joven comunero del lugar. Esto despertó la reacción de los indígenas, quienes atacaron destacamentos policiales, infraestructura pública y una sucursal del Banco Guayaquil, del cual es propietario el presidente Lasso.
Mientras tanto, camiones y camionetas repletos de manifestantes entraron a Quito, por el sur de la ciudad, con el apoyo de cientos de personas en las calles. El Gobierno declaró el estado de excepción, que incluía la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, un toque de queda de 22:00 a 5:00 en la capital, la limitación de los derechos de asociación y reunión. Gracias a ese decreto, que permitía también incautaciones y allanamientos, la Policía se tomó la Casa de la Cultura en la capital, sitio al que tenían planeado llegar los movimientos indígenas —como siempre suelen hacer— para reunirse en asamblea. Por eso, los enfrentamientos de manifestantes y las fuerzas del orden se dieron sobre la avenida Patria, muy cercana al edificio de la Casa de la Cultura y a las universidades Central y Salesiana, que sirvieron como zonas de acogida y de paz.
Durante días, por la cantidad de gas lacrimógeno arrojado por la Policía, la avenida Patria pareció una zona de guerra o el escenario de una película distópica: el cielo ennegrecido, el pavimento lleno de piedras, escombros y restos de maderas, metales, vidrios. No solo había miembros del movimiento indígena en la protesta, sino que varios sectores se sumaron. Algunos quiteños cerraban las calles de acceso a los barrios, había “brigadas” que, a bordo de camionetas, recorrían barrios del sur y la zona comercial de Quito obligando a los dueños de locales a cerrar, saqueando algunos de los que encontraban abiertos y ponchando las llantas de cuanto vehículo aparecía enfrente.
La violencia, en lugar de ceder, escalaba. Aparecieron grupos que armaban barricadas con contenedores de basura o las cajas metálicas de las acometidas eléctricas. Muchos de ellos comenzaron a responder a la represión policial con bombas molotov y armas de perdigones. La tarde del 24 de junio, un joven de 39 años murió a causa de múltiples impactos de ese tipo, provenientes de armamento que no estaba usando la Policía, pero sí estos grupos de manifestantes. Entonces, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que analizaban la posibilidad de subir el “uso progresivo de la fuerza” al siguiente nivel y comenzar a usar también perdigones porque consideraban que no estaban enfrentando, en esos casos, a manifestantes comunes, sino a grupos delictivos.
Según el diario El Comercio, los informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas identificaron ocho grupos relacionados con estos hechos violentos, en once de las veinticuatro provincias del país.
Otro sector de la población organizó las llamadas marchas por la paz en varias zonas de la ciudad. Vestidos de blanco y con banderas de Ecuador, muchos pobladores pedían que el Gobierno y los movimientos indígenas se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo que terminara con el paro. Sin embargo, en algunas de estas manifestaciones se escucharon también frases y cánticos con contenido racista contra Leonidas Iza y los indígenas. Un exasambleísta y activista político, por ejemplo, los llamó “apestosos”.
Los líderes indígenas se desmarcaron de los hechos violentos; llamaron públicamente a sus bases a “no dar pie” para que los acusen y a manifestarse en paz y sin violencia. Aseguraron que había infiltrados en la movilización. Lo mismo dijo el Gobierno, y ambos acusaron al correísmo, a los grupos de apoyo al expresidente Rafael Correa y a su autodenominada “revolución ciudadana” —que perdió las elecciones de 2021 frente a Lasso—, de querer desestabilizar el país en un intento por retomar el poder.
LA MUERTE CRUZADA
Esa teoría tomaría más fuerza al amanecer del viernes 24 de junio, cuando, sorpresivamente, la bancada correísta en la Asamblea presentó formalmente el pedido de destituir al presidente Lasso y llamar a elecciones anticipadas, en un procedimiento que en Ecuador se conoce como muerte cruzada: el presidente es destituido, asume el vicepresidente y el Consejo Nacional Electoral convoca enseguida a elecciones para elegir nuevo presidente y nueva Asamblea.
Este proceso está amparado por el artículo 130, numeral 2, de la Constitución y se da bajo la figura de grave crisis política y conmoción interna. Según el correísmo, lo que sucedía en las calles cumplía con esas características. Para llevar el debate al Pleno de la Asamblea necesitaban reunir 46 firmas de apoyo y, como su bancada es de 47 legisladores, no tuvieron problema en superar este primer escalón. Desde Bélgica, país que le otorgó refugio, el expresidente Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, aplaudía a sus asambleístas y animaba a las otras bancadas para votar por la destitución.
El debate en la Asamblea —que se daba de manera virtual y paralela a las manifestaciones— duró tres días, y en él intervinieron 109 asambleístas, a razón de diez minutos cada uno. Muchos denunciaron presiones e intimidaciones para que votaran a favor de la destitución: llamadas telefónicas, visitas amenazantes a sus casas o a las de sus familias.
En las calles, la situación se mantenía, pero los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública disminuyeron levemente porque, el lunes 27 de junio, el Gobierno y la dirigencia indígena se sentaron formalmente a dialogar.
La votación se dio el martes 28 de junio. Ese día, el presidente Lasso envió un mensaje a la nación, en el que dijo:
—Todos somos testigos del intento de Unes [Unión por la Esperanza, bancada leal al expresidente Correa] de asaltar la democracia, de aprovechar el caos para destruir la institucionalidad en Ecuador. Hago un llamado a los asambleístas a que cumplan su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. No es un llamado a defender a una persona, un proyecto político, a un gobierno. Es un llamado a defender el país de este intento golpista.
El correísmo —que negó que fuera un intento golpista— necesitaba 92 votos para destituir a Lasso. Recibió el apoyo de casi todo el movimiento Pachakutik —enfurecido por la represión policial y por las muertes— y de algunos independientes. Pero apenas consiguió ochenta votos.
EL DIÁLOGO
En los primeros días del paro, el Gobierno había atendido, de alguna manera, varios de los pedidos indígenas: duplicó el presupuesto para la educación intercultural, declaró la emergencia en el sistema de salud, decretó el control a la especulación en los precios, ofreció la renegociación de créditos en la banca pública, aumentó el valor del Bono de Desarrollo Humano. Además, antes de sentarse a dialogar había bajado diez centavos al precio por galón de la gasolina popular y el diésel. También había liberado la Casa de la Cultura para que el movimiento indígena pudiera reunirse ahí y derogado el estado de excepción. Pero nada de esto había sido suficiente.
El lunes 27, en la Basílica de Quito, se instaló oficialmente la primera mesa de diálogo. Asistían los dirigentes de la Conaie, la Feine y la Fenocin; el ministro de Gobierno y el secretario de la Presidencia. Al borde de las 22:00 horas, parecía que el acuerdo estaba cerca. El Gobierno ya se había comprometido a derogar el decreto petrolero y había dicho que se podría reformar el decreto minero. Leonidas Iza reconoció que quizá la reducción en los precios de los combustibles no sería la que ellos esperaban, pero le pidió al Gobierno que hiciera “un esfuercito” más allá de los diez centavos que ya había cedido. Quedaron en hacer las consultas y reunirse la mañana siguiente.
Pero el martes 28 el país amaneció con la noticia de un militar muerto y varios policías y militares heridos, tras un enfrentamiento con manifestantes en la zona petrolera de la provincia de Orellana. El Gobierno anunció que se retiraba de la mesa de diálogo y que no volvería a negociar con Iza. Esa misma noche, mientras la Asamblea se alistaba para votar por el pedido del correísmo de destituir a Guillermo Lasso, en un discurso más conciliador, Iza dijo que era el momento para que las partes “bajaran el tono” e invitó al Gobierno a volver al diálogo para poner fin a la movilización.
El miércoles 29, por la tarde, el Gobierno aceptó sentarse a negociar, pero con la mediación de la Iglesia católica. Había un acuerdo que se estaba afinando y se seguiría afinando durante toda esa noche y parte de esa madrugada.
Luego de dieciocho días de paro, el jueves 30 de junio se firmó el Acta por la Paz en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Gobierno se comprometió a bajar en quince centavos el precio del diésel y en quince centavos el de la gasolina popular —cinco adicionales a los que ya había bajado—, además de avanzar en una política para focalizar los subsidios para los más necesitados. Se derogaría el decreto petrolero y se reformaría el minero, para evitar que la minería se desarrolle en territorios ancestrales y otras zonas de protección. Para los puntos en los que aún no hubo acuerdo se instalarán mesas técnicas con un plazo de noventa días.
—¿Usted cree que era necesario llegar a los niveles de violencia a los que se llegó, de parte y parte? —le pregunto, telefónicamente, a Nina Pacari, dirigente histórica del movimiento indígena, exdiputada y excanciller.
—Yo no hablaría de parte y parte —responde—. Primero, la violencia proviene del Estado, y en eso hay que estar muy claros. Se puede decir “de parte y parte” cuando están en igualdad de condiciones, y en este caso hay una fuerza de represión brutal, que fue implementada desde el Estado. Y las responsabilidades de las muertes, de los heridos, el Estado debe responder.
—Pero también hubo violencia de parte de algunos manifestantes.
—En esos casos tendrán que no endosar ni endilgar al movimiento indígena o a la Conaie de manera general. La movilización no estaba solo accionada por el movimiento indígena, sino también por sectores sociales, sectores empobrecidos. Y, como bien se ha denunciado en su momento, por infiltrados. Me parece que lo responsable es conformar una comisión y, en virtud de los análisis de cada uno de los casos, decir qué ocurrió.
El martes 5 de julio, el presidente Lasso cambió a cuatro de sus ministros y aceptó la renuncia de una más. En su discurso no quiso aceptar que estos cambios tuvieran que ver con el paro, pero sí volvió a hablar de la ruralidad y los movimientos indígenas. “Se vienen desafíos de otro tipo, como volcar la atención al campo”, dijo, y entonces habló de reconstruir el país.
Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, una oenegé que trabaja por la igualdad, cree que “el gran aprendizaje” es que cualquier reivindicación debe llegar a través del diálogo.
—Todo el Ecuador perdió. Sin embargo, de las crisis puede salir una oportunidad. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Trabajar con los partidos políticos, con los sectores sociales. El diálogo no puede acabarse. Y para los movimientos sociales: las formas tienen que cambiar. Cuidado, nos acostumbramos a que esas son las únicas maneras de llegar. Cuando incendiamos todo, las heridas quedan abiertas. Y en cualquier momento las llamas se encienden.
El mismo día de la firma de la paz, Iza era recibido por una multitud en Cotopaxi, su provincia natal, y enumeraba los logros de la protesta. El video está colgado en la cuenta de Twitter de la Conaie. Con el poncho rojo de su comunidad y su sombrero negro, le hablaba:
—Jamás a una lucha se sale para estar contentos. Pasan cosas dolorosas, la ciudadanía se pone en contra. Mientras más larga sea la lucha, mientras más días sean, la ciudadanía queda desabastecida. Pero también esperaríamos que nos entiendan, porque los pobres no tenemos otro mecanismo. No tenemos otras opciones más que salir a luchar.
¡Gracias!
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Una mujer junto al fuego en un bloqueo de la Avenida Simón Bolívar. La gente está protestando contra el gobierno con una huelga nacional. Fotografía de Rafael Rodríguez / REUTERS.
Quito fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional que organizó el movimiento indígena, que duró dieciocho días y que casi provoca la destitución de Guillermo Lasso. Pero el asunto en Ecuador comienza tiempo atrás. El fósforo que encendió la mecha fue el precio de los combustibles, lo que elevaría el costo de la vida en general en un país con una deuda histórica con los pueblos indígenas.
La Patria fue el campo de batalla. Es casi una metáfora perfecta porque la avenida Patria, una de las principales vías en el corazón comercial de Quito, fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional organizado por el movimiento indígena que duró dieciocho días en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio. Aquello fue una batalla en gran parte del país, especialmente en la Sierra y la Amazonía: al menos seis muertos —cinco manifestantes y un militar—, casi seiscientos heridos, 162 detenidos, once unidades policiales y 117 patrulleros destruidos, más de 240 agresiones contra la prensa, la toma por la fuerza de los edificios de gobernaciones provinciales, el desabastecimiento de productos básicos y gas de uso doméstico, enfermos en riesgo por falta de oxígeno en los hospitales debido al cierre de las vías. Y la lista sigue.
Es sábado 2 de julio —dos días después de la firma del Acta por la Paz, el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena que permitió poner fin a todo— y en la avenida Patria aún quedan huellas de los destrozos. Aunque han vuelto el ruido, el tráfico y los artistas que exponen sus cuadros los fines de semana en la vereda que da al parque El Ejido, aún se ven piedras por la calzada, los vidrios rotos en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General, los grafitis que dicen “Las balas que tiraste te van a volver”, “Fuck the police” o “Viva la violencia revolucionaria”.
En el parterre, Luis Ugsha, un obrero contratado por el Instituto de Patrimonio de Quito, lleva una hora limpiando, con su trapo empapado en tíner, una frase pintada en negro sobre el busto de Juan Aurelio Villagómez, “eminente jurisconsulto quiteño”. La frase, que ya casi desaparece, decía “Fuera Lasso”, en referencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de centro-derecha que se posesionó en mayo de 2021, hace poco más de un año.
Más adelante, en la esquina de las avenidas Patria y 10 de Agosto, está el local de Andrés León, de 34 años, que trabaja allí desde hace trece. El sol ha salido y hay mucha gente caminando en las veredas. Andrés mira todo desde adentro, rodeado por unas nueve mil cajas de cedés —que contienen películas y programas piratas— y de accesorios de audio y video. Vive en el sur de la ciudad y todos los días sale de su casa a las 5:45, para abrir su local a las 7:00. Normalmente trabaja hasta que cae la tarde, pero durante los dieciocho días de paro pudo trabajar apenas un par de horas diarias.
—Los manifestantes no nos permitían abrir. Unos nos decían que cerráramos, otros nos pedían que nos uniéramos al paro; que si ellos no trabajaban, yo tampoco podía trabajar. Aprovechaba para abrir en las mañanas, cuando había un poco de calma, pero enseguida me retiraba.
Andrés calcula que sus ventas cayeron al menos en 70%. Normalmente puede vender entre cien y ciento cincuenta dólares diarios, pero hubo días en los que no vendió más de veinte.
—Vi imágenes catastróficas. Y, sobre todo, la impavidez de las dos partes, que se ponen en capricho y no ven que los que pagamos somos el pueblo.
—Y ahora que se firmó la paz, ¿cómo ha visto las calles?
—Gracias a Dios, la gente ha estado saliendo bastante, hay fluidez de personas y se está moviendo el comercio también. Ojalá, de a poco, se siga reactivando la economía del país. Creo que ese debería ser el objetivo de todos.
Según el balance preliminar del Ministerio de Producción, las pérdidas por estos dieciocho días representan unos mil millones de dólares: 775 millones en ventas locales y exportaciones del sector privado, y 225 millones por la afectación al sector petrolero.
EL ORIGEN, LOS PORQUÉS
El fósforo que encendió la mecha de la protesta fue el precio de los combustibles. Pero este asunto comienza tiempo atrás. En Ecuador, esos precios han estado siempre muy por debajo de los de otros países, por los subsidios que el Estado pagaba. Varios gobiernos sucesivos postergaron la decisión de reducir o eliminar esos subsidios, precisamente por el costo político que tendría.
Hasta septiembre de 2019, el galón de gasolina popular (extra) costaba en Ecuador 1.85 dólares, mientras en Uruguay costaba 5.63; en Perú, 4.12; en México, 3.90, y en Argentina, 3.10. Entonces, asfixiado por una fuerte crisis económica, el expresidente Lenín Moreno decidió eliminar los subsidios y liberar el precio de todos los combustibles a partir del 2 de octubre de ese año. La gasolina extra pasó de 1.85 a 2.39 dólares: un incremento de 29%. Eso desató un paro nacional que inició por el sector del transporte, pero tomó fuerza cuando intervino el movimiento indígena y se sumaron otros sectores sociales. En aquel momento hubo muertos y heridos, calles cerradas violentamente en todo el país, se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado, hubo una fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Los movimientos indígenas aseguraban que el encarecimiento en las gasolinas y el diésel elevaría el costo de la vida en general: afectaría la agricultura, el transporte público, los productos de la canasta básica y toda la cadena productiva. Tras una incómoda negociación entre el Gobierno y los principales dirigentes indígenas, Moreno se echó para atrás y derogó el Decreto Ejecutivo mediante el cual se habían elevado los costos de los combustibles. Sin embargo, advirtió que debería emitir otro decreto que lo reemplazara, porque el fisco necesitaba liberar al menos parte de esos recursos. Esto se concretó en mayo de 2021, días antes de que Moreno dejara el poder, ya con Guillermo Lasso como presidente electo. Se estableció un sistema de bandas abiertas, mediante el cual la empresa estatal petrolera, Petroecuador, fijaría mensualmente el precio de los combustibles, con una variación máxima de 5%, dependiendo de algunos factores, pero principalmente el precio del barril de crudo. En la práctica, esto significó un incremento mensual en los precios y una reducción paulatina de los subsidios de los combustibles.
Pronto, los precios no solo alcanzaron los niveles establecidos en el decreto inicial de Moreno, sino que los superaron. Y Lasso tuvo que enfrentar la presión del movimiento indígena para que los bajara de nuevo. En varias reuniones, los dirigentes insistían en que esa sería la única forma de tener un entendimiento con él, y el presidente respondía que ese era un punto sobre el que no se podía negociar. Hasta que el 22 de octubre de 2021, ante la presión y el fantasma del paro que se había dado exactamente dos años atrás, Lasso congeló el precio de la gasolina popular en 2.55 dólares y el del diésel en 1.90, evitando la actualización mensual. La Agencia EFE tituló así: “Ecuador congela el precio del combustible para evitar un estallido social”.
Pero eso no dejó conformes a los sectores indígenas, que exigían una rebaja de cuarenta centavos en el diésel, para que su valor quedara en 1.50, y de 45 centavos en la gasolina popular, para que quedara en 2.10. El Gobierno se negó a ceder, y junio de 2022 trajo de nuevo el paro.
LAS CALLES
Hay algo más de un millón de indígenas en Ecuador, un país con una población de 17.6 millones. Se trata de una comunidad con la que el Estado tiene una deuda histórica: para 2014 —la cifra oficial más reciente—, seis de cada diez indígenas vivían en la pobreza. En la actualidad, apenas la mitad obtiene agua a través de una red pública, solo 30% tiene alcantarillado, la mayoría vive en zonas rurales y siete de cada diez se dedican a la agricultura; apenas 17% ha terminado el bachillerato y 11% no ha cursado ni la educación básica. Según el UNICEF, cuatro de cada diez niños indígenas de Ecuador están desnutridos. Pese a representar a menos de 6% de la población, desde su primer levantamiento —a finales de los ochenta—, el movimiento indígena ha mostrado tener una fuerte estructura, capacidad organizativa y bases siempre dispuestas a acompañar a sus dirigentes a las calles. Además, ha logrado sumar a sus luchas a otros sectores, como estudiantes, maestros y sindicatos. Así, ha sido protagonista de muchas movilizaciones, especialmente en los últimos años. Las elecciones de 2021 fueron trascendentales para este sector: estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta presidencial con su candidato propio, Yaku Pérez Guartambel —que se presentó por el movimiento Pachakutik—, lo que lo hubiera dejado con grandes posibilidades de ganar, y en la Asamblea Nacional logró el mejor resultado de su historia, al convertirse —con veintisiete asambleístas— en la segunda fuerza legislativa del país.
Ese movimiento indígena es el que convocó al paro de junio de 2022. Lo hizo por medio de sus tres más grandes organizaciones: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Se les unieron gremios de estudiantes, maestros, sindicatos y ciudadanos descontentos con las políticas públicas de Lasso.
A las 00:00 del lunes 13 de junio se registraron los primeros cierres de carreteras. Ese día, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el rostro más visible de la protesta, decía:
—No podemos aceptar como una cuestión normal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Tres cosas hemos dicho: la movilización es de carácter nacional, también es de carácter territorial y es indefinida. Si es que el día de hoy el presidente da respuestas, pues el día de hoy levantaremos; si no da respuesta a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
El reclamo principal de los indígenas seguía siendo el costo de los combustibles. Sin embargo, Iza habló también de otros dos temas “sustanciales”: la derogación del Decreto 95, que tendía a incrementar significativamente la producción petrolera, y la derogación del Decreto 151, que establece la política minera, a la que los movimientos indígenas se oponen por la contaminación que genera la minería, especialmente en los ríos. Estos puntos fundamentales se incluyeron en un pliego de diez peticiones que presentaron al Gobierno y que incluía también temas como control de precios y freno a la especulación en los productos del campo, condonación y renegociación de deudas e intereses en el sistema financiero para paliar los efectos económicos de la pandemia en la población, atención al desabastecimiento de insumos y medicinas en los hospitales públicos —que se había venido denunciando por meses—, mayor presupuesto para la educación intercultural... La consigna de los movimientos era que solo si el Gobierno daba respuesta a esos diez puntos, levantarían el paro.
A partir del 13 de junio se cerraron las principales carreteras del país y muchas vías dentro de las ciudades, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Se tomaron por la fuerza camiones que llevaban productos para exportación, se invadieron empresas privadas para exigir a sus empleados que se plegaran al paro, se tomaron por la fuerza edificios de las gobernaciones e incluso se nombraron gobernadores indígenas de facto. La Policía reprimía las protestas fuertemente con gases lacrimógenos y unidades especializadas antimotines. Puyo, la capital de la provincia amazónica de Pastaza, vivió una noche en llamas, en la que se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que provocaron la muerte de un joven comunero del lugar. Esto despertó la reacción de los indígenas, quienes atacaron destacamentos policiales, infraestructura pública y una sucursal del Banco Guayaquil, del cual es propietario el presidente Lasso.
Mientras tanto, camiones y camionetas repletos de manifestantes entraron a Quito, por el sur de la ciudad, con el apoyo de cientos de personas en las calles. El Gobierno declaró el estado de excepción, que incluía la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, un toque de queda de 22:00 a 5:00 en la capital, la limitación de los derechos de asociación y reunión. Gracias a ese decreto, que permitía también incautaciones y allanamientos, la Policía se tomó la Casa de la Cultura en la capital, sitio al que tenían planeado llegar los movimientos indígenas —como siempre suelen hacer— para reunirse en asamblea. Por eso, los enfrentamientos de manifestantes y las fuerzas del orden se dieron sobre la avenida Patria, muy cercana al edificio de la Casa de la Cultura y a las universidades Central y Salesiana, que sirvieron como zonas de acogida y de paz.
Durante días, por la cantidad de gas lacrimógeno arrojado por la Policía, la avenida Patria pareció una zona de guerra o el escenario de una película distópica: el cielo ennegrecido, el pavimento lleno de piedras, escombros y restos de maderas, metales, vidrios. No solo había miembros del movimiento indígena en la protesta, sino que varios sectores se sumaron. Algunos quiteños cerraban las calles de acceso a los barrios, había “brigadas” que, a bordo de camionetas, recorrían barrios del sur y la zona comercial de Quito obligando a los dueños de locales a cerrar, saqueando algunos de los que encontraban abiertos y ponchando las llantas de cuanto vehículo aparecía enfrente.
La violencia, en lugar de ceder, escalaba. Aparecieron grupos que armaban barricadas con contenedores de basura o las cajas metálicas de las acometidas eléctricas. Muchos de ellos comenzaron a responder a la represión policial con bombas molotov y armas de perdigones. La tarde del 24 de junio, un joven de 39 años murió a causa de múltiples impactos de ese tipo, provenientes de armamento que no estaba usando la Policía, pero sí estos grupos de manifestantes. Entonces, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que analizaban la posibilidad de subir el “uso progresivo de la fuerza” al siguiente nivel y comenzar a usar también perdigones porque consideraban que no estaban enfrentando, en esos casos, a manifestantes comunes, sino a grupos delictivos.
Según el diario El Comercio, los informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas identificaron ocho grupos relacionados con estos hechos violentos, en once de las veinticuatro provincias del país.
Otro sector de la población organizó las llamadas marchas por la paz en varias zonas de la ciudad. Vestidos de blanco y con banderas de Ecuador, muchos pobladores pedían que el Gobierno y los movimientos indígenas se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo que terminara con el paro. Sin embargo, en algunas de estas manifestaciones se escucharon también frases y cánticos con contenido racista contra Leonidas Iza y los indígenas. Un exasambleísta y activista político, por ejemplo, los llamó “apestosos”.
Los líderes indígenas se desmarcaron de los hechos violentos; llamaron públicamente a sus bases a “no dar pie” para que los acusen y a manifestarse en paz y sin violencia. Aseguraron que había infiltrados en la movilización. Lo mismo dijo el Gobierno, y ambos acusaron al correísmo, a los grupos de apoyo al expresidente Rafael Correa y a su autodenominada “revolución ciudadana” —que perdió las elecciones de 2021 frente a Lasso—, de querer desestabilizar el país en un intento por retomar el poder.
LA MUERTE CRUZADA
Esa teoría tomaría más fuerza al amanecer del viernes 24 de junio, cuando, sorpresivamente, la bancada correísta en la Asamblea presentó formalmente el pedido de destituir al presidente Lasso y llamar a elecciones anticipadas, en un procedimiento que en Ecuador se conoce como muerte cruzada: el presidente es destituido, asume el vicepresidente y el Consejo Nacional Electoral convoca enseguida a elecciones para elegir nuevo presidente y nueva Asamblea.
Este proceso está amparado por el artículo 130, numeral 2, de la Constitución y se da bajo la figura de grave crisis política y conmoción interna. Según el correísmo, lo que sucedía en las calles cumplía con esas características. Para llevar el debate al Pleno de la Asamblea necesitaban reunir 46 firmas de apoyo y, como su bancada es de 47 legisladores, no tuvieron problema en superar este primer escalón. Desde Bélgica, país que le otorgó refugio, el expresidente Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, aplaudía a sus asambleístas y animaba a las otras bancadas para votar por la destitución.
El debate en la Asamblea —que se daba de manera virtual y paralela a las manifestaciones— duró tres días, y en él intervinieron 109 asambleístas, a razón de diez minutos cada uno. Muchos denunciaron presiones e intimidaciones para que votaran a favor de la destitución: llamadas telefónicas, visitas amenazantes a sus casas o a las de sus familias.
En las calles, la situación se mantenía, pero los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública disminuyeron levemente porque, el lunes 27 de junio, el Gobierno y la dirigencia indígena se sentaron formalmente a dialogar.
La votación se dio el martes 28 de junio. Ese día, el presidente Lasso envió un mensaje a la nación, en el que dijo:
—Todos somos testigos del intento de Unes [Unión por la Esperanza, bancada leal al expresidente Correa] de asaltar la democracia, de aprovechar el caos para destruir la institucionalidad en Ecuador. Hago un llamado a los asambleístas a que cumplan su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. No es un llamado a defender a una persona, un proyecto político, a un gobierno. Es un llamado a defender el país de este intento golpista.
El correísmo —que negó que fuera un intento golpista— necesitaba 92 votos para destituir a Lasso. Recibió el apoyo de casi todo el movimiento Pachakutik —enfurecido por la represión policial y por las muertes— y de algunos independientes. Pero apenas consiguió ochenta votos.
EL DIÁLOGO
En los primeros días del paro, el Gobierno había atendido, de alguna manera, varios de los pedidos indígenas: duplicó el presupuesto para la educación intercultural, declaró la emergencia en el sistema de salud, decretó el control a la especulación en los precios, ofreció la renegociación de créditos en la banca pública, aumentó el valor del Bono de Desarrollo Humano. Además, antes de sentarse a dialogar había bajado diez centavos al precio por galón de la gasolina popular y el diésel. También había liberado la Casa de la Cultura para que el movimiento indígena pudiera reunirse ahí y derogado el estado de excepción. Pero nada de esto había sido suficiente.
El lunes 27, en la Basílica de Quito, se instaló oficialmente la primera mesa de diálogo. Asistían los dirigentes de la Conaie, la Feine y la Fenocin; el ministro de Gobierno y el secretario de la Presidencia. Al borde de las 22:00 horas, parecía que el acuerdo estaba cerca. El Gobierno ya se había comprometido a derogar el decreto petrolero y había dicho que se podría reformar el decreto minero. Leonidas Iza reconoció que quizá la reducción en los precios de los combustibles no sería la que ellos esperaban, pero le pidió al Gobierno que hiciera “un esfuercito” más allá de los diez centavos que ya había cedido. Quedaron en hacer las consultas y reunirse la mañana siguiente.
Pero el martes 28 el país amaneció con la noticia de un militar muerto y varios policías y militares heridos, tras un enfrentamiento con manifestantes en la zona petrolera de la provincia de Orellana. El Gobierno anunció que se retiraba de la mesa de diálogo y que no volvería a negociar con Iza. Esa misma noche, mientras la Asamblea se alistaba para votar por el pedido del correísmo de destituir a Guillermo Lasso, en un discurso más conciliador, Iza dijo que era el momento para que las partes “bajaran el tono” e invitó al Gobierno a volver al diálogo para poner fin a la movilización.
El miércoles 29, por la tarde, el Gobierno aceptó sentarse a negociar, pero con la mediación de la Iglesia católica. Había un acuerdo que se estaba afinando y se seguiría afinando durante toda esa noche y parte de esa madrugada.
Luego de dieciocho días de paro, el jueves 30 de junio se firmó el Acta por la Paz en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Gobierno se comprometió a bajar en quince centavos el precio del diésel y en quince centavos el de la gasolina popular —cinco adicionales a los que ya había bajado—, además de avanzar en una política para focalizar los subsidios para los más necesitados. Se derogaría el decreto petrolero y se reformaría el minero, para evitar que la minería se desarrolle en territorios ancestrales y otras zonas de protección. Para los puntos en los que aún no hubo acuerdo se instalarán mesas técnicas con un plazo de noventa días.
—¿Usted cree que era necesario llegar a los niveles de violencia a los que se llegó, de parte y parte? —le pregunto, telefónicamente, a Nina Pacari, dirigente histórica del movimiento indígena, exdiputada y excanciller.
—Yo no hablaría de parte y parte —responde—. Primero, la violencia proviene del Estado, y en eso hay que estar muy claros. Se puede decir “de parte y parte” cuando están en igualdad de condiciones, y en este caso hay una fuerza de represión brutal, que fue implementada desde el Estado. Y las responsabilidades de las muertes, de los heridos, el Estado debe responder.
—Pero también hubo violencia de parte de algunos manifestantes.
—En esos casos tendrán que no endosar ni endilgar al movimiento indígena o a la Conaie de manera general. La movilización no estaba solo accionada por el movimiento indígena, sino también por sectores sociales, sectores empobrecidos. Y, como bien se ha denunciado en su momento, por infiltrados. Me parece que lo responsable es conformar una comisión y, en virtud de los análisis de cada uno de los casos, decir qué ocurrió.
El martes 5 de julio, el presidente Lasso cambió a cuatro de sus ministros y aceptó la renuncia de una más. En su discurso no quiso aceptar que estos cambios tuvieran que ver con el paro, pero sí volvió a hablar de la ruralidad y los movimientos indígenas. “Se vienen desafíos de otro tipo, como volcar la atención al campo”, dijo, y entonces habló de reconstruir el país.
Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, una oenegé que trabaja por la igualdad, cree que “el gran aprendizaje” es que cualquier reivindicación debe llegar a través del diálogo.
—Todo el Ecuador perdió. Sin embargo, de las crisis puede salir una oportunidad. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Trabajar con los partidos políticos, con los sectores sociales. El diálogo no puede acabarse. Y para los movimientos sociales: las formas tienen que cambiar. Cuidado, nos acostumbramos a que esas son las únicas maneras de llegar. Cuando incendiamos todo, las heridas quedan abiertas. Y en cualquier momento las llamas se encienden.
El mismo día de la firma de la paz, Iza era recibido por una multitud en Cotopaxi, su provincia natal, y enumeraba los logros de la protesta. El video está colgado en la cuenta de Twitter de la Conaie. Con el poncho rojo de su comunidad y su sombrero negro, le hablaba:
—Jamás a una lucha se sale para estar contentos. Pasan cosas dolorosas, la ciudadanía se pone en contra. Mientras más larga sea la lucha, mientras más días sean, la ciudadanía queda desabastecida. Pero también esperaríamos que nos entiendan, porque los pobres no tenemos otro mecanismo. No tenemos otras opciones más que salir a luchar.
¡Gracias!
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Quito fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional que organizó el movimiento indígena, que duró dieciocho días y que casi provoca la destitución de Guillermo Lasso. Pero el asunto en Ecuador comienza tiempo atrás. El fósforo que encendió la mecha fue el precio de los combustibles, lo que elevaría el costo de la vida en general en un país con una deuda histórica con los pueblos indígenas.
La Patria fue el campo de batalla. Es casi una metáfora perfecta porque la avenida Patria, una de las principales vías en el corazón comercial de Quito, fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional organizado por el movimiento indígena que duró dieciocho días en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio. Aquello fue una batalla en gran parte del país, especialmente en la Sierra y la Amazonía: al menos seis muertos —cinco manifestantes y un militar—, casi seiscientos heridos, 162 detenidos, once unidades policiales y 117 patrulleros destruidos, más de 240 agresiones contra la prensa, la toma por la fuerza de los edificios de gobernaciones provinciales, el desabastecimiento de productos básicos y gas de uso doméstico, enfermos en riesgo por falta de oxígeno en los hospitales debido al cierre de las vías. Y la lista sigue.
Es sábado 2 de julio —dos días después de la firma del Acta por la Paz, el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena que permitió poner fin a todo— y en la avenida Patria aún quedan huellas de los destrozos. Aunque han vuelto el ruido, el tráfico y los artistas que exponen sus cuadros los fines de semana en la vereda que da al parque El Ejido, aún se ven piedras por la calzada, los vidrios rotos en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General, los grafitis que dicen “Las balas que tiraste te van a volver”, “Fuck the police” o “Viva la violencia revolucionaria”.
En el parterre, Luis Ugsha, un obrero contratado por el Instituto de Patrimonio de Quito, lleva una hora limpiando, con su trapo empapado en tíner, una frase pintada en negro sobre el busto de Juan Aurelio Villagómez, “eminente jurisconsulto quiteño”. La frase, que ya casi desaparece, decía “Fuera Lasso”, en referencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de centro-derecha que se posesionó en mayo de 2021, hace poco más de un año.
Más adelante, en la esquina de las avenidas Patria y 10 de Agosto, está el local de Andrés León, de 34 años, que trabaja allí desde hace trece. El sol ha salido y hay mucha gente caminando en las veredas. Andrés mira todo desde adentro, rodeado por unas nueve mil cajas de cedés —que contienen películas y programas piratas— y de accesorios de audio y video. Vive en el sur de la ciudad y todos los días sale de su casa a las 5:45, para abrir su local a las 7:00. Normalmente trabaja hasta que cae la tarde, pero durante los dieciocho días de paro pudo trabajar apenas un par de horas diarias.
—Los manifestantes no nos permitían abrir. Unos nos decían que cerráramos, otros nos pedían que nos uniéramos al paro; que si ellos no trabajaban, yo tampoco podía trabajar. Aprovechaba para abrir en las mañanas, cuando había un poco de calma, pero enseguida me retiraba.
Andrés calcula que sus ventas cayeron al menos en 70%. Normalmente puede vender entre cien y ciento cincuenta dólares diarios, pero hubo días en los que no vendió más de veinte.
—Vi imágenes catastróficas. Y, sobre todo, la impavidez de las dos partes, que se ponen en capricho y no ven que los que pagamos somos el pueblo.
—Y ahora que se firmó la paz, ¿cómo ha visto las calles?
—Gracias a Dios, la gente ha estado saliendo bastante, hay fluidez de personas y se está moviendo el comercio también. Ojalá, de a poco, se siga reactivando la economía del país. Creo que ese debería ser el objetivo de todos.
Según el balance preliminar del Ministerio de Producción, las pérdidas por estos dieciocho días representan unos mil millones de dólares: 775 millones en ventas locales y exportaciones del sector privado, y 225 millones por la afectación al sector petrolero.
EL ORIGEN, LOS PORQUÉS
El fósforo que encendió la mecha de la protesta fue el precio de los combustibles. Pero este asunto comienza tiempo atrás. En Ecuador, esos precios han estado siempre muy por debajo de los de otros países, por los subsidios que el Estado pagaba. Varios gobiernos sucesivos postergaron la decisión de reducir o eliminar esos subsidios, precisamente por el costo político que tendría.
Hasta septiembre de 2019, el galón de gasolina popular (extra) costaba en Ecuador 1.85 dólares, mientras en Uruguay costaba 5.63; en Perú, 4.12; en México, 3.90, y en Argentina, 3.10. Entonces, asfixiado por una fuerte crisis económica, el expresidente Lenín Moreno decidió eliminar los subsidios y liberar el precio de todos los combustibles a partir del 2 de octubre de ese año. La gasolina extra pasó de 1.85 a 2.39 dólares: un incremento de 29%. Eso desató un paro nacional que inició por el sector del transporte, pero tomó fuerza cuando intervino el movimiento indígena y se sumaron otros sectores sociales. En aquel momento hubo muertos y heridos, calles cerradas violentamente en todo el país, se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado, hubo una fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Los movimientos indígenas aseguraban que el encarecimiento en las gasolinas y el diésel elevaría el costo de la vida en general: afectaría la agricultura, el transporte público, los productos de la canasta básica y toda la cadena productiva. Tras una incómoda negociación entre el Gobierno y los principales dirigentes indígenas, Moreno se echó para atrás y derogó el Decreto Ejecutivo mediante el cual se habían elevado los costos de los combustibles. Sin embargo, advirtió que debería emitir otro decreto que lo reemplazara, porque el fisco necesitaba liberar al menos parte de esos recursos. Esto se concretó en mayo de 2021, días antes de que Moreno dejara el poder, ya con Guillermo Lasso como presidente electo. Se estableció un sistema de bandas abiertas, mediante el cual la empresa estatal petrolera, Petroecuador, fijaría mensualmente el precio de los combustibles, con una variación máxima de 5%, dependiendo de algunos factores, pero principalmente el precio del barril de crudo. En la práctica, esto significó un incremento mensual en los precios y una reducción paulatina de los subsidios de los combustibles.
Pronto, los precios no solo alcanzaron los niveles establecidos en el decreto inicial de Moreno, sino que los superaron. Y Lasso tuvo que enfrentar la presión del movimiento indígena para que los bajara de nuevo. En varias reuniones, los dirigentes insistían en que esa sería la única forma de tener un entendimiento con él, y el presidente respondía que ese era un punto sobre el que no se podía negociar. Hasta que el 22 de octubre de 2021, ante la presión y el fantasma del paro que se había dado exactamente dos años atrás, Lasso congeló el precio de la gasolina popular en 2.55 dólares y el del diésel en 1.90, evitando la actualización mensual. La Agencia EFE tituló así: “Ecuador congela el precio del combustible para evitar un estallido social”.
Pero eso no dejó conformes a los sectores indígenas, que exigían una rebaja de cuarenta centavos en el diésel, para que su valor quedara en 1.50, y de 45 centavos en la gasolina popular, para que quedara en 2.10. El Gobierno se negó a ceder, y junio de 2022 trajo de nuevo el paro.
LAS CALLES
Hay algo más de un millón de indígenas en Ecuador, un país con una población de 17.6 millones. Se trata de una comunidad con la que el Estado tiene una deuda histórica: para 2014 —la cifra oficial más reciente—, seis de cada diez indígenas vivían en la pobreza. En la actualidad, apenas la mitad obtiene agua a través de una red pública, solo 30% tiene alcantarillado, la mayoría vive en zonas rurales y siete de cada diez se dedican a la agricultura; apenas 17% ha terminado el bachillerato y 11% no ha cursado ni la educación básica. Según el UNICEF, cuatro de cada diez niños indígenas de Ecuador están desnutridos. Pese a representar a menos de 6% de la población, desde su primer levantamiento —a finales de los ochenta—, el movimiento indígena ha mostrado tener una fuerte estructura, capacidad organizativa y bases siempre dispuestas a acompañar a sus dirigentes a las calles. Además, ha logrado sumar a sus luchas a otros sectores, como estudiantes, maestros y sindicatos. Así, ha sido protagonista de muchas movilizaciones, especialmente en los últimos años. Las elecciones de 2021 fueron trascendentales para este sector: estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta presidencial con su candidato propio, Yaku Pérez Guartambel —que se presentó por el movimiento Pachakutik—, lo que lo hubiera dejado con grandes posibilidades de ganar, y en la Asamblea Nacional logró el mejor resultado de su historia, al convertirse —con veintisiete asambleístas— en la segunda fuerza legislativa del país.
Ese movimiento indígena es el que convocó al paro de junio de 2022. Lo hizo por medio de sus tres más grandes organizaciones: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Se les unieron gremios de estudiantes, maestros, sindicatos y ciudadanos descontentos con las políticas públicas de Lasso.
A las 00:00 del lunes 13 de junio se registraron los primeros cierres de carreteras. Ese día, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el rostro más visible de la protesta, decía:
—No podemos aceptar como una cuestión normal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Tres cosas hemos dicho: la movilización es de carácter nacional, también es de carácter territorial y es indefinida. Si es que el día de hoy el presidente da respuestas, pues el día de hoy levantaremos; si no da respuesta a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
El reclamo principal de los indígenas seguía siendo el costo de los combustibles. Sin embargo, Iza habló también de otros dos temas “sustanciales”: la derogación del Decreto 95, que tendía a incrementar significativamente la producción petrolera, y la derogación del Decreto 151, que establece la política minera, a la que los movimientos indígenas se oponen por la contaminación que genera la minería, especialmente en los ríos. Estos puntos fundamentales se incluyeron en un pliego de diez peticiones que presentaron al Gobierno y que incluía también temas como control de precios y freno a la especulación en los productos del campo, condonación y renegociación de deudas e intereses en el sistema financiero para paliar los efectos económicos de la pandemia en la población, atención al desabastecimiento de insumos y medicinas en los hospitales públicos —que se había venido denunciando por meses—, mayor presupuesto para la educación intercultural... La consigna de los movimientos era que solo si el Gobierno daba respuesta a esos diez puntos, levantarían el paro.
A partir del 13 de junio se cerraron las principales carreteras del país y muchas vías dentro de las ciudades, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Se tomaron por la fuerza camiones que llevaban productos para exportación, se invadieron empresas privadas para exigir a sus empleados que se plegaran al paro, se tomaron por la fuerza edificios de las gobernaciones e incluso se nombraron gobernadores indígenas de facto. La Policía reprimía las protestas fuertemente con gases lacrimógenos y unidades especializadas antimotines. Puyo, la capital de la provincia amazónica de Pastaza, vivió una noche en llamas, en la que se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que provocaron la muerte de un joven comunero del lugar. Esto despertó la reacción de los indígenas, quienes atacaron destacamentos policiales, infraestructura pública y una sucursal del Banco Guayaquil, del cual es propietario el presidente Lasso.
Mientras tanto, camiones y camionetas repletos de manifestantes entraron a Quito, por el sur de la ciudad, con el apoyo de cientos de personas en las calles. El Gobierno declaró el estado de excepción, que incluía la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, un toque de queda de 22:00 a 5:00 en la capital, la limitación de los derechos de asociación y reunión. Gracias a ese decreto, que permitía también incautaciones y allanamientos, la Policía se tomó la Casa de la Cultura en la capital, sitio al que tenían planeado llegar los movimientos indígenas —como siempre suelen hacer— para reunirse en asamblea. Por eso, los enfrentamientos de manifestantes y las fuerzas del orden se dieron sobre la avenida Patria, muy cercana al edificio de la Casa de la Cultura y a las universidades Central y Salesiana, que sirvieron como zonas de acogida y de paz.
Durante días, por la cantidad de gas lacrimógeno arrojado por la Policía, la avenida Patria pareció una zona de guerra o el escenario de una película distópica: el cielo ennegrecido, el pavimento lleno de piedras, escombros y restos de maderas, metales, vidrios. No solo había miembros del movimiento indígena en la protesta, sino que varios sectores se sumaron. Algunos quiteños cerraban las calles de acceso a los barrios, había “brigadas” que, a bordo de camionetas, recorrían barrios del sur y la zona comercial de Quito obligando a los dueños de locales a cerrar, saqueando algunos de los que encontraban abiertos y ponchando las llantas de cuanto vehículo aparecía enfrente.
La violencia, en lugar de ceder, escalaba. Aparecieron grupos que armaban barricadas con contenedores de basura o las cajas metálicas de las acometidas eléctricas. Muchos de ellos comenzaron a responder a la represión policial con bombas molotov y armas de perdigones. La tarde del 24 de junio, un joven de 39 años murió a causa de múltiples impactos de ese tipo, provenientes de armamento que no estaba usando la Policía, pero sí estos grupos de manifestantes. Entonces, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que analizaban la posibilidad de subir el “uso progresivo de la fuerza” al siguiente nivel y comenzar a usar también perdigones porque consideraban que no estaban enfrentando, en esos casos, a manifestantes comunes, sino a grupos delictivos.
Según el diario El Comercio, los informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas identificaron ocho grupos relacionados con estos hechos violentos, en once de las veinticuatro provincias del país.
Otro sector de la población organizó las llamadas marchas por la paz en varias zonas de la ciudad. Vestidos de blanco y con banderas de Ecuador, muchos pobladores pedían que el Gobierno y los movimientos indígenas se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo que terminara con el paro. Sin embargo, en algunas de estas manifestaciones se escucharon también frases y cánticos con contenido racista contra Leonidas Iza y los indígenas. Un exasambleísta y activista político, por ejemplo, los llamó “apestosos”.
Los líderes indígenas se desmarcaron de los hechos violentos; llamaron públicamente a sus bases a “no dar pie” para que los acusen y a manifestarse en paz y sin violencia. Aseguraron que había infiltrados en la movilización. Lo mismo dijo el Gobierno, y ambos acusaron al correísmo, a los grupos de apoyo al expresidente Rafael Correa y a su autodenominada “revolución ciudadana” —que perdió las elecciones de 2021 frente a Lasso—, de querer desestabilizar el país en un intento por retomar el poder.
LA MUERTE CRUZADA
Esa teoría tomaría más fuerza al amanecer del viernes 24 de junio, cuando, sorpresivamente, la bancada correísta en la Asamblea presentó formalmente el pedido de destituir al presidente Lasso y llamar a elecciones anticipadas, en un procedimiento que en Ecuador se conoce como muerte cruzada: el presidente es destituido, asume el vicepresidente y el Consejo Nacional Electoral convoca enseguida a elecciones para elegir nuevo presidente y nueva Asamblea.
Este proceso está amparado por el artículo 130, numeral 2, de la Constitución y se da bajo la figura de grave crisis política y conmoción interna. Según el correísmo, lo que sucedía en las calles cumplía con esas características. Para llevar el debate al Pleno de la Asamblea necesitaban reunir 46 firmas de apoyo y, como su bancada es de 47 legisladores, no tuvieron problema en superar este primer escalón. Desde Bélgica, país que le otorgó refugio, el expresidente Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, aplaudía a sus asambleístas y animaba a las otras bancadas para votar por la destitución.
El debate en la Asamblea —que se daba de manera virtual y paralela a las manifestaciones— duró tres días, y en él intervinieron 109 asambleístas, a razón de diez minutos cada uno. Muchos denunciaron presiones e intimidaciones para que votaran a favor de la destitución: llamadas telefónicas, visitas amenazantes a sus casas o a las de sus familias.
En las calles, la situación se mantenía, pero los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública disminuyeron levemente porque, el lunes 27 de junio, el Gobierno y la dirigencia indígena se sentaron formalmente a dialogar.
La votación se dio el martes 28 de junio. Ese día, el presidente Lasso envió un mensaje a la nación, en el que dijo:
—Todos somos testigos del intento de Unes [Unión por la Esperanza, bancada leal al expresidente Correa] de asaltar la democracia, de aprovechar el caos para destruir la institucionalidad en Ecuador. Hago un llamado a los asambleístas a que cumplan su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. No es un llamado a defender a una persona, un proyecto político, a un gobierno. Es un llamado a defender el país de este intento golpista.
El correísmo —que negó que fuera un intento golpista— necesitaba 92 votos para destituir a Lasso. Recibió el apoyo de casi todo el movimiento Pachakutik —enfurecido por la represión policial y por las muertes— y de algunos independientes. Pero apenas consiguió ochenta votos.
EL DIÁLOGO
En los primeros días del paro, el Gobierno había atendido, de alguna manera, varios de los pedidos indígenas: duplicó el presupuesto para la educación intercultural, declaró la emergencia en el sistema de salud, decretó el control a la especulación en los precios, ofreció la renegociación de créditos en la banca pública, aumentó el valor del Bono de Desarrollo Humano. Además, antes de sentarse a dialogar había bajado diez centavos al precio por galón de la gasolina popular y el diésel. También había liberado la Casa de la Cultura para que el movimiento indígena pudiera reunirse ahí y derogado el estado de excepción. Pero nada de esto había sido suficiente.
El lunes 27, en la Basílica de Quito, se instaló oficialmente la primera mesa de diálogo. Asistían los dirigentes de la Conaie, la Feine y la Fenocin; el ministro de Gobierno y el secretario de la Presidencia. Al borde de las 22:00 horas, parecía que el acuerdo estaba cerca. El Gobierno ya se había comprometido a derogar el decreto petrolero y había dicho que se podría reformar el decreto minero. Leonidas Iza reconoció que quizá la reducción en los precios de los combustibles no sería la que ellos esperaban, pero le pidió al Gobierno que hiciera “un esfuercito” más allá de los diez centavos que ya había cedido. Quedaron en hacer las consultas y reunirse la mañana siguiente.
Pero el martes 28 el país amaneció con la noticia de un militar muerto y varios policías y militares heridos, tras un enfrentamiento con manifestantes en la zona petrolera de la provincia de Orellana. El Gobierno anunció que se retiraba de la mesa de diálogo y que no volvería a negociar con Iza. Esa misma noche, mientras la Asamblea se alistaba para votar por el pedido del correísmo de destituir a Guillermo Lasso, en un discurso más conciliador, Iza dijo que era el momento para que las partes “bajaran el tono” e invitó al Gobierno a volver al diálogo para poner fin a la movilización.
El miércoles 29, por la tarde, el Gobierno aceptó sentarse a negociar, pero con la mediación de la Iglesia católica. Había un acuerdo que se estaba afinando y se seguiría afinando durante toda esa noche y parte de esa madrugada.
Luego de dieciocho días de paro, el jueves 30 de junio se firmó el Acta por la Paz en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Gobierno se comprometió a bajar en quince centavos el precio del diésel y en quince centavos el de la gasolina popular —cinco adicionales a los que ya había bajado—, además de avanzar en una política para focalizar los subsidios para los más necesitados. Se derogaría el decreto petrolero y se reformaría el minero, para evitar que la minería se desarrolle en territorios ancestrales y otras zonas de protección. Para los puntos en los que aún no hubo acuerdo se instalarán mesas técnicas con un plazo de noventa días.
—¿Usted cree que era necesario llegar a los niveles de violencia a los que se llegó, de parte y parte? —le pregunto, telefónicamente, a Nina Pacari, dirigente histórica del movimiento indígena, exdiputada y excanciller.
—Yo no hablaría de parte y parte —responde—. Primero, la violencia proviene del Estado, y en eso hay que estar muy claros. Se puede decir “de parte y parte” cuando están en igualdad de condiciones, y en este caso hay una fuerza de represión brutal, que fue implementada desde el Estado. Y las responsabilidades de las muertes, de los heridos, el Estado debe responder.
—Pero también hubo violencia de parte de algunos manifestantes.
—En esos casos tendrán que no endosar ni endilgar al movimiento indígena o a la Conaie de manera general. La movilización no estaba solo accionada por el movimiento indígena, sino también por sectores sociales, sectores empobrecidos. Y, como bien se ha denunciado en su momento, por infiltrados. Me parece que lo responsable es conformar una comisión y, en virtud de los análisis de cada uno de los casos, decir qué ocurrió.
El martes 5 de julio, el presidente Lasso cambió a cuatro de sus ministros y aceptó la renuncia de una más. En su discurso no quiso aceptar que estos cambios tuvieran que ver con el paro, pero sí volvió a hablar de la ruralidad y los movimientos indígenas. “Se vienen desafíos de otro tipo, como volcar la atención al campo”, dijo, y entonces habló de reconstruir el país.
Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, una oenegé que trabaja por la igualdad, cree que “el gran aprendizaje” es que cualquier reivindicación debe llegar a través del diálogo.
—Todo el Ecuador perdió. Sin embargo, de las crisis puede salir una oportunidad. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Trabajar con los partidos políticos, con los sectores sociales. El diálogo no puede acabarse. Y para los movimientos sociales: las formas tienen que cambiar. Cuidado, nos acostumbramos a que esas son las únicas maneras de llegar. Cuando incendiamos todo, las heridas quedan abiertas. Y en cualquier momento las llamas se encienden.
El mismo día de la firma de la paz, Iza era recibido por una multitud en Cotopaxi, su provincia natal, y enumeraba los logros de la protesta. El video está colgado en la cuenta de Twitter de la Conaie. Con el poncho rojo de su comunidad y su sombrero negro, le hablaba:
—Jamás a una lucha se sale para estar contentos. Pasan cosas dolorosas, la ciudadanía se pone en contra. Mientras más larga sea la lucha, mientras más días sean, la ciudadanía queda desabastecida. Pero también esperaríamos que nos entiendan, porque los pobres no tenemos otro mecanismo. No tenemos otras opciones más que salir a luchar.
¡Gracias!
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Una mujer junto al fuego en un bloqueo de la Avenida Simón Bolívar. La gente está protestando contra el gobierno con una huelga nacional. Fotografía de Rafael Rodríguez / REUTERS.
Quito fue el epicentro de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional que organizó el movimiento indígena, que duró dieciocho días y que casi provoca la destitución de Guillermo Lasso. Pero el asunto en Ecuador comienza tiempo atrás. El fósforo que encendió la mecha fue el precio de los combustibles, lo que elevaría el costo de la vida en general en un país con una deuda histórica con los pueblos indígenas.
La Patria fue el campo de batalla. Es casi una metáfora perfecta porque la avenida Patria, una de las principales vías en el corazón comercial de Quito, fue el epicentro de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública durante el paro nacional organizado por el movimiento indígena que duró dieciocho días en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio. Aquello fue una batalla en gran parte del país, especialmente en la Sierra y la Amazonía: al menos seis muertos —cinco manifestantes y un militar—, casi seiscientos heridos, 162 detenidos, once unidades policiales y 117 patrulleros destruidos, más de 240 agresiones contra la prensa, la toma por la fuerza de los edificios de gobernaciones provinciales, el desabastecimiento de productos básicos y gas de uso doméstico, enfermos en riesgo por falta de oxígeno en los hospitales debido al cierre de las vías. Y la lista sigue.
Es sábado 2 de julio —dos días después de la firma del Acta por la Paz, el acuerdo entre el Gobierno y el movimiento indígena que permitió poner fin a todo— y en la avenida Patria aún quedan huellas de los destrozos. Aunque han vuelto el ruido, el tráfico y los artistas que exponen sus cuadros los fines de semana en la vereda que da al parque El Ejido, aún se ven piedras por la calzada, los vidrios rotos en la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General, los grafitis que dicen “Las balas que tiraste te van a volver”, “Fuck the police” o “Viva la violencia revolucionaria”.
En el parterre, Luis Ugsha, un obrero contratado por el Instituto de Patrimonio de Quito, lleva una hora limpiando, con su trapo empapado en tíner, una frase pintada en negro sobre el busto de Juan Aurelio Villagómez, “eminente jurisconsulto quiteño”. La frase, que ya casi desaparece, decía “Fuera Lasso”, en referencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, un exbanquero de centro-derecha que se posesionó en mayo de 2021, hace poco más de un año.
Más adelante, en la esquina de las avenidas Patria y 10 de Agosto, está el local de Andrés León, de 34 años, que trabaja allí desde hace trece. El sol ha salido y hay mucha gente caminando en las veredas. Andrés mira todo desde adentro, rodeado por unas nueve mil cajas de cedés —que contienen películas y programas piratas— y de accesorios de audio y video. Vive en el sur de la ciudad y todos los días sale de su casa a las 5:45, para abrir su local a las 7:00. Normalmente trabaja hasta que cae la tarde, pero durante los dieciocho días de paro pudo trabajar apenas un par de horas diarias.
—Los manifestantes no nos permitían abrir. Unos nos decían que cerráramos, otros nos pedían que nos uniéramos al paro; que si ellos no trabajaban, yo tampoco podía trabajar. Aprovechaba para abrir en las mañanas, cuando había un poco de calma, pero enseguida me retiraba.
Andrés calcula que sus ventas cayeron al menos en 70%. Normalmente puede vender entre cien y ciento cincuenta dólares diarios, pero hubo días en los que no vendió más de veinte.
—Vi imágenes catastróficas. Y, sobre todo, la impavidez de las dos partes, que se ponen en capricho y no ven que los que pagamos somos el pueblo.
—Y ahora que se firmó la paz, ¿cómo ha visto las calles?
—Gracias a Dios, la gente ha estado saliendo bastante, hay fluidez de personas y se está moviendo el comercio también. Ojalá, de a poco, se siga reactivando la economía del país. Creo que ese debería ser el objetivo de todos.
Según el balance preliminar del Ministerio de Producción, las pérdidas por estos dieciocho días representan unos mil millones de dólares: 775 millones en ventas locales y exportaciones del sector privado, y 225 millones por la afectación al sector petrolero.
EL ORIGEN, LOS PORQUÉS
El fósforo que encendió la mecha de la protesta fue el precio de los combustibles. Pero este asunto comienza tiempo atrás. En Ecuador, esos precios han estado siempre muy por debajo de los de otros países, por los subsidios que el Estado pagaba. Varios gobiernos sucesivos postergaron la decisión de reducir o eliminar esos subsidios, precisamente por el costo político que tendría.
Hasta septiembre de 2019, el galón de gasolina popular (extra) costaba en Ecuador 1.85 dólares, mientras en Uruguay costaba 5.63; en Perú, 4.12; en México, 3.90, y en Argentina, 3.10. Entonces, asfixiado por una fuerte crisis económica, el expresidente Lenín Moreno decidió eliminar los subsidios y liberar el precio de todos los combustibles a partir del 2 de octubre de ese año. La gasolina extra pasó de 1.85 a 2.39 dólares: un incremento de 29%. Eso desató un paro nacional que inició por el sector del transporte, pero tomó fuerza cuando intervino el movimiento indígena y se sumaron otros sectores sociales. En aquel momento hubo muertos y heridos, calles cerradas violentamente en todo el país, se incendió el edificio de la Contraloría General del Estado, hubo una fuerte represión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Los movimientos indígenas aseguraban que el encarecimiento en las gasolinas y el diésel elevaría el costo de la vida en general: afectaría la agricultura, el transporte público, los productos de la canasta básica y toda la cadena productiva. Tras una incómoda negociación entre el Gobierno y los principales dirigentes indígenas, Moreno se echó para atrás y derogó el Decreto Ejecutivo mediante el cual se habían elevado los costos de los combustibles. Sin embargo, advirtió que debería emitir otro decreto que lo reemplazara, porque el fisco necesitaba liberar al menos parte de esos recursos. Esto se concretó en mayo de 2021, días antes de que Moreno dejara el poder, ya con Guillermo Lasso como presidente electo. Se estableció un sistema de bandas abiertas, mediante el cual la empresa estatal petrolera, Petroecuador, fijaría mensualmente el precio de los combustibles, con una variación máxima de 5%, dependiendo de algunos factores, pero principalmente el precio del barril de crudo. En la práctica, esto significó un incremento mensual en los precios y una reducción paulatina de los subsidios de los combustibles.
Pronto, los precios no solo alcanzaron los niveles establecidos en el decreto inicial de Moreno, sino que los superaron. Y Lasso tuvo que enfrentar la presión del movimiento indígena para que los bajara de nuevo. En varias reuniones, los dirigentes insistían en que esa sería la única forma de tener un entendimiento con él, y el presidente respondía que ese era un punto sobre el que no se podía negociar. Hasta que el 22 de octubre de 2021, ante la presión y el fantasma del paro que se había dado exactamente dos años atrás, Lasso congeló el precio de la gasolina popular en 2.55 dólares y el del diésel en 1.90, evitando la actualización mensual. La Agencia EFE tituló así: “Ecuador congela el precio del combustible para evitar un estallido social”.
Pero eso no dejó conformes a los sectores indígenas, que exigían una rebaja de cuarenta centavos en el diésel, para que su valor quedara en 1.50, y de 45 centavos en la gasolina popular, para que quedara en 2.10. El Gobierno se negó a ceder, y junio de 2022 trajo de nuevo el paro.
LAS CALLES
Hay algo más de un millón de indígenas en Ecuador, un país con una población de 17.6 millones. Se trata de una comunidad con la que el Estado tiene una deuda histórica: para 2014 —la cifra oficial más reciente—, seis de cada diez indígenas vivían en la pobreza. En la actualidad, apenas la mitad obtiene agua a través de una red pública, solo 30% tiene alcantarillado, la mayoría vive en zonas rurales y siete de cada diez se dedican a la agricultura; apenas 17% ha terminado el bachillerato y 11% no ha cursado ni la educación básica. Según el UNICEF, cuatro de cada diez niños indígenas de Ecuador están desnutridos. Pese a representar a menos de 6% de la población, desde su primer levantamiento —a finales de los ochenta—, el movimiento indígena ha mostrado tener una fuerte estructura, capacidad organizativa y bases siempre dispuestas a acompañar a sus dirigentes a las calles. Además, ha logrado sumar a sus luchas a otros sectores, como estudiantes, maestros y sindicatos. Así, ha sido protagonista de muchas movilizaciones, especialmente en los últimos años. Las elecciones de 2021 fueron trascendentales para este sector: estuvo a punto de llegar a la segunda vuelta presidencial con su candidato propio, Yaku Pérez Guartambel —que se presentó por el movimiento Pachakutik—, lo que lo hubiera dejado con grandes posibilidades de ganar, y en la Asamblea Nacional logró el mejor resultado de su historia, al convertirse —con veintisiete asambleístas— en la segunda fuerza legislativa del país.
Ese movimiento indígena es el que convocó al paro de junio de 2022. Lo hizo por medio de sus tres más grandes organizaciones: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Federación de Indígenas Evangélicos (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Se les unieron gremios de estudiantes, maestros, sindicatos y ciudadanos descontentos con las políticas públicas de Lasso.
A las 00:00 del lunes 13 de junio se registraron los primeros cierres de carreteras. Ese día, en declaraciones a la prensa, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, el rostro más visible de la protesta, decía:
—No podemos aceptar como una cuestión normal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Tres cosas hemos dicho: la movilización es de carácter nacional, también es de carácter territorial y es indefinida. Si es que el día de hoy el presidente da respuestas, pues el día de hoy levantaremos; si no da respuesta a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida.
El reclamo principal de los indígenas seguía siendo el costo de los combustibles. Sin embargo, Iza habló también de otros dos temas “sustanciales”: la derogación del Decreto 95, que tendía a incrementar significativamente la producción petrolera, y la derogación del Decreto 151, que establece la política minera, a la que los movimientos indígenas se oponen por la contaminación que genera la minería, especialmente en los ríos. Estos puntos fundamentales se incluyeron en un pliego de diez peticiones que presentaron al Gobierno y que incluía también temas como control de precios y freno a la especulación en los productos del campo, condonación y renegociación de deudas e intereses en el sistema financiero para paliar los efectos económicos de la pandemia en la población, atención al desabastecimiento de insumos y medicinas en los hospitales públicos —que se había venido denunciando por meses—, mayor presupuesto para la educación intercultural... La consigna de los movimientos era que solo si el Gobierno daba respuesta a esos diez puntos, levantarían el paro.
A partir del 13 de junio se cerraron las principales carreteras del país y muchas vías dentro de las ciudades, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Se tomaron por la fuerza camiones que llevaban productos para exportación, se invadieron empresas privadas para exigir a sus empleados que se plegaran al paro, se tomaron por la fuerza edificios de las gobernaciones e incluso se nombraron gobernadores indígenas de facto. La Policía reprimía las protestas fuertemente con gases lacrimógenos y unidades especializadas antimotines. Puyo, la capital de la provincia amazónica de Pastaza, vivió una noche en llamas, en la que se registraron fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, que provocaron la muerte de un joven comunero del lugar. Esto despertó la reacción de los indígenas, quienes atacaron destacamentos policiales, infraestructura pública y una sucursal del Banco Guayaquil, del cual es propietario el presidente Lasso.
Mientras tanto, camiones y camionetas repletos de manifestantes entraron a Quito, por el sur de la ciudad, con el apoyo de cientos de personas en las calles. El Gobierno declaró el estado de excepción, que incluía la movilización de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, un toque de queda de 22:00 a 5:00 en la capital, la limitación de los derechos de asociación y reunión. Gracias a ese decreto, que permitía también incautaciones y allanamientos, la Policía se tomó la Casa de la Cultura en la capital, sitio al que tenían planeado llegar los movimientos indígenas —como siempre suelen hacer— para reunirse en asamblea. Por eso, los enfrentamientos de manifestantes y las fuerzas del orden se dieron sobre la avenida Patria, muy cercana al edificio de la Casa de la Cultura y a las universidades Central y Salesiana, que sirvieron como zonas de acogida y de paz.
Durante días, por la cantidad de gas lacrimógeno arrojado por la Policía, la avenida Patria pareció una zona de guerra o el escenario de una película distópica: el cielo ennegrecido, el pavimento lleno de piedras, escombros y restos de maderas, metales, vidrios. No solo había miembros del movimiento indígena en la protesta, sino que varios sectores se sumaron. Algunos quiteños cerraban las calles de acceso a los barrios, había “brigadas” que, a bordo de camionetas, recorrían barrios del sur y la zona comercial de Quito obligando a los dueños de locales a cerrar, saqueando algunos de los que encontraban abiertos y ponchando las llantas de cuanto vehículo aparecía enfrente.
La violencia, en lugar de ceder, escalaba. Aparecieron grupos que armaban barricadas con contenedores de basura o las cajas metálicas de las acometidas eléctricas. Muchos de ellos comenzaron a responder a la represión policial con bombas molotov y armas de perdigones. La tarde del 24 de junio, un joven de 39 años murió a causa de múltiples impactos de ese tipo, provenientes de armamento que no estaba usando la Policía, pero sí estos grupos de manifestantes. Entonces, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció que analizaban la posibilidad de subir el “uso progresivo de la fuerza” al siguiente nivel y comenzar a usar también perdigones porque consideraban que no estaban enfrentando, en esos casos, a manifestantes comunes, sino a grupos delictivos.
Según el diario El Comercio, los informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas identificaron ocho grupos relacionados con estos hechos violentos, en once de las veinticuatro provincias del país.
Otro sector de la población organizó las llamadas marchas por la paz en varias zonas de la ciudad. Vestidos de blanco y con banderas de Ecuador, muchos pobladores pedían que el Gobierno y los movimientos indígenas se sentaran a dialogar y llegaran a un acuerdo que terminara con el paro. Sin embargo, en algunas de estas manifestaciones se escucharon también frases y cánticos con contenido racista contra Leonidas Iza y los indígenas. Un exasambleísta y activista político, por ejemplo, los llamó “apestosos”.
Los líderes indígenas se desmarcaron de los hechos violentos; llamaron públicamente a sus bases a “no dar pie” para que los acusen y a manifestarse en paz y sin violencia. Aseguraron que había infiltrados en la movilización. Lo mismo dijo el Gobierno, y ambos acusaron al correísmo, a los grupos de apoyo al expresidente Rafael Correa y a su autodenominada “revolución ciudadana” —que perdió las elecciones de 2021 frente a Lasso—, de querer desestabilizar el país en un intento por retomar el poder.
LA MUERTE CRUZADA
Esa teoría tomaría más fuerza al amanecer del viernes 24 de junio, cuando, sorpresivamente, la bancada correísta en la Asamblea presentó formalmente el pedido de destituir al presidente Lasso y llamar a elecciones anticipadas, en un procedimiento que en Ecuador se conoce como muerte cruzada: el presidente es destituido, asume el vicepresidente y el Consejo Nacional Electoral convoca enseguida a elecciones para elegir nuevo presidente y nueva Asamblea.
Este proceso está amparado por el artículo 130, numeral 2, de la Constitución y se da bajo la figura de grave crisis política y conmoción interna. Según el correísmo, lo que sucedía en las calles cumplía con esas características. Para llevar el debate al Pleno de la Asamblea necesitaban reunir 46 firmas de apoyo y, como su bancada es de 47 legisladores, no tuvieron problema en superar este primer escalón. Desde Bélgica, país que le otorgó refugio, el expresidente Correa, sentenciado por corrupción y prófugo de la justicia, aplaudía a sus asambleístas y animaba a las otras bancadas para votar por la destitución.
El debate en la Asamblea —que se daba de manera virtual y paralela a las manifestaciones— duró tres días, y en él intervinieron 109 asambleístas, a razón de diez minutos cada uno. Muchos denunciaron presiones e intimidaciones para que votaran a favor de la destitución: llamadas telefónicas, visitas amenazantes a sus casas o a las de sus familias.
En las calles, la situación se mantenía, pero los enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública disminuyeron levemente porque, el lunes 27 de junio, el Gobierno y la dirigencia indígena se sentaron formalmente a dialogar.
La votación se dio el martes 28 de junio. Ese día, el presidente Lasso envió un mensaje a la nación, en el que dijo:
—Todos somos testigos del intento de Unes [Unión por la Esperanza, bancada leal al expresidente Correa] de asaltar la democracia, de aprovechar el caos para destruir la institucionalidad en Ecuador. Hago un llamado a los asambleístas a que cumplan su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. No es un llamado a defender a una persona, un proyecto político, a un gobierno. Es un llamado a defender el país de este intento golpista.
El correísmo —que negó que fuera un intento golpista— necesitaba 92 votos para destituir a Lasso. Recibió el apoyo de casi todo el movimiento Pachakutik —enfurecido por la represión policial y por las muertes— y de algunos independientes. Pero apenas consiguió ochenta votos.
EL DIÁLOGO
En los primeros días del paro, el Gobierno había atendido, de alguna manera, varios de los pedidos indígenas: duplicó el presupuesto para la educación intercultural, declaró la emergencia en el sistema de salud, decretó el control a la especulación en los precios, ofreció la renegociación de créditos en la banca pública, aumentó el valor del Bono de Desarrollo Humano. Además, antes de sentarse a dialogar había bajado diez centavos al precio por galón de la gasolina popular y el diésel. También había liberado la Casa de la Cultura para que el movimiento indígena pudiera reunirse ahí y derogado el estado de excepción. Pero nada de esto había sido suficiente.
El lunes 27, en la Basílica de Quito, se instaló oficialmente la primera mesa de diálogo. Asistían los dirigentes de la Conaie, la Feine y la Fenocin; el ministro de Gobierno y el secretario de la Presidencia. Al borde de las 22:00 horas, parecía que el acuerdo estaba cerca. El Gobierno ya se había comprometido a derogar el decreto petrolero y había dicho que se podría reformar el decreto minero. Leonidas Iza reconoció que quizá la reducción en los precios de los combustibles no sería la que ellos esperaban, pero le pidió al Gobierno que hiciera “un esfuercito” más allá de los diez centavos que ya había cedido. Quedaron en hacer las consultas y reunirse la mañana siguiente.
Pero el martes 28 el país amaneció con la noticia de un militar muerto y varios policías y militares heridos, tras un enfrentamiento con manifestantes en la zona petrolera de la provincia de Orellana. El Gobierno anunció que se retiraba de la mesa de diálogo y que no volvería a negociar con Iza. Esa misma noche, mientras la Asamblea se alistaba para votar por el pedido del correísmo de destituir a Guillermo Lasso, en un discurso más conciliador, Iza dijo que era el momento para que las partes “bajaran el tono” e invitó al Gobierno a volver al diálogo para poner fin a la movilización.
El miércoles 29, por la tarde, el Gobierno aceptó sentarse a negociar, pero con la mediación de la Iglesia católica. Había un acuerdo que se estaba afinando y se seguiría afinando durante toda esa noche y parte de esa madrugada.
Luego de dieciocho días de paro, el jueves 30 de junio se firmó el Acta por la Paz en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Gobierno se comprometió a bajar en quince centavos el precio del diésel y en quince centavos el de la gasolina popular —cinco adicionales a los que ya había bajado—, además de avanzar en una política para focalizar los subsidios para los más necesitados. Se derogaría el decreto petrolero y se reformaría el minero, para evitar que la minería se desarrolle en territorios ancestrales y otras zonas de protección. Para los puntos en los que aún no hubo acuerdo se instalarán mesas técnicas con un plazo de noventa días.
—¿Usted cree que era necesario llegar a los niveles de violencia a los que se llegó, de parte y parte? —le pregunto, telefónicamente, a Nina Pacari, dirigente histórica del movimiento indígena, exdiputada y excanciller.
—Yo no hablaría de parte y parte —responde—. Primero, la violencia proviene del Estado, y en eso hay que estar muy claros. Se puede decir “de parte y parte” cuando están en igualdad de condiciones, y en este caso hay una fuerza de represión brutal, que fue implementada desde el Estado. Y las responsabilidades de las muertes, de los heridos, el Estado debe responder.
—Pero también hubo violencia de parte de algunos manifestantes.
—En esos casos tendrán que no endosar ni endilgar al movimiento indígena o a la Conaie de manera general. La movilización no estaba solo accionada por el movimiento indígena, sino también por sectores sociales, sectores empobrecidos. Y, como bien se ha denunciado en su momento, por infiltrados. Me parece que lo responsable es conformar una comisión y, en virtud de los análisis de cada uno de los casos, decir qué ocurrió.
El martes 5 de julio, el presidente Lasso cambió a cuatro de sus ministros y aceptó la renuncia de una más. En su discurso no quiso aceptar que estos cambios tuvieran que ver con el paro, pero sí volvió a hablar de la ruralidad y los movimientos indígenas. “Se vienen desafíos de otro tipo, como volcar la atención al campo”, dijo, y entonces habló de reconstruir el país.
Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, una oenegé que trabaja por la igualdad, cree que “el gran aprendizaje” es que cualquier reivindicación debe llegar a través del diálogo.
—Todo el Ecuador perdió. Sin embargo, de las crisis puede salir una oportunidad. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Trabajar con los partidos políticos, con los sectores sociales. El diálogo no puede acabarse. Y para los movimientos sociales: las formas tienen que cambiar. Cuidado, nos acostumbramos a que esas son las únicas maneras de llegar. Cuando incendiamos todo, las heridas quedan abiertas. Y en cualquier momento las llamas se encienden.
El mismo día de la firma de la paz, Iza era recibido por una multitud en Cotopaxi, su provincia natal, y enumeraba los logros de la protesta. El video está colgado en la cuenta de Twitter de la Conaie. Con el poncho rojo de su comunidad y su sombrero negro, le hablaba:
—Jamás a una lucha se sale para estar contentos. Pasan cosas dolorosas, la ciudadanía se pone en contra. Mientras más larga sea la lucha, mientras más días sean, la ciudadanía queda desabastecida. Pero también esperaríamos que nos entiendan, porque los pobres no tenemos otro mecanismo. No tenemos otras opciones más que salir a luchar.
¡Gracias!
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