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Una topadora limpia la selva para la construcción de la sección 4 de la nueva ruta del Tren Maya, cerca de Nuevo Xcan, Chemax, Yucatán, México, 3 de marzo de 2022. Crédito: REUTERS/José Luis González
El gobierno de López Obrador desarticuló las instituciones y las leyes que protegen el medio ambiente. ¿La administración de Claudia Sheinbaum podrá revertir el daño ocasionado?
La crisis política en México ha enmascarado un problema de grandes proporciones. No estamos en un momento cualquiera de la historia, vivimos bajo la amenaza de un colapso ambiental planetario, una crisis que se ha anunciado desde hace décadas, pero que ya muestra sus efectos catastróficos, aunque pequeños en comparación con los que veremos en el futuro. Desde hace más de una década necesitamos autoridades que instituyan una política ambiental de adaptación y mitigación del cambio climático, así como de protección a los ecosistemas y la biodiversidad, todos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los mexicanos.
A unas semanas del final de una administración que generó grandes expectativas, surge una pregunta : ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador en sus seis años de gobierno respecto al tema ambiental?
Antes de la Presidencia
La respuesta comienza en los meses antes de que AMLO asumiera el poder, cuando aún era candidato y habló en el tercer debate presidencial dedicado a temas ambientales. En su participación mostró su desconocimiento sobre esta crisis y una visión de desarrollo alineada con ideas del siglo pasado, cuando se consideraba a la naturaleza como una madre que prodigaba beneficios infinitos a los mexicanos (el país tiene la forma del cuerno de la abundancia, decían), y el desarrollo nacional se basaba en saberlos explotar. A pesar de que habló de las plantas hidroeléctricas como fuente de energía renovable, sin considerar la destrucción ecosistémica que generan en los ríos, sus promesas de entonces apuntaban a aumentar la capacidad de Pemex, la extracción de petróleo y los procesos de refinación.
A diferencia de otras promesas que no cumplió, como regresar al Ejército a sus cuarteles, promover los derechos humanos o fortalecer la división de poderes; esta promesa, la de priorizar la producción de los combustibles fósiles, sí la mantuvo durante todo su mandato. Ya como presidente electo, estableció el tono que su gobierno iba a usar en contra de todos los que quisieran proteger a la naturaleza de sus grandes proyectos de construcción, pues catalogó de “los abajo firmantes” a los académicos que le solicitamos debatir la pertinencia de construir el Tren Maya, por ejemplo.
Áreas Naturales Protegidas y conservación de los ecosistemas
Aunque se puede argumentar que en el sexenio de López Obrador se establecieron 22 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), cerca del 10% de las que hay en el país (226), y que fueron más que las creadas por Enrique Peña Nieto durante su mandato (6), hay un debate sobre la utilidad de las ANP para la protección de los recursos naturales. Quienes hemos trabajado en ellas sabemos que requieren un programa de manejo riguroso, y a la vez dinámico, que permita cumplir sus objetivos: la preservación de la biodiversidad y la conservación tanto de sus ecosistemas como de las personas que viven de ellas.
Para lograrlo, se requiere un trabajo intenso con la comunidad, algo que fue prácticamente nulo, con raras excepciones como las acciones con los pescadores del Golfo Sur. También se necesita un presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones de monitoreo e investigación, así como para el pago de guardabosques o guardaselvas que eviten la tala ilegal, el tráfico de especies, la cacería furtiva y los incendios, entre otras actividades de protección. Sin embargo, en los hechos se redujo la asignación presupuestal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues en 2017 era de 1 795 millones de pesos; en 2022 fue poco menos de los mil millones, y en 2024 se mantiene esa cifra, menos de la mitad de lo aprobado hace siete años. Es una reducción de fondos para una familia cada vez más numerosa.
El abandono a la protección ambiental no se detuvo en la falta de presupuesto. Algo más grave fue la línea política de endurecimiento en la relación del gobierno con la sociedad civil. En sexenios anteriores, técnicos y funcionarios tendían puentes de comunicación y negociación con la sociedad para buscar acuerdos. Sin embargo, en el gobierno de AMLO, sin discutirlo, se cambiaron los programas de las ANP para darle viabilidad a las obras impulsadas por el presidente; basten algunos ejemplos: la construcción de una carretera que divide la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an y el hotel militar en la Reserva de Calakmul, y, a nivel local, pero con apoyo federal, el levantamiento de un puente sobre el Área de Protección de Xochimilco. Asimismo, hay que recordar que los funcionarios responsables trataron como enemigos a las organizaciones y académicos que no estaban de acuerdo. También son muestra de la denostación gubernamental los comunicados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comenzaban preguntando falazmente a los activistas contra la construcción del Tren Maya: “¿Y dónde estaban ustedes cuando empezó la verdadera devastación?”.
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En resumen, el reto no es decretar ANP, sino mantenerlas con financiamiento y vigilando las disposiciones que garantizan su protección, empezando por el propio Gobierno. De lo contrario, son figuras de papel.
El concepto de "conservación" se usó con fines políticos. Con presión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y en solo unos meses, el Comité Nacional de Humedales le asignó esta categoría al parque de Texcoco, sin pasar por el debido mecanismo de evaluación. Así se apoyó la decisión presidencial de que ese lugar fuera un parque y no un aeropuerto. Frente a tal desaseo, la pregunta es si la designación será útil para la conservación del lugar.
El papel de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
El desinterés por el área ambiental fue evidente con los tres secretarios de la Semarnat que ocuparon el puesto durante el sexenio de López Obrador: Josefa González Blanco Ortiz-Mena (la recordamos por la entrevista en la que presumía sus colmillos de elefante decorativos y que tuvo que renunciar por retrasar un vuelo comercial); Víctor Toledo Manzur (académico, el único que entendía de medio ambiente y quizá el más independiente, pero que renunció bajo mucha presión), y María Luisa Albores (ingeniera agrónoma, que tampoco entendía de ecología y que fue la más comprometida con la visión del siglo pasado para el manejo ambiental).
La Semarnat debió estar encargada de proteger a la naturaleza, pero durante la administración pasada se volvió una secretaría que apoyaba y legitimaba los proyectos de infraestructura. Esto no sorprende, ya que lo mismo ocurrió cuando AMLO era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y la Secretaría del Medio Ambiente local, liderada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue la encargada de hacer el segundo piso del Periférico, una obra que ni el secretario de obras de ese entonces consideraba viable. Este proyecto promovió la movilidad en auto, pero no la mejora, lo que generó mayor desigualdad, pues el 75% de las personas no tienen auto; además de aumentar la contaminación por el tráfico inducido (no reduce el tráfico), y cambia el paisaje urbano, volviéndolo más hostil, sobre todo para los peatones y ciclistas. El hecho de que la actual presidenta acuñara el lema de “Segundo Piso” para describir el sexenio que gobernará no da esperanza de que mejoren las políticas ambientales.
En el lado positivo, ahora está al frente de la Semarnat Alicia Bárcena que, a diferencia de los tres secretarios previos, posee conocimiento tanto en el ámbito ecológico como político. Ojalá que tenga espacio para negociar en defensa de la naturaleza, y dialogar con la academia y la sociedad civil.
La pérdida de la Conabio y del INECC
Merecen una mención aparte la destrucción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En ambos trabajaban profesionales que entendían a los académicos sobre la complejidad de los ecosistemas y el cambio climático, y a la vez comprendían de políticas públicas para el desarrollo. Por lo tanto, apoyaban la toma de decisiones a nivel nacional y fundamentaban las posiciones gubernamentales informadas en su trato con los organismos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre otros. Durante 30 años la Conabio se mantuvo profesional y con visión de largo plazo, con una posición destacada más allá de nuestras fronteras en la conservación y el conocimiento de la naturaleza.
El profesionalismo y liderazgo internacional de ambas instituciones no importó y, desgraciadamente, también el INECC dejó de existir como entidad autónoma y pasó a ser la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, dependiente de la Semarnat, reduciendo significativamente su presupuesto. Esta decisión llevó al mínimo las comitivas mexicanas que discutían y negociaban con otras naciones las acciones sobre cambio climático.
En tanto, la Conabio dejó de ser un organismo intersecretarial para ser un organismo público descentralizado dependiente de la Semarnat, extinguiéndose así el fideicomiso que había generado para sus investigaciones multianuales y reduciendo su presupuesto. Es irónico que quien creó la Conabio, Carlos Salinas de Gortari, fuera acusado por AMLO de neoliberal, y que quien la extinguió fuera un presidente que se autonombraba "de izquierda".
La fallida transición energética
En cuanto a temas de mitigación de cambio climático, parece que nunca se entendió la gravedad y la complejidad del fenómeno. Atender el problema que tenemos requiere de una acción multilateral sin precedentes, en la que todos los países tienen que sacrificar parte de su motor económico basado en energías fósiles para reducir las emisiones de carbono. No ha sido fácil convencer a los gobiernos de firmar el Acuerdo de París, el cual pone el interés planetario por encima del interés nacional. Las naciones que incumplen estos acuerdos son lideradas por presidentes a los que se considera retrógradas, el caso más claro es el de Trump. Durante el sexenio pasado, uno de esos países fue el nuestro.
Durante los seis años de la gestión de López Obrador, regresamos a la época en la que Pemex era el garante de nuestra soberanía nacional. Recibió fondos sin precedentes para nuevas refinerías, y se le apoyó sin cuestionamientos aun cuando no era una empresa rentable. En cambio, la política gubernamental buscó destruir todo proyecto de energías renovables, con decisiones sin una base técnica y con el objetivo de atacar a las empresas que abanderaban estos esfuerzos de transición energética. Se pudo modificar la reforma legislativa para que las energías renovables beneficiaran a los que menos tienen y fueran más sostenibles, pero se prefirió satanizar el concepto en favor de los combustibles fósiles.
México está muy lejos de ser líder, tanto real como moral, en términos de combate al cambio climático, y este sexenio naciente no da mucha esperanza. Por un lado, en su toma de posesión Claudia Sheinbaum dijo que se fijaría un límite de producción petrolera por que el “ambiente ya no aguanta” —me llamó la atención que nunca denominó al cambio climático por su nombre—.
Contrario a la declaración de la presidenta, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, Dolores Padierna y Ana Ayala —junto con esa mayoría aplastante de Morena, del Partido del Trabajo y de un Partido Verde que debe su nombre más al verde del dólar que al de la naturaleza (#QuitenElRegistroalVerde)— propusieron eliminar de la Constitución la obligación del Estado para que México redujera sus emisiones de CO2. Esto tiene implicaciones con el cumplimiento de normativas internas, a la vez que afecta la adhesión de México a acuerdos internacionales, como el de Paris.
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La reforma energética refuerza la dependencia de los combustibles fósiles y el gas natural (que no es un combustible limpio), afectando aún más al cambio climático. Esto se suma a la modificación del régimen constitucional de Pemex y CFE que pasaron de ser “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”, con lo que ya no es obligatorio que sean rentables.
Los diputados instituyeron así que los mexicanos sostengamos económicamente a empresas contaminantes promotoras del calentamiento global, que ni siquiera deben ser rentables.
Adaptación al cambio climático
Las medidas de mitigación de CO2 no son las únicas que se vieron afectadas el sexenio pasado, las pocas regulaciones de adaptación al cambio climático que existían también fueron eliminadas. En lugar de fortalecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) como una piedra angular para apoyar a las regiones que hubieran sufrido eventos extremos, lo desaparecieron para utilizar esos recursos en la construcción de una refinería y dos trenes.
Las comunidades vulnerables, como Acapulco que ha sido destrozada dos años seguidos por huracanes, dependen de la buena voluntad del gobernante en turno para atender los problemas inmediatos. Esta dinámica evita que se haga planeación o se tenga una visión de largo plazo, y busca solo paliar la emergencia en turno. Por ejemplo, Otis era la oportunidad para promover un cambio en el uso de suelo de Acapulco y fomentar la restauración de ecosistemas que disminuyeran los efectos de huracanes por venir. Por el contrario, la respuesta fue la búsqueda de una recuperación económica rápida, sin considerar los riesgos de otros fenómenos naturales, volviendo todavía más vulnerable al puerto. Meses después, esto quedó demostrado con el huracán John.
Tampoco hay un plan para atacar el problema de las sequías ocasionadas por el cambio climático, que han destruido más de la mitad de la producción agrícola y que ya amenazan el abastecimiento de agua en las ciudades. Además, no hay un plan de prevención de incendios forestales, cada día más recurrentes.
Dos Bocas, Tren Transístmico, Tren Maya y Sembrando Vida
Los ecosistemas que habían sido los más protegidos en el sureste mexicano fueron devastados. Bajo la lógica, popular en el siglo pasado, de que “para desarrollar, hay que sacrificar un poco la naturaleza”, se concibieron tres grandes proyectos que afectan y afectarán a los ecosistemas donde se establecieron, y, en consecuencia, a la población más vulnerable:
La Refinería de Dos Bocas, cuya instalación arrasó un manglar y alteró la dinámica hídrica del lugar. Los modelos de cambio climático indican que esa zona de Tabasco será de las primeras regiones del país en ser invadidas por el mar.
El Transístmico, un tren que busca competir con el Canal de Panamá, pero que en realidad arruinará muchos ecosistemas tropicales por la especulación de terrenos circundantes.
El Tren Maya, una megaconstrucción que provocará la destrucción de todos los ecosistemas de la península de Yucatán, no solo por los efectos directos de la propia construcción (columnas en cenotes, fragmentación de la selva, etc.), sino por todo el cambio de uso de suelo que afectará el hábitat de las especies, acelerando su destrucción. El proyecto continúa a pesar de que ya el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza lo considera, con su veredicto, un ecocidio y etnocidio cometido por México.
La forma de compensar los efectos de las megaconstrucciones es un programa que tiene un fundamento similar a la Revolución Verde, ejecutada por Luis Echeverría. Durante la segunda mitad del siglo pasado se creía que usar todos los terrenos para sembrar era bueno, siempre y cuando fueran de cultivos productivos (milpa, soya, árboles frutales) o maderables. No se comprendían entonces los procesos complejos de las dinámicas naturales y de los ecosistemas. De manera muy similar el sexenio pasado estableció el programa Sembrando Vida.
La diferencia es que la Revolución Verde se creó como un programa asistencialista de aumento de producción agrícola; en cambio, Sembrando Vida es un programa asistencialista y de producción agrícola que se considera protección ambiental porque “siembra árboles”; es decir, este proyecto confunde la ecología con el asistencialismo y la agricultura, una confusión muy cómoda para sus promotores, pero que no es otra cosa que greenwashing.
No sorprende que la frase “ya estaba perturbado, así que se puede construir” —usada para explicar que el Tren Maya no destruía la selva porque se construía sobre acahuales— encaja muy bien en el pensamiento del siglo pasado. En esa época todavía no se comprendían los procesos de restauración y la ventaja de los servicios ecosistémicos en el manejo de recursos. Tampoco se entendía que los acahuales son estados intermedios en el proceso de recuperación de una selva, y que a su vez generan muchos servicios ecosistémicos. Finalmente, en el siglo pasado no era evidente la crisis ambiental que se cernía sobre nosotros y que requería grandes cambios en la visión de desarrollo del país, aunque desde hace décadas ya sabíamos de ellos.
El sexenio que terminó fue una oportunidad perdida para el desarrollo sostenible, ya que se mantuvo en esa ignorancia de los problemas ambientales actuales y de la complejidad de los socioecosistemas. En consecuencia, los proyectos de desarrollo no buscaron el fortalecimiento de la interacción local con su ecosistema en proyectos sostenibles, sino que respondían a la negligencia de ir “sacrificando un poco la naturaleza” que “ya estaba perturbada porque era puro acahual”, con una supuesta compensación ecológica basada en la siembra masiva de árboles productivos.
Mecanismos de protección ambiental
Uno de los efectos negativos más perniciosos sobre el medio ambiente fue también la destrucción de los mecanismos de protección ambiental. Hay una idea que priva en algunos grupos empresariales en el sentido de que ya no se puede “desarrollar” como antes, pues existen muchos “obstáculos” ambientales que evitan la inversión. Esos obstáculos son los mecanismos de protección que surgieron a partir del creciente entendimiento de la complejidad de nuestra relación con la naturaleza y que se han desarrollado muy lentamente y con muchos defectos, pero que van en la dirección correcta rumbo a la resiliencia.
Al igual que estos grupos empresariales, la administración del sexenio pasado consideró a las herramientas de protección de la naturaleza como “obstáculos” para detonar el desarrollo. Así que, además del sometimiento de las áreas del gobierno que se debían haber encargado de la protección ambiental, la artillería presidencial se fue contra los instrumentos legales que protegían al ambiente. Por un lado, el presidente dio el llamado “Decretazo” con el que se eliminaron los trámites necesarios para evaluar los impactos que genera una obra determinada y obtener así los permisos de manera expedita. La Suprema Corte se pronunció e inválido el instrumento. En respuesta, AMLO emitió uno nuevo decretazo con las mismas características, demostrando su desdén por el Poder Judicial. De esta manera, se han minimizado las consecuencias de no cumplir con los reglamentos de protección. El hotel militar dentro de Calakmul, por ejemplo, se dio el lujo de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental después de haber sido construido.
Hay un segundo elemento que no genera esperanzas con la administración actual, pues como regenta de la Ciudad de México la hoy presidenta promulgó un decreto parecido que eximió de hacer Manifestaciones de Impacto Ambiental a cualquier obra promovida por el Gobierno. Dicho decreto ayudó a acelerar la construcción del puente que destruyó el Área Natural Protegida de Xochimilco y sigue vigente, siendo utilizado con los mismos fines para otros proyectos. Por cierto, esta obra también hizo su Manifestación de Impacto Ambiental después de haber comenzado su construcción.
El efecto erosivo contra las herramientas legales para defender a la naturaleza, así como el desprecio del Ejecutivo por el órgano judicial cuando emitía alguna sentencia en contra de sus deseos, llevó a un número incontable de desacatos. Los jueces sentenciaban contra la construcción del Tren Maya y las constructoras no paraban sus máquinas. ¿Quién iba a levantar la mano judicial contra los militares que cumplían una orden presidencial?
Minería y transgénicos
Un tema en el que AMLO tuvo una posición firme a favor del medio ambiente fue la reforma de ley sobre la minería y la negación a otorgar más concesiones extractivas a cielo abierto, lo que ha reducido la velocidad, al menos temporalmente, del desastre ambiental minero. Otro ejemplo menos firme ha sido prohibir la producción de maíz transgénico. En este caso, la visión del siglo pasado de producción suponía una inclinación hacia la autorización para su uso, pero el encono contra las empresas multinacionales, que prácticamente tienen el monopolio de los transgénicos, lo detuvo. Esta dicotomía paralizó las decisiones y mostró una indefinición y un doble discurso que no ayudó a resolver la controversia.
El gobierno que recién inicia ha sido mucho más claro en el discurso inaugural contra los transgénicos. Sin embargo, hace unos días, los diputados retiraron de la discusión la reforma que llevaría a la cancelación de los transgénicos en México. El sexenio en curso, entonces, comienza con contradicciones ambientales en el discurso de la presidenta y las leyes que promulga el legislativo.
El análisis de la política ambiental del sexenio pasado nos indica que no solo perdimos seis valiosos años al destruir ecosistemas invaluables para la resiliencia, sino que también retrocedimos al menos tres décadas con la desaparición del andamiaje institucional que nos hubiera permitido aplicar una perspectiva ambiental en el desarrollo del país. Esto fue posible, en parte, por el débil contrapeso de la sociedad en la protección de sus ecosistemas e instituciones.
Ojalá y las personas capacitadas que ahora están en las oficinas de gobierno puedan contener la marea de destrucción que se vislumbra con la inercia de la visión del siglo pasado.
Los próximos años serán claves, aunque la inercia que dejaron las acciones en la administración de López Obrador, así como las pocas iniciativas en los albores del actual sexenio,esta sugieren que hay poco espacio para el optimismo. la experiencia nos ha enseñado que, sin presión social para evitar la destrucción ambiental, esos nuevos funcionarios tendrán un corto margen de maniobra ante la idea de desarrollo que hoy predomina.
Hay una crisis ambiental que nos obliga a actuar urgentemente como sociedad en favor de la naturaleza…, más allá de filias o fobias políticas.
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El gobierno de López Obrador desarticuló las instituciones y las leyes que protegen el medio ambiente. ¿La administración de Claudia Sheinbaum podrá revertir el daño ocasionado?
La crisis política en México ha enmascarado un problema de grandes proporciones. No estamos en un momento cualquiera de la historia, vivimos bajo la amenaza de un colapso ambiental planetario, una crisis que se ha anunciado desde hace décadas, pero que ya muestra sus efectos catastróficos, aunque pequeños en comparación con los que veremos en el futuro. Desde hace más de una década necesitamos autoridades que instituyan una política ambiental de adaptación y mitigación del cambio climático, así como de protección a los ecosistemas y la biodiversidad, todos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los mexicanos.
A unas semanas del final de una administración que generó grandes expectativas, surge una pregunta : ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador en sus seis años de gobierno respecto al tema ambiental?
Antes de la Presidencia
La respuesta comienza en los meses antes de que AMLO asumiera el poder, cuando aún era candidato y habló en el tercer debate presidencial dedicado a temas ambientales. En su participación mostró su desconocimiento sobre esta crisis y una visión de desarrollo alineada con ideas del siglo pasado, cuando se consideraba a la naturaleza como una madre que prodigaba beneficios infinitos a los mexicanos (el país tiene la forma del cuerno de la abundancia, decían), y el desarrollo nacional se basaba en saberlos explotar. A pesar de que habló de las plantas hidroeléctricas como fuente de energía renovable, sin considerar la destrucción ecosistémica que generan en los ríos, sus promesas de entonces apuntaban a aumentar la capacidad de Pemex, la extracción de petróleo y los procesos de refinación.
A diferencia de otras promesas que no cumplió, como regresar al Ejército a sus cuarteles, promover los derechos humanos o fortalecer la división de poderes; esta promesa, la de priorizar la producción de los combustibles fósiles, sí la mantuvo durante todo su mandato. Ya como presidente electo, estableció el tono que su gobierno iba a usar en contra de todos los que quisieran proteger a la naturaleza de sus grandes proyectos de construcción, pues catalogó de “los abajo firmantes” a los académicos que le solicitamos debatir la pertinencia de construir el Tren Maya, por ejemplo.
Áreas Naturales Protegidas y conservación de los ecosistemas
Aunque se puede argumentar que en el sexenio de López Obrador se establecieron 22 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), cerca del 10% de las que hay en el país (226), y que fueron más que las creadas por Enrique Peña Nieto durante su mandato (6), hay un debate sobre la utilidad de las ANP para la protección de los recursos naturales. Quienes hemos trabajado en ellas sabemos que requieren un programa de manejo riguroso, y a la vez dinámico, que permita cumplir sus objetivos: la preservación de la biodiversidad y la conservación tanto de sus ecosistemas como de las personas que viven de ellas.
Para lograrlo, se requiere un trabajo intenso con la comunidad, algo que fue prácticamente nulo, con raras excepciones como las acciones con los pescadores del Golfo Sur. También se necesita un presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones de monitoreo e investigación, así como para el pago de guardabosques o guardaselvas que eviten la tala ilegal, el tráfico de especies, la cacería furtiva y los incendios, entre otras actividades de protección. Sin embargo, en los hechos se redujo la asignación presupuestal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues en 2017 era de 1 795 millones de pesos; en 2022 fue poco menos de los mil millones, y en 2024 se mantiene esa cifra, menos de la mitad de lo aprobado hace siete años. Es una reducción de fondos para una familia cada vez más numerosa.
El abandono a la protección ambiental no se detuvo en la falta de presupuesto. Algo más grave fue la línea política de endurecimiento en la relación del gobierno con la sociedad civil. En sexenios anteriores, técnicos y funcionarios tendían puentes de comunicación y negociación con la sociedad para buscar acuerdos. Sin embargo, en el gobierno de AMLO, sin discutirlo, se cambiaron los programas de las ANP para darle viabilidad a las obras impulsadas por el presidente; basten algunos ejemplos: la construcción de una carretera que divide la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an y el hotel militar en la Reserva de Calakmul, y, a nivel local, pero con apoyo federal, el levantamiento de un puente sobre el Área de Protección de Xochimilco. Asimismo, hay que recordar que los funcionarios responsables trataron como enemigos a las organizaciones y académicos que no estaban de acuerdo. También son muestra de la denostación gubernamental los comunicados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comenzaban preguntando falazmente a los activistas contra la construcción del Tren Maya: “¿Y dónde estaban ustedes cuando empezó la verdadera devastación?”.
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En resumen, el reto no es decretar ANP, sino mantenerlas con financiamiento y vigilando las disposiciones que garantizan su protección, empezando por el propio Gobierno. De lo contrario, son figuras de papel.
El concepto de "conservación" se usó con fines políticos. Con presión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y en solo unos meses, el Comité Nacional de Humedales le asignó esta categoría al parque de Texcoco, sin pasar por el debido mecanismo de evaluación. Así se apoyó la decisión presidencial de que ese lugar fuera un parque y no un aeropuerto. Frente a tal desaseo, la pregunta es si la designación será útil para la conservación del lugar.
El papel de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
El desinterés por el área ambiental fue evidente con los tres secretarios de la Semarnat que ocuparon el puesto durante el sexenio de López Obrador: Josefa González Blanco Ortiz-Mena (la recordamos por la entrevista en la que presumía sus colmillos de elefante decorativos y que tuvo que renunciar por retrasar un vuelo comercial); Víctor Toledo Manzur (académico, el único que entendía de medio ambiente y quizá el más independiente, pero que renunció bajo mucha presión), y María Luisa Albores (ingeniera agrónoma, que tampoco entendía de ecología y que fue la más comprometida con la visión del siglo pasado para el manejo ambiental).
La Semarnat debió estar encargada de proteger a la naturaleza, pero durante la administración pasada se volvió una secretaría que apoyaba y legitimaba los proyectos de infraestructura. Esto no sorprende, ya que lo mismo ocurrió cuando AMLO era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y la Secretaría del Medio Ambiente local, liderada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue la encargada de hacer el segundo piso del Periférico, una obra que ni el secretario de obras de ese entonces consideraba viable. Este proyecto promovió la movilidad en auto, pero no la mejora, lo que generó mayor desigualdad, pues el 75% de las personas no tienen auto; además de aumentar la contaminación por el tráfico inducido (no reduce el tráfico), y cambia el paisaje urbano, volviéndolo más hostil, sobre todo para los peatones y ciclistas. El hecho de que la actual presidenta acuñara el lema de “Segundo Piso” para describir el sexenio que gobernará no da esperanza de que mejoren las políticas ambientales.
En el lado positivo, ahora está al frente de la Semarnat Alicia Bárcena que, a diferencia de los tres secretarios previos, posee conocimiento tanto en el ámbito ecológico como político. Ojalá que tenga espacio para negociar en defensa de la naturaleza, y dialogar con la academia y la sociedad civil.
La pérdida de la Conabio y del INECC
Merecen una mención aparte la destrucción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En ambos trabajaban profesionales que entendían a los académicos sobre la complejidad de los ecosistemas y el cambio climático, y a la vez comprendían de políticas públicas para el desarrollo. Por lo tanto, apoyaban la toma de decisiones a nivel nacional y fundamentaban las posiciones gubernamentales informadas en su trato con los organismos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre otros. Durante 30 años la Conabio se mantuvo profesional y con visión de largo plazo, con una posición destacada más allá de nuestras fronteras en la conservación y el conocimiento de la naturaleza.
El profesionalismo y liderazgo internacional de ambas instituciones no importó y, desgraciadamente, también el INECC dejó de existir como entidad autónoma y pasó a ser la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, dependiente de la Semarnat, reduciendo significativamente su presupuesto. Esta decisión llevó al mínimo las comitivas mexicanas que discutían y negociaban con otras naciones las acciones sobre cambio climático.
En tanto, la Conabio dejó de ser un organismo intersecretarial para ser un organismo público descentralizado dependiente de la Semarnat, extinguiéndose así el fideicomiso que había generado para sus investigaciones multianuales y reduciendo su presupuesto. Es irónico que quien creó la Conabio, Carlos Salinas de Gortari, fuera acusado por AMLO de neoliberal, y que quien la extinguió fuera un presidente que se autonombraba "de izquierda".
La fallida transición energética
En cuanto a temas de mitigación de cambio climático, parece que nunca se entendió la gravedad y la complejidad del fenómeno. Atender el problema que tenemos requiere de una acción multilateral sin precedentes, en la que todos los países tienen que sacrificar parte de su motor económico basado en energías fósiles para reducir las emisiones de carbono. No ha sido fácil convencer a los gobiernos de firmar el Acuerdo de París, el cual pone el interés planetario por encima del interés nacional. Las naciones que incumplen estos acuerdos son lideradas por presidentes a los que se considera retrógradas, el caso más claro es el de Trump. Durante el sexenio pasado, uno de esos países fue el nuestro.
Durante los seis años de la gestión de López Obrador, regresamos a la época en la que Pemex era el garante de nuestra soberanía nacional. Recibió fondos sin precedentes para nuevas refinerías, y se le apoyó sin cuestionamientos aun cuando no era una empresa rentable. En cambio, la política gubernamental buscó destruir todo proyecto de energías renovables, con decisiones sin una base técnica y con el objetivo de atacar a las empresas que abanderaban estos esfuerzos de transición energética. Se pudo modificar la reforma legislativa para que las energías renovables beneficiaran a los que menos tienen y fueran más sostenibles, pero se prefirió satanizar el concepto en favor de los combustibles fósiles.
México está muy lejos de ser líder, tanto real como moral, en términos de combate al cambio climático, y este sexenio naciente no da mucha esperanza. Por un lado, en su toma de posesión Claudia Sheinbaum dijo que se fijaría un límite de producción petrolera por que el “ambiente ya no aguanta” —me llamó la atención que nunca denominó al cambio climático por su nombre—.
Contrario a la declaración de la presidenta, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, Dolores Padierna y Ana Ayala —junto con esa mayoría aplastante de Morena, del Partido del Trabajo y de un Partido Verde que debe su nombre más al verde del dólar que al de la naturaleza (#QuitenElRegistroalVerde)— propusieron eliminar de la Constitución la obligación del Estado para que México redujera sus emisiones de CO2. Esto tiene implicaciones con el cumplimiento de normativas internas, a la vez que afecta la adhesión de México a acuerdos internacionales, como el de Paris.
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La reforma energética refuerza la dependencia de los combustibles fósiles y el gas natural (que no es un combustible limpio), afectando aún más al cambio climático. Esto se suma a la modificación del régimen constitucional de Pemex y CFE que pasaron de ser “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”, con lo que ya no es obligatorio que sean rentables.
Los diputados instituyeron así que los mexicanos sostengamos económicamente a empresas contaminantes promotoras del calentamiento global, que ni siquiera deben ser rentables.
Adaptación al cambio climático
Las medidas de mitigación de CO2 no son las únicas que se vieron afectadas el sexenio pasado, las pocas regulaciones de adaptación al cambio climático que existían también fueron eliminadas. En lugar de fortalecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) como una piedra angular para apoyar a las regiones que hubieran sufrido eventos extremos, lo desaparecieron para utilizar esos recursos en la construcción de una refinería y dos trenes.
Las comunidades vulnerables, como Acapulco que ha sido destrozada dos años seguidos por huracanes, dependen de la buena voluntad del gobernante en turno para atender los problemas inmediatos. Esta dinámica evita que se haga planeación o se tenga una visión de largo plazo, y busca solo paliar la emergencia en turno. Por ejemplo, Otis era la oportunidad para promover un cambio en el uso de suelo de Acapulco y fomentar la restauración de ecosistemas que disminuyeran los efectos de huracanes por venir. Por el contrario, la respuesta fue la búsqueda de una recuperación económica rápida, sin considerar los riesgos de otros fenómenos naturales, volviendo todavía más vulnerable al puerto. Meses después, esto quedó demostrado con el huracán John.
Tampoco hay un plan para atacar el problema de las sequías ocasionadas por el cambio climático, que han destruido más de la mitad de la producción agrícola y que ya amenazan el abastecimiento de agua en las ciudades. Además, no hay un plan de prevención de incendios forestales, cada día más recurrentes.
Dos Bocas, Tren Transístmico, Tren Maya y Sembrando Vida
Los ecosistemas que habían sido los más protegidos en el sureste mexicano fueron devastados. Bajo la lógica, popular en el siglo pasado, de que “para desarrollar, hay que sacrificar un poco la naturaleza”, se concibieron tres grandes proyectos que afectan y afectarán a los ecosistemas donde se establecieron, y, en consecuencia, a la población más vulnerable:
La Refinería de Dos Bocas, cuya instalación arrasó un manglar y alteró la dinámica hídrica del lugar. Los modelos de cambio climático indican que esa zona de Tabasco será de las primeras regiones del país en ser invadidas por el mar.
El Transístmico, un tren que busca competir con el Canal de Panamá, pero que en realidad arruinará muchos ecosistemas tropicales por la especulación de terrenos circundantes.
El Tren Maya, una megaconstrucción que provocará la destrucción de todos los ecosistemas de la península de Yucatán, no solo por los efectos directos de la propia construcción (columnas en cenotes, fragmentación de la selva, etc.), sino por todo el cambio de uso de suelo que afectará el hábitat de las especies, acelerando su destrucción. El proyecto continúa a pesar de que ya el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza lo considera, con su veredicto, un ecocidio y etnocidio cometido por México.
La forma de compensar los efectos de las megaconstrucciones es un programa que tiene un fundamento similar a la Revolución Verde, ejecutada por Luis Echeverría. Durante la segunda mitad del siglo pasado se creía que usar todos los terrenos para sembrar era bueno, siempre y cuando fueran de cultivos productivos (milpa, soya, árboles frutales) o maderables. No se comprendían entonces los procesos complejos de las dinámicas naturales y de los ecosistemas. De manera muy similar el sexenio pasado estableció el programa Sembrando Vida.
La diferencia es que la Revolución Verde se creó como un programa asistencialista de aumento de producción agrícola; en cambio, Sembrando Vida es un programa asistencialista y de producción agrícola que se considera protección ambiental porque “siembra árboles”; es decir, este proyecto confunde la ecología con el asistencialismo y la agricultura, una confusión muy cómoda para sus promotores, pero que no es otra cosa que greenwashing.
No sorprende que la frase “ya estaba perturbado, así que se puede construir” —usada para explicar que el Tren Maya no destruía la selva porque se construía sobre acahuales— encaja muy bien en el pensamiento del siglo pasado. En esa época todavía no se comprendían los procesos de restauración y la ventaja de los servicios ecosistémicos en el manejo de recursos. Tampoco se entendía que los acahuales son estados intermedios en el proceso de recuperación de una selva, y que a su vez generan muchos servicios ecosistémicos. Finalmente, en el siglo pasado no era evidente la crisis ambiental que se cernía sobre nosotros y que requería grandes cambios en la visión de desarrollo del país, aunque desde hace décadas ya sabíamos de ellos.
El sexenio que terminó fue una oportunidad perdida para el desarrollo sostenible, ya que se mantuvo en esa ignorancia de los problemas ambientales actuales y de la complejidad de los socioecosistemas. En consecuencia, los proyectos de desarrollo no buscaron el fortalecimiento de la interacción local con su ecosistema en proyectos sostenibles, sino que respondían a la negligencia de ir “sacrificando un poco la naturaleza” que “ya estaba perturbada porque era puro acahual”, con una supuesta compensación ecológica basada en la siembra masiva de árboles productivos.
Mecanismos de protección ambiental
Uno de los efectos negativos más perniciosos sobre el medio ambiente fue también la destrucción de los mecanismos de protección ambiental. Hay una idea que priva en algunos grupos empresariales en el sentido de que ya no se puede “desarrollar” como antes, pues existen muchos “obstáculos” ambientales que evitan la inversión. Esos obstáculos son los mecanismos de protección que surgieron a partir del creciente entendimiento de la complejidad de nuestra relación con la naturaleza y que se han desarrollado muy lentamente y con muchos defectos, pero que van en la dirección correcta rumbo a la resiliencia.
Al igual que estos grupos empresariales, la administración del sexenio pasado consideró a las herramientas de protección de la naturaleza como “obstáculos” para detonar el desarrollo. Así que, además del sometimiento de las áreas del gobierno que se debían haber encargado de la protección ambiental, la artillería presidencial se fue contra los instrumentos legales que protegían al ambiente. Por un lado, el presidente dio el llamado “Decretazo” con el que se eliminaron los trámites necesarios para evaluar los impactos que genera una obra determinada y obtener así los permisos de manera expedita. La Suprema Corte se pronunció e inválido el instrumento. En respuesta, AMLO emitió uno nuevo decretazo con las mismas características, demostrando su desdén por el Poder Judicial. De esta manera, se han minimizado las consecuencias de no cumplir con los reglamentos de protección. El hotel militar dentro de Calakmul, por ejemplo, se dio el lujo de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental después de haber sido construido.
Hay un segundo elemento que no genera esperanzas con la administración actual, pues como regenta de la Ciudad de México la hoy presidenta promulgó un decreto parecido que eximió de hacer Manifestaciones de Impacto Ambiental a cualquier obra promovida por el Gobierno. Dicho decreto ayudó a acelerar la construcción del puente que destruyó el Área Natural Protegida de Xochimilco y sigue vigente, siendo utilizado con los mismos fines para otros proyectos. Por cierto, esta obra también hizo su Manifestación de Impacto Ambiental después de haber comenzado su construcción.
El efecto erosivo contra las herramientas legales para defender a la naturaleza, así como el desprecio del Ejecutivo por el órgano judicial cuando emitía alguna sentencia en contra de sus deseos, llevó a un número incontable de desacatos. Los jueces sentenciaban contra la construcción del Tren Maya y las constructoras no paraban sus máquinas. ¿Quién iba a levantar la mano judicial contra los militares que cumplían una orden presidencial?
Minería y transgénicos
Un tema en el que AMLO tuvo una posición firme a favor del medio ambiente fue la reforma de ley sobre la minería y la negación a otorgar más concesiones extractivas a cielo abierto, lo que ha reducido la velocidad, al menos temporalmente, del desastre ambiental minero. Otro ejemplo menos firme ha sido prohibir la producción de maíz transgénico. En este caso, la visión del siglo pasado de producción suponía una inclinación hacia la autorización para su uso, pero el encono contra las empresas multinacionales, que prácticamente tienen el monopolio de los transgénicos, lo detuvo. Esta dicotomía paralizó las decisiones y mostró una indefinición y un doble discurso que no ayudó a resolver la controversia.
El gobierno que recién inicia ha sido mucho más claro en el discurso inaugural contra los transgénicos. Sin embargo, hace unos días, los diputados retiraron de la discusión la reforma que llevaría a la cancelación de los transgénicos en México. El sexenio en curso, entonces, comienza con contradicciones ambientales en el discurso de la presidenta y las leyes que promulga el legislativo.
El análisis de la política ambiental del sexenio pasado nos indica que no solo perdimos seis valiosos años al destruir ecosistemas invaluables para la resiliencia, sino que también retrocedimos al menos tres décadas con la desaparición del andamiaje institucional que nos hubiera permitido aplicar una perspectiva ambiental en el desarrollo del país. Esto fue posible, en parte, por el débil contrapeso de la sociedad en la protección de sus ecosistemas e instituciones.
Ojalá y las personas capacitadas que ahora están en las oficinas de gobierno puedan contener la marea de destrucción que se vislumbra con la inercia de la visión del siglo pasado.
Los próximos años serán claves, aunque la inercia que dejaron las acciones en la administración de López Obrador, así como las pocas iniciativas en los albores del actual sexenio,esta sugieren que hay poco espacio para el optimismo. la experiencia nos ha enseñado que, sin presión social para evitar la destrucción ambiental, esos nuevos funcionarios tendrán un corto margen de maniobra ante la idea de desarrollo que hoy predomina.
Hay una crisis ambiental que nos obliga a actuar urgentemente como sociedad en favor de la naturaleza…, más allá de filias o fobias políticas.
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Una topadora limpia la selva para la construcción de la sección 4 de la nueva ruta del Tren Maya, cerca de Nuevo Xcan, Chemax, Yucatán, México, 3 de marzo de 2022. Crédito: REUTERS/José Luis González
El gobierno de López Obrador desarticuló las instituciones y las leyes que protegen el medio ambiente. ¿La administración de Claudia Sheinbaum podrá revertir el daño ocasionado?
La crisis política en México ha enmascarado un problema de grandes proporciones. No estamos en un momento cualquiera de la historia, vivimos bajo la amenaza de un colapso ambiental planetario, una crisis que se ha anunciado desde hace décadas, pero que ya muestra sus efectos catastróficos, aunque pequeños en comparación con los que veremos en el futuro. Desde hace más de una década necesitamos autoridades que instituyan una política ambiental de adaptación y mitigación del cambio climático, así como de protección a los ecosistemas y la biodiversidad, todos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los mexicanos.
A unas semanas del final de una administración que generó grandes expectativas, surge una pregunta : ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador en sus seis años de gobierno respecto al tema ambiental?
Antes de la Presidencia
La respuesta comienza en los meses antes de que AMLO asumiera el poder, cuando aún era candidato y habló en el tercer debate presidencial dedicado a temas ambientales. En su participación mostró su desconocimiento sobre esta crisis y una visión de desarrollo alineada con ideas del siglo pasado, cuando se consideraba a la naturaleza como una madre que prodigaba beneficios infinitos a los mexicanos (el país tiene la forma del cuerno de la abundancia, decían), y el desarrollo nacional se basaba en saberlos explotar. A pesar de que habló de las plantas hidroeléctricas como fuente de energía renovable, sin considerar la destrucción ecosistémica que generan en los ríos, sus promesas de entonces apuntaban a aumentar la capacidad de Pemex, la extracción de petróleo y los procesos de refinación.
A diferencia de otras promesas que no cumplió, como regresar al Ejército a sus cuarteles, promover los derechos humanos o fortalecer la división de poderes; esta promesa, la de priorizar la producción de los combustibles fósiles, sí la mantuvo durante todo su mandato. Ya como presidente electo, estableció el tono que su gobierno iba a usar en contra de todos los que quisieran proteger a la naturaleza de sus grandes proyectos de construcción, pues catalogó de “los abajo firmantes” a los académicos que le solicitamos debatir la pertinencia de construir el Tren Maya, por ejemplo.
Áreas Naturales Protegidas y conservación de los ecosistemas
Aunque se puede argumentar que en el sexenio de López Obrador se establecieron 22 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), cerca del 10% de las que hay en el país (226), y que fueron más que las creadas por Enrique Peña Nieto durante su mandato (6), hay un debate sobre la utilidad de las ANP para la protección de los recursos naturales. Quienes hemos trabajado en ellas sabemos que requieren un programa de manejo riguroso, y a la vez dinámico, que permita cumplir sus objetivos: la preservación de la biodiversidad y la conservación tanto de sus ecosistemas como de las personas que viven de ellas.
Para lograrlo, se requiere un trabajo intenso con la comunidad, algo que fue prácticamente nulo, con raras excepciones como las acciones con los pescadores del Golfo Sur. También se necesita un presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones de monitoreo e investigación, así como para el pago de guardabosques o guardaselvas que eviten la tala ilegal, el tráfico de especies, la cacería furtiva y los incendios, entre otras actividades de protección. Sin embargo, en los hechos se redujo la asignación presupuestal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues en 2017 era de 1 795 millones de pesos; en 2022 fue poco menos de los mil millones, y en 2024 se mantiene esa cifra, menos de la mitad de lo aprobado hace siete años. Es una reducción de fondos para una familia cada vez más numerosa.
El abandono a la protección ambiental no se detuvo en la falta de presupuesto. Algo más grave fue la línea política de endurecimiento en la relación del gobierno con la sociedad civil. En sexenios anteriores, técnicos y funcionarios tendían puentes de comunicación y negociación con la sociedad para buscar acuerdos. Sin embargo, en el gobierno de AMLO, sin discutirlo, se cambiaron los programas de las ANP para darle viabilidad a las obras impulsadas por el presidente; basten algunos ejemplos: la construcción de una carretera que divide la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an y el hotel militar en la Reserva de Calakmul, y, a nivel local, pero con apoyo federal, el levantamiento de un puente sobre el Área de Protección de Xochimilco. Asimismo, hay que recordar que los funcionarios responsables trataron como enemigos a las organizaciones y académicos que no estaban de acuerdo. También son muestra de la denostación gubernamental los comunicados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comenzaban preguntando falazmente a los activistas contra la construcción del Tren Maya: “¿Y dónde estaban ustedes cuando empezó la verdadera devastación?”.
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En resumen, el reto no es decretar ANP, sino mantenerlas con financiamiento y vigilando las disposiciones que garantizan su protección, empezando por el propio Gobierno. De lo contrario, son figuras de papel.
El concepto de "conservación" se usó con fines políticos. Con presión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y en solo unos meses, el Comité Nacional de Humedales le asignó esta categoría al parque de Texcoco, sin pasar por el debido mecanismo de evaluación. Así se apoyó la decisión presidencial de que ese lugar fuera un parque y no un aeropuerto. Frente a tal desaseo, la pregunta es si la designación será útil para la conservación del lugar.
El papel de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
El desinterés por el área ambiental fue evidente con los tres secretarios de la Semarnat que ocuparon el puesto durante el sexenio de López Obrador: Josefa González Blanco Ortiz-Mena (la recordamos por la entrevista en la que presumía sus colmillos de elefante decorativos y que tuvo que renunciar por retrasar un vuelo comercial); Víctor Toledo Manzur (académico, el único que entendía de medio ambiente y quizá el más independiente, pero que renunció bajo mucha presión), y María Luisa Albores (ingeniera agrónoma, que tampoco entendía de ecología y que fue la más comprometida con la visión del siglo pasado para el manejo ambiental).
La Semarnat debió estar encargada de proteger a la naturaleza, pero durante la administración pasada se volvió una secretaría que apoyaba y legitimaba los proyectos de infraestructura. Esto no sorprende, ya que lo mismo ocurrió cuando AMLO era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y la Secretaría del Medio Ambiente local, liderada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue la encargada de hacer el segundo piso del Periférico, una obra que ni el secretario de obras de ese entonces consideraba viable. Este proyecto promovió la movilidad en auto, pero no la mejora, lo que generó mayor desigualdad, pues el 75% de las personas no tienen auto; además de aumentar la contaminación por el tráfico inducido (no reduce el tráfico), y cambia el paisaje urbano, volviéndolo más hostil, sobre todo para los peatones y ciclistas. El hecho de que la actual presidenta acuñara el lema de “Segundo Piso” para describir el sexenio que gobernará no da esperanza de que mejoren las políticas ambientales.
En el lado positivo, ahora está al frente de la Semarnat Alicia Bárcena que, a diferencia de los tres secretarios previos, posee conocimiento tanto en el ámbito ecológico como político. Ojalá que tenga espacio para negociar en defensa de la naturaleza, y dialogar con la academia y la sociedad civil.
La pérdida de la Conabio y del INECC
Merecen una mención aparte la destrucción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En ambos trabajaban profesionales que entendían a los académicos sobre la complejidad de los ecosistemas y el cambio climático, y a la vez comprendían de políticas públicas para el desarrollo. Por lo tanto, apoyaban la toma de decisiones a nivel nacional y fundamentaban las posiciones gubernamentales informadas en su trato con los organismos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre otros. Durante 30 años la Conabio se mantuvo profesional y con visión de largo plazo, con una posición destacada más allá de nuestras fronteras en la conservación y el conocimiento de la naturaleza.
El profesionalismo y liderazgo internacional de ambas instituciones no importó y, desgraciadamente, también el INECC dejó de existir como entidad autónoma y pasó a ser la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, dependiente de la Semarnat, reduciendo significativamente su presupuesto. Esta decisión llevó al mínimo las comitivas mexicanas que discutían y negociaban con otras naciones las acciones sobre cambio climático.
En tanto, la Conabio dejó de ser un organismo intersecretarial para ser un organismo público descentralizado dependiente de la Semarnat, extinguiéndose así el fideicomiso que había generado para sus investigaciones multianuales y reduciendo su presupuesto. Es irónico que quien creó la Conabio, Carlos Salinas de Gortari, fuera acusado por AMLO de neoliberal, y que quien la extinguió fuera un presidente que se autonombraba "de izquierda".
La fallida transición energética
En cuanto a temas de mitigación de cambio climático, parece que nunca se entendió la gravedad y la complejidad del fenómeno. Atender el problema que tenemos requiere de una acción multilateral sin precedentes, en la que todos los países tienen que sacrificar parte de su motor económico basado en energías fósiles para reducir las emisiones de carbono. No ha sido fácil convencer a los gobiernos de firmar el Acuerdo de París, el cual pone el interés planetario por encima del interés nacional. Las naciones que incumplen estos acuerdos son lideradas por presidentes a los que se considera retrógradas, el caso más claro es el de Trump. Durante el sexenio pasado, uno de esos países fue el nuestro.
Durante los seis años de la gestión de López Obrador, regresamos a la época en la que Pemex era el garante de nuestra soberanía nacional. Recibió fondos sin precedentes para nuevas refinerías, y se le apoyó sin cuestionamientos aun cuando no era una empresa rentable. En cambio, la política gubernamental buscó destruir todo proyecto de energías renovables, con decisiones sin una base técnica y con el objetivo de atacar a las empresas que abanderaban estos esfuerzos de transición energética. Se pudo modificar la reforma legislativa para que las energías renovables beneficiaran a los que menos tienen y fueran más sostenibles, pero se prefirió satanizar el concepto en favor de los combustibles fósiles.
México está muy lejos de ser líder, tanto real como moral, en términos de combate al cambio climático, y este sexenio naciente no da mucha esperanza. Por un lado, en su toma de posesión Claudia Sheinbaum dijo que se fijaría un límite de producción petrolera por que el “ambiente ya no aguanta” —me llamó la atención que nunca denominó al cambio climático por su nombre—.
Contrario a la declaración de la presidenta, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, Dolores Padierna y Ana Ayala —junto con esa mayoría aplastante de Morena, del Partido del Trabajo y de un Partido Verde que debe su nombre más al verde del dólar que al de la naturaleza (#QuitenElRegistroalVerde)— propusieron eliminar de la Constitución la obligación del Estado para que México redujera sus emisiones de CO2. Esto tiene implicaciones con el cumplimiento de normativas internas, a la vez que afecta la adhesión de México a acuerdos internacionales, como el de Paris.
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La reforma energética refuerza la dependencia de los combustibles fósiles y el gas natural (que no es un combustible limpio), afectando aún más al cambio climático. Esto se suma a la modificación del régimen constitucional de Pemex y CFE que pasaron de ser “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”, con lo que ya no es obligatorio que sean rentables.
Los diputados instituyeron así que los mexicanos sostengamos económicamente a empresas contaminantes promotoras del calentamiento global, que ni siquiera deben ser rentables.
Adaptación al cambio climático
Las medidas de mitigación de CO2 no son las únicas que se vieron afectadas el sexenio pasado, las pocas regulaciones de adaptación al cambio climático que existían también fueron eliminadas. En lugar de fortalecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) como una piedra angular para apoyar a las regiones que hubieran sufrido eventos extremos, lo desaparecieron para utilizar esos recursos en la construcción de una refinería y dos trenes.
Las comunidades vulnerables, como Acapulco que ha sido destrozada dos años seguidos por huracanes, dependen de la buena voluntad del gobernante en turno para atender los problemas inmediatos. Esta dinámica evita que se haga planeación o se tenga una visión de largo plazo, y busca solo paliar la emergencia en turno. Por ejemplo, Otis era la oportunidad para promover un cambio en el uso de suelo de Acapulco y fomentar la restauración de ecosistemas que disminuyeran los efectos de huracanes por venir. Por el contrario, la respuesta fue la búsqueda de una recuperación económica rápida, sin considerar los riesgos de otros fenómenos naturales, volviendo todavía más vulnerable al puerto. Meses después, esto quedó demostrado con el huracán John.
Tampoco hay un plan para atacar el problema de las sequías ocasionadas por el cambio climático, que han destruido más de la mitad de la producción agrícola y que ya amenazan el abastecimiento de agua en las ciudades. Además, no hay un plan de prevención de incendios forestales, cada día más recurrentes.
Dos Bocas, Tren Transístmico, Tren Maya y Sembrando Vida
Los ecosistemas que habían sido los más protegidos en el sureste mexicano fueron devastados. Bajo la lógica, popular en el siglo pasado, de que “para desarrollar, hay que sacrificar un poco la naturaleza”, se concibieron tres grandes proyectos que afectan y afectarán a los ecosistemas donde se establecieron, y, en consecuencia, a la población más vulnerable:
La Refinería de Dos Bocas, cuya instalación arrasó un manglar y alteró la dinámica hídrica del lugar. Los modelos de cambio climático indican que esa zona de Tabasco será de las primeras regiones del país en ser invadidas por el mar.
El Transístmico, un tren que busca competir con el Canal de Panamá, pero que en realidad arruinará muchos ecosistemas tropicales por la especulación de terrenos circundantes.
El Tren Maya, una megaconstrucción que provocará la destrucción de todos los ecosistemas de la península de Yucatán, no solo por los efectos directos de la propia construcción (columnas en cenotes, fragmentación de la selva, etc.), sino por todo el cambio de uso de suelo que afectará el hábitat de las especies, acelerando su destrucción. El proyecto continúa a pesar de que ya el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza lo considera, con su veredicto, un ecocidio y etnocidio cometido por México.
La forma de compensar los efectos de las megaconstrucciones es un programa que tiene un fundamento similar a la Revolución Verde, ejecutada por Luis Echeverría. Durante la segunda mitad del siglo pasado se creía que usar todos los terrenos para sembrar era bueno, siempre y cuando fueran de cultivos productivos (milpa, soya, árboles frutales) o maderables. No se comprendían entonces los procesos complejos de las dinámicas naturales y de los ecosistemas. De manera muy similar el sexenio pasado estableció el programa Sembrando Vida.
La diferencia es que la Revolución Verde se creó como un programa asistencialista de aumento de producción agrícola; en cambio, Sembrando Vida es un programa asistencialista y de producción agrícola que se considera protección ambiental porque “siembra árboles”; es decir, este proyecto confunde la ecología con el asistencialismo y la agricultura, una confusión muy cómoda para sus promotores, pero que no es otra cosa que greenwashing.
No sorprende que la frase “ya estaba perturbado, así que se puede construir” —usada para explicar que el Tren Maya no destruía la selva porque se construía sobre acahuales— encaja muy bien en el pensamiento del siglo pasado. En esa época todavía no se comprendían los procesos de restauración y la ventaja de los servicios ecosistémicos en el manejo de recursos. Tampoco se entendía que los acahuales son estados intermedios en el proceso de recuperación de una selva, y que a su vez generan muchos servicios ecosistémicos. Finalmente, en el siglo pasado no era evidente la crisis ambiental que se cernía sobre nosotros y que requería grandes cambios en la visión de desarrollo del país, aunque desde hace décadas ya sabíamos de ellos.
El sexenio que terminó fue una oportunidad perdida para el desarrollo sostenible, ya que se mantuvo en esa ignorancia de los problemas ambientales actuales y de la complejidad de los socioecosistemas. En consecuencia, los proyectos de desarrollo no buscaron el fortalecimiento de la interacción local con su ecosistema en proyectos sostenibles, sino que respondían a la negligencia de ir “sacrificando un poco la naturaleza” que “ya estaba perturbada porque era puro acahual”, con una supuesta compensación ecológica basada en la siembra masiva de árboles productivos.
Mecanismos de protección ambiental
Uno de los efectos negativos más perniciosos sobre el medio ambiente fue también la destrucción de los mecanismos de protección ambiental. Hay una idea que priva en algunos grupos empresariales en el sentido de que ya no se puede “desarrollar” como antes, pues existen muchos “obstáculos” ambientales que evitan la inversión. Esos obstáculos son los mecanismos de protección que surgieron a partir del creciente entendimiento de la complejidad de nuestra relación con la naturaleza y que se han desarrollado muy lentamente y con muchos defectos, pero que van en la dirección correcta rumbo a la resiliencia.
Al igual que estos grupos empresariales, la administración del sexenio pasado consideró a las herramientas de protección de la naturaleza como “obstáculos” para detonar el desarrollo. Así que, además del sometimiento de las áreas del gobierno que se debían haber encargado de la protección ambiental, la artillería presidencial se fue contra los instrumentos legales que protegían al ambiente. Por un lado, el presidente dio el llamado “Decretazo” con el que se eliminaron los trámites necesarios para evaluar los impactos que genera una obra determinada y obtener así los permisos de manera expedita. La Suprema Corte se pronunció e inválido el instrumento. En respuesta, AMLO emitió uno nuevo decretazo con las mismas características, demostrando su desdén por el Poder Judicial. De esta manera, se han minimizado las consecuencias de no cumplir con los reglamentos de protección. El hotel militar dentro de Calakmul, por ejemplo, se dio el lujo de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental después de haber sido construido.
Hay un segundo elemento que no genera esperanzas con la administración actual, pues como regenta de la Ciudad de México la hoy presidenta promulgó un decreto parecido que eximió de hacer Manifestaciones de Impacto Ambiental a cualquier obra promovida por el Gobierno. Dicho decreto ayudó a acelerar la construcción del puente que destruyó el Área Natural Protegida de Xochimilco y sigue vigente, siendo utilizado con los mismos fines para otros proyectos. Por cierto, esta obra también hizo su Manifestación de Impacto Ambiental después de haber comenzado su construcción.
El efecto erosivo contra las herramientas legales para defender a la naturaleza, así como el desprecio del Ejecutivo por el órgano judicial cuando emitía alguna sentencia en contra de sus deseos, llevó a un número incontable de desacatos. Los jueces sentenciaban contra la construcción del Tren Maya y las constructoras no paraban sus máquinas. ¿Quién iba a levantar la mano judicial contra los militares que cumplían una orden presidencial?
Minería y transgénicos
Un tema en el que AMLO tuvo una posición firme a favor del medio ambiente fue la reforma de ley sobre la minería y la negación a otorgar más concesiones extractivas a cielo abierto, lo que ha reducido la velocidad, al menos temporalmente, del desastre ambiental minero. Otro ejemplo menos firme ha sido prohibir la producción de maíz transgénico. En este caso, la visión del siglo pasado de producción suponía una inclinación hacia la autorización para su uso, pero el encono contra las empresas multinacionales, que prácticamente tienen el monopolio de los transgénicos, lo detuvo. Esta dicotomía paralizó las decisiones y mostró una indefinición y un doble discurso que no ayudó a resolver la controversia.
El gobierno que recién inicia ha sido mucho más claro en el discurso inaugural contra los transgénicos. Sin embargo, hace unos días, los diputados retiraron de la discusión la reforma que llevaría a la cancelación de los transgénicos en México. El sexenio en curso, entonces, comienza con contradicciones ambientales en el discurso de la presidenta y las leyes que promulga el legislativo.
El análisis de la política ambiental del sexenio pasado nos indica que no solo perdimos seis valiosos años al destruir ecosistemas invaluables para la resiliencia, sino que también retrocedimos al menos tres décadas con la desaparición del andamiaje institucional que nos hubiera permitido aplicar una perspectiva ambiental en el desarrollo del país. Esto fue posible, en parte, por el débil contrapeso de la sociedad en la protección de sus ecosistemas e instituciones.
Ojalá y las personas capacitadas que ahora están en las oficinas de gobierno puedan contener la marea de destrucción que se vislumbra con la inercia de la visión del siglo pasado.
Los próximos años serán claves, aunque la inercia que dejaron las acciones en la administración de López Obrador, así como las pocas iniciativas en los albores del actual sexenio,esta sugieren que hay poco espacio para el optimismo. la experiencia nos ha enseñado que, sin presión social para evitar la destrucción ambiental, esos nuevos funcionarios tendrán un corto margen de maniobra ante la idea de desarrollo que hoy predomina.
Hay una crisis ambiental que nos obliga a actuar urgentemente como sociedad en favor de la naturaleza…, más allá de filias o fobias políticas.
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El gobierno de López Obrador desarticuló las instituciones y las leyes que protegen el medio ambiente. ¿La administración de Claudia Sheinbaum podrá revertir el daño ocasionado?
La crisis política en México ha enmascarado un problema de grandes proporciones. No estamos en un momento cualquiera de la historia, vivimos bajo la amenaza de un colapso ambiental planetario, una crisis que se ha anunciado desde hace décadas, pero que ya muestra sus efectos catastróficos, aunque pequeños en comparación con los que veremos en el futuro. Desde hace más de una década necesitamos autoridades que instituyan una política ambiental de adaptación y mitigación del cambio climático, así como de protección a los ecosistemas y la biodiversidad, todos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los mexicanos.
A unas semanas del final de una administración que generó grandes expectativas, surge una pregunta : ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador en sus seis años de gobierno respecto al tema ambiental?
Antes de la Presidencia
La respuesta comienza en los meses antes de que AMLO asumiera el poder, cuando aún era candidato y habló en el tercer debate presidencial dedicado a temas ambientales. En su participación mostró su desconocimiento sobre esta crisis y una visión de desarrollo alineada con ideas del siglo pasado, cuando se consideraba a la naturaleza como una madre que prodigaba beneficios infinitos a los mexicanos (el país tiene la forma del cuerno de la abundancia, decían), y el desarrollo nacional se basaba en saberlos explotar. A pesar de que habló de las plantas hidroeléctricas como fuente de energía renovable, sin considerar la destrucción ecosistémica que generan en los ríos, sus promesas de entonces apuntaban a aumentar la capacidad de Pemex, la extracción de petróleo y los procesos de refinación.
A diferencia de otras promesas que no cumplió, como regresar al Ejército a sus cuarteles, promover los derechos humanos o fortalecer la división de poderes; esta promesa, la de priorizar la producción de los combustibles fósiles, sí la mantuvo durante todo su mandato. Ya como presidente electo, estableció el tono que su gobierno iba a usar en contra de todos los que quisieran proteger a la naturaleza de sus grandes proyectos de construcción, pues catalogó de “los abajo firmantes” a los académicos que le solicitamos debatir la pertinencia de construir el Tren Maya, por ejemplo.
Áreas Naturales Protegidas y conservación de los ecosistemas
Aunque se puede argumentar que en el sexenio de López Obrador se establecieron 22 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), cerca del 10% de las que hay en el país (226), y que fueron más que las creadas por Enrique Peña Nieto durante su mandato (6), hay un debate sobre la utilidad de las ANP para la protección de los recursos naturales. Quienes hemos trabajado en ellas sabemos que requieren un programa de manejo riguroso, y a la vez dinámico, que permita cumplir sus objetivos: la preservación de la biodiversidad y la conservación tanto de sus ecosistemas como de las personas que viven de ellas.
Para lograrlo, se requiere un trabajo intenso con la comunidad, algo que fue prácticamente nulo, con raras excepciones como las acciones con los pescadores del Golfo Sur. También se necesita un presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones de monitoreo e investigación, así como para el pago de guardabosques o guardaselvas que eviten la tala ilegal, el tráfico de especies, la cacería furtiva y los incendios, entre otras actividades de protección. Sin embargo, en los hechos se redujo la asignación presupuestal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues en 2017 era de 1 795 millones de pesos; en 2022 fue poco menos de los mil millones, y en 2024 se mantiene esa cifra, menos de la mitad de lo aprobado hace siete años. Es una reducción de fondos para una familia cada vez más numerosa.
El abandono a la protección ambiental no se detuvo en la falta de presupuesto. Algo más grave fue la línea política de endurecimiento en la relación del gobierno con la sociedad civil. En sexenios anteriores, técnicos y funcionarios tendían puentes de comunicación y negociación con la sociedad para buscar acuerdos. Sin embargo, en el gobierno de AMLO, sin discutirlo, se cambiaron los programas de las ANP para darle viabilidad a las obras impulsadas por el presidente; basten algunos ejemplos: la construcción de una carretera que divide la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an y el hotel militar en la Reserva de Calakmul, y, a nivel local, pero con apoyo federal, el levantamiento de un puente sobre el Área de Protección de Xochimilco. Asimismo, hay que recordar que los funcionarios responsables trataron como enemigos a las organizaciones y académicos que no estaban de acuerdo. También son muestra de la denostación gubernamental los comunicados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comenzaban preguntando falazmente a los activistas contra la construcción del Tren Maya: “¿Y dónde estaban ustedes cuando empezó la verdadera devastación?”.
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En resumen, el reto no es decretar ANP, sino mantenerlas con financiamiento y vigilando las disposiciones que garantizan su protección, empezando por el propio Gobierno. De lo contrario, son figuras de papel.
El concepto de "conservación" se usó con fines políticos. Con presión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y en solo unos meses, el Comité Nacional de Humedales le asignó esta categoría al parque de Texcoco, sin pasar por el debido mecanismo de evaluación. Así se apoyó la decisión presidencial de que ese lugar fuera un parque y no un aeropuerto. Frente a tal desaseo, la pregunta es si la designación será útil para la conservación del lugar.
El papel de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
El desinterés por el área ambiental fue evidente con los tres secretarios de la Semarnat que ocuparon el puesto durante el sexenio de López Obrador: Josefa González Blanco Ortiz-Mena (la recordamos por la entrevista en la que presumía sus colmillos de elefante decorativos y que tuvo que renunciar por retrasar un vuelo comercial); Víctor Toledo Manzur (académico, el único que entendía de medio ambiente y quizá el más independiente, pero que renunció bajo mucha presión), y María Luisa Albores (ingeniera agrónoma, que tampoco entendía de ecología y que fue la más comprometida con la visión del siglo pasado para el manejo ambiental).
La Semarnat debió estar encargada de proteger a la naturaleza, pero durante la administración pasada se volvió una secretaría que apoyaba y legitimaba los proyectos de infraestructura. Esto no sorprende, ya que lo mismo ocurrió cuando AMLO era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y la Secretaría del Medio Ambiente local, liderada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue la encargada de hacer el segundo piso del Periférico, una obra que ni el secretario de obras de ese entonces consideraba viable. Este proyecto promovió la movilidad en auto, pero no la mejora, lo que generó mayor desigualdad, pues el 75% de las personas no tienen auto; además de aumentar la contaminación por el tráfico inducido (no reduce el tráfico), y cambia el paisaje urbano, volviéndolo más hostil, sobre todo para los peatones y ciclistas. El hecho de que la actual presidenta acuñara el lema de “Segundo Piso” para describir el sexenio que gobernará no da esperanza de que mejoren las políticas ambientales.
En el lado positivo, ahora está al frente de la Semarnat Alicia Bárcena que, a diferencia de los tres secretarios previos, posee conocimiento tanto en el ámbito ecológico como político. Ojalá que tenga espacio para negociar en defensa de la naturaleza, y dialogar con la academia y la sociedad civil.
La pérdida de la Conabio y del INECC
Merecen una mención aparte la destrucción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En ambos trabajaban profesionales que entendían a los académicos sobre la complejidad de los ecosistemas y el cambio climático, y a la vez comprendían de políticas públicas para el desarrollo. Por lo tanto, apoyaban la toma de decisiones a nivel nacional y fundamentaban las posiciones gubernamentales informadas en su trato con los organismos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre otros. Durante 30 años la Conabio se mantuvo profesional y con visión de largo plazo, con una posición destacada más allá de nuestras fronteras en la conservación y el conocimiento de la naturaleza.
El profesionalismo y liderazgo internacional de ambas instituciones no importó y, desgraciadamente, también el INECC dejó de existir como entidad autónoma y pasó a ser la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, dependiente de la Semarnat, reduciendo significativamente su presupuesto. Esta decisión llevó al mínimo las comitivas mexicanas que discutían y negociaban con otras naciones las acciones sobre cambio climático.
En tanto, la Conabio dejó de ser un organismo intersecretarial para ser un organismo público descentralizado dependiente de la Semarnat, extinguiéndose así el fideicomiso que había generado para sus investigaciones multianuales y reduciendo su presupuesto. Es irónico que quien creó la Conabio, Carlos Salinas de Gortari, fuera acusado por AMLO de neoliberal, y que quien la extinguió fuera un presidente que se autonombraba "de izquierda".
La fallida transición energética
En cuanto a temas de mitigación de cambio climático, parece que nunca se entendió la gravedad y la complejidad del fenómeno. Atender el problema que tenemos requiere de una acción multilateral sin precedentes, en la que todos los países tienen que sacrificar parte de su motor económico basado en energías fósiles para reducir las emisiones de carbono. No ha sido fácil convencer a los gobiernos de firmar el Acuerdo de París, el cual pone el interés planetario por encima del interés nacional. Las naciones que incumplen estos acuerdos son lideradas por presidentes a los que se considera retrógradas, el caso más claro es el de Trump. Durante el sexenio pasado, uno de esos países fue el nuestro.
Durante los seis años de la gestión de López Obrador, regresamos a la época en la que Pemex era el garante de nuestra soberanía nacional. Recibió fondos sin precedentes para nuevas refinerías, y se le apoyó sin cuestionamientos aun cuando no era una empresa rentable. En cambio, la política gubernamental buscó destruir todo proyecto de energías renovables, con decisiones sin una base técnica y con el objetivo de atacar a las empresas que abanderaban estos esfuerzos de transición energética. Se pudo modificar la reforma legislativa para que las energías renovables beneficiaran a los que menos tienen y fueran más sostenibles, pero se prefirió satanizar el concepto en favor de los combustibles fósiles.
México está muy lejos de ser líder, tanto real como moral, en términos de combate al cambio climático, y este sexenio naciente no da mucha esperanza. Por un lado, en su toma de posesión Claudia Sheinbaum dijo que se fijaría un límite de producción petrolera por que el “ambiente ya no aguanta” —me llamó la atención que nunca denominó al cambio climático por su nombre—.
Contrario a la declaración de la presidenta, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, Dolores Padierna y Ana Ayala —junto con esa mayoría aplastante de Morena, del Partido del Trabajo y de un Partido Verde que debe su nombre más al verde del dólar que al de la naturaleza (#QuitenElRegistroalVerde)— propusieron eliminar de la Constitución la obligación del Estado para que México redujera sus emisiones de CO2. Esto tiene implicaciones con el cumplimiento de normativas internas, a la vez que afecta la adhesión de México a acuerdos internacionales, como el de Paris.
También puedes leer: "¿Cómo será el mandato de Claudia Sheinbaum?"
La reforma energética refuerza la dependencia de los combustibles fósiles y el gas natural (que no es un combustible limpio), afectando aún más al cambio climático. Esto se suma a la modificación del régimen constitucional de Pemex y CFE que pasaron de ser “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”, con lo que ya no es obligatorio que sean rentables.
Los diputados instituyeron así que los mexicanos sostengamos económicamente a empresas contaminantes promotoras del calentamiento global, que ni siquiera deben ser rentables.
Adaptación al cambio climático
Las medidas de mitigación de CO2 no son las únicas que se vieron afectadas el sexenio pasado, las pocas regulaciones de adaptación al cambio climático que existían también fueron eliminadas. En lugar de fortalecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) como una piedra angular para apoyar a las regiones que hubieran sufrido eventos extremos, lo desaparecieron para utilizar esos recursos en la construcción de una refinería y dos trenes.
Las comunidades vulnerables, como Acapulco que ha sido destrozada dos años seguidos por huracanes, dependen de la buena voluntad del gobernante en turno para atender los problemas inmediatos. Esta dinámica evita que se haga planeación o se tenga una visión de largo plazo, y busca solo paliar la emergencia en turno. Por ejemplo, Otis era la oportunidad para promover un cambio en el uso de suelo de Acapulco y fomentar la restauración de ecosistemas que disminuyeran los efectos de huracanes por venir. Por el contrario, la respuesta fue la búsqueda de una recuperación económica rápida, sin considerar los riesgos de otros fenómenos naturales, volviendo todavía más vulnerable al puerto. Meses después, esto quedó demostrado con el huracán John.
Tampoco hay un plan para atacar el problema de las sequías ocasionadas por el cambio climático, que han destruido más de la mitad de la producción agrícola y que ya amenazan el abastecimiento de agua en las ciudades. Además, no hay un plan de prevención de incendios forestales, cada día más recurrentes.
Dos Bocas, Tren Transístmico, Tren Maya y Sembrando Vida
Los ecosistemas que habían sido los más protegidos en el sureste mexicano fueron devastados. Bajo la lógica, popular en el siglo pasado, de que “para desarrollar, hay que sacrificar un poco la naturaleza”, se concibieron tres grandes proyectos que afectan y afectarán a los ecosistemas donde se establecieron, y, en consecuencia, a la población más vulnerable:
La Refinería de Dos Bocas, cuya instalación arrasó un manglar y alteró la dinámica hídrica del lugar. Los modelos de cambio climático indican que esa zona de Tabasco será de las primeras regiones del país en ser invadidas por el mar.
El Transístmico, un tren que busca competir con el Canal de Panamá, pero que en realidad arruinará muchos ecosistemas tropicales por la especulación de terrenos circundantes.
El Tren Maya, una megaconstrucción que provocará la destrucción de todos los ecosistemas de la península de Yucatán, no solo por los efectos directos de la propia construcción (columnas en cenotes, fragmentación de la selva, etc.), sino por todo el cambio de uso de suelo que afectará el hábitat de las especies, acelerando su destrucción. El proyecto continúa a pesar de que ya el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza lo considera, con su veredicto, un ecocidio y etnocidio cometido por México.
La forma de compensar los efectos de las megaconstrucciones es un programa que tiene un fundamento similar a la Revolución Verde, ejecutada por Luis Echeverría. Durante la segunda mitad del siglo pasado se creía que usar todos los terrenos para sembrar era bueno, siempre y cuando fueran de cultivos productivos (milpa, soya, árboles frutales) o maderables. No se comprendían entonces los procesos complejos de las dinámicas naturales y de los ecosistemas. De manera muy similar el sexenio pasado estableció el programa Sembrando Vida.
La diferencia es que la Revolución Verde se creó como un programa asistencialista de aumento de producción agrícola; en cambio, Sembrando Vida es un programa asistencialista y de producción agrícola que se considera protección ambiental porque “siembra árboles”; es decir, este proyecto confunde la ecología con el asistencialismo y la agricultura, una confusión muy cómoda para sus promotores, pero que no es otra cosa que greenwashing.
No sorprende que la frase “ya estaba perturbado, así que se puede construir” —usada para explicar que el Tren Maya no destruía la selva porque se construía sobre acahuales— encaja muy bien en el pensamiento del siglo pasado. En esa época todavía no se comprendían los procesos de restauración y la ventaja de los servicios ecosistémicos en el manejo de recursos. Tampoco se entendía que los acahuales son estados intermedios en el proceso de recuperación de una selva, y que a su vez generan muchos servicios ecosistémicos. Finalmente, en el siglo pasado no era evidente la crisis ambiental que se cernía sobre nosotros y que requería grandes cambios en la visión de desarrollo del país, aunque desde hace décadas ya sabíamos de ellos.
El sexenio que terminó fue una oportunidad perdida para el desarrollo sostenible, ya que se mantuvo en esa ignorancia de los problemas ambientales actuales y de la complejidad de los socioecosistemas. En consecuencia, los proyectos de desarrollo no buscaron el fortalecimiento de la interacción local con su ecosistema en proyectos sostenibles, sino que respondían a la negligencia de ir “sacrificando un poco la naturaleza” que “ya estaba perturbada porque era puro acahual”, con una supuesta compensación ecológica basada en la siembra masiva de árboles productivos.
Mecanismos de protección ambiental
Uno de los efectos negativos más perniciosos sobre el medio ambiente fue también la destrucción de los mecanismos de protección ambiental. Hay una idea que priva en algunos grupos empresariales en el sentido de que ya no se puede “desarrollar” como antes, pues existen muchos “obstáculos” ambientales que evitan la inversión. Esos obstáculos son los mecanismos de protección que surgieron a partir del creciente entendimiento de la complejidad de nuestra relación con la naturaleza y que se han desarrollado muy lentamente y con muchos defectos, pero que van en la dirección correcta rumbo a la resiliencia.
Al igual que estos grupos empresariales, la administración del sexenio pasado consideró a las herramientas de protección de la naturaleza como “obstáculos” para detonar el desarrollo. Así que, además del sometimiento de las áreas del gobierno que se debían haber encargado de la protección ambiental, la artillería presidencial se fue contra los instrumentos legales que protegían al ambiente. Por un lado, el presidente dio el llamado “Decretazo” con el que se eliminaron los trámites necesarios para evaluar los impactos que genera una obra determinada y obtener así los permisos de manera expedita. La Suprema Corte se pronunció e inválido el instrumento. En respuesta, AMLO emitió uno nuevo decretazo con las mismas características, demostrando su desdén por el Poder Judicial. De esta manera, se han minimizado las consecuencias de no cumplir con los reglamentos de protección. El hotel militar dentro de Calakmul, por ejemplo, se dio el lujo de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental después de haber sido construido.
Hay un segundo elemento que no genera esperanzas con la administración actual, pues como regenta de la Ciudad de México la hoy presidenta promulgó un decreto parecido que eximió de hacer Manifestaciones de Impacto Ambiental a cualquier obra promovida por el Gobierno. Dicho decreto ayudó a acelerar la construcción del puente que destruyó el Área Natural Protegida de Xochimilco y sigue vigente, siendo utilizado con los mismos fines para otros proyectos. Por cierto, esta obra también hizo su Manifestación de Impacto Ambiental después de haber comenzado su construcción.
El efecto erosivo contra las herramientas legales para defender a la naturaleza, así como el desprecio del Ejecutivo por el órgano judicial cuando emitía alguna sentencia en contra de sus deseos, llevó a un número incontable de desacatos. Los jueces sentenciaban contra la construcción del Tren Maya y las constructoras no paraban sus máquinas. ¿Quién iba a levantar la mano judicial contra los militares que cumplían una orden presidencial?
Minería y transgénicos
Un tema en el que AMLO tuvo una posición firme a favor del medio ambiente fue la reforma de ley sobre la minería y la negación a otorgar más concesiones extractivas a cielo abierto, lo que ha reducido la velocidad, al menos temporalmente, del desastre ambiental minero. Otro ejemplo menos firme ha sido prohibir la producción de maíz transgénico. En este caso, la visión del siglo pasado de producción suponía una inclinación hacia la autorización para su uso, pero el encono contra las empresas multinacionales, que prácticamente tienen el monopolio de los transgénicos, lo detuvo. Esta dicotomía paralizó las decisiones y mostró una indefinición y un doble discurso que no ayudó a resolver la controversia.
El gobierno que recién inicia ha sido mucho más claro en el discurso inaugural contra los transgénicos. Sin embargo, hace unos días, los diputados retiraron de la discusión la reforma que llevaría a la cancelación de los transgénicos en México. El sexenio en curso, entonces, comienza con contradicciones ambientales en el discurso de la presidenta y las leyes que promulga el legislativo.
El análisis de la política ambiental del sexenio pasado nos indica que no solo perdimos seis valiosos años al destruir ecosistemas invaluables para la resiliencia, sino que también retrocedimos al menos tres décadas con la desaparición del andamiaje institucional que nos hubiera permitido aplicar una perspectiva ambiental en el desarrollo del país. Esto fue posible, en parte, por el débil contrapeso de la sociedad en la protección de sus ecosistemas e instituciones.
Ojalá y las personas capacitadas que ahora están en las oficinas de gobierno puedan contener la marea de destrucción que se vislumbra con la inercia de la visión del siglo pasado.
Los próximos años serán claves, aunque la inercia que dejaron las acciones en la administración de López Obrador, así como las pocas iniciativas en los albores del actual sexenio,esta sugieren que hay poco espacio para el optimismo. la experiencia nos ha enseñado que, sin presión social para evitar la destrucción ambiental, esos nuevos funcionarios tendrán un corto margen de maniobra ante la idea de desarrollo que hoy predomina.
Hay una crisis ambiental que nos obliga a actuar urgentemente como sociedad en favor de la naturaleza…, más allá de filias o fobias políticas.
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Una topadora limpia la selva para la construcción de la sección 4 de la nueva ruta del Tren Maya, cerca de Nuevo Xcan, Chemax, Yucatán, México, 3 de marzo de 2022. Crédito: REUTERS/José Luis González
La crisis política en México ha enmascarado un problema de grandes proporciones. No estamos en un momento cualquiera de la historia, vivimos bajo la amenaza de un colapso ambiental planetario, una crisis que se ha anunciado desde hace décadas, pero que ya muestra sus efectos catastróficos, aunque pequeños en comparación con los que veremos en el futuro. Desde hace más de una década necesitamos autoridades que instituyan una política ambiental de adaptación y mitigación del cambio climático, así como de protección a los ecosistemas y la biodiversidad, todos aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los mexicanos.
A unas semanas del final de una administración que generó grandes expectativas, surge una pregunta : ¿qué hizo Andrés Manuel López Obrador en sus seis años de gobierno respecto al tema ambiental?
Antes de la Presidencia
La respuesta comienza en los meses antes de que AMLO asumiera el poder, cuando aún era candidato y habló en el tercer debate presidencial dedicado a temas ambientales. En su participación mostró su desconocimiento sobre esta crisis y una visión de desarrollo alineada con ideas del siglo pasado, cuando se consideraba a la naturaleza como una madre que prodigaba beneficios infinitos a los mexicanos (el país tiene la forma del cuerno de la abundancia, decían), y el desarrollo nacional se basaba en saberlos explotar. A pesar de que habló de las plantas hidroeléctricas como fuente de energía renovable, sin considerar la destrucción ecosistémica que generan en los ríos, sus promesas de entonces apuntaban a aumentar la capacidad de Pemex, la extracción de petróleo y los procesos de refinación.
A diferencia de otras promesas que no cumplió, como regresar al Ejército a sus cuarteles, promover los derechos humanos o fortalecer la división de poderes; esta promesa, la de priorizar la producción de los combustibles fósiles, sí la mantuvo durante todo su mandato. Ya como presidente electo, estableció el tono que su gobierno iba a usar en contra de todos los que quisieran proteger a la naturaleza de sus grandes proyectos de construcción, pues catalogó de “los abajo firmantes” a los académicos que le solicitamos debatir la pertinencia de construir el Tren Maya, por ejemplo.
Áreas Naturales Protegidas y conservación de los ecosistemas
Aunque se puede argumentar que en el sexenio de López Obrador se establecieron 22 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), cerca del 10% de las que hay en el país (226), y que fueron más que las creadas por Enrique Peña Nieto durante su mandato (6), hay un debate sobre la utilidad de las ANP para la protección de los recursos naturales. Quienes hemos trabajado en ellas sabemos que requieren un programa de manejo riguroso, y a la vez dinámico, que permita cumplir sus objetivos: la preservación de la biodiversidad y la conservación tanto de sus ecosistemas como de las personas que viven de ellas.
Para lograrlo, se requiere un trabajo intenso con la comunidad, algo que fue prácticamente nulo, con raras excepciones como las acciones con los pescadores del Golfo Sur. También se necesita un presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones de monitoreo e investigación, así como para el pago de guardabosques o guardaselvas que eviten la tala ilegal, el tráfico de especies, la cacería furtiva y los incendios, entre otras actividades de protección. Sin embargo, en los hechos se redujo la asignación presupuestal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues en 2017 era de 1 795 millones de pesos; en 2022 fue poco menos de los mil millones, y en 2024 se mantiene esa cifra, menos de la mitad de lo aprobado hace siete años. Es una reducción de fondos para una familia cada vez más numerosa.
El abandono a la protección ambiental no se detuvo en la falta de presupuesto. Algo más grave fue la línea política de endurecimiento en la relación del gobierno con la sociedad civil. En sexenios anteriores, técnicos y funcionarios tendían puentes de comunicación y negociación con la sociedad para buscar acuerdos. Sin embargo, en el gobierno de AMLO, sin discutirlo, se cambiaron los programas de las ANP para darle viabilidad a las obras impulsadas por el presidente; basten algunos ejemplos: la construcción de una carretera que divide la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an y el hotel militar en la Reserva de Calakmul, y, a nivel local, pero con apoyo federal, el levantamiento de un puente sobre el Área de Protección de Xochimilco. Asimismo, hay que recordar que los funcionarios responsables trataron como enemigos a las organizaciones y académicos que no estaban de acuerdo. También son muestra de la denostación gubernamental los comunicados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que comenzaban preguntando falazmente a los activistas contra la construcción del Tren Maya: “¿Y dónde estaban ustedes cuando empezó la verdadera devastación?”.
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En resumen, el reto no es decretar ANP, sino mantenerlas con financiamiento y vigilando las disposiciones que garantizan su protección, empezando por el propio Gobierno. De lo contrario, son figuras de papel.
El concepto de "conservación" se usó con fines políticos. Con presión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y en solo unos meses, el Comité Nacional de Humedales le asignó esta categoría al parque de Texcoco, sin pasar por el debido mecanismo de evaluación. Así se apoyó la decisión presidencial de que ese lugar fuera un parque y no un aeropuerto. Frente a tal desaseo, la pregunta es si la designación será útil para la conservación del lugar.
El papel de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
El desinterés por el área ambiental fue evidente con los tres secretarios de la Semarnat que ocuparon el puesto durante el sexenio de López Obrador: Josefa González Blanco Ortiz-Mena (la recordamos por la entrevista en la que presumía sus colmillos de elefante decorativos y que tuvo que renunciar por retrasar un vuelo comercial); Víctor Toledo Manzur (académico, el único que entendía de medio ambiente y quizá el más independiente, pero que renunció bajo mucha presión), y María Luisa Albores (ingeniera agrónoma, que tampoco entendía de ecología y que fue la más comprometida con la visión del siglo pasado para el manejo ambiental).
La Semarnat debió estar encargada de proteger a la naturaleza, pero durante la administración pasada se volvió una secretaría que apoyaba y legitimaba los proyectos de infraestructura. Esto no sorprende, ya que lo mismo ocurrió cuando AMLO era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y la Secretaría del Medio Ambiente local, liderada por la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, fue la encargada de hacer el segundo piso del Periférico, una obra que ni el secretario de obras de ese entonces consideraba viable. Este proyecto promovió la movilidad en auto, pero no la mejora, lo que generó mayor desigualdad, pues el 75% de las personas no tienen auto; además de aumentar la contaminación por el tráfico inducido (no reduce el tráfico), y cambia el paisaje urbano, volviéndolo más hostil, sobre todo para los peatones y ciclistas. El hecho de que la actual presidenta acuñara el lema de “Segundo Piso” para describir el sexenio que gobernará no da esperanza de que mejoren las políticas ambientales.
En el lado positivo, ahora está al frente de la Semarnat Alicia Bárcena que, a diferencia de los tres secretarios previos, posee conocimiento tanto en el ámbito ecológico como político. Ojalá que tenga espacio para negociar en defensa de la naturaleza, y dialogar con la academia y la sociedad civil.
La pérdida de la Conabio y del INECC
Merecen una mención aparte la destrucción del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En ambos trabajaban profesionales que entendían a los académicos sobre la complejidad de los ecosistemas y el cambio climático, y a la vez comprendían de políticas públicas para el desarrollo. Por lo tanto, apoyaban la toma de decisiones a nivel nacional y fundamentaban las posiciones gubernamentales informadas en su trato con los organismos internacionales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), entre otros. Durante 30 años la Conabio se mantuvo profesional y con visión de largo plazo, con una posición destacada más allá de nuestras fronteras en la conservación y el conocimiento de la naturaleza.
El profesionalismo y liderazgo internacional de ambas instituciones no importó y, desgraciadamente, también el INECC dejó de existir como entidad autónoma y pasó a ser la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, dependiente de la Semarnat, reduciendo significativamente su presupuesto. Esta decisión llevó al mínimo las comitivas mexicanas que discutían y negociaban con otras naciones las acciones sobre cambio climático.
En tanto, la Conabio dejó de ser un organismo intersecretarial para ser un organismo público descentralizado dependiente de la Semarnat, extinguiéndose así el fideicomiso que había generado para sus investigaciones multianuales y reduciendo su presupuesto. Es irónico que quien creó la Conabio, Carlos Salinas de Gortari, fuera acusado por AMLO de neoliberal, y que quien la extinguió fuera un presidente que se autonombraba "de izquierda".
La fallida transición energética
En cuanto a temas de mitigación de cambio climático, parece que nunca se entendió la gravedad y la complejidad del fenómeno. Atender el problema que tenemos requiere de una acción multilateral sin precedentes, en la que todos los países tienen que sacrificar parte de su motor económico basado en energías fósiles para reducir las emisiones de carbono. No ha sido fácil convencer a los gobiernos de firmar el Acuerdo de París, el cual pone el interés planetario por encima del interés nacional. Las naciones que incumplen estos acuerdos son lideradas por presidentes a los que se considera retrógradas, el caso más claro es el de Trump. Durante el sexenio pasado, uno de esos países fue el nuestro.
Durante los seis años de la gestión de López Obrador, regresamos a la época en la que Pemex era el garante de nuestra soberanía nacional. Recibió fondos sin precedentes para nuevas refinerías, y se le apoyó sin cuestionamientos aun cuando no era una empresa rentable. En cambio, la política gubernamental buscó destruir todo proyecto de energías renovables, con decisiones sin una base técnica y con el objetivo de atacar a las empresas que abanderaban estos esfuerzos de transición energética. Se pudo modificar la reforma legislativa para que las energías renovables beneficiaran a los que menos tienen y fueran más sostenibles, pero se prefirió satanizar el concepto en favor de los combustibles fósiles.
México está muy lejos de ser líder, tanto real como moral, en términos de combate al cambio climático, y este sexenio naciente no da mucha esperanza. Por un lado, en su toma de posesión Claudia Sheinbaum dijo que se fijaría un límite de producción petrolera por que el “ambiente ya no aguanta” —me llamó la atención que nunca denominó al cambio climático por su nombre—.
Contrario a la declaración de la presidenta, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, Dolores Padierna y Ana Ayala —junto con esa mayoría aplastante de Morena, del Partido del Trabajo y de un Partido Verde que debe su nombre más al verde del dólar que al de la naturaleza (#QuitenElRegistroalVerde)— propusieron eliminar de la Constitución la obligación del Estado para que México redujera sus emisiones de CO2. Esto tiene implicaciones con el cumplimiento de normativas internas, a la vez que afecta la adhesión de México a acuerdos internacionales, como el de Paris.
También puedes leer: "¿Cómo será el mandato de Claudia Sheinbaum?"
La reforma energética refuerza la dependencia de los combustibles fósiles y el gas natural (que no es un combustible limpio), afectando aún más al cambio climático. Esto se suma a la modificación del régimen constitucional de Pemex y CFE que pasaron de ser “empresas productivas del Estado” a “empresas públicas del Estado”, con lo que ya no es obligatorio que sean rentables.
Los diputados instituyeron así que los mexicanos sostengamos económicamente a empresas contaminantes promotoras del calentamiento global, que ni siquiera deben ser rentables.
Adaptación al cambio climático
Las medidas de mitigación de CO2 no son las únicas que se vieron afectadas el sexenio pasado, las pocas regulaciones de adaptación al cambio climático que existían también fueron eliminadas. En lugar de fortalecer el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) como una piedra angular para apoyar a las regiones que hubieran sufrido eventos extremos, lo desaparecieron para utilizar esos recursos en la construcción de una refinería y dos trenes.
Las comunidades vulnerables, como Acapulco que ha sido destrozada dos años seguidos por huracanes, dependen de la buena voluntad del gobernante en turno para atender los problemas inmediatos. Esta dinámica evita que se haga planeación o se tenga una visión de largo plazo, y busca solo paliar la emergencia en turno. Por ejemplo, Otis era la oportunidad para promover un cambio en el uso de suelo de Acapulco y fomentar la restauración de ecosistemas que disminuyeran los efectos de huracanes por venir. Por el contrario, la respuesta fue la búsqueda de una recuperación económica rápida, sin considerar los riesgos de otros fenómenos naturales, volviendo todavía más vulnerable al puerto. Meses después, esto quedó demostrado con el huracán John.
Tampoco hay un plan para atacar el problema de las sequías ocasionadas por el cambio climático, que han destruido más de la mitad de la producción agrícola y que ya amenazan el abastecimiento de agua en las ciudades. Además, no hay un plan de prevención de incendios forestales, cada día más recurrentes.
Dos Bocas, Tren Transístmico, Tren Maya y Sembrando Vida
Los ecosistemas que habían sido los más protegidos en el sureste mexicano fueron devastados. Bajo la lógica, popular en el siglo pasado, de que “para desarrollar, hay que sacrificar un poco la naturaleza”, se concibieron tres grandes proyectos que afectan y afectarán a los ecosistemas donde se establecieron, y, en consecuencia, a la población más vulnerable:
La Refinería de Dos Bocas, cuya instalación arrasó un manglar y alteró la dinámica hídrica del lugar. Los modelos de cambio climático indican que esa zona de Tabasco será de las primeras regiones del país en ser invadidas por el mar.
El Transístmico, un tren que busca competir con el Canal de Panamá, pero que en realidad arruinará muchos ecosistemas tropicales por la especulación de terrenos circundantes.
El Tren Maya, una megaconstrucción que provocará la destrucción de todos los ecosistemas de la península de Yucatán, no solo por los efectos directos de la propia construcción (columnas en cenotes, fragmentación de la selva, etc.), sino por todo el cambio de uso de suelo que afectará el hábitat de las especies, acelerando su destrucción. El proyecto continúa a pesar de que ya el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza lo considera, con su veredicto, un ecocidio y etnocidio cometido por México.
La forma de compensar los efectos de las megaconstrucciones es un programa que tiene un fundamento similar a la Revolución Verde, ejecutada por Luis Echeverría. Durante la segunda mitad del siglo pasado se creía que usar todos los terrenos para sembrar era bueno, siempre y cuando fueran de cultivos productivos (milpa, soya, árboles frutales) o maderables. No se comprendían entonces los procesos complejos de las dinámicas naturales y de los ecosistemas. De manera muy similar el sexenio pasado estableció el programa Sembrando Vida.
La diferencia es que la Revolución Verde se creó como un programa asistencialista de aumento de producción agrícola; en cambio, Sembrando Vida es un programa asistencialista y de producción agrícola que se considera protección ambiental porque “siembra árboles”; es decir, este proyecto confunde la ecología con el asistencialismo y la agricultura, una confusión muy cómoda para sus promotores, pero que no es otra cosa que greenwashing.
No sorprende que la frase “ya estaba perturbado, así que se puede construir” —usada para explicar que el Tren Maya no destruía la selva porque se construía sobre acahuales— encaja muy bien en el pensamiento del siglo pasado. En esa época todavía no se comprendían los procesos de restauración y la ventaja de los servicios ecosistémicos en el manejo de recursos. Tampoco se entendía que los acahuales son estados intermedios en el proceso de recuperación de una selva, y que a su vez generan muchos servicios ecosistémicos. Finalmente, en el siglo pasado no era evidente la crisis ambiental que se cernía sobre nosotros y que requería grandes cambios en la visión de desarrollo del país, aunque desde hace décadas ya sabíamos de ellos.
El sexenio que terminó fue una oportunidad perdida para el desarrollo sostenible, ya que se mantuvo en esa ignorancia de los problemas ambientales actuales y de la complejidad de los socioecosistemas. En consecuencia, los proyectos de desarrollo no buscaron el fortalecimiento de la interacción local con su ecosistema en proyectos sostenibles, sino que respondían a la negligencia de ir “sacrificando un poco la naturaleza” que “ya estaba perturbada porque era puro acahual”, con una supuesta compensación ecológica basada en la siembra masiva de árboles productivos.
Mecanismos de protección ambiental
Uno de los efectos negativos más perniciosos sobre el medio ambiente fue también la destrucción de los mecanismos de protección ambiental. Hay una idea que priva en algunos grupos empresariales en el sentido de que ya no se puede “desarrollar” como antes, pues existen muchos “obstáculos” ambientales que evitan la inversión. Esos obstáculos son los mecanismos de protección que surgieron a partir del creciente entendimiento de la complejidad de nuestra relación con la naturaleza y que se han desarrollado muy lentamente y con muchos defectos, pero que van en la dirección correcta rumbo a la resiliencia.
Al igual que estos grupos empresariales, la administración del sexenio pasado consideró a las herramientas de protección de la naturaleza como “obstáculos” para detonar el desarrollo. Así que, además del sometimiento de las áreas del gobierno que se debían haber encargado de la protección ambiental, la artillería presidencial se fue contra los instrumentos legales que protegían al ambiente. Por un lado, el presidente dio el llamado “Decretazo” con el que se eliminaron los trámites necesarios para evaluar los impactos que genera una obra determinada y obtener así los permisos de manera expedita. La Suprema Corte se pronunció e inválido el instrumento. En respuesta, AMLO emitió uno nuevo decretazo con las mismas características, demostrando su desdén por el Poder Judicial. De esta manera, se han minimizado las consecuencias de no cumplir con los reglamentos de protección. El hotel militar dentro de Calakmul, por ejemplo, se dio el lujo de presentar la Manifestación de Impacto Ambiental después de haber sido construido.
Hay un segundo elemento que no genera esperanzas con la administración actual, pues como regenta de la Ciudad de México la hoy presidenta promulgó un decreto parecido que eximió de hacer Manifestaciones de Impacto Ambiental a cualquier obra promovida por el Gobierno. Dicho decreto ayudó a acelerar la construcción del puente que destruyó el Área Natural Protegida de Xochimilco y sigue vigente, siendo utilizado con los mismos fines para otros proyectos. Por cierto, esta obra también hizo su Manifestación de Impacto Ambiental después de haber comenzado su construcción.
El efecto erosivo contra las herramientas legales para defender a la naturaleza, así como el desprecio del Ejecutivo por el órgano judicial cuando emitía alguna sentencia en contra de sus deseos, llevó a un número incontable de desacatos. Los jueces sentenciaban contra la construcción del Tren Maya y las constructoras no paraban sus máquinas. ¿Quién iba a levantar la mano judicial contra los militares que cumplían una orden presidencial?
Minería y transgénicos
Un tema en el que AMLO tuvo una posición firme a favor del medio ambiente fue la reforma de ley sobre la minería y la negación a otorgar más concesiones extractivas a cielo abierto, lo que ha reducido la velocidad, al menos temporalmente, del desastre ambiental minero. Otro ejemplo menos firme ha sido prohibir la producción de maíz transgénico. En este caso, la visión del siglo pasado de producción suponía una inclinación hacia la autorización para su uso, pero el encono contra las empresas multinacionales, que prácticamente tienen el monopolio de los transgénicos, lo detuvo. Esta dicotomía paralizó las decisiones y mostró una indefinición y un doble discurso que no ayudó a resolver la controversia.
El gobierno que recién inicia ha sido mucho más claro en el discurso inaugural contra los transgénicos. Sin embargo, hace unos días, los diputados retiraron de la discusión la reforma que llevaría a la cancelación de los transgénicos en México. El sexenio en curso, entonces, comienza con contradicciones ambientales en el discurso de la presidenta y las leyes que promulga el legislativo.
El análisis de la política ambiental del sexenio pasado nos indica que no solo perdimos seis valiosos años al destruir ecosistemas invaluables para la resiliencia, sino que también retrocedimos al menos tres décadas con la desaparición del andamiaje institucional que nos hubiera permitido aplicar una perspectiva ambiental en el desarrollo del país. Esto fue posible, en parte, por el débil contrapeso de la sociedad en la protección de sus ecosistemas e instituciones.
Ojalá y las personas capacitadas que ahora están en las oficinas de gobierno puedan contener la marea de destrucción que se vislumbra con la inercia de la visión del siglo pasado.
Los próximos años serán claves, aunque la inercia que dejaron las acciones en la administración de López Obrador, así como las pocas iniciativas en los albores del actual sexenio,esta sugieren que hay poco espacio para el optimismo. la experiencia nos ha enseñado que, sin presión social para evitar la destrucción ambiental, esos nuevos funcionarios tendrán un corto margen de maniobra ante la idea de desarrollo que hoy predomina.
Hay una crisis ambiental que nos obliga a actuar urgentemente como sociedad en favor de la naturaleza…, más allá de filias o fobias políticas.
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