¿Qué implica que AMLO no reciba a los miembros de la Caminata por la Paz?
La marcha de este fin de semana es un llamado a respetar la agenda de justicia transicional.
enero 24, 2020

“Es lamentable, el Presidente no está entendiendo, no puede decir que las víctimas son un show, que la sangre de este país es un show, que la necesidad de una política de Estado en materia de verdad, justicia y paz, sean un show”, condenó el poeta y activista Javier Sicilia sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera del 20 de enero, tres días previo al inicio de la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Al igual que nueve años atrás, durante la administración de Felipe Calderón, la caminata salió desde Cuernavaca, Morelos, con rumbo a Palacio Nacional en la Ciudad de México. Que el Presidente los reciba es uno de los objetivos de la movilización; sin embargo, López Obrador dijo que no lo hará, al menos no en persona. Los manifestantes serán recibidos, por gabinete de Seguridad. Serán ellos quienes les den toda la atención y pasen un informe al presidente. “Tengo que cuidar la investidura presidencial”, se justificó AMLO.

“No los voy a recibir yo (…) para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico”, dijo el presidente, desatando críticas de colectivos, familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos.


En entrevista para Gatopardo, Jacobo Dayán, defensor de derechos humanos y uno de los convocantes a la caminata del 23 al 26 de enero junto a Sicilia, organizaciones de derechos humanos, académicos, víctimas y ciudadanos, señaló que más allá del simbolismo de abrirles o no las puertas de Palacio Nacional el domingo 26, lo que se debe cuestionar es si el presidente tomará o no en serio la agenda de de justicia transicional, un tema al que se comprometió como presidente electo. La secretaría de Gobernación trabajó también en ello durante la transición, pero una vez en el poder lo abandonó, y ahora insiste en delegarle esa responsabilidad al gabinete de Seguridad.

Naciones Unidas define la justicia transicional como los procesos y mecanismos necesarios para resolver los problemas derivados de un pasado de “abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr reconciliación”.

Como presidente electo en 2018, López Obrador organizó diálogos con víctimas en todo el país bajo la premisa de “perdón y olvido”, pero las víctimas, recuerda Dayán, le contestaban “verdad y justicia”. Fue ahí, dice, cuando se cometió uno de los primeros errores en la agenda de víctimas del país: las mesas fueron organizadas por Alfonso Durazo y Loretta Ortiz Ahlf, desde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando tuvo que ser Gobernación quien estuviera al frente del proceso, pues la justicia transicional no es sólo un asunto de seguridad pública, sino de gobernabilidad y consolidación democrática.

Fue hasta el 14 de septiembre de 2018, durante el Segundo Diálogo por la Paz, la Verdad y la Justicia en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCU), cuando  frente a cientos de víctimas, académicos y colectivos de acompañamiento –entre ellos Dayán y Sicilia– AMLO asignó esta labor al equipo que estaría al frente de la Secretaría de Gobernación. El gobierno electo se mostró dispuesto a marcar la diferencia en la historia reciente en México a través de mecanismos de justicia transicional. En ese mismo lugar el presidente se comprometió con las víctimas a que el día de su toma de protesta anunciaría la adopción y respaldo de las medidas acordadas con las víctimas. Sin embargo, llegó el 1 de diciembre y eso no sucedió.

Luego de la reunión en el CCU y por indicaciones de López Obrador, se organizaron cinco mesas de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y organizaciones civiles, académicos y víctimas con la finalidad de construir una propuesta de justicia transicional.

“La urgencia está ahí, la agenda está trabajada, en algún momento estuvo consensuada y tenía su apoyo, pero ahora está siendo innecesariamente postergada”, señala Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) –una de las asociaciones que participarán en la caminata de este 2020– sobre la Propuesta ciudadana para la construcción de una política sobre verdad, justicia y reparación, el resultado de esos meses de trabajo.

Durante los últimos doce años el panorama de violencia en México ha dejado cifras escalofriantes de víctimas. De acuerdo con datos oficiales del gobierno de López Obrador hay más de 61 mil desaparecidos en el país.

Hasta la fecha ningún gobierno ha respondido a la magnitud de la tragedia. De ahí la necesidad de implementar mecanismos extraordinarios para lidiar con una historia masiva de violencia, algo que está contemplado en las estrategias de justicia transicional. Lisa Sánchez explica que hay cuatro pilares dentro de esta metodología: verdad, justicia, reparación y no repetición. Ante ese panorama, insiste Jacobo Dayán, “lo que necesitamos son instituciones extraordinarias, y ese es el llamado de la Caminata por la paz”.

Para lograr un modelo exitoso se requiere que los actores gubernamentales adopten e implementen la legislación y políticas públicas requeridas, además de garantizar la sostenibilidad financiera del proceso, pero en México eso no ha sucedido.

En el Plan Nacional de paz y seguridad 2018-2024 López Obrador se comprometió saldar la enorme deuda en impartición de justicia, con mecanismos de justicia transicional y por medio de cauces institucionales ya existentes. “En el caso de los desaparecidos se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero y se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos”, se lee en el documento.

“En el pasado se trabajó en conjunto y se hicieron promesas que no se cumplieron. Lo único que avanzó y sólo de manera simbólica fue el tema de Ayotzinapa y las brigadas de búsqueda y del Mecanismo de Identificación Forense”, explica Sánchez. Más allá de eso, dice, es difícil ver al gobierno de AMLO como uno comprometido con la agenda de víctimas, y el ejemplo más claro fue con la implementación de la Guardia Nacional. “Ese no era el camino y fue una contradicción con respecto a ciertas propuestas de campaña”.

La agenda de desaparecidos ha sido desplazada por todos los gobiernos y que aunque AMLO ha hecho el intento por mantener el tema en diálogo, “eso no garantiza que se traduzca en política pública, o que resuelva el drama, la tragedia o los rezagos. De eso estamos muy lejos”, dice Dayán.

Basta con ver que todos los esfuerzos que se han hecho en la materia son enfocados a la búsqueda en fosas. “¿Qué está está haciendo el Estado mexicano para hacer búsqueda en vida? ¿Qué estamos haciendo como sociedad y Estado para identificar, desmantelar y recuperar a personas que están atrapadas en redes de trata?”, cuestiona.

Más allá de los avances que ha logrado el gobierno con la Comisión de Ayotzinapa, afirma que el gobierno sigue sin entender la gravedad del asunto. “En temas de reparación a víctimas, la situación es caótica en todo el país, porque simplemente no está sucediendo”.

Sánchez reitera que ésta no es una caminata contra su gobierno sino a favor de una agenda, “una agenda en la que sus propios representantes de Segob participaron y él mismo aceptó públicamente en un evento siendo candidato”. De no recibir a las víctimas, dijo, mandaría un mensaje en el que evidencie “que este es otro sexenio perdido donde nada significativo va a suceder ni con sus casos, ni con sus agendas y mucho menos con la desarticulación de todas las condiciones que permiten que delitos como estos se consuman”.

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