Rafael Delgado Reyes fue un halcón y su historia es la excepción, no la regla. Entró a ese grupo paramilitar por recomendación de un conocido, al que encontró en el metro Nativitas de la Ciudad de México, un día en el que andaba en busca de trabajo. Eso fue en febrero de 1971, según su declaración ante el Ministerio Público de la Federación rendida más de tres décadas después.

La oferta del hombre del metro Nativitas —del que Rafael olvidó cómo se llamaba— era para ingresar como vigilante de seguridad en un edificio del extinto Departamento del Distrito Federal, con un sueldo de 50 pesos diarios. En ese mismo febrero de 1971 empezó a trabajar como vigilante en edificios, luego en estaciones del Metro, pero al mes siguiente su jefe inmediato le dijo que tenía que ir a “concentrarse” en el Bosque de Aragón, cerca de la Cuchilla del Tesoro.

De acuerdo con su declaración (incluida en la investigación por genocidio contra el ex presidente mexicano Luis Echeverría) “al lugar llegaron varias personas, todas del sexo masculino, y en dicho lugar les indicaron que de esa fecha en adelante tenían que presentarse”. Diario hacían ejercicio y recibían entrenamiento militar, en eso consistía su trabajo. “Toda esa concentración se iba a llamar grupo ‘Halcones’, estaba compuesta por 800 personas, dividida en ocho compañías por grupos de cien con un comandante al frente de cada grupo y con un jefe de todos”.

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Otros halcones que declararon en la misma causa dijeron que nunca conocieron al jefe y algunos lo identificaron con distintos nombres, pero Rafael recordó que le decían el “Maestro”, acaso por los conocimientos en artes marciales como karate y kendo que tenían los instructores de este grupo. 

En la página 298 del largo documento, Rafael sigue revelando ese episodio de su vida al Ministerio Público Federal: “Siguieron recibiendo instrucción militar hasta el día 9 de junio de 1971, cuando los reunieron a todos y les dijeron que los iban a mandar al día siguiente a un servicio. Ya por la mañana del 10, a todos les entregaron una vara de bambú, formándose varios grupos”.

Ese 10 de junio que narra Rafael es conocido como la matanza del Jueves de Corpus o el Halconazo, una profunda herida en el tejido social mexicano que se produjo casi tres años después del 2 de octubre de 1968, cuando un número aún indeterminado de estudiantes murieron a manos del Ejército y de un grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia. Aquel Jueves de Corpus fue mostrado al mundo entero a través de los ojos de Alfonso Cuarón con la película Roma, la ganadora del Oscar que, además de la historia de Cleo, relata la de Fermín, uno de los Halcones, y la del Profesor Zovek, uno de los instructores en artes marciales.

El informe final del mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico revela violaciones graves a derechos humanos sobre este hecho en México. Fuente: Repositorio Arte Militante UPN.

Rafael dijo que ese 10 de junio lo subieron a un camión gris, que a los grupos los llevaron a diferentes lugares y que a él le tocó estar en la Alameda de Santa María la Ribera, adonde llegó a la 1:30 de la tarde para encontrarse con un grupo de aproximadamente 90 personas. Ahí lo hicieron “esperar, esperar, esperar y esperar una nueva orden”, hasta que a las 3:40 de la tarde el comandante de ese grupo conocido como el “Vaca”, les ordenó subirse a un vehículo y trasladarse al cine Cosmos para encontrarse con una marcha estudiantil que iba sobre avenida San Cosme.

Después de bajar del camión, aseguró Rafael, la marcha se abrió hacia las banquetas y en el centro apareció un grupo de pistoleros. “Empezaron a disparar contra el grupo de los Halcones y de ese primer enfrentamiento cayeron heridos cuatro del grupo”. Recordó que sus compañeros regresaron al camión y un hombre apodado el “Chano” sacó un arma M-1 con la que disparó hacia el edificio de la Escuela Normal, “ya que en la azotea de la escuela habían personas disparando hacia el grupo de los Halcones, por lo que todos sin saber y sin control corrían con el fin de protegerse de diferentes disparos”. 

El relato es parecido al de varios testigos del 2 de octubre de 1968 que aseguran haber visto, además de los soldados y de los miembros del Batallón Olimpia (identificados con un guante blanco), a francotiradores que dispararon desde ventanas y techos contra la multitud y contra los militares. En su crónica del día siguiente, el diario Excélsior reportó la llamada por radio de un jefe de la Dirección Federal de Seguridad: “No funcionan los walkie-talkies. Aquí solo nos movemos y nos disparan. Ustedes comuníquense con ellos porque, además, hay francotiradores”.

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En su declaración no lo dice, pero puede intuirse que ese Jueves de Corpus de 1971 Rafael tuvo miedo. Quien le tomó el dictado en el Ministerio Público escribió las palabras del halcón con ese extraño lenguaje jurídico: “Que el declarante optó por echarse a correr y abandonar el área y dirigirse directamente a su domicilio. Que desde esa fecha ya no volvió al lugar donde se concentraba el grupo de los Halcones en la Unidad Aragón, que incluso ya no regresó ni a cobrar”.

A partir de ese día, Rafael dejó de percibir su sueldo de 50 pesos diarios y se fue a trabajar a Guadalajara, Jalisco, donde se dedicó al pesado oficio de ser cargador en la Central de Abastos. Así fue hasta la Navidad, cuando decidió volver para pasar tiempo con su familia, quizá con la intención de dejar atrás lo que vieron sus ojos en la avenida San Cosme durante la primavera de ese 1971.

Cinco días de tortura

Sin embargo, la línea de la vida de Rafael sufrió otra alteración el Día de Reyes de 1972, cuando se encontraba con su madre, sus hermanas y un hermano en el domicilio familiar y a las 4 de la mañana “se presentaron diferentes integrantes al parecer de diversas policías, ya que unos iban vestidos de civil y otros uniformados”. Este grupo de hombres se dirigió a Rafael, le pusieron una capucha en la cabeza y lo subieron a un automóvil, donde lo pusieron en el piso boca abajo; enseguida, los hombres le pusieron los pies sobre la cabeza y el cuello para darle pisotones. Para ese momento, Rafael ya se había enfrentado dos veces con la Guerra Sucia en México, como halcón en el Jueves de Corpus y como víctima aquel Día de Reyes.

“Posteriormente —dice la declaración tomada por personal del Ministerio Público— lo metieron a un edificio, al parecer con celdas, lugar donde lo torturaban colgándose de los brazos hacia atrás”. Una voz ordenó: “Aflójenme a este cabrón”. Después Rafael perdió el conocimiento a causa de las golpizas, hasta que en la madrugada un olor a excremento de caballo se le metió por la nariz: estaba en un lugar con una pileta de agua donde lo metieron una y otra vez mientras le preguntaban dónde estaban las armas. Además, lo acusaron de haber asaltado un banco y otro negocio.

La cuenta total que Rafel pudo recordar frente al Ministerio Público fue de cinco días sometido a tortura, la cual fue de tal magnitud que aceptó todas las acusaciones que hicieron en su contra. Después fue llevado a un cuarto de aproximadamente dos metros cuadrados, con una ventana soldada y pintada de negro con barrotes. Ahí pasó dos años con ocho meses, mientras su familia lo buscaba en hospitales, delegaciones y cárceles de la ciudad.

Lo que no supo mientras era torturado es que el mismo 6 de enero de 1972 que lo agarraron a él, también se llevaron a su madre y sus dos hermanas. Según la declaración, “estuvieron también detenidas en una cárcel al parecer clandestina y al parecer fueron violadas”.

Las declaraciones del halcón se encuentran en el expediente 415/2000 que formó parte de las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada durante en el gobierno de Vicente Fox y extinta oficialmente en 2007. Dos sexenios después, la administración de Andrés Manuel López Obrador creó el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, uno de los cinco instrumentos que conforman la Comisión de la Verdad creada para indagar la violencia política ocurrida entre 1965 y 1990, periodo conocido como la “Guerra Sucia”.

El informe presentado por tres de los cuatro comisionados del Mecanismo muestra que (a pesar de ser una excepción y no la regla) la historia de Rafael no es aislada: hubo al menos 155 casos de violaciones graves a derechos humanos contra integrantes de las fuerzas armadas y policiales cometidas por sus propios mandos durante la Guerra Sucia. Esto incluye casos de desaparición forzada, como la perpetrada contra nueve escoltas del gobernador de Sinaloa por parte de miembros del Ejército en 1977, la detención arbitraria y tortura de elementos de la Marina de Tamaulipas y Ciudad de México en 1990 o la desaparición forzada transitoria y tortura de cuatro policías municipales de Tlaquepaque, Jalisco, por elementos de la Dirección Federal de Seguridad en 1977. 

El informe dice: 

Contra lo que se pudiera imaginar, entre policías auxiliares, policías preventivos, agentes judiciales y elementos castrenses había constantes fricciones y altercados, que en muchos casos derivaron en balaceras, golpizas y homicidios. Estos eventos dan cuenta de la interacción violenta que imperaba no sólo entre las fuerzas del Estado y la sociedad, sino entre los mismos agentes de las distintas corporaciones y jerarquías, alentada por la impunidad y derivada de una masculinidad hegemónica propensa a la bravuconería y de gatillo fácil. 

Además, sostiene que hubo cinco explicaciones a las violaciones graves a derechos humanos contra integrantes de corporaciones de seguridad: los correctivos disciplinarios, la persecución de elementos supuestamente vinculados con la subversión, conflictos entre corporaciones en la lucha antinarcóticos, represión de disidencias y deserciones, así como casos de violencia contra las mujeres por parte de sus superiores.

El informe abunda en el caso de Gabriel Millán Arellano, otro integrante de los Halcones que intentó ofrecer pruebas de la existencia de este grupo a la revista ¿Por qué?, identificada con la izquierda. A él también le pagaban 60 pesos al día en el grupo paramilitar y recibió entrenamiento con luchadores profesionales durante dos meses, pero desertó en enero de 1971 para volver a su antiguo empleo como taxista. Después del Jueves de Corpus, Gabriel quiso vender 60 credenciales que conservaba en su poder a la revista, pero antes de llegar a su cita —pactada para el 18 de junio de 1971— fue interceptado por agentes de la Dirección Federal de Seguridad y otros halcones. Luego fue torturado e interrogado en la sede de Circular de Morelia 8, colonia Roma de la Ciudad de México. Todavía está desaparecido. 

Ese informe fue presentado por las áreas del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que coordinaron los comisionados David Fernández, Carlos Pérez Ricart y Abel Barrera, en el que se calcula que hubo más de 11 000 violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990, ocurridas en 11 contextos estudiados.

Gabriel Millán fue torturado e interrogado en la Ciudad de México y aún está desaparecido. Fuente: AGN, Fondo DFS.

Eugenia Allier es la cuarta comisionada del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico y en el informe del área que coordina hay una lista de al menos 1 103 personas desaparecidas en ese periodo. 

En entrevista con Gatopardo, dice: 

Lo que podemos ver en el periodo de 1965 a 1990 es que se trataba de un régimen autoritario que no quería que hubiera transformaciones políticas y sociales, entonces todo aquel militante o movilizado política o socialmente tendía a ser reprimido y eso ocurrió con los estudiantes del 68 y del 71, que lo que exigían era sobre todo transformaciones políticas en torno a la democratización del país, pero lo mismo ocurrió con otros sectores como los obreros, sindicalistas, profesores, campesinos, contra muchas comunidades indígenas y rurales y contra los miembros de organizaciones político-militares. Era un espectro muy amplio.

Desde la perspectiva de Allier, en estos hechos no solo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Gobernación, la Dirección Federal de Seguridad, las policías federales, estatales y municipales, sino también grupos paramilitares como los Halcones o el Batallón Olimpia. 

“Hay una serie de distintas instituciones y corporaciones que participan durante todos estos años, en distintos momentos y de distintas maneras, coordinados a lo largo de todo el país. Lo que buscaban es detener a lo que consideran el enemigo político”, asegura. También detalló que se ha podido identificar que, después del Jueves de Corpus, hubo halcones que siguieron operando posteriormente, en particular en la represión a sindicalistas en el norte del país.

Los testimonios de esta operación de los Halcones posterior al 10 de junio de 1971 están plasmados en los archivos de la extinta Femospp que hoy tiene en sus manos la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero. Al respecto, Allier comentó: “Por lo que nos han informado, la Fiscalía está revisando todos estos juicios y está generando todos los contextos históricos para poder ampliar los juicios y ponerlos en movimiento”.

Sin embargo, el proceso no fue sencillo porque los archivos de la Femospp permanecieron durante décadas en el ostracismo. Durante una conferencia de prensa ofrecida el 7 de octubre de este año, Félix Hernández Gamundi, del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, denunció que los papeles tuvieron que ser recuperados de bodegas e incluso de basureros en algunos casos.

Ante las decenas de miles de víctimas de atrocidades de la Guerra Sucia y los más de mil desaparecidos, el número de violaciones graves a derechos humanos contra elementos de las fuerzas armadas y sus personeros es aritméticamente menor; no obstante, es una muestra del sistema criminal en el que operaron los perpetradores, cobijados por una impunidad que continúa hasta nuestros días. Sin embargo, el Comité 68 guarda una luz de esperanza en que la FGR vuelva a abrir hoy la investigación de la Femospp que debería llamar a rendir cuentas a 54 responsables de la Guerra Sucia en México.

Y mientras eso sucede el Comité 68 mantiene una exigencia que lo hermana con organizaciones de víctimas de otras partes del mundo: que el nombre de los victimarios sea eliminado de calles, avenida y colonias, y que se retiren sus estatuas, junto con las condecoraciones que les dio el sistema al que protegieron durante al menos tres décadas.

MAURIZIO MONTES DE OCA es periodista, su trabajo ha sido publicado en la unidad de investigación de El Universal, Aristegui Noticias, BuzzFeed News, Emeequis, Milenio y Radio Centro, donde condujo el pódcast “Tribu Política”. Actualmente conduce “Semanario Gatopardo” y dirige ADN40 radio.