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Fotografía de Mujeres organizadas de la facultad de arquitectura MOFA/Wikimedia Commons.
La universidad pública más importante de México se encuentra en la recta final para elegir a su nuevo rector o rectora para el ciclo 2023-2027. La elección se ha visto rodeada de intereses políticos, críticas a la Junta de Gobierno e inexorables dudas sobre los intereses particulares de los candidatos. Quien quede al frente tendrá la importante decisión de luchar por su autonomía o ceder ante las fuerzas políticas externas.
Dirigir esta universidad es como gobernar un Estado. Basta ser elegido rector para cargar con la responsabilidad que demandan 373 000 estudiantes, 42 190 académicos y más de un millón y medio de personas que forman parte de los programas de educación continua. Desde el pasado 21 de agosto inició el proceso con el que concluye el mandato de Enrique Graue Wiechers y, como cada cuatrienio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta al reto de encontrar al sucesor número veinticinco que estará al frente del ciclo 2023-2027. En el sexto piso de la emblemática Torre de Rectoría, que exhibe los murales de David Alfaro Siqueiros, está la oficina que espera al próximo líder de la institución educativa más importante de México.
Los temas que demanda la comunidad universitaria han sido claros: atención a la inseguridad y violencia de género; estrategias contra el plagio en las titulaciones; implementación de nuevas tecnologías; una mejor distribución presupuestal entre planteles y profesores; y la preservación de la autonomía. Pero las demandas se enfrentan también a la sombra de una elección de esta magnitud: la de los intereses políticos, ya que, debido a su alta politización, la UNAM tiene una influencia importante en el país. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), explica que su incidencia ha radicado en ser un termómetro político. Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política, como ya ha ocurrido en 1968, 1986 y 1999, por eso su autonomía es tan valiosa y, aún más, incómoda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en lanzar críticas despectivas: en una mañanera de octubre de 2021, se refirió a la Universidad como “individualista y defensora de los proyectos neoliberales”, al acusarla de no posicionarse ante los abusos de antiguos sexenios; y después enmarcó lo lamentable que era que se hubiese “derechizado”. En otra mañanera de mayo de 2022, criticó que la UNAM haya enviado a los médicos estudiantes a sus casas, durante el pico de la pandemia, en lugar de ayudar al país a enfrentar la crisis (esto en defensa de los quinientos médicos cubanos que acababa de contratar). Sin embargo, aunque es verdad que la UNAM está rodeada de contradicciones, las críticas de López Obrador se habían quedado solo en eso, hasta marzo de 2023, cuando Armando Contreras Castillo, un diputado de Morena —el partido del presidente—, mandó al Congreso una iniciativa de reforma para modificar la Ley Orgánica de la Universidad y quitarle a la Junta de Gobierno el poder de elegir al rector y, en cambio, traspasarlo a la comunidad universitaria a través del voto directo. La iniciativa no prosperó.
La Junta de Gobierno es el órgano encargado de designar al nuevo rector: se compone de quince miembros elegidos por un Consejo Universitario, el cual está constituido por más de trescientas personas, entre las que se encuentran directores de facultades, escuelas e institutos, profesores, alumnos, investigadores y técnicos académicos, así como el rector en turno; los miembros elegidos cumplen con los requisitos de honorabilidad y trayectoria que solicita el Consejo; no reciben ningún salario extra por sus labores y, además, debido al poder de su cargo, ninguno puede participar en la elección por ese y los dos años siguientes.
Esta Junta ha sido criticada y acusada —por alumnos y académicos— de ser una viva representación de la antidemocracia que permea a la UNAM. Ya en el año 2000 la historiadora y también directora de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elizaga, escribió en su texto “Crisis y reforma universitaria en México” que “el envejecimiento de la normatividad universitaria se muestra dramáticamente en el hecho de que dieciséis personas (el rector y los integrantes de la Junta de Gobierno) toman las decisiones fundamentales que rigen a la UNAM sin tomar en absoluto en cuenta a una comunidad constituida por casi cuatrocientas mil personas”.
Este es un debate que surge con cada elección interna, en el que se confrontan aquellos que no dudan del trabajo intachable de la Junta y su compromiso con la defensa de la autonomía, y aquellos que reprueban la manera tan sectaria y elitista de su conformación.
En una cara de la moneda, está Garza Onofre: “a mí me deja tranquilo que el órgano rector de la UNAM [su Junta de Gobierno] se encargue propiamente de escuchar, de filtrar y no sea una elección a puertas cerradas [...], hay que decirlo, yo como parte universitaria me siento satisfecho de que, en la UNAM, para bien o para mal, todo se delibera y todo pasa por consejos, pocas decisiones son unipersonales”.
Del otro lado, Mariana Ozuna, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en Semanario Gatopardo dice que, por el contrario, la Junta “tiene mecanismos poco transparentes que no están de cara a la comunidad universitaria ni a la sociedad mexicana en su conjunto, y que no admite una rendición de cuentas en términos de cuáles son sus criterios. Es un cuerpo de élite, de camarillas, de amigos que se votan entre sí mismos”.
La importancia
“La UNAM es una de las universidades que tiene mayor injerencia en la discusión pública nacional”, dice Tito Garza Onofre. Aguarda la matrícula más grande de estudiantes en México y es la encargada de entidades indispensables, como el Servicio Sismológico Nacional o el Instituto de Astronomía. Incluso, su campus central fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ha tenido un presupuesto de 53 mil millones de pesos, en 2023, una cantidad mucho mayor que la recibida por estados, como Tlaxcala o Baja California, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Su elección se convierte en un centro de discusión que, aunque no de manera directa, involucra a todas y todos aquellos beneficiados de sus entidades y dependencias. “La Universidad sigue siendo la universidad pública más importante de este país y de esa manera tiene mucha influencia en el desarrollo del sector público y el desarrollo de la educación pública”, dice Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo de la UNAM y aspirante a la Rectoría. La UNAM es un símbolo de democracia y autonomía, por lo que el rumbo que tome traerá consigo implicaciones en la política educativa de todo el país y será un actor importante en la mediación en tiempos de polarización.
"Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política".
La crítica
El mandato de Enrique Graue Wiechers, desde 2015, se ha caracterizado por su ferviente defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo “autónoma, pública, laica e incluyente”; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos que pusieron a la institución en momentos de inestabilidad llevados por las acciones que tomaron los estudiantes y que hoy día son el precedente de las demandas más importantes:
En 2017, el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, hallada muerta al interior de Ciudad Universitaria, movilizó a miles de estudiantes y abrió la discusión hacia la constante violencia de género que se vive dentro, un ímpetu que estalló con el movimiento #MeToo, en el que cientos de mujeres denunciaron el acoso que habían recibido por parte de profesores, alumnos y personal administrativo de la propia Universidad. En 2018, el problema del narcomenudeo provocó una riña que terminó en una balacera en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, en ese momento el tema de la inseguridad en las instalaciones cobró mayor protagonismo. Finalmente, en septiembre de ese año, una huelga sentaría un precedente histórico: estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, cerraron las instalaciones en protesta a las actitudes autoritarias de la directora, la discusión escaló a tal grado que miles de ellos se manifestaron frente a la Torre de Rectoría, donde fueron atacados por grupos porriles, dejando a catorce personas heridas; el caos fue tan grande que una segunda manifestación congregó a cerca de treinta mil estudiantes, convirtiéndose en una de las más grandes registradas, desde 1968, y donde las demandas evolucionaron hacia el cese de la violencia y la renuncia de Graue Wiechers.
Debido a la pandemia, las huelgas se detuvieron, pero las demandas de aquel momento persisten. Han sido ocho años de espera por la llegada de una UNAM más segura, dedicada de lleno a atender los casos de violencia de género, encaminada hacia un espectro más equitativo en materia de salarios, entre otros aspectos. Por lo que la transición que se vive en 2023 ha estado envuelta en una serie de críticas que mantienen a unos cuantos en la esperanza y a otros más en la expectativa. Principalmente por la incomodidad que ha provocado que ocho de los diez aspirantes sean cercanos al actual rector y tres de ellos lideren una secretaría en la institución —Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM; Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo, y Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas—. La opinión pública apela a que estos posibles compadrazgos podrían encaminar la elección a seguir con una UNAM exactamente igual como la conocemos, donde los intereses políticos, externos e internos, que se inmiscuyen, van por delante de las demandas estudiantiles y académicas.
Tampoco es un secreto que ocupar este cargo puede ser una catapulta para una carrera política: luego de estar al frente de la Universidad el exrector José Narro Robles fue secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; Juan Ramón de la Fuente es actualmente representante permanente de México ante la ONU; y Jorge Carpizo McGregor fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Uno de los actuales aspirantes a la rectoría, Imanol Ordorika Sacristán, exdirigente del Consejo Estudiantil Universitario que puso en paro a la UNAM en 1986, donde estudiantes y académicos lucharon para echar abajo reformas de Carpizo McGregor que buscaban aumentar las cuotas y quitar los pases directos, ha sido muy vocal respecto a este contexto: “tenemos un conjunto de grupos que han dominado y controlado la Universidad desde hace muchas décadas y que tratan de impedir que haya transformaciones significativas en la institución, y ese es el peor interés político, el que hoy está en la Rectoría; el que busca mantener las cosas como están [...], que busca que se mantengan las decisiones en cuerpos cerrados y con participación limitada. Ese es el peor interés político que encuentro en la UNAM”.
El gremio médico ha tomado una preponderancia importante dentro de las últimas dos décadas. Después de la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro a causa del conflicto por la huelga de 1999, contra el intento de reformar el sistema de cuotas debido a la presión de un gobierno que buscaba de manera desesperada nuevas y mayores fuentes de ingreso, la Facultad de Medicina logró mantenerse al frente de la Rectoría con De la Fuente, Narro Robles y Graue Wiechers. Actualmente solo dos de los aspirantes provienen de esta facultad, por lo que las posibilidades de que haya un relevo gremial pintan de manera positiva.
"El mandato de Enrique Graue se ha caracterizado por su defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo 'autónoma, pública, laica e incluyente'; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos de inestabilidad".
La elección
Cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución. Por lo tanto, la elección del nuevo rector tiene peso en todos los ámbitos. Las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo en un proceso que ha sido tan extenso.
La convocatoria establece que pueden participar todos aquellos miembros de la Universidad que cuenten con el rango de académico y sean personajes distinguidos en sus áreas de especialidad, hayan sido docentes o prestado servicios de investigación, o hayan demostrado algún tipo de interés en distintos asuntos universitarios. Ha habido un patrón entre quienes han sido electos en años anteriores: los últimos diez rectores eran directores de alguna facultad o miembros del staff del rector en turno. De manera adicional, se busca que los aspirantes cumplan con otras particularidades, como tener entre 35 y 70 años, ser mexicanos por nacimiento y tener más de diez años de servicio en la Universidad. Quienes aspiren deben enviar su currículum, una semblanza profesional y un proyecto concreto que refleje sus planes de trabajo, junto con una síntesis del mismo.
Si bien la Junta de Gobierno es la encargada de elegir al nuevo rector, sus decisiones se basan también en el proceso de auscultación, es decir, un sondeo de la opinión universitaria, el cual se realiza a través de cinco comisiones donde se escuchan las opiniones de la comunidad, acerca del proceso, de manera presencial. Después de una larga deliberación a puerta cerrada, en la que se desconocen los criterios particulares de evaluación de cada miembro de la Junta, pero que se apegan a la legislación universitaria, el pasado 12 de octubre se dieron a conocer los diez aspirantes electos:
- Dra. Laura Susana Acosta Torres
- Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
- Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
- Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
- Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
- Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
- Dr. William Henry Lee Alardín
- Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
- Dr. Imanol Ordorika Sacristán
- Dra. Guadalupe Valencia García
Si bien el proceso no se trata de una elección popular, este año el aspirante Ordorika Sacristán dice que: “[él y su equipo] tratamos de hacer un proceso diferente con mi candidatura, utilizándola para ir a visitar la mayor cantidad de entidades académicas de la UNAM y para interactuar con los estudiantes, con el personal académico, con el sector de trabajadores y trabajadoras, para recoger sus puntos de vista y darles una voz en este proceso, en el cual todo se restringe a mandar cartas y hacer visitas a la Junta de Gobierno”. Sin embargo, independientemente de cómo haya manejado cada quien su búsqueda de popularidad, cada uno tuvo que dar a conocer sus planes de trabajo a través de los medios de comunicación universitarios y así poder pasar a la fase más importante de la elección: las entrevistas, en donde, hasta el 30 de octubre, cada aspirante pudo defender su candidatura con todos los recursos argumentativos posibles.
El proceso concluye así: cuando uno de los entrevistados alcance el voto de diez de los quince integrantes de la Junta, se podrá proceder a su nombramiento oficial como rector o rectora del ciclo 2023-2027, con posibilidad de una reelección. Enrique Graue Wiechers, actual rector, terminará oficialmente su mandato el 17 de noviembre, día en el que cederá el cargo. Entre los detractores existe esta pregunta latente: ¿Será posible que la mano negra de Graue Wiechers se inmiscuya en la elección, considerando que catorce de los quince miembros de la Junta fueron nombrados bajo su mandato?
El periodista Rafael Cardona hizo un análisis sobre el futuro posible de esta elección en su texto “¿La última junta de gobierno?”, para La Crónica: “Ninguno de los “muchachos” de Enrique Graue, tiene experiencia política y administrativa fuera de la Universidad; todos son burócratas universitarios o ratones de biblioteca que nunca han caminado en serio el mundo exterior, menos en el mundo de la real politik, como sí lo habían hecho De la Fuente y Narro antes de ser rectores. Por lo tanto, ninguno podría conducir a la UNAM en el escenario que viene, sin entregar su autonomía y convertir a la institución en una versión gigante de lo que hoy es el CIDE. Así, la Junta de Gobierno ya puede darse una idea de hacia dónde empujará a la institución si decide jugar el juego de Enrique Graue y elige a alguno de los candidatos del continuismo para suceder al cuestionado médico, que fue incapaz hasta de cerrar el caso de Yasmín Esquivel, para evitar heredarlo a quien lo suceda”.
Lo que ocurra será una decisión que quedará sellada en una sala de quince personas.
La importancia de la UNAM es innegable: cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución.
¿Es tiempo de mujeres?
Finalmente, es inexorable hacer un análisis de la elección y no contemplar una coyuntura que reclama cada vez más la presencia de una mujer en la Rectoría. Actualmente tres se han postulado: Laura Susana Acosta Torres, Patricia Dolores Dávila Aranda y Guadalupe Valencia García, lo que ha llamado la atención, sobre todo en un contexto donde la perspectiva de género ha comenzado a ocupar espacios importantes en cargos institucionales y de carácter político; incluso, es muy probable que las elecciones presidenciales de 2024, si las encuestas siguen como están, se debatan entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. El famoso lema “es tiempo de mujeres” acuñado por Morena pareciera estar propiciando un contexto en el que el género históricamente relegado a la sombra comienza a encontrar la luz en el camino del reconocimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente el Congreso está compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, las secretarías de Estado están lideradas por un 47.3% de ellas y tan solo el país está regido por nueve gobernadoras. Decir que “es tiempo de mujeres”, sin embargo, se siente más como una presión por cumplir una cuota de género.
Es importante tener claro que la perspectiva de género es una serie de acciones y pensamientos que no necesariamente son llevados a la práctica por mujeres, solo por ser mujeres. El candidato Imanol Ordorika Sacristán subraya la deuda pendiente que tiene la Universidad con este género, pero sobre todo la importancia de que quien ocupe el cargo no replique los mismos rasgos de los “hombres conservadores que tradicionalmente han llegado a la rectoría”. Por lo que Gatopardo le preguntó a la candidata más joven, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Laura Acosta Flores, si es el momento de que haya una mujer a la cabeza de la Universidad:
“Sí, es momento porque nunca la ha habido, porque nuestra Universidad tiene más de cien años, porque tenemos una matrícula con mayoría de mujeres, también el personal docente, por lo que nuestra población necesita este otro sentido, esta otra visión, […] creo que esta sensibilidad hacia los temas de violencia de género, hacia los temas de salud mental, hacia el desarrollo interpersonal es un distintivo de las mujeres”.
Mónica González Contró, la primera directora del IIJ, en entrevista advierte que es importante que las políticas de género sigan avanzando, pero sin perder el ojo crítico hacia aquellas que están en la contienda: “es muy importante no irnos simplemente por el tema del sexo porque, sin duda, puede haber mujeres, que a pesar de ser mujeres, no tengan perspectiva de género y no tengan claro cuáles son las acciones que hay que impulsar en materia de igualdad, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, pero sin duda alguna la UNAM está preparada para tener una rectora”, explica.
Es innegable que el futuro rector tendrá que enfrentarse a los juegos de interés que están de por medio, imposibles de evitar, procurando siempre la defensa de su autonomía. Las demandas que se mencionaron al inicio de este texto, como la violencia de género, el aumento salarial, la lucha contra la inseguridad en los planteles y las nuevas tecnologías, presentarán un reto importante que pondrá en evidencia la capacidad de quien quede al frente.
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La universidad pública más importante de México se encuentra en la recta final para elegir a su nuevo rector o rectora para el ciclo 2023-2027. La elección se ha visto rodeada de intereses políticos, críticas a la Junta de Gobierno e inexorables dudas sobre los intereses particulares de los candidatos. Quien quede al frente tendrá la importante decisión de luchar por su autonomía o ceder ante las fuerzas políticas externas.
Dirigir esta universidad es como gobernar un Estado. Basta ser elegido rector para cargar con la responsabilidad que demandan 373 000 estudiantes, 42 190 académicos y más de un millón y medio de personas que forman parte de los programas de educación continua. Desde el pasado 21 de agosto inició el proceso con el que concluye el mandato de Enrique Graue Wiechers y, como cada cuatrienio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta al reto de encontrar al sucesor número veinticinco que estará al frente del ciclo 2023-2027. En el sexto piso de la emblemática Torre de Rectoría, que exhibe los murales de David Alfaro Siqueiros, está la oficina que espera al próximo líder de la institución educativa más importante de México.
Los temas que demanda la comunidad universitaria han sido claros: atención a la inseguridad y violencia de género; estrategias contra el plagio en las titulaciones; implementación de nuevas tecnologías; una mejor distribución presupuestal entre planteles y profesores; y la preservación de la autonomía. Pero las demandas se enfrentan también a la sombra de una elección de esta magnitud: la de los intereses políticos, ya que, debido a su alta politización, la UNAM tiene una influencia importante en el país. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), explica que su incidencia ha radicado en ser un termómetro político. Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política, como ya ha ocurrido en 1968, 1986 y 1999, por eso su autonomía es tan valiosa y, aún más, incómoda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en lanzar críticas despectivas: en una mañanera de octubre de 2021, se refirió a la Universidad como “individualista y defensora de los proyectos neoliberales”, al acusarla de no posicionarse ante los abusos de antiguos sexenios; y después enmarcó lo lamentable que era que se hubiese “derechizado”. En otra mañanera de mayo de 2022, criticó que la UNAM haya enviado a los médicos estudiantes a sus casas, durante el pico de la pandemia, en lugar de ayudar al país a enfrentar la crisis (esto en defensa de los quinientos médicos cubanos que acababa de contratar). Sin embargo, aunque es verdad que la UNAM está rodeada de contradicciones, las críticas de López Obrador se habían quedado solo en eso, hasta marzo de 2023, cuando Armando Contreras Castillo, un diputado de Morena —el partido del presidente—, mandó al Congreso una iniciativa de reforma para modificar la Ley Orgánica de la Universidad y quitarle a la Junta de Gobierno el poder de elegir al rector y, en cambio, traspasarlo a la comunidad universitaria a través del voto directo. La iniciativa no prosperó.
La Junta de Gobierno es el órgano encargado de designar al nuevo rector: se compone de quince miembros elegidos por un Consejo Universitario, el cual está constituido por más de trescientas personas, entre las que se encuentran directores de facultades, escuelas e institutos, profesores, alumnos, investigadores y técnicos académicos, así como el rector en turno; los miembros elegidos cumplen con los requisitos de honorabilidad y trayectoria que solicita el Consejo; no reciben ningún salario extra por sus labores y, además, debido al poder de su cargo, ninguno puede participar en la elección por ese y los dos años siguientes.
Esta Junta ha sido criticada y acusada —por alumnos y académicos— de ser una viva representación de la antidemocracia que permea a la UNAM. Ya en el año 2000 la historiadora y también directora de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elizaga, escribió en su texto “Crisis y reforma universitaria en México” que “el envejecimiento de la normatividad universitaria se muestra dramáticamente en el hecho de que dieciséis personas (el rector y los integrantes de la Junta de Gobierno) toman las decisiones fundamentales que rigen a la UNAM sin tomar en absoluto en cuenta a una comunidad constituida por casi cuatrocientas mil personas”.
Este es un debate que surge con cada elección interna, en el que se confrontan aquellos que no dudan del trabajo intachable de la Junta y su compromiso con la defensa de la autonomía, y aquellos que reprueban la manera tan sectaria y elitista de su conformación.
En una cara de la moneda, está Garza Onofre: “a mí me deja tranquilo que el órgano rector de la UNAM [su Junta de Gobierno] se encargue propiamente de escuchar, de filtrar y no sea una elección a puertas cerradas [...], hay que decirlo, yo como parte universitaria me siento satisfecho de que, en la UNAM, para bien o para mal, todo se delibera y todo pasa por consejos, pocas decisiones son unipersonales”.
Del otro lado, Mariana Ozuna, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en Semanario Gatopardo dice que, por el contrario, la Junta “tiene mecanismos poco transparentes que no están de cara a la comunidad universitaria ni a la sociedad mexicana en su conjunto, y que no admite una rendición de cuentas en términos de cuáles son sus criterios. Es un cuerpo de élite, de camarillas, de amigos que se votan entre sí mismos”.
La importancia
“La UNAM es una de las universidades que tiene mayor injerencia en la discusión pública nacional”, dice Tito Garza Onofre. Aguarda la matrícula más grande de estudiantes en México y es la encargada de entidades indispensables, como el Servicio Sismológico Nacional o el Instituto de Astronomía. Incluso, su campus central fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ha tenido un presupuesto de 53 mil millones de pesos, en 2023, una cantidad mucho mayor que la recibida por estados, como Tlaxcala o Baja California, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Su elección se convierte en un centro de discusión que, aunque no de manera directa, involucra a todas y todos aquellos beneficiados de sus entidades y dependencias. “La Universidad sigue siendo la universidad pública más importante de este país y de esa manera tiene mucha influencia en el desarrollo del sector público y el desarrollo de la educación pública”, dice Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo de la UNAM y aspirante a la Rectoría. La UNAM es un símbolo de democracia y autonomía, por lo que el rumbo que tome traerá consigo implicaciones en la política educativa de todo el país y será un actor importante en la mediación en tiempos de polarización.
"Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política".
La crítica
El mandato de Enrique Graue Wiechers, desde 2015, se ha caracterizado por su ferviente defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo “autónoma, pública, laica e incluyente”; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos que pusieron a la institución en momentos de inestabilidad llevados por las acciones que tomaron los estudiantes y que hoy día son el precedente de las demandas más importantes:
En 2017, el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, hallada muerta al interior de Ciudad Universitaria, movilizó a miles de estudiantes y abrió la discusión hacia la constante violencia de género que se vive dentro, un ímpetu que estalló con el movimiento #MeToo, en el que cientos de mujeres denunciaron el acoso que habían recibido por parte de profesores, alumnos y personal administrativo de la propia Universidad. En 2018, el problema del narcomenudeo provocó una riña que terminó en una balacera en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, en ese momento el tema de la inseguridad en las instalaciones cobró mayor protagonismo. Finalmente, en septiembre de ese año, una huelga sentaría un precedente histórico: estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, cerraron las instalaciones en protesta a las actitudes autoritarias de la directora, la discusión escaló a tal grado que miles de ellos se manifestaron frente a la Torre de Rectoría, donde fueron atacados por grupos porriles, dejando a catorce personas heridas; el caos fue tan grande que una segunda manifestación congregó a cerca de treinta mil estudiantes, convirtiéndose en una de las más grandes registradas, desde 1968, y donde las demandas evolucionaron hacia el cese de la violencia y la renuncia de Graue Wiechers.
Debido a la pandemia, las huelgas se detuvieron, pero las demandas de aquel momento persisten. Han sido ocho años de espera por la llegada de una UNAM más segura, dedicada de lleno a atender los casos de violencia de género, encaminada hacia un espectro más equitativo en materia de salarios, entre otros aspectos. Por lo que la transición que se vive en 2023 ha estado envuelta en una serie de críticas que mantienen a unos cuantos en la esperanza y a otros más en la expectativa. Principalmente por la incomodidad que ha provocado que ocho de los diez aspirantes sean cercanos al actual rector y tres de ellos lideren una secretaría en la institución —Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM; Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo, y Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas—. La opinión pública apela a que estos posibles compadrazgos podrían encaminar la elección a seguir con una UNAM exactamente igual como la conocemos, donde los intereses políticos, externos e internos, que se inmiscuyen, van por delante de las demandas estudiantiles y académicas.
Tampoco es un secreto que ocupar este cargo puede ser una catapulta para una carrera política: luego de estar al frente de la Universidad el exrector José Narro Robles fue secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; Juan Ramón de la Fuente es actualmente representante permanente de México ante la ONU; y Jorge Carpizo McGregor fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Uno de los actuales aspirantes a la rectoría, Imanol Ordorika Sacristán, exdirigente del Consejo Estudiantil Universitario que puso en paro a la UNAM en 1986, donde estudiantes y académicos lucharon para echar abajo reformas de Carpizo McGregor que buscaban aumentar las cuotas y quitar los pases directos, ha sido muy vocal respecto a este contexto: “tenemos un conjunto de grupos que han dominado y controlado la Universidad desde hace muchas décadas y que tratan de impedir que haya transformaciones significativas en la institución, y ese es el peor interés político, el que hoy está en la Rectoría; el que busca mantener las cosas como están [...], que busca que se mantengan las decisiones en cuerpos cerrados y con participación limitada. Ese es el peor interés político que encuentro en la UNAM”.
El gremio médico ha tomado una preponderancia importante dentro de las últimas dos décadas. Después de la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro a causa del conflicto por la huelga de 1999, contra el intento de reformar el sistema de cuotas debido a la presión de un gobierno que buscaba de manera desesperada nuevas y mayores fuentes de ingreso, la Facultad de Medicina logró mantenerse al frente de la Rectoría con De la Fuente, Narro Robles y Graue Wiechers. Actualmente solo dos de los aspirantes provienen de esta facultad, por lo que las posibilidades de que haya un relevo gremial pintan de manera positiva.
"El mandato de Enrique Graue se ha caracterizado por su defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo 'autónoma, pública, laica e incluyente'; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos de inestabilidad".
La elección
Cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución. Por lo tanto, la elección del nuevo rector tiene peso en todos los ámbitos. Las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo en un proceso que ha sido tan extenso.
La convocatoria establece que pueden participar todos aquellos miembros de la Universidad que cuenten con el rango de académico y sean personajes distinguidos en sus áreas de especialidad, hayan sido docentes o prestado servicios de investigación, o hayan demostrado algún tipo de interés en distintos asuntos universitarios. Ha habido un patrón entre quienes han sido electos en años anteriores: los últimos diez rectores eran directores de alguna facultad o miembros del staff del rector en turno. De manera adicional, se busca que los aspirantes cumplan con otras particularidades, como tener entre 35 y 70 años, ser mexicanos por nacimiento y tener más de diez años de servicio en la Universidad. Quienes aspiren deben enviar su currículum, una semblanza profesional y un proyecto concreto que refleje sus planes de trabajo, junto con una síntesis del mismo.
Si bien la Junta de Gobierno es la encargada de elegir al nuevo rector, sus decisiones se basan también en el proceso de auscultación, es decir, un sondeo de la opinión universitaria, el cual se realiza a través de cinco comisiones donde se escuchan las opiniones de la comunidad, acerca del proceso, de manera presencial. Después de una larga deliberación a puerta cerrada, en la que se desconocen los criterios particulares de evaluación de cada miembro de la Junta, pero que se apegan a la legislación universitaria, el pasado 12 de octubre se dieron a conocer los diez aspirantes electos:
- Dra. Laura Susana Acosta Torres
- Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
- Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
- Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
- Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
- Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
- Dr. William Henry Lee Alardín
- Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
- Dr. Imanol Ordorika Sacristán
- Dra. Guadalupe Valencia García
Si bien el proceso no se trata de una elección popular, este año el aspirante Ordorika Sacristán dice que: “[él y su equipo] tratamos de hacer un proceso diferente con mi candidatura, utilizándola para ir a visitar la mayor cantidad de entidades académicas de la UNAM y para interactuar con los estudiantes, con el personal académico, con el sector de trabajadores y trabajadoras, para recoger sus puntos de vista y darles una voz en este proceso, en el cual todo se restringe a mandar cartas y hacer visitas a la Junta de Gobierno”. Sin embargo, independientemente de cómo haya manejado cada quien su búsqueda de popularidad, cada uno tuvo que dar a conocer sus planes de trabajo a través de los medios de comunicación universitarios y así poder pasar a la fase más importante de la elección: las entrevistas, en donde, hasta el 30 de octubre, cada aspirante pudo defender su candidatura con todos los recursos argumentativos posibles.
El proceso concluye así: cuando uno de los entrevistados alcance el voto de diez de los quince integrantes de la Junta, se podrá proceder a su nombramiento oficial como rector o rectora del ciclo 2023-2027, con posibilidad de una reelección. Enrique Graue Wiechers, actual rector, terminará oficialmente su mandato el 17 de noviembre, día en el que cederá el cargo. Entre los detractores existe esta pregunta latente: ¿Será posible que la mano negra de Graue Wiechers se inmiscuya en la elección, considerando que catorce de los quince miembros de la Junta fueron nombrados bajo su mandato?
El periodista Rafael Cardona hizo un análisis sobre el futuro posible de esta elección en su texto “¿La última junta de gobierno?”, para La Crónica: “Ninguno de los “muchachos” de Enrique Graue, tiene experiencia política y administrativa fuera de la Universidad; todos son burócratas universitarios o ratones de biblioteca que nunca han caminado en serio el mundo exterior, menos en el mundo de la real politik, como sí lo habían hecho De la Fuente y Narro antes de ser rectores. Por lo tanto, ninguno podría conducir a la UNAM en el escenario que viene, sin entregar su autonomía y convertir a la institución en una versión gigante de lo que hoy es el CIDE. Así, la Junta de Gobierno ya puede darse una idea de hacia dónde empujará a la institución si decide jugar el juego de Enrique Graue y elige a alguno de los candidatos del continuismo para suceder al cuestionado médico, que fue incapaz hasta de cerrar el caso de Yasmín Esquivel, para evitar heredarlo a quien lo suceda”.
Lo que ocurra será una decisión que quedará sellada en una sala de quince personas.
La importancia de la UNAM es innegable: cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución.
¿Es tiempo de mujeres?
Finalmente, es inexorable hacer un análisis de la elección y no contemplar una coyuntura que reclama cada vez más la presencia de una mujer en la Rectoría. Actualmente tres se han postulado: Laura Susana Acosta Torres, Patricia Dolores Dávila Aranda y Guadalupe Valencia García, lo que ha llamado la atención, sobre todo en un contexto donde la perspectiva de género ha comenzado a ocupar espacios importantes en cargos institucionales y de carácter político; incluso, es muy probable que las elecciones presidenciales de 2024, si las encuestas siguen como están, se debatan entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. El famoso lema “es tiempo de mujeres” acuñado por Morena pareciera estar propiciando un contexto en el que el género históricamente relegado a la sombra comienza a encontrar la luz en el camino del reconocimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente el Congreso está compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, las secretarías de Estado están lideradas por un 47.3% de ellas y tan solo el país está regido por nueve gobernadoras. Decir que “es tiempo de mujeres”, sin embargo, se siente más como una presión por cumplir una cuota de género.
Es importante tener claro que la perspectiva de género es una serie de acciones y pensamientos que no necesariamente son llevados a la práctica por mujeres, solo por ser mujeres. El candidato Imanol Ordorika Sacristán subraya la deuda pendiente que tiene la Universidad con este género, pero sobre todo la importancia de que quien ocupe el cargo no replique los mismos rasgos de los “hombres conservadores que tradicionalmente han llegado a la rectoría”. Por lo que Gatopardo le preguntó a la candidata más joven, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Laura Acosta Flores, si es el momento de que haya una mujer a la cabeza de la Universidad:
“Sí, es momento porque nunca la ha habido, porque nuestra Universidad tiene más de cien años, porque tenemos una matrícula con mayoría de mujeres, también el personal docente, por lo que nuestra población necesita este otro sentido, esta otra visión, […] creo que esta sensibilidad hacia los temas de violencia de género, hacia los temas de salud mental, hacia el desarrollo interpersonal es un distintivo de las mujeres”.
Mónica González Contró, la primera directora del IIJ, en entrevista advierte que es importante que las políticas de género sigan avanzando, pero sin perder el ojo crítico hacia aquellas que están en la contienda: “es muy importante no irnos simplemente por el tema del sexo porque, sin duda, puede haber mujeres, que a pesar de ser mujeres, no tengan perspectiva de género y no tengan claro cuáles son las acciones que hay que impulsar en materia de igualdad, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, pero sin duda alguna la UNAM está preparada para tener una rectora”, explica.
Es innegable que el futuro rector tendrá que enfrentarse a los juegos de interés que están de por medio, imposibles de evitar, procurando siempre la defensa de su autonomía. Las demandas que se mencionaron al inicio de este texto, como la violencia de género, el aumento salarial, la lucha contra la inseguridad en los planteles y las nuevas tecnologías, presentarán un reto importante que pondrá en evidencia la capacidad de quien quede al frente.
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Fotografía de Mujeres organizadas de la facultad de arquitectura MOFA/Wikimedia Commons.
La universidad pública más importante de México se encuentra en la recta final para elegir a su nuevo rector o rectora para el ciclo 2023-2027. La elección se ha visto rodeada de intereses políticos, críticas a la Junta de Gobierno e inexorables dudas sobre los intereses particulares de los candidatos. Quien quede al frente tendrá la importante decisión de luchar por su autonomía o ceder ante las fuerzas políticas externas.
Dirigir esta universidad es como gobernar un Estado. Basta ser elegido rector para cargar con la responsabilidad que demandan 373 000 estudiantes, 42 190 académicos y más de un millón y medio de personas que forman parte de los programas de educación continua. Desde el pasado 21 de agosto inició el proceso con el que concluye el mandato de Enrique Graue Wiechers y, como cada cuatrienio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta al reto de encontrar al sucesor número veinticinco que estará al frente del ciclo 2023-2027. En el sexto piso de la emblemática Torre de Rectoría, que exhibe los murales de David Alfaro Siqueiros, está la oficina que espera al próximo líder de la institución educativa más importante de México.
Los temas que demanda la comunidad universitaria han sido claros: atención a la inseguridad y violencia de género; estrategias contra el plagio en las titulaciones; implementación de nuevas tecnologías; una mejor distribución presupuestal entre planteles y profesores; y la preservación de la autonomía. Pero las demandas se enfrentan también a la sombra de una elección de esta magnitud: la de los intereses políticos, ya que, debido a su alta politización, la UNAM tiene una influencia importante en el país. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), explica que su incidencia ha radicado en ser un termómetro político. Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política, como ya ha ocurrido en 1968, 1986 y 1999, por eso su autonomía es tan valiosa y, aún más, incómoda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en lanzar críticas despectivas: en una mañanera de octubre de 2021, se refirió a la Universidad como “individualista y defensora de los proyectos neoliberales”, al acusarla de no posicionarse ante los abusos de antiguos sexenios; y después enmarcó lo lamentable que era que se hubiese “derechizado”. En otra mañanera de mayo de 2022, criticó que la UNAM haya enviado a los médicos estudiantes a sus casas, durante el pico de la pandemia, en lugar de ayudar al país a enfrentar la crisis (esto en defensa de los quinientos médicos cubanos que acababa de contratar). Sin embargo, aunque es verdad que la UNAM está rodeada de contradicciones, las críticas de López Obrador se habían quedado solo en eso, hasta marzo de 2023, cuando Armando Contreras Castillo, un diputado de Morena —el partido del presidente—, mandó al Congreso una iniciativa de reforma para modificar la Ley Orgánica de la Universidad y quitarle a la Junta de Gobierno el poder de elegir al rector y, en cambio, traspasarlo a la comunidad universitaria a través del voto directo. La iniciativa no prosperó.
La Junta de Gobierno es el órgano encargado de designar al nuevo rector: se compone de quince miembros elegidos por un Consejo Universitario, el cual está constituido por más de trescientas personas, entre las que se encuentran directores de facultades, escuelas e institutos, profesores, alumnos, investigadores y técnicos académicos, así como el rector en turno; los miembros elegidos cumplen con los requisitos de honorabilidad y trayectoria que solicita el Consejo; no reciben ningún salario extra por sus labores y, además, debido al poder de su cargo, ninguno puede participar en la elección por ese y los dos años siguientes.
Esta Junta ha sido criticada y acusada —por alumnos y académicos— de ser una viva representación de la antidemocracia que permea a la UNAM. Ya en el año 2000 la historiadora y también directora de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elizaga, escribió en su texto “Crisis y reforma universitaria en México” que “el envejecimiento de la normatividad universitaria se muestra dramáticamente en el hecho de que dieciséis personas (el rector y los integrantes de la Junta de Gobierno) toman las decisiones fundamentales que rigen a la UNAM sin tomar en absoluto en cuenta a una comunidad constituida por casi cuatrocientas mil personas”.
Este es un debate que surge con cada elección interna, en el que se confrontan aquellos que no dudan del trabajo intachable de la Junta y su compromiso con la defensa de la autonomía, y aquellos que reprueban la manera tan sectaria y elitista de su conformación.
En una cara de la moneda, está Garza Onofre: “a mí me deja tranquilo que el órgano rector de la UNAM [su Junta de Gobierno] se encargue propiamente de escuchar, de filtrar y no sea una elección a puertas cerradas [...], hay que decirlo, yo como parte universitaria me siento satisfecho de que, en la UNAM, para bien o para mal, todo se delibera y todo pasa por consejos, pocas decisiones son unipersonales”.
Del otro lado, Mariana Ozuna, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en Semanario Gatopardo dice que, por el contrario, la Junta “tiene mecanismos poco transparentes que no están de cara a la comunidad universitaria ni a la sociedad mexicana en su conjunto, y que no admite una rendición de cuentas en términos de cuáles son sus criterios. Es un cuerpo de élite, de camarillas, de amigos que se votan entre sí mismos”.
La importancia
“La UNAM es una de las universidades que tiene mayor injerencia en la discusión pública nacional”, dice Tito Garza Onofre. Aguarda la matrícula más grande de estudiantes en México y es la encargada de entidades indispensables, como el Servicio Sismológico Nacional o el Instituto de Astronomía. Incluso, su campus central fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ha tenido un presupuesto de 53 mil millones de pesos, en 2023, una cantidad mucho mayor que la recibida por estados, como Tlaxcala o Baja California, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Su elección se convierte en un centro de discusión que, aunque no de manera directa, involucra a todas y todos aquellos beneficiados de sus entidades y dependencias. “La Universidad sigue siendo la universidad pública más importante de este país y de esa manera tiene mucha influencia en el desarrollo del sector público y el desarrollo de la educación pública”, dice Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo de la UNAM y aspirante a la Rectoría. La UNAM es un símbolo de democracia y autonomía, por lo que el rumbo que tome traerá consigo implicaciones en la política educativa de todo el país y será un actor importante en la mediación en tiempos de polarización.
"Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política".
La crítica
El mandato de Enrique Graue Wiechers, desde 2015, se ha caracterizado por su ferviente defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo “autónoma, pública, laica e incluyente”; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos que pusieron a la institución en momentos de inestabilidad llevados por las acciones que tomaron los estudiantes y que hoy día son el precedente de las demandas más importantes:
En 2017, el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, hallada muerta al interior de Ciudad Universitaria, movilizó a miles de estudiantes y abrió la discusión hacia la constante violencia de género que se vive dentro, un ímpetu que estalló con el movimiento #MeToo, en el que cientos de mujeres denunciaron el acoso que habían recibido por parte de profesores, alumnos y personal administrativo de la propia Universidad. En 2018, el problema del narcomenudeo provocó una riña que terminó en una balacera en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, en ese momento el tema de la inseguridad en las instalaciones cobró mayor protagonismo. Finalmente, en septiembre de ese año, una huelga sentaría un precedente histórico: estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, cerraron las instalaciones en protesta a las actitudes autoritarias de la directora, la discusión escaló a tal grado que miles de ellos se manifestaron frente a la Torre de Rectoría, donde fueron atacados por grupos porriles, dejando a catorce personas heridas; el caos fue tan grande que una segunda manifestación congregó a cerca de treinta mil estudiantes, convirtiéndose en una de las más grandes registradas, desde 1968, y donde las demandas evolucionaron hacia el cese de la violencia y la renuncia de Graue Wiechers.
Debido a la pandemia, las huelgas se detuvieron, pero las demandas de aquel momento persisten. Han sido ocho años de espera por la llegada de una UNAM más segura, dedicada de lleno a atender los casos de violencia de género, encaminada hacia un espectro más equitativo en materia de salarios, entre otros aspectos. Por lo que la transición que se vive en 2023 ha estado envuelta en una serie de críticas que mantienen a unos cuantos en la esperanza y a otros más en la expectativa. Principalmente por la incomodidad que ha provocado que ocho de los diez aspirantes sean cercanos al actual rector y tres de ellos lideren una secretaría en la institución —Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM; Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo, y Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas—. La opinión pública apela a que estos posibles compadrazgos podrían encaminar la elección a seguir con una UNAM exactamente igual como la conocemos, donde los intereses políticos, externos e internos, que se inmiscuyen, van por delante de las demandas estudiantiles y académicas.
Tampoco es un secreto que ocupar este cargo puede ser una catapulta para una carrera política: luego de estar al frente de la Universidad el exrector José Narro Robles fue secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; Juan Ramón de la Fuente es actualmente representante permanente de México ante la ONU; y Jorge Carpizo McGregor fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Uno de los actuales aspirantes a la rectoría, Imanol Ordorika Sacristán, exdirigente del Consejo Estudiantil Universitario que puso en paro a la UNAM en 1986, donde estudiantes y académicos lucharon para echar abajo reformas de Carpizo McGregor que buscaban aumentar las cuotas y quitar los pases directos, ha sido muy vocal respecto a este contexto: “tenemos un conjunto de grupos que han dominado y controlado la Universidad desde hace muchas décadas y que tratan de impedir que haya transformaciones significativas en la institución, y ese es el peor interés político, el que hoy está en la Rectoría; el que busca mantener las cosas como están [...], que busca que se mantengan las decisiones en cuerpos cerrados y con participación limitada. Ese es el peor interés político que encuentro en la UNAM”.
El gremio médico ha tomado una preponderancia importante dentro de las últimas dos décadas. Después de la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro a causa del conflicto por la huelga de 1999, contra el intento de reformar el sistema de cuotas debido a la presión de un gobierno que buscaba de manera desesperada nuevas y mayores fuentes de ingreso, la Facultad de Medicina logró mantenerse al frente de la Rectoría con De la Fuente, Narro Robles y Graue Wiechers. Actualmente solo dos de los aspirantes provienen de esta facultad, por lo que las posibilidades de que haya un relevo gremial pintan de manera positiva.
"El mandato de Enrique Graue se ha caracterizado por su defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo 'autónoma, pública, laica e incluyente'; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos de inestabilidad".
La elección
Cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución. Por lo tanto, la elección del nuevo rector tiene peso en todos los ámbitos. Las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo en un proceso que ha sido tan extenso.
La convocatoria establece que pueden participar todos aquellos miembros de la Universidad que cuenten con el rango de académico y sean personajes distinguidos en sus áreas de especialidad, hayan sido docentes o prestado servicios de investigación, o hayan demostrado algún tipo de interés en distintos asuntos universitarios. Ha habido un patrón entre quienes han sido electos en años anteriores: los últimos diez rectores eran directores de alguna facultad o miembros del staff del rector en turno. De manera adicional, se busca que los aspirantes cumplan con otras particularidades, como tener entre 35 y 70 años, ser mexicanos por nacimiento y tener más de diez años de servicio en la Universidad. Quienes aspiren deben enviar su currículum, una semblanza profesional y un proyecto concreto que refleje sus planes de trabajo, junto con una síntesis del mismo.
Si bien la Junta de Gobierno es la encargada de elegir al nuevo rector, sus decisiones se basan también en el proceso de auscultación, es decir, un sondeo de la opinión universitaria, el cual se realiza a través de cinco comisiones donde se escuchan las opiniones de la comunidad, acerca del proceso, de manera presencial. Después de una larga deliberación a puerta cerrada, en la que se desconocen los criterios particulares de evaluación de cada miembro de la Junta, pero que se apegan a la legislación universitaria, el pasado 12 de octubre se dieron a conocer los diez aspirantes electos:
- Dra. Laura Susana Acosta Torres
- Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
- Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
- Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
- Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
- Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
- Dr. William Henry Lee Alardín
- Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
- Dr. Imanol Ordorika Sacristán
- Dra. Guadalupe Valencia García
Si bien el proceso no se trata de una elección popular, este año el aspirante Ordorika Sacristán dice que: “[él y su equipo] tratamos de hacer un proceso diferente con mi candidatura, utilizándola para ir a visitar la mayor cantidad de entidades académicas de la UNAM y para interactuar con los estudiantes, con el personal académico, con el sector de trabajadores y trabajadoras, para recoger sus puntos de vista y darles una voz en este proceso, en el cual todo se restringe a mandar cartas y hacer visitas a la Junta de Gobierno”. Sin embargo, independientemente de cómo haya manejado cada quien su búsqueda de popularidad, cada uno tuvo que dar a conocer sus planes de trabajo a través de los medios de comunicación universitarios y así poder pasar a la fase más importante de la elección: las entrevistas, en donde, hasta el 30 de octubre, cada aspirante pudo defender su candidatura con todos los recursos argumentativos posibles.
El proceso concluye así: cuando uno de los entrevistados alcance el voto de diez de los quince integrantes de la Junta, se podrá proceder a su nombramiento oficial como rector o rectora del ciclo 2023-2027, con posibilidad de una reelección. Enrique Graue Wiechers, actual rector, terminará oficialmente su mandato el 17 de noviembre, día en el que cederá el cargo. Entre los detractores existe esta pregunta latente: ¿Será posible que la mano negra de Graue Wiechers se inmiscuya en la elección, considerando que catorce de los quince miembros de la Junta fueron nombrados bajo su mandato?
El periodista Rafael Cardona hizo un análisis sobre el futuro posible de esta elección en su texto “¿La última junta de gobierno?”, para La Crónica: “Ninguno de los “muchachos” de Enrique Graue, tiene experiencia política y administrativa fuera de la Universidad; todos son burócratas universitarios o ratones de biblioteca que nunca han caminado en serio el mundo exterior, menos en el mundo de la real politik, como sí lo habían hecho De la Fuente y Narro antes de ser rectores. Por lo tanto, ninguno podría conducir a la UNAM en el escenario que viene, sin entregar su autonomía y convertir a la institución en una versión gigante de lo que hoy es el CIDE. Así, la Junta de Gobierno ya puede darse una idea de hacia dónde empujará a la institución si decide jugar el juego de Enrique Graue y elige a alguno de los candidatos del continuismo para suceder al cuestionado médico, que fue incapaz hasta de cerrar el caso de Yasmín Esquivel, para evitar heredarlo a quien lo suceda”.
Lo que ocurra será una decisión que quedará sellada en una sala de quince personas.
La importancia de la UNAM es innegable: cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución.
¿Es tiempo de mujeres?
Finalmente, es inexorable hacer un análisis de la elección y no contemplar una coyuntura que reclama cada vez más la presencia de una mujer en la Rectoría. Actualmente tres se han postulado: Laura Susana Acosta Torres, Patricia Dolores Dávila Aranda y Guadalupe Valencia García, lo que ha llamado la atención, sobre todo en un contexto donde la perspectiva de género ha comenzado a ocupar espacios importantes en cargos institucionales y de carácter político; incluso, es muy probable que las elecciones presidenciales de 2024, si las encuestas siguen como están, se debatan entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. El famoso lema “es tiempo de mujeres” acuñado por Morena pareciera estar propiciando un contexto en el que el género históricamente relegado a la sombra comienza a encontrar la luz en el camino del reconocimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente el Congreso está compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, las secretarías de Estado están lideradas por un 47.3% de ellas y tan solo el país está regido por nueve gobernadoras. Decir que “es tiempo de mujeres”, sin embargo, se siente más como una presión por cumplir una cuota de género.
Es importante tener claro que la perspectiva de género es una serie de acciones y pensamientos que no necesariamente son llevados a la práctica por mujeres, solo por ser mujeres. El candidato Imanol Ordorika Sacristán subraya la deuda pendiente que tiene la Universidad con este género, pero sobre todo la importancia de que quien ocupe el cargo no replique los mismos rasgos de los “hombres conservadores que tradicionalmente han llegado a la rectoría”. Por lo que Gatopardo le preguntó a la candidata más joven, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Laura Acosta Flores, si es el momento de que haya una mujer a la cabeza de la Universidad:
“Sí, es momento porque nunca la ha habido, porque nuestra Universidad tiene más de cien años, porque tenemos una matrícula con mayoría de mujeres, también el personal docente, por lo que nuestra población necesita este otro sentido, esta otra visión, […] creo que esta sensibilidad hacia los temas de violencia de género, hacia los temas de salud mental, hacia el desarrollo interpersonal es un distintivo de las mujeres”.
Mónica González Contró, la primera directora del IIJ, en entrevista advierte que es importante que las políticas de género sigan avanzando, pero sin perder el ojo crítico hacia aquellas que están en la contienda: “es muy importante no irnos simplemente por el tema del sexo porque, sin duda, puede haber mujeres, que a pesar de ser mujeres, no tengan perspectiva de género y no tengan claro cuáles son las acciones que hay que impulsar en materia de igualdad, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, pero sin duda alguna la UNAM está preparada para tener una rectora”, explica.
Es innegable que el futuro rector tendrá que enfrentarse a los juegos de interés que están de por medio, imposibles de evitar, procurando siempre la defensa de su autonomía. Las demandas que se mencionaron al inicio de este texto, como la violencia de género, el aumento salarial, la lucha contra la inseguridad en los planteles y las nuevas tecnologías, presentarán un reto importante que pondrá en evidencia la capacidad de quien quede al frente.
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La universidad pública más importante de México se encuentra en la recta final para elegir a su nuevo rector o rectora para el ciclo 2023-2027. La elección se ha visto rodeada de intereses políticos, críticas a la Junta de Gobierno e inexorables dudas sobre los intereses particulares de los candidatos. Quien quede al frente tendrá la importante decisión de luchar por su autonomía o ceder ante las fuerzas políticas externas.
Dirigir esta universidad es como gobernar un Estado. Basta ser elegido rector para cargar con la responsabilidad que demandan 373 000 estudiantes, 42 190 académicos y más de un millón y medio de personas que forman parte de los programas de educación continua. Desde el pasado 21 de agosto inició el proceso con el que concluye el mandato de Enrique Graue Wiechers y, como cada cuatrienio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta al reto de encontrar al sucesor número veinticinco que estará al frente del ciclo 2023-2027. En el sexto piso de la emblemática Torre de Rectoría, que exhibe los murales de David Alfaro Siqueiros, está la oficina que espera al próximo líder de la institución educativa más importante de México.
Los temas que demanda la comunidad universitaria han sido claros: atención a la inseguridad y violencia de género; estrategias contra el plagio en las titulaciones; implementación de nuevas tecnologías; una mejor distribución presupuestal entre planteles y profesores; y la preservación de la autonomía. Pero las demandas se enfrentan también a la sombra de una elección de esta magnitud: la de los intereses políticos, ya que, debido a su alta politización, la UNAM tiene una influencia importante en el país. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), explica que su incidencia ha radicado en ser un termómetro político. Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política, como ya ha ocurrido en 1968, 1986 y 1999, por eso su autonomía es tan valiosa y, aún más, incómoda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en lanzar críticas despectivas: en una mañanera de octubre de 2021, se refirió a la Universidad como “individualista y defensora de los proyectos neoliberales”, al acusarla de no posicionarse ante los abusos de antiguos sexenios; y después enmarcó lo lamentable que era que se hubiese “derechizado”. En otra mañanera de mayo de 2022, criticó que la UNAM haya enviado a los médicos estudiantes a sus casas, durante el pico de la pandemia, en lugar de ayudar al país a enfrentar la crisis (esto en defensa de los quinientos médicos cubanos que acababa de contratar). Sin embargo, aunque es verdad que la UNAM está rodeada de contradicciones, las críticas de López Obrador se habían quedado solo en eso, hasta marzo de 2023, cuando Armando Contreras Castillo, un diputado de Morena —el partido del presidente—, mandó al Congreso una iniciativa de reforma para modificar la Ley Orgánica de la Universidad y quitarle a la Junta de Gobierno el poder de elegir al rector y, en cambio, traspasarlo a la comunidad universitaria a través del voto directo. La iniciativa no prosperó.
La Junta de Gobierno es el órgano encargado de designar al nuevo rector: se compone de quince miembros elegidos por un Consejo Universitario, el cual está constituido por más de trescientas personas, entre las que se encuentran directores de facultades, escuelas e institutos, profesores, alumnos, investigadores y técnicos académicos, así como el rector en turno; los miembros elegidos cumplen con los requisitos de honorabilidad y trayectoria que solicita el Consejo; no reciben ningún salario extra por sus labores y, además, debido al poder de su cargo, ninguno puede participar en la elección por ese y los dos años siguientes.
Esta Junta ha sido criticada y acusada —por alumnos y académicos— de ser una viva representación de la antidemocracia que permea a la UNAM. Ya en el año 2000 la historiadora y también directora de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elizaga, escribió en su texto “Crisis y reforma universitaria en México” que “el envejecimiento de la normatividad universitaria se muestra dramáticamente en el hecho de que dieciséis personas (el rector y los integrantes de la Junta de Gobierno) toman las decisiones fundamentales que rigen a la UNAM sin tomar en absoluto en cuenta a una comunidad constituida por casi cuatrocientas mil personas”.
Este es un debate que surge con cada elección interna, en el que se confrontan aquellos que no dudan del trabajo intachable de la Junta y su compromiso con la defensa de la autonomía, y aquellos que reprueban la manera tan sectaria y elitista de su conformación.
En una cara de la moneda, está Garza Onofre: “a mí me deja tranquilo que el órgano rector de la UNAM [su Junta de Gobierno] se encargue propiamente de escuchar, de filtrar y no sea una elección a puertas cerradas [...], hay que decirlo, yo como parte universitaria me siento satisfecho de que, en la UNAM, para bien o para mal, todo se delibera y todo pasa por consejos, pocas decisiones son unipersonales”.
Del otro lado, Mariana Ozuna, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en Semanario Gatopardo dice que, por el contrario, la Junta “tiene mecanismos poco transparentes que no están de cara a la comunidad universitaria ni a la sociedad mexicana en su conjunto, y que no admite una rendición de cuentas en términos de cuáles son sus criterios. Es un cuerpo de élite, de camarillas, de amigos que se votan entre sí mismos”.
La importancia
“La UNAM es una de las universidades que tiene mayor injerencia en la discusión pública nacional”, dice Tito Garza Onofre. Aguarda la matrícula más grande de estudiantes en México y es la encargada de entidades indispensables, como el Servicio Sismológico Nacional o el Instituto de Astronomía. Incluso, su campus central fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ha tenido un presupuesto de 53 mil millones de pesos, en 2023, una cantidad mucho mayor que la recibida por estados, como Tlaxcala o Baja California, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Su elección se convierte en un centro de discusión que, aunque no de manera directa, involucra a todas y todos aquellos beneficiados de sus entidades y dependencias. “La Universidad sigue siendo la universidad pública más importante de este país y de esa manera tiene mucha influencia en el desarrollo del sector público y el desarrollo de la educación pública”, dice Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo de la UNAM y aspirante a la Rectoría. La UNAM es un símbolo de democracia y autonomía, por lo que el rumbo que tome traerá consigo implicaciones en la política educativa de todo el país y será un actor importante en la mediación en tiempos de polarización.
"Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política".
La crítica
El mandato de Enrique Graue Wiechers, desde 2015, se ha caracterizado por su ferviente defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo “autónoma, pública, laica e incluyente”; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos que pusieron a la institución en momentos de inestabilidad llevados por las acciones que tomaron los estudiantes y que hoy día son el precedente de las demandas más importantes:
En 2017, el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, hallada muerta al interior de Ciudad Universitaria, movilizó a miles de estudiantes y abrió la discusión hacia la constante violencia de género que se vive dentro, un ímpetu que estalló con el movimiento #MeToo, en el que cientos de mujeres denunciaron el acoso que habían recibido por parte de profesores, alumnos y personal administrativo de la propia Universidad. En 2018, el problema del narcomenudeo provocó una riña que terminó en una balacera en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, en ese momento el tema de la inseguridad en las instalaciones cobró mayor protagonismo. Finalmente, en septiembre de ese año, una huelga sentaría un precedente histórico: estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, cerraron las instalaciones en protesta a las actitudes autoritarias de la directora, la discusión escaló a tal grado que miles de ellos se manifestaron frente a la Torre de Rectoría, donde fueron atacados por grupos porriles, dejando a catorce personas heridas; el caos fue tan grande que una segunda manifestación congregó a cerca de treinta mil estudiantes, convirtiéndose en una de las más grandes registradas, desde 1968, y donde las demandas evolucionaron hacia el cese de la violencia y la renuncia de Graue Wiechers.
Debido a la pandemia, las huelgas se detuvieron, pero las demandas de aquel momento persisten. Han sido ocho años de espera por la llegada de una UNAM más segura, dedicada de lleno a atender los casos de violencia de género, encaminada hacia un espectro más equitativo en materia de salarios, entre otros aspectos. Por lo que la transición que se vive en 2023 ha estado envuelta en una serie de críticas que mantienen a unos cuantos en la esperanza y a otros más en la expectativa. Principalmente por la incomodidad que ha provocado que ocho de los diez aspirantes sean cercanos al actual rector y tres de ellos lideren una secretaría en la institución —Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM; Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo, y Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas—. La opinión pública apela a que estos posibles compadrazgos podrían encaminar la elección a seguir con una UNAM exactamente igual como la conocemos, donde los intereses políticos, externos e internos, que se inmiscuyen, van por delante de las demandas estudiantiles y académicas.
Tampoco es un secreto que ocupar este cargo puede ser una catapulta para una carrera política: luego de estar al frente de la Universidad el exrector José Narro Robles fue secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; Juan Ramón de la Fuente es actualmente representante permanente de México ante la ONU; y Jorge Carpizo McGregor fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Uno de los actuales aspirantes a la rectoría, Imanol Ordorika Sacristán, exdirigente del Consejo Estudiantil Universitario que puso en paro a la UNAM en 1986, donde estudiantes y académicos lucharon para echar abajo reformas de Carpizo McGregor que buscaban aumentar las cuotas y quitar los pases directos, ha sido muy vocal respecto a este contexto: “tenemos un conjunto de grupos que han dominado y controlado la Universidad desde hace muchas décadas y que tratan de impedir que haya transformaciones significativas en la institución, y ese es el peor interés político, el que hoy está en la Rectoría; el que busca mantener las cosas como están [...], que busca que se mantengan las decisiones en cuerpos cerrados y con participación limitada. Ese es el peor interés político que encuentro en la UNAM”.
El gremio médico ha tomado una preponderancia importante dentro de las últimas dos décadas. Después de la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro a causa del conflicto por la huelga de 1999, contra el intento de reformar el sistema de cuotas debido a la presión de un gobierno que buscaba de manera desesperada nuevas y mayores fuentes de ingreso, la Facultad de Medicina logró mantenerse al frente de la Rectoría con De la Fuente, Narro Robles y Graue Wiechers. Actualmente solo dos de los aspirantes provienen de esta facultad, por lo que las posibilidades de que haya un relevo gremial pintan de manera positiva.
"El mandato de Enrique Graue se ha caracterizado por su defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo 'autónoma, pública, laica e incluyente'; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos de inestabilidad".
La elección
Cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución. Por lo tanto, la elección del nuevo rector tiene peso en todos los ámbitos. Las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo en un proceso que ha sido tan extenso.
La convocatoria establece que pueden participar todos aquellos miembros de la Universidad que cuenten con el rango de académico y sean personajes distinguidos en sus áreas de especialidad, hayan sido docentes o prestado servicios de investigación, o hayan demostrado algún tipo de interés en distintos asuntos universitarios. Ha habido un patrón entre quienes han sido electos en años anteriores: los últimos diez rectores eran directores de alguna facultad o miembros del staff del rector en turno. De manera adicional, se busca que los aspirantes cumplan con otras particularidades, como tener entre 35 y 70 años, ser mexicanos por nacimiento y tener más de diez años de servicio en la Universidad. Quienes aspiren deben enviar su currículum, una semblanza profesional y un proyecto concreto que refleje sus planes de trabajo, junto con una síntesis del mismo.
Si bien la Junta de Gobierno es la encargada de elegir al nuevo rector, sus decisiones se basan también en el proceso de auscultación, es decir, un sondeo de la opinión universitaria, el cual se realiza a través de cinco comisiones donde se escuchan las opiniones de la comunidad, acerca del proceso, de manera presencial. Después de una larga deliberación a puerta cerrada, en la que se desconocen los criterios particulares de evaluación de cada miembro de la Junta, pero que se apegan a la legislación universitaria, el pasado 12 de octubre se dieron a conocer los diez aspirantes electos:
- Dra. Laura Susana Acosta Torres
- Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
- Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
- Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
- Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
- Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
- Dr. William Henry Lee Alardín
- Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
- Dr. Imanol Ordorika Sacristán
- Dra. Guadalupe Valencia García
Si bien el proceso no se trata de una elección popular, este año el aspirante Ordorika Sacristán dice que: “[él y su equipo] tratamos de hacer un proceso diferente con mi candidatura, utilizándola para ir a visitar la mayor cantidad de entidades académicas de la UNAM y para interactuar con los estudiantes, con el personal académico, con el sector de trabajadores y trabajadoras, para recoger sus puntos de vista y darles una voz en este proceso, en el cual todo se restringe a mandar cartas y hacer visitas a la Junta de Gobierno”. Sin embargo, independientemente de cómo haya manejado cada quien su búsqueda de popularidad, cada uno tuvo que dar a conocer sus planes de trabajo a través de los medios de comunicación universitarios y así poder pasar a la fase más importante de la elección: las entrevistas, en donde, hasta el 30 de octubre, cada aspirante pudo defender su candidatura con todos los recursos argumentativos posibles.
El proceso concluye así: cuando uno de los entrevistados alcance el voto de diez de los quince integrantes de la Junta, se podrá proceder a su nombramiento oficial como rector o rectora del ciclo 2023-2027, con posibilidad de una reelección. Enrique Graue Wiechers, actual rector, terminará oficialmente su mandato el 17 de noviembre, día en el que cederá el cargo. Entre los detractores existe esta pregunta latente: ¿Será posible que la mano negra de Graue Wiechers se inmiscuya en la elección, considerando que catorce de los quince miembros de la Junta fueron nombrados bajo su mandato?
El periodista Rafael Cardona hizo un análisis sobre el futuro posible de esta elección en su texto “¿La última junta de gobierno?”, para La Crónica: “Ninguno de los “muchachos” de Enrique Graue, tiene experiencia política y administrativa fuera de la Universidad; todos son burócratas universitarios o ratones de biblioteca que nunca han caminado en serio el mundo exterior, menos en el mundo de la real politik, como sí lo habían hecho De la Fuente y Narro antes de ser rectores. Por lo tanto, ninguno podría conducir a la UNAM en el escenario que viene, sin entregar su autonomía y convertir a la institución en una versión gigante de lo que hoy es el CIDE. Así, la Junta de Gobierno ya puede darse una idea de hacia dónde empujará a la institución si decide jugar el juego de Enrique Graue y elige a alguno de los candidatos del continuismo para suceder al cuestionado médico, que fue incapaz hasta de cerrar el caso de Yasmín Esquivel, para evitar heredarlo a quien lo suceda”.
Lo que ocurra será una decisión que quedará sellada en una sala de quince personas.
La importancia de la UNAM es innegable: cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución.
¿Es tiempo de mujeres?
Finalmente, es inexorable hacer un análisis de la elección y no contemplar una coyuntura que reclama cada vez más la presencia de una mujer en la Rectoría. Actualmente tres se han postulado: Laura Susana Acosta Torres, Patricia Dolores Dávila Aranda y Guadalupe Valencia García, lo que ha llamado la atención, sobre todo en un contexto donde la perspectiva de género ha comenzado a ocupar espacios importantes en cargos institucionales y de carácter político; incluso, es muy probable que las elecciones presidenciales de 2024, si las encuestas siguen como están, se debatan entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. El famoso lema “es tiempo de mujeres” acuñado por Morena pareciera estar propiciando un contexto en el que el género históricamente relegado a la sombra comienza a encontrar la luz en el camino del reconocimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente el Congreso está compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, las secretarías de Estado están lideradas por un 47.3% de ellas y tan solo el país está regido por nueve gobernadoras. Decir que “es tiempo de mujeres”, sin embargo, se siente más como una presión por cumplir una cuota de género.
Es importante tener claro que la perspectiva de género es una serie de acciones y pensamientos que no necesariamente son llevados a la práctica por mujeres, solo por ser mujeres. El candidato Imanol Ordorika Sacristán subraya la deuda pendiente que tiene la Universidad con este género, pero sobre todo la importancia de que quien ocupe el cargo no replique los mismos rasgos de los “hombres conservadores que tradicionalmente han llegado a la rectoría”. Por lo que Gatopardo le preguntó a la candidata más joven, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Laura Acosta Flores, si es el momento de que haya una mujer a la cabeza de la Universidad:
“Sí, es momento porque nunca la ha habido, porque nuestra Universidad tiene más de cien años, porque tenemos una matrícula con mayoría de mujeres, también el personal docente, por lo que nuestra población necesita este otro sentido, esta otra visión, […] creo que esta sensibilidad hacia los temas de violencia de género, hacia los temas de salud mental, hacia el desarrollo interpersonal es un distintivo de las mujeres”.
Mónica González Contró, la primera directora del IIJ, en entrevista advierte que es importante que las políticas de género sigan avanzando, pero sin perder el ojo crítico hacia aquellas que están en la contienda: “es muy importante no irnos simplemente por el tema del sexo porque, sin duda, puede haber mujeres, que a pesar de ser mujeres, no tengan perspectiva de género y no tengan claro cuáles son las acciones que hay que impulsar en materia de igualdad, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, pero sin duda alguna la UNAM está preparada para tener una rectora”, explica.
Es innegable que el futuro rector tendrá que enfrentarse a los juegos de interés que están de por medio, imposibles de evitar, procurando siempre la defensa de su autonomía. Las demandas que se mencionaron al inicio de este texto, como la violencia de género, el aumento salarial, la lucha contra la inseguridad en los planteles y las nuevas tecnologías, presentarán un reto importante que pondrá en evidencia la capacidad de quien quede al frente.
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Fotografía de Mujeres organizadas de la facultad de arquitectura MOFA/Wikimedia Commons.
La universidad pública más importante de México se encuentra en la recta final para elegir a su nuevo rector o rectora para el ciclo 2023-2027. La elección se ha visto rodeada de intereses políticos, críticas a la Junta de Gobierno e inexorables dudas sobre los intereses particulares de los candidatos. Quien quede al frente tendrá la importante decisión de luchar por su autonomía o ceder ante las fuerzas políticas externas.
Dirigir esta universidad es como gobernar un Estado. Basta ser elegido rector para cargar con la responsabilidad que demandan 373 000 estudiantes, 42 190 académicos y más de un millón y medio de personas que forman parte de los programas de educación continua. Desde el pasado 21 de agosto inició el proceso con el que concluye el mandato de Enrique Graue Wiechers y, como cada cuatrienio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se enfrenta al reto de encontrar al sucesor número veinticinco que estará al frente del ciclo 2023-2027. En el sexto piso de la emblemática Torre de Rectoría, que exhibe los murales de David Alfaro Siqueiros, está la oficina que espera al próximo líder de la institución educativa más importante de México.
Los temas que demanda la comunidad universitaria han sido claros: atención a la inseguridad y violencia de género; estrategias contra el plagio en las titulaciones; implementación de nuevas tecnologías; una mejor distribución presupuestal entre planteles y profesores; y la preservación de la autonomía. Pero las demandas se enfrentan también a la sombra de una elección de esta magnitud: la de los intereses políticos, ya que, debido a su alta politización, la UNAM tiene una influencia importante en el país. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), explica que su incidencia ha radicado en ser un termómetro político. Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política, como ya ha ocurrido en 1968, 1986 y 1999, por eso su autonomía es tan valiosa y, aún más, incómoda.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en lanzar críticas despectivas: en una mañanera de octubre de 2021, se refirió a la Universidad como “individualista y defensora de los proyectos neoliberales”, al acusarla de no posicionarse ante los abusos de antiguos sexenios; y después enmarcó lo lamentable que era que se hubiese “derechizado”. En otra mañanera de mayo de 2022, criticó que la UNAM haya enviado a los médicos estudiantes a sus casas, durante el pico de la pandemia, en lugar de ayudar al país a enfrentar la crisis (esto en defensa de los quinientos médicos cubanos que acababa de contratar). Sin embargo, aunque es verdad que la UNAM está rodeada de contradicciones, las críticas de López Obrador se habían quedado solo en eso, hasta marzo de 2023, cuando Armando Contreras Castillo, un diputado de Morena —el partido del presidente—, mandó al Congreso una iniciativa de reforma para modificar la Ley Orgánica de la Universidad y quitarle a la Junta de Gobierno el poder de elegir al rector y, en cambio, traspasarlo a la comunidad universitaria a través del voto directo. La iniciativa no prosperó.
La Junta de Gobierno es el órgano encargado de designar al nuevo rector: se compone de quince miembros elegidos por un Consejo Universitario, el cual está constituido por más de trescientas personas, entre las que se encuentran directores de facultades, escuelas e institutos, profesores, alumnos, investigadores y técnicos académicos, así como el rector en turno; los miembros elegidos cumplen con los requisitos de honorabilidad y trayectoria que solicita el Consejo; no reciben ningún salario extra por sus labores y, además, debido al poder de su cargo, ninguno puede participar en la elección por ese y los dos años siguientes.
Esta Junta ha sido criticada y acusada —por alumnos y académicos— de ser una viva representación de la antidemocracia que permea a la UNAM. Ya en el año 2000 la historiadora y también directora de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, Raquel Sosa Elizaga, escribió en su texto “Crisis y reforma universitaria en México” que “el envejecimiento de la normatividad universitaria se muestra dramáticamente en el hecho de que dieciséis personas (el rector y los integrantes de la Junta de Gobierno) toman las decisiones fundamentales que rigen a la UNAM sin tomar en absoluto en cuenta a una comunidad constituida por casi cuatrocientas mil personas”.
Este es un debate que surge con cada elección interna, en el que se confrontan aquellos que no dudan del trabajo intachable de la Junta y su compromiso con la defensa de la autonomía, y aquellos que reprueban la manera tan sectaria y elitista de su conformación.
En una cara de la moneda, está Garza Onofre: “a mí me deja tranquilo que el órgano rector de la UNAM [su Junta de Gobierno] se encargue propiamente de escuchar, de filtrar y no sea una elección a puertas cerradas [...], hay que decirlo, yo como parte universitaria me siento satisfecho de que, en la UNAM, para bien o para mal, todo se delibera y todo pasa por consejos, pocas decisiones son unipersonales”.
Del otro lado, Mariana Ozuna, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, en Semanario Gatopardo dice que, por el contrario, la Junta “tiene mecanismos poco transparentes que no están de cara a la comunidad universitaria ni a la sociedad mexicana en su conjunto, y que no admite una rendición de cuentas en términos de cuáles son sus criterios. Es un cuerpo de élite, de camarillas, de amigos que se votan entre sí mismos”.
La importancia
“La UNAM es una de las universidades que tiene mayor injerencia en la discusión pública nacional”, dice Tito Garza Onofre. Aguarda la matrícula más grande de estudiantes en México y es la encargada de entidades indispensables, como el Servicio Sismológico Nacional o el Instituto de Astronomía. Incluso, su campus central fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ha tenido un presupuesto de 53 mil millones de pesos, en 2023, una cantidad mucho mayor que la recibida por estados, como Tlaxcala o Baja California, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023. Su elección se convierte en un centro de discusión que, aunque no de manera directa, involucra a todas y todos aquellos beneficiados de sus entidades y dependencias. “La Universidad sigue siendo la universidad pública más importante de este país y de esa manera tiene mucha influencia en el desarrollo del sector público y el desarrollo de la educación pública”, dice Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo de la UNAM y aspirante a la Rectoría. La UNAM es un símbolo de democracia y autonomía, por lo que el rumbo que tome traerá consigo implicaciones en la política educativa de todo el país y será un actor importante en la mediación en tiempos de polarización.
"Las voces, las consignas y los temas que se discuten en su interior influyen en el espectro político nacional. Un alumnado molesto o un grupo de académicos inconformes podría desatar una serie de huelgas que meterían a cualquier gobierno en inestabilidad política".
La crítica
El mandato de Enrique Graue Wiechers, desde 2015, se ha caracterizado por su ferviente defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo “autónoma, pública, laica e incluyente”; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos que pusieron a la institución en momentos de inestabilidad llevados por las acciones que tomaron los estudiantes y que hoy día son el precedente de las demandas más importantes:
En 2017, el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, hallada muerta al interior de Ciudad Universitaria, movilizó a miles de estudiantes y abrió la discusión hacia la constante violencia de género que se vive dentro, un ímpetu que estalló con el movimiento #MeToo, en el que cientos de mujeres denunciaron el acoso que habían recibido por parte de profesores, alumnos y personal administrativo de la propia Universidad. En 2018, el problema del narcomenudeo provocó una riña que terminó en una balacera en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración, en ese momento el tema de la inseguridad en las instalaciones cobró mayor protagonismo. Finalmente, en septiembre de ese año, una huelga sentaría un precedente histórico: estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Azcapotzalco, cerraron las instalaciones en protesta a las actitudes autoritarias de la directora, la discusión escaló a tal grado que miles de ellos se manifestaron frente a la Torre de Rectoría, donde fueron atacados por grupos porriles, dejando a catorce personas heridas; el caos fue tan grande que una segunda manifestación congregó a cerca de treinta mil estudiantes, convirtiéndose en una de las más grandes registradas, desde 1968, y donde las demandas evolucionaron hacia el cese de la violencia y la renuncia de Graue Wiechers.
Debido a la pandemia, las huelgas se detuvieron, pero las demandas de aquel momento persisten. Han sido ocho años de espera por la llegada de una UNAM más segura, dedicada de lleno a atender los casos de violencia de género, encaminada hacia un espectro más equitativo en materia de salarios, entre otros aspectos. Por lo que la transición que se vive en 2023 ha estado envuelta en una serie de críticas que mantienen a unos cuantos en la esperanza y a otros más en la expectativa. Principalmente por la incomodidad que ha provocado que ocho de los diez aspirantes sean cercanos al actual rector y tres de ellos lideren una secretaría en la institución —Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM; Luis Álvarez-Icaza Longoria, secretario administrativo, y Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas—. La opinión pública apela a que estos posibles compadrazgos podrían encaminar la elección a seguir con una UNAM exactamente igual como la conocemos, donde los intereses políticos, externos e internos, que se inmiscuyen, van por delante de las demandas estudiantiles y académicas.
Tampoco es un secreto que ocupar este cargo puede ser una catapulta para una carrera política: luego de estar al frente de la Universidad el exrector José Narro Robles fue secretario de Salud durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; Juan Ramón de la Fuente es actualmente representante permanente de México ante la ONU; y Jorge Carpizo McGregor fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Uno de los actuales aspirantes a la rectoría, Imanol Ordorika Sacristán, exdirigente del Consejo Estudiantil Universitario que puso en paro a la UNAM en 1986, donde estudiantes y académicos lucharon para echar abajo reformas de Carpizo McGregor que buscaban aumentar las cuotas y quitar los pases directos, ha sido muy vocal respecto a este contexto: “tenemos un conjunto de grupos que han dominado y controlado la Universidad desde hace muchas décadas y que tratan de impedir que haya transformaciones significativas en la institución, y ese es el peor interés político, el que hoy está en la Rectoría; el que busca mantener las cosas como están [...], que busca que se mantengan las decisiones en cuerpos cerrados y con participación limitada. Ese es el peor interés político que encuentro en la UNAM”.
El gremio médico ha tomado una preponderancia importante dentro de las últimas dos décadas. Después de la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro a causa del conflicto por la huelga de 1999, contra el intento de reformar el sistema de cuotas debido a la presión de un gobierno que buscaba de manera desesperada nuevas y mayores fuentes de ingreso, la Facultad de Medicina logró mantenerse al frente de la Rectoría con De la Fuente, Narro Robles y Graue Wiechers. Actualmente solo dos de los aspirantes provienen de esta facultad, por lo que las posibilidades de que haya un relevo gremial pintan de manera positiva.
"El mandato de Enrique Graue se ha caracterizado por su defensa a la autonomía universitaria. El discurso de su primera toma de posesión fue conciso y no mintió al decir que la UNAM seguiría siendo 'autónoma, pública, laica e incluyente'; sin embargo, su periodo también ha estado marcado por sucesos de inestabilidad".
La elección
Cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución. Por lo tanto, la elección del nuevo rector tiene peso en todos los ámbitos. Las especulaciones no se han hecho esperar, sobre todo en un proceso que ha sido tan extenso.
La convocatoria establece que pueden participar todos aquellos miembros de la Universidad que cuenten con el rango de académico y sean personajes distinguidos en sus áreas de especialidad, hayan sido docentes o prestado servicios de investigación, o hayan demostrado algún tipo de interés en distintos asuntos universitarios. Ha habido un patrón entre quienes han sido electos en años anteriores: los últimos diez rectores eran directores de alguna facultad o miembros del staff del rector en turno. De manera adicional, se busca que los aspirantes cumplan con otras particularidades, como tener entre 35 y 70 años, ser mexicanos por nacimiento y tener más de diez años de servicio en la Universidad. Quienes aspiren deben enviar su currículum, una semblanza profesional y un proyecto concreto que refleje sus planes de trabajo, junto con una síntesis del mismo.
Si bien la Junta de Gobierno es la encargada de elegir al nuevo rector, sus decisiones se basan también en el proceso de auscultación, es decir, un sondeo de la opinión universitaria, el cual se realiza a través de cinco comisiones donde se escuchan las opiniones de la comunidad, acerca del proceso, de manera presencial. Después de una larga deliberación a puerta cerrada, en la que se desconocen los criterios particulares de evaluación de cada miembro de la Junta, pero que se apegan a la legislación universitaria, el pasado 12 de octubre se dieron a conocer los diez aspirantes electos:
- Dra. Laura Susana Acosta Torres
- Dr. Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro
- Dr. Luis Agustín Álvarez Icaza Longoria
- Dr. Raúl Juan Contreras Bustamante
- Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda
- Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci
- Dr. William Henry Lee Alardín
- Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
- Dr. Imanol Ordorika Sacristán
- Dra. Guadalupe Valencia García
Si bien el proceso no se trata de una elección popular, este año el aspirante Ordorika Sacristán dice que: “[él y su equipo] tratamos de hacer un proceso diferente con mi candidatura, utilizándola para ir a visitar la mayor cantidad de entidades académicas de la UNAM y para interactuar con los estudiantes, con el personal académico, con el sector de trabajadores y trabajadoras, para recoger sus puntos de vista y darles una voz en este proceso, en el cual todo se restringe a mandar cartas y hacer visitas a la Junta de Gobierno”. Sin embargo, independientemente de cómo haya manejado cada quien su búsqueda de popularidad, cada uno tuvo que dar a conocer sus planes de trabajo a través de los medios de comunicación universitarios y así poder pasar a la fase más importante de la elección: las entrevistas, en donde, hasta el 30 de octubre, cada aspirante pudo defender su candidatura con todos los recursos argumentativos posibles.
El proceso concluye así: cuando uno de los entrevistados alcance el voto de diez de los quince integrantes de la Junta, se podrá proceder a su nombramiento oficial como rector o rectora del ciclo 2023-2027, con posibilidad de una reelección. Enrique Graue Wiechers, actual rector, terminará oficialmente su mandato el 17 de noviembre, día en el que cederá el cargo. Entre los detractores existe esta pregunta latente: ¿Será posible que la mano negra de Graue Wiechers se inmiscuya en la elección, considerando que catorce de los quince miembros de la Junta fueron nombrados bajo su mandato?
El periodista Rafael Cardona hizo un análisis sobre el futuro posible de esta elección en su texto “¿La última junta de gobierno?”, para La Crónica: “Ninguno de los “muchachos” de Enrique Graue, tiene experiencia política y administrativa fuera de la Universidad; todos son burócratas universitarios o ratones de biblioteca que nunca han caminado en serio el mundo exterior, menos en el mundo de la real politik, como sí lo habían hecho De la Fuente y Narro antes de ser rectores. Por lo tanto, ninguno podría conducir a la UNAM en el escenario que viene, sin entregar su autonomía y convertir a la institución en una versión gigante de lo que hoy es el CIDE. Así, la Junta de Gobierno ya puede darse una idea de hacia dónde empujará a la institución si decide jugar el juego de Enrique Graue y elige a alguno de los candidatos del continuismo para suceder al cuestionado médico, que fue incapaz hasta de cerrar el caso de Yasmín Esquivel, para evitar heredarlo a quien lo suceda”.
Lo que ocurra será una decisión que quedará sellada en una sala de quince personas.
La importancia de la UNAM es innegable: cinco de los últimos diez presidentes de México han egresado de esta casa de estudios, al igual que los ganadores de los únicos tres premios Nobel que cuenta el país; y tan solo 25% de todos los artículos científicos publicados por académicos mexicanos son producidos por investigadores de esta institución.
¿Es tiempo de mujeres?
Finalmente, es inexorable hacer un análisis de la elección y no contemplar una coyuntura que reclama cada vez más la presencia de una mujer en la Rectoría. Actualmente tres se han postulado: Laura Susana Acosta Torres, Patricia Dolores Dávila Aranda y Guadalupe Valencia García, lo que ha llamado la atención, sobre todo en un contexto donde la perspectiva de género ha comenzado a ocupar espacios importantes en cargos institucionales y de carácter político; incluso, es muy probable que las elecciones presidenciales de 2024, si las encuestas siguen como están, se debatan entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. El famoso lema “es tiempo de mujeres” acuñado por Morena pareciera estar propiciando un contexto en el que el género históricamente relegado a la sombra comienza a encontrar la luz en el camino del reconocimiento. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, actualmente el Congreso está compuesto por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, las secretarías de Estado están lideradas por un 47.3% de ellas y tan solo el país está regido por nueve gobernadoras. Decir que “es tiempo de mujeres”, sin embargo, se siente más como una presión por cumplir una cuota de género.
Es importante tener claro que la perspectiva de género es una serie de acciones y pensamientos que no necesariamente son llevados a la práctica por mujeres, solo por ser mujeres. El candidato Imanol Ordorika Sacristán subraya la deuda pendiente que tiene la Universidad con este género, pero sobre todo la importancia de que quien ocupe el cargo no replique los mismos rasgos de los “hombres conservadores que tradicionalmente han llegado a la rectoría”. Por lo que Gatopardo le preguntó a la candidata más joven, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Laura Acosta Flores, si es el momento de que haya una mujer a la cabeza de la Universidad:
“Sí, es momento porque nunca la ha habido, porque nuestra Universidad tiene más de cien años, porque tenemos una matrícula con mayoría de mujeres, también el personal docente, por lo que nuestra población necesita este otro sentido, esta otra visión, […] creo que esta sensibilidad hacia los temas de violencia de género, hacia los temas de salud mental, hacia el desarrollo interpersonal es un distintivo de las mujeres”.
Mónica González Contró, la primera directora del IIJ, en entrevista advierte que es importante que las políticas de género sigan avanzando, pero sin perder el ojo crítico hacia aquellas que están en la contienda: “es muy importante no irnos simplemente por el tema del sexo porque, sin duda, puede haber mujeres, que a pesar de ser mujeres, no tengan perspectiva de género y no tengan claro cuáles son las acciones que hay que impulsar en materia de igualdad, yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, pero sin duda alguna la UNAM está preparada para tener una rectora”, explica.
Es innegable que el futuro rector tendrá que enfrentarse a los juegos de interés que están de por medio, imposibles de evitar, procurando siempre la defensa de su autonomía. Las demandas que se mencionaron al inicio de este texto, como la violencia de género, el aumento salarial, la lucha contra la inseguridad en los planteles y las nuevas tecnologías, presentarán un reto importante que pondrá en evidencia la capacidad de quien quede al frente.
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