Cada cuatro años la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se reúne para elegir a quién ocupará la oficina principal del sexto piso de la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria. En estos días está abierto el proceso para decidir quién será la persona que sustituirá a Enrique Graue en el cargo rectoral.

La decisión es de enorme relevancia para la universidad, pero debido a sus dimensiones y su presencia nacional, también lo es para el país en su conjunto. Sin exageraciones. La UNAM es el proyecto cultural más importante del México moderno, porque es un crisol de diversidades, un centro educativo sin paragón y la principal fuente de conocimiento científico, humanístico y tecnológico en el ámbito nacional.

Si bien es cierto que quien ocupa la rectoría no gobierna en solitario, ya que, además de un potente equipo de funcionarias y funcionarios, cuenta con el apoyo de múltiples cuerpos colegiados, también lo es que los atributos personales y profesionales del “Jefe nato de la Universidad” (como lo define el artículo 9 de la Ley Orgánica de 1945) tienen un enorme peso en la conducción de la universidad nacional. Así que se trata de una designación muy importante.

A continuación expongo algunos de los aspectos más destacados del proceso y de sus protagonistas.

La Junta de Gobierno se compone de quince personalidades con amplio reconocimiento tanto dentro como fuera de la universidad. Actualmente está integrada por ocho mujeres y siete hombres, lo que representa la integración más igualitaria en la historia universitaria. En su mayoría, estas personas fueron designadas por el Consejo Universitario, que es el órgano colegiado más representativo de la universidad, con la participación del alumnado, del sector académico y del cuerpo directivo y administrativo.

Para designar a la persona titular de la rectoría, según el mandato de la ley, se requiere una mayoría de diez votos de los quince posibles. Por lo tanto, la deliberación, la negociación y el consenso deberán ser las claves del acuerdo. Al final es previsible que la Junta de Gobierno anuncie el nombramiento como resultado de un acuerdo común, lo que contribuye a la estabilidad institucional.

La convocatoria de la junta, publicada en la Gaceta UNAM el 21 de agosto pasado, recibió respuestas de diecisiete aspirantes, cinco mujeres y doce hombres. Cada una de esas personas entregó su currículum vitae, una semblanza profesional y un plan de trabajo para el periodo 2023-2027. Todos estos documentos se hicieron públicos de inmediato. La baraja era amplia e interesante, representando a diversas facultades, coordinaciones de investigación, el cuerpo directivo y el personal académico. Considero que hay dos cuestiones que es importante subrayar.

Primero, el hecho de que la junta haya expedido la convocatoria tan temprano, teniendo en cuenta que la designación se llevará a cabo en noviembre. Me parece que fue una decisión atinada por partida doble. Por un lado, activó el proceso en ejercicio de la autonomía universitaria, sin permitir que actores externos intentaran incidir en las reglas y los tiempos del proceso. Además, permitió que el periodo de auscultación a la comunidad fuera amplio y geográficamente extendido.

Segundo, respecto al numeroso conjunto de personas aspirantes inscritas, leí críticas en la prensa en ese sentido que no comparto. Si consideramos la relevancia del cargo en disputa y las dimensiones de la universidad, no resulta exagerado que diecisiete aspirantes se presentaran en la primera etapa del proceso, sobre todo porque el rector en funciones no podría ser reelegido. Enrique Graue estuvo ocho años en el cargo porque fue reelecto en 2019. De hecho, la amplitud del conjunto permitió a la Junta de Gobierno –como se anunció desde la convocatoria– recortar a siete personas y seleccionar a diez finalistas (tres mujeres y siete hombres).

Algunas personas observadoras del proceso consideraron, una vez más, que el número era demasiado alto. Desde mi punto de vista, en cambio, es un conjunto adecuado, ya que incluye a personas que representan diferentes sectores de la universidad y eso inyecta legitimidad al proceso. Además, los perfiles son de alto nivel, justificando la presencia de cada uno de ellos en la recta final, sin candidaturas desestimables ni nombres de relleno.

Para conocer más del tema: “La UNAM de cara a su elección: ¿habrá un cambio de paradigma?“.

La facultad de Filosofía y Letras ha sido testigo de manifestaciones para exigir mayor seguridad y respeto hacia las mujeres.

La baraja se integra por tres personas que han ocupado secretarías durante la rectoría de Graue (Luis Álvarez Icaza, Patricia Dávila y Leonardo Lomelí); dos titulares de coordinaciones de investigación (William Lee y Guadalupe Valencia); una directora y dos directores de facultades (Laura Acosta, Raúl Contreras y Germán Fajardo); un investigador con un cargo en la administración central (Imanol Ordorica), y un destacado universitario que ha tenido cargos académicos y directivos en el pasado y ahora se dedica a la investigación (Sergio Alcocer). Si analizamos al conjunto desde una perspectiva disciplinaria, están presentes las ingenierías, la biología, la economía, la astronomía, la sociología, la odontología, el derecho, la medicina y la física. El dato es interesante, ya que muestra que el gobierno universitario no es patrimonio de ningún gremio, a pesar de que los últimos tres rectores han sido médicos.

De las diez candidaturas, cuatro solo pueden aspirar a un periodo de cuatro años en la rectoría debido a que la ley orgánica establece que la edad máxima para ser designado al cargo son setenta años. Por lo tanto, dada su edad actual, no podrían ser reelegidas. Las otras seis sí podrían buscar una eventual reelección en el año 2027. A mi juicio, este dato no debe ser considerado a la hora de tomar la decisión. Si la Junta de Gobierno las convocó a las entrevistas, es porque tienen los méritos para ser consideradas para el cargo. Además, descartarlas debido a su edad sería una doble discriminación.

La primera discriminación es legal y está en los artículos 9 y 5 de la Ley Orgánica de la UNAM, que establece que para ser rector se requerirá “ser mayor de treinta y cinco años y menor de setenta años”. A mi juicio, esta disposición es inconstitucional porque contradice el último párrafo del artículo 1 de la Constitución: “Queda prohibida toda discriminación motivada por (…) la edad (…)”.

Pero esa es una discusión legislativa, o eventualmente jurisdiccional, que trasciende a la universidad y al momento que atraviesa. Pero, si sobre esa base legal, la Junta de Gobierno retrotrae el impedimento y descarta a quienes no podrían reelegirse en cuatro años, les estaría discriminando de manera injustificada. Por eso sostengo que se trataría de una discriminación por partida doble. Así que en ese plano las diez candidaturas deben ser tratadas en igualdad de condiciones.

La UNAM nunca ha tenido una rectora. La universidad, fundada en 1910 y organizada según la Ley Orgánica de 1945, nunca ha sido dirigida por una mujer. Los cuarenta y un rectores que ha tenido la universidad más importante de México han sido hombres. Me contengo en la exploración de más fraseos para subrayar el dato. Las explicaciones de este hecho seguramente son diversas y, en muchos casos, funcionan también como justificaciones fundadas. Pero cuesta trabajo no entrever una dimensión cultural anclada en eso que se conoce como el “patriarcado”.

Si esa premisa es correcta, el hecho de que no haya habido una mujer rectora también se debe a que en los procesos anteriores en los que han participado candidatas, no se ponderó que las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de múltiples cargos y espacios de decisión. Si adoptamos esta perspectiva –denominada “desigualdad estructural”– se resaltan los méritos, la trayectoria y el liderazgo probado de las tres académicas aspirantes. Los factores estructurales son una condicionante histórica, social y cultural que debe desmontarse. Esto no significa que, si una rectora es designada, las razones determinantes deban basarse en superar esta desigualdad estructural, sino que las capacidades de la persona designada están condicionadas por esta situación histórica. Las tres mujeres aspiran a ser la primera rectora de la UNAM y ese hecho no debe desestimarse. No será determinante, pero sí es muy significativo.

Desde su fundación, la UNAM ha sido semillero de pensadores que cuestionan a la sociedad de su época.

Por supuesto, la Junta de Gobierno puede optar por designar otro rector hombre. Descartar ex ante esa posibilidad sería un agravio para los otros siete aspirantes, dos de los cuales, como se ha mencionado, no podrían volver a postularse en cuatro años. Sin embargo, me parece que la elección de un rector hombre impone a las personas integrantes de la junta una suerte de carga de justificación reforzada. No porque los aspirantes adolezcan de méritos necesarios para ocupar el cargo; como ya se ha señalado, se trata de perfiles sólidos, respetados y experimentados. La exigencia de justificación adicional proviene del hecho de que las mujeres también poseen méritos suficientes, y aquí es donde radica el quid del asunto.

Con una formulación abstracta podemos decir que –en igualdad de méritos, en esta coyuntura– la Junta de Gobierno debería considerar la designación de una mujer. Esto por considerar relevante que las mujeres compiten sobre la base de una desigualdad estructural que favorece a los candidatos masculinos. De hecho, es un argumento que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha sostenido sin ambages. No se trata de establecer una regla permanente, pero sí de adoptar medidas temporales en contextos coyunturales particulares para superar desigualdades estructurales y lograr una igualdad sustantiva. Las llamadas “medidas especiales temporales” en el derecho internacional tienen precisamente como objetivo acelerar las condiciones de igualdad que superen discriminaciones históricas.

Además, la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia, en particular la violencia de género, son temas prioritarios en la agenda universitaria. Lo han sido en años recientes y lo seguirán siendo en el futuro. De hecho, todos los planes de trabajo presentados por las personas aspirantes a la rectoría se ocupan de esos retos y proponen soluciones para lograr la igualdad y erradicar la violencia. Me parece que este dato también debe ser tomado en cuenta como una cuestión relevante. De nuevo, no debe ser la razón para la designación; pero es un argumento que debe gravitar con peso en la designación.

Los quince integrantes de la junta llevan varias semanas escuchando a la comunidad universitaria. Han celebrado reuniones, recibido comunicaciones y realizado consultas a lo largo y ancho del país. También han dado seguimiento a las entrevistas, mensajes y posicionamientos públicos de las personas aspirantes. La cobertura mediática del proceso ha sido amplia y equilibrada. Además, como en procesos anteriores, se abrió un espacio en la televisión y la radio universitarias para que emitieran un mensaje a la sociedad. Destaco todo lo anterior para mostrar que, contrario a lo que afirman algunas voces críticas del proceso, se trata de un ejercicio institucional con mecanismos que publicitan y transparentan sus etapas principales.

Es cierto que las entrevistas a quienes aspiran a la rectoría y la deliberación final de la Junta de Gobierno se realizan a puerta cerrada. Se trata de una condición necesaria para que esas reuniones fluyan con la apertura, intensidad y franqueza que la decisión final amerita. Personalmente, he tenido la oportunidad de comparecer ante ese órgano colegiado en cuatro ocasiones, una de las cuales fue en un proceso rectoral. Puedo dar fe de la importancia que tiene un ambiente de confianza para lograr una reflexión colectiva sesuda, exigente y puntillosa como la que debe preceder a la designación de las autoridades universitarias.

Falta poco para que conozcamos el nombre de la persona que dirigirá la Universidad Nacional Autónoma de México durante el próximo cuatrienio. Miles de estudiantes, docentes, investigadoras y personal administrativo estarán bajo su responsabilidad. Se dice fácil pero no lo será. Le deseamos mucho éxito al próximo “Jefe máximo” o a la primera “Jefa Máxima” de la universidad nacional desde estas páginas.

PEDRO SALAZAR UGARTE es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Política. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del cual fue director, y es profesor de la Facultad de Derecho que combina con su actividad de conductor en TVUNAM. Es autor del libro Periplo de ocho años (del cubículo a la dirección y de regreso) (2022).

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