El momento que narraré a continuación es parte de una ola de cambios que la Iglesia católica ha tenido que asumir recientemente debido a la presión que ejercen cientos de sobrevivientes de abuso sexual y pederastia cometidos por sus clérigos. Ellas y ellos, quienes padecieron estos abusos durante la infancia o la adolescencia, han denunciado sus casos ante las autoridades civiles y eclesiásticas. Ésta es la primera vez que un grupo de la Iglesia acepta dar una disculpa pública a un sobreviviente en específico, como parte de una reparación del daño acordada con él.

Una enorme carpa blanca cubre la cancha de basquetbol del seminario lasallista, en el número 340 de la avenida San Fernando, en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Hay espacio para unas cien personas. Sobre un templete negro, dos sillas esperan a sus ocupantes, separadas por un arreglo floral de girasoles, margaritas y lilis. Es 15 de marzo de 2022 y la congregación religiosa alista un evento único: la disculpa pública a Jorge Flores Silva, sobreviviente de abuso sexual. En su caso, la institución reconoce la violencia que cometió Francisco Serrano Limón, religioso de La Salle y hermano de Jorge Serrano Limón, presidente de la asociación ProVida, uno de los principales grupos antiaborto del país.

Ese martes Jorge, el joven de 35 años que denunció los episodios de abuso sexual que vivió a los catorce, toma asiento en una de las sillas y cruza la pierna derecha sobre la izquierda, la agita con nerviosismo. A su lado aparece Pedro Álvarez Arena, un hombre de sotana negra y poco cabello; es el visitador del distrito lasallista Antillas-México, es decir, una de las máximas autoridades de La Salle.

Jorge toma el micrófono y suspira. “Yo le dije que quería ser santo y así comenzaron los abusos”, comienza a narrar. Al fondo del patio, un hombre llora desconsoladamente. Es Leonardo, un venezolano que en 2019 denunció al sacerdote mexicano Juan Arcadio Huerta Ibarra por abuso sexual; entonces Leonardo tenía apenas trece años de edad. Su caso está en manos de la Arquidiócesis Primada de México, dirigida por el arzobispo Carlos Aguiar Retes, sucesor de Norberto Rivera.

Un viento fuerte se cuela bajo la carpa y choca violentamente con el micrófono. Jorge sigue hablando de sus ataques de ansiedad, de su consumo de alcohol y drogas, de sus intentos de suicidio, consecuencias que asocia con el abuso sexual que sufrió de adolescente.

Otras voces lo respaldan al final de su intervención, entre ellas, la de Jorge Medina Delgadillo, filósofo e investigador que ha expresado su postura contra el encubrimiento de la Iglesia. “Soy católico practicante y amo a la Iglesia, pero el amor no es ceguera [...] Nadie puede desentenderse de la solución”, dice en un video que se proyecta en una pantalla. Medina recalca que la institución requiere de un enfoque que priorice a las víctimas, le dé impulso a la cultura de la denuncia, favorezca la coordinación entre autoridades eclesiásticas y civiles y haga una revisión de los candidatos a los puestos de poder dentro de la Iglesia católica. “Nos duele mucho, Jorge. La cultura del abuso es incompatible con el evangelio. Éste es un compromiso de solidaridad y empatía contigo”, dice en su intervención el padre Álvarez Arena, a un costado de Jorge.

Hace apenas tres años la Iglesia católica le puso número a los abusos. Reconoció que en una década ha investigado a 426 sacerdotes mexicanos por pederastia y otras faltas relacionadas. De ese total, 217 agresores fueron sancionados con la prohibición del ejercicio sacerdotal, aunque no se especificó cuántos fueron turnados a las autoridades civiles.

El cambio en la Iglesia católica también se debe a la política interna que se estableció con la llegada del argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa jesuita, una de las órdenes más progresistas de esta religión. El papa Francisco es el primero que se posiciona con fuerza en contra del encubrimiento de los curas pederastas. “La Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes”, aseguró el 21 de diciembre de 2018.

Uno de los casos emblemáticos del encubrimiento es el de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. Desde la década de los cuarenta, Maciel cometió abusos sexuales contra por lo menos sesenta menores de edad. Varias organizaciones de la sociedad civil denunciaron la protección que recibió de las máximas autoridades eclesiásticas, incluyendo a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y el cardenal Norberto Rivera. Finalmente, en 2006, tras abrir un primer proceso interno en su contra, la Santa Sede lo retiró del ministerio sacerdotal para que llevara una “vida de oración y penitencia”, pero esto no lo llevó a enfrentar a la justicia civil. Pasaron cuatro años más para que la Iglesia reconociera los “delitos graves” de Maciel. Para entonces, ya había muerto.

El encubrimiento sistemático también ha sido documentado en otros casos, como en los de los sacerdotes Nicolás Aguilar y Gerardo Silvestre. El primero cometió más de cien abusos sexuales contra niños y adolescentes en México y Estados Unidos y el segundo, al menos 45 abusos contra niños indígenas en Oaxaca. El informe “Pederastia clerical de mexicanos en México y en otros países 1944-2013”, entregado al Comité de Derechos del Niño de la ONU, menciona que la única salida que tuvieron los sobrevivientes fue hacer públicos los abusos a través de los medios de comunicación porque, aun cuando intentaron denunciar formalmente ante los tribunales eclesiásticos y mediante escritos dirigidos al papa, la Iglesia católica los ignoró.

Fue hasta 2017 que en México se dictó la primera sentencia contra un sacerdote: Gerardo Silvestre fue recluido en 2013 y sentenciado años después por las autoridades oaxaqueñas a una pena de prisión de dieciséis años y seis meses por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducción a actos sexuales y exposición a filmes pornográficos. En ese contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la máxima autoridad eclesiástica en el país, publicó el documento “Líneas guía del procedimiento a seguir en casos de abuso sexual de menores por parte del clérigo”, en el que se comprometió a cooperar con las autoridades del Estado y a informarle de hechos relativos a casos de abuso sexual cometidos por clérigos, en concordancia con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los cientos de sobrevivientes que hicieron públicas sus historias terminaron por impulsar que la CEM creara el Consejo Nacional de Protección de Menores para “responder integralmente al problema del abuso sexual infantil por parte de clérigos y agentes de pastoral en el ámbito eclesial”. El organismo recibió el impulso de figuras como monseñor Alfonso Miranda Guardiola, quien asumió en 2016 la Secretaría General de la CEM, uno de los cargos más relevantes en la Iglesia católica nacional. Pero recientemente el Consejo quedó en manos de monseñor Ramón Castro Castro, denunciado ante las autoridades administrativas por el presunto encubrimiento de un caso de abuso sexual en Campeche en 2016. “Debo aclararles con todo el corazón, con toda sinceridad, y Dios es mi testigo, que jamás he sido defensor de pedófilos, jamás”, dijo el obispo de Cuernavaca en un mensaje difundido en sus redes sociales. Gatopardo solicitó una entrevista con la CEM, envió un cuestionario sobre el tema, pero no hubo respuesta. Hasta la fecha hay 47 organismos de la Iglesia católica que han expedido decretos o creado comisiones de atención a los casos de pederastia clerical.

Además, en 2018 el papa Francisco convocó en Roma a los obispos del mundo a una cumbre centrada en la protección de menores. En todo el mundo hubo reuniones donde los sobrevivientes de abuso sexual narraron sus experiencias. Así fue que Jorge Flores Silva contó por primera vez su caso, durante el Foro Spes Viva-Derechos de la Infancia ante la Pederastia Clerical, en la Universidad Metropolitana de Monterrey. El delito en su contra ya había prescrito, por lo que la única forma de obtener un poco de justicia fue apelando directamente a La Salle.

“Buscamos un proceso de reparación del daño, una de las prioridades era el reconocimiento de la responsabilidad de la institución”, explica David Peña, abogado del caso. En un evento cerrado a la ciudadanía y a los medios de comunicación, La Salle ofreció una disculpa pública. El abogado considera que el compromiso se ha quedado corto: “Hay un reconocimiento implícito de la responsabilidad sin que haya ni una investigación interna ni una investigación externa del Ministerio Público. Me sigue dando la impresión de que las víctimas todavía no son prioridad. De serlo, tendríamos otro tipo de discursos y acciones; no estarían centrados en el tema del impacto público, de su imagen o del desprestigio que un reconocimiento de abusos al interior puede causarles”.

Uno de los comités más relevantes en este tema es el Departamento para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México, con sede en la capital del país, que dirige desde 2019 la psicóloga Zaira Rosales Ortega. El departamento tiene su antecedente en 2016, cuando se creó un área que analizaba este tipo de denuncias, pero sólo contaba con la participación de integrantes de la Iglesia católica. Según la psicóloga Rosales, su papel dentro de la institución es una muestra de la apertura que la Iglesia ha tenido ante las denuncias de abuso sexual. Es una buena señal, dice, que la Iglesia se esté apoyando en especialistas.

El departamento en cuestión habilitó un número telefónico y un correo para recibir denuncias. Rosales dice que no puede revelar el número de casos que ha respaldado en los últimos tres años, pero asegura que se ha notificado de todos a las autoridades civiles y que, a la vez, se pone en marcha un proceso interno para que el tribunal eclesiástico defina si el caso amerita o no una sanción. Mientras eso ocurre, se establecen una suerte de medidas cautelares que limitan el ministerio de los acusados, es decir, se les aparta de la parroquia, se sujetan a la tutela de un pastoral o de otra parroquia y se les prohíbe celebrar misas de manera pública, dar sacramentos y confesar. “No nos toca limitar la libertad”, concluye la psicóloga Rosales, pero “si el tribunal eclesiástico los encuentra culpables, se les quitan sus derechos sacerdotales”.

Jesús Romero Colín también denunció —hace quince años— al exsacerdote Carlos López Valdez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. La causa penal 244/2008 daba cuenta de los abusos que sufrió entre 1994 y 1998, cuando era acólito de la parroquia de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan. El proceso tardó una década en resolverse, según Romero Colín, por la protección que las autoridades civiles y eclesiásticas brindaron al sacerdote, quienes incluso llegaron a “perder” pruebas clave que él había brindado, entre ellas, un disco que contenía fotografías que comprobaban los abusos cometidos contra él y otros menores.

En ese entonces Miguel Ángel Mancera era procurador de justicia capitalino y luego fue jefe de Gobierno. Fue hasta 2018, con el cambio de administración, que las autoridades determinaron que López Valdez era culpable y lo sentenciaron a 72 años de cárcel. Fue apenas el segundo cura a nivel nacional que recibió una sentencia condenatoria.

Aún queda pendiente que la Iglesia católica reconozca los abusos sexuales que cometió López Valdés y que dé una disculpa pública, como parte de la reparación del daño. Romero Colín cuenta en entrevista con Gatopardo que, en contra de lo que estipulan los lineamientos de la Iglesia, en su caso la institución no colaboró con las autoridades civiles, aun cuando un juez llamó a declarar a los obispos que tuvieron conocimiento del caso y al vicario judicial del tribunal eclesiástico, Alberto Antonio Pacheco Escobedo —quien analizó la denuncia al interior de la Iglesia—. Ante un juez, aseguraron que desconocían este caso, pese a que había un proceso interno en su propio tribunal.

“Hemos alcanzado cosas interesantes, pero hay casos como el mío, sin reparación económica ni disculpa pública por parte de la Iglesia, aunque lo he solicitado varias veces. Hay una parte de la Iglesia católica que ha manejado que las víctimas quieren destruir a la institución, como si fuéramos personas no gratas. Evidentemente hay una deuda histórica que difícilmente van a terminar de subsanar”, termina Romero Colín.

Las víctimas insisten en la disculpa pública porque es parte de la reparación del daño y porque reconoce sus voces y experiencias. En el número 340 de la avenida San Fernando, uno de los lugares donde Jorge Flores Silva fue abusado por un sacerdote, suena “Blackbird” de The Beatles: “you were only waiting for this moment to arise”. A modo de cierre, Jorge suelta unos globos de Cantolla. Es su agradecimiento a quienes han acompañado los casos de pederastia clerical y a quienes han impulsado los cambios dentro de la Iglesia católica. Más allá de esta disculpa pública que, según el propio Jorge, costó meses de presión, hay mucho camino por delante.