La tarde del 27 de marzo un grupo de migrantes centroamericanos y latinoamericanos provenientes de Honduras, Guatemala, Venezuela, El Salvador y Colombia, se encontraban vendiendo artesanías, pidiendo dinero y limpiando vidrios en las calles del centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando fueron interceptados y detenidos por agentes policiales para ser trasladados al centro de detención para migrantes Leona Vicario. En el operativo fueron detenidas 71 personas por no tener sus papeles en regla, aunque, al parecer, dos de ellos sí tenían permiso para estar en México. Algunos de ellos habían sido deportados de Estados Unidos y otros no habían logrado aún cruzar la frontera. Dentro del centro se les amenazó con la deportación a sus países, y es difícil comprender lo que una amenaza así significa para alguien que ha pasado por tanto para llegar hasta ahí.

Por la noche esa amenaza desató una protesta al interior del centro, donde le prendieron fuego a colchones, provocando un incendio. El saldo: 39 muertos, todos hombres, y 28 heridos. En los videos que se han difundido en redes sociales se puede ver cómo los agentes encargados del centro, al ver el fuego, huyeron sin darle oportunidad a los migrantes de liberarse. No hicieron siquiera el intento de retirar los candados.

Semanas antes de la tragedia, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, declaró que la paciencia hacia los migrantes se estaba acabando.

Hasta el momento, el presidente López Obrador no se ha dado el tiempo de visitar a las familias de las víctimas, pero ha expresado el dolor que esta tragedia le ha ocasionado y dijo que su gobierno prepara la creación de un consejo que vigile los derechos humanos de los migrantes, y una reforma al Instituto Nacional de Migración (INAMI). Mientras tanto, la Fiscalía General de la República ha liberado seis órdenes de detención contra tres trabajadores federales de migración, dos miembros de la empresa de seguridad privada encargada del centro y una contra el migrante al que acusan de haber iniciado el fuego.

La tragedia ha puesto en evidencia una política de migración que al inicio del sexenio de López Obrador parecía prometedora, pero que ha tomado un rumbo totalmente diferente.

¿Cómo es que México pasó de defender los derechos de los migrantes a tratarlos como criminales?

La respuesta a esta pregunta es, sin duda, compleja, pero se puede dividir en tres aspectos principales: las políticas establecidas por Estados Unidos, las políticas de respuesta por parte de México y, finalmente, las crisis políticas, económicas y de violencia que han obligado a miles de latinoamericanos a huir de sus países en años recientes.

Primero está el caso de Estados Unidos, que desde 2020, bajo la administración de Donald Trump y debido a la pandemia de covid 19, puso en marcha el polémico Título 42, una medida que existe desde hace décadas en el país y que resultó muy conveniente revivir en ese momento. Esta le permite al gobierno, a fin detener la llegada de enfermedades contagiosas, regresar a un migrante al otro lado de la frontera de manera inmediata, sin darle la oportunidad de solicitar asilo, o intentar cumplir con los procesos formales. Tres años después, la emergencia sanitaria quedó atrás, pero la política permanece vigente bajo el gobierno de Joe Biden. Incluso, en octubre de 2022 y enero de 2023, su administración amplió la lista de nacionalidades a las que se les aplica el Título 42 para incluir a las personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas.

La segunda parte de este problema está en la evolución de las políticas migratorias mexicanas, que de acuerdo con los investigadores Juan Carlos Narváez y Luciana Giadini, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pueden entender y condensar en cuatro momentos clave: el primero comienza con la intención del gobierno federal de ofrecer apertura a los migrantes, sin embargo, esta etapa concluyó rápidamente, específicamente en marzo de 2018, con el cierre de la oficina de trámites migratorios en Tapachula, Chiapas, con lo que se suspendió también la emisión generalizada de las llamadas visas humanitarias.

El segundo momento determinante ocurrió en 2021, cuando agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional interceptaron una caravana de migrantes que avanzaba por el sur de Chiapas, les prohibieron el paso y detuvieron a 80 personas. El tercer momento clave también sucedió en 2021, cuando las tensiones fronterizas entre Estados Unidos y México se agudizaron y el gobierno de nuestro país acordó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.

El cuarto momento en esta evolución es la aceptación definitiva de México de asumir una política migratoria de brazos armados, en la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional tomaron el mando. Esta decisión se vio reflejada inmediatamente en las cifras, tan solo durante 2022 más de 2.5 millones de personas fueron detenidas en la frontera de México con Estados Unidos.

Eunice Rendón, doctora en Políticas Públicas, excoordinadora de Agenda Migrante y una de las mayores expertas en temas de migración del país, analiza esta tensión. “El gobierno mexicano ha aceptado estas políticas, pero sin nada a cambio (…) cuando nuestro país debería impulsar y obligar a Estados Unidos a poner recursos del Acuerdo Bicentenario en la frontera para las organizaciones de la sociedad civil que se han encargado del tema y para los gobiernos locales, para que verdaderamente haya una gestión mucho más segura y ordenada de las grandes concentraciones de migrantes”.

Tal como lo plantea Eunice, actualmente el gobierno Federal no otorga suficientes recursos a los municipios para mejorar las condiciones de las y los migrantes que arriban al país, y terminan siendo los alcaldes quienes manejan, cada uno con los recursos que tiene, como puede y como quiere, la situación. Además, es importante que se deje de pensar a México como un país de tránsito y que las políticas comiencen a reconocer que somos ya un país de destino, pues hay miles de migrantes buscando quedarse aquí y las cifras continuarán creciendo.

“En el año 2021 subió tremendamente el número de solicitantes de asilo y se estableció la marca histórica de 130 mil solicitantes en la comisión de refugiados en México. En el año 2022 bajó un poco, pero quedó aún muy alto, con casi 119 mil. Este 2023, a lo largo de los dos primeros meses del año, ya rebasamos por mucho la marca histórica del año anterior, con más de 24.000 solicitantes. México se ha convertido, desde el 2021, en el tercer país con el mayor número de solicitantes de asilo, el número uno es Estados Unidos, el número dos es Alemania y el tercero es México, pero nosotros tenemos muchísimo menos presupuesto respecto a los otros dos países”, comenta Andrés Ramírez Silva, actual coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y exfuncionario de las Naciones Unidas para los Refugiados de 1987 a 2015.

Las cifras que expone Andrés son alarmantes y retratan una inmensa crisis humanitaria que no hará más que agravarse aceleradamente, si tenemos en cuenta que en solo diez años la cifra de solicitudes de asilo aumento 100 veces, pasando de 1296 en 2013, a 120 mil solicitudes al cierre de 2022. Es urgente que el gobierno mexicano y el estadounidense trabajen en conjunto para encontrar soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos para quienes migran en busca de una vida mejor.

Para conocer más del tema escucha el episodio completo en voz de Fernanda Caso.