La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la visión de gobierno subyacente, aquello que hace dos años AMLO bautizó como humanismo mexicano. Como lo define en su libro ¡Gracias! (Planeta, 2024), el humanismo mexicano proviene, por un lado, de los valores que prevalecen de las culturas prehispánicas milenarias y que —sostiene— “nos salvan una y otra vez de las peores calamidades”. Algunos ejemplos de estos valores son la reciprocidad, la comunalidad, el trabajo colectivo y colaborativo, además de honrar la palabra y la honestidad. Por otro lado, está la fecunda historia política mexicana, que desde su óptica y predilecciones relata AMLO en su libro de despedida. Ahora bien, siendo “por el bien de todos primero los pobres” uno de los principios fundamentales del humanismo mexicano, sería importante analizar la manera en que este precepto se tradujo en la práctica. Me enfocaré en la atención que el gobierno de AMLO brindó al sur y sureste del país —la región del país que concentra gran parte de la población en pobreza y marginación— y desde allí pongo a consideración este balance.

Más allá de proyectos extractivos —dada su riqueza en recursos naturales— esta región estuvo largo tiempo abandonada por el Estado. Con excepción de Cancún y la Riviera Maya, el resto de Quintana Roo y los otros estados del sur y sureste estuvieron estancados económicamente durante el periodo neoliberal, mientras que la migración a enclaves turísticos de la península de Yucatán o a Estados Unidos era la norma en comunidades rurales e indígenas. Esa realidad cambió y ahora el crecimiento económico y los niveles de empleo en la región están por encima del resto del país. De acuerdo con el economista y ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, además de las políticas salariales y programas sociales a nivel nacional, es precisamente la política de desarrollo impulsada en esta región lo que explica la reducción significativa de la pobreza en el país desde 2018.

Un factor importante que explica esta dinamización económica ha sido la inversión pública. Tan solo en el proyecto del Tren Maya se habrán invertido al finalizar el sexenio 515 000 millones de pesos, en una vía de ferrocarril de 1 554 kilómetros con 34 estaciones, la fabricación de 42 trenes y 219 vagones, así como cientos de obras complementarias, de conectividad y sociales, que en muchos casos atienden reclamos históricos ya sea de vivienda adecuada, acceso al agua, servicios de salud, entre otros. El Tren Maya es el proyecto más conocido, pero no es la única acción significativa del gobierno federal en la región. Destacan también el programa Sembrando Vida, que allí inició y en donde su impacto a estas alturas es más patente; el Programa de Mejoramiento Urbano, que puso énfasis en el área de influencia del Tren Maya; y el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste, además de una nueva política de conservación de la naturaleza a partir de la justicia social y del involucramiento de ejidos y comunidades indígenas. Y es el conjunto de programas, proyectos, políticas y acciones lo que configura una nueva estrategia de desarrollo para esta región, cuyos resultados en el mediano y largo plazo están por verse, pero que hoy explican el alto nivel de aprobación, incluso por encima de la media nacional.

La estrategia

Sobre el Tren Maya se ha hablado mucho y abundan las falsedades e imprecisiones. Muchas de mala fe, otras por desconocimiento, algo hasta cierta forma natural pues el proyecto a lo largo de los años tuvo modificaciones importantes tanto conceptuales como organizativas, así como en el trazo de su ruta en cada uno de los siete tramos en que se dividió su construcción. Algunas de las críticas-eslóganes que se le hicieron al principio hoy carecen de sentido, como aquel señalamiento que lo categorizaba como un proyecto “neoliberal”. En su construcción participaron grandes empresas, algunas transnacionales, pero de ahí en fuera es una infraestructura totalmente pública; es decir, de todas y todos los mexicanos. No hay concesiones de por medio y el servicio no persigue el lucro. Quienes viajen en él podrán corroborar que las tarifas para la población local (de los cinco estados que atraviesa) son más económicas que para los turistas nacionales y mucho menores que las de los turistas extranjeros. El Tren Maya tiene además descuentos para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes y maestros. Nada de esto sería posible en un proyecto neoliberal. De hecho, la razón principal por la que su operación fue delegada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es precisamente evitar su privatización futura si el péndulo político vuelve a inclinarse hacia el neoliberalismo. Existen por supuesto críticas válidas y preocupaciones, abordaré algunas más adelante.

Por otro lado, está Sembrando Vida, que pasó de ser el programa que “promueve la deforestación”, según un estudio metodológicamente limitado a inicios del sexenio y el frenesí mediático que le siguió, a un programa reconocido internacionalmente por sus bondades ecológicas como la captura de carbono, la recarga de acuíferos, la regeneración de suelos y la conservación de la biodiversidad, además del impacto positivo en cuanto a sus objetivos principales: reducir la pobreza rural, disminuir la contaminación y frenar la migración forzada. Al haber sido reconocido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), no sorprende que la organización haya respaldado llevar Sembrando Vida, así como Jóvenes Construyendo el Futuro, a otros países de América Latina y el Caribe, gracias a la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (Amexcid).

El programa ha tenido evaluaciones formales como la que recién publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la cual, a partir de estudios de caso representativos en el país, destaca efectos importantes en seguridad alimentaria, bienestar económico, fortalecimiento del tejido social y sostenibilidad de sistemas agroforestales.

Se dijo también que, Sembrando Vida, al tener a las y los sembradores como sujetos individuales de derecho (reciben un pago de 6 250 pesos al mes, insumos y apoyo técnico), promovería el individualismo, pero parece ocurrir lo contrario. Como da cuenta el Coneval: “el principal efecto identificado consiste en el fortalecimiento de vínculos entre las personas sujetas de derecho”; “otro efecto por destacar es la recuperación de métodos de trabajo colectivo, como la mano vuelta o el tequio”. En cuanto a las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), parte esencial del programa, identifica un “fortalecimiento de procesos y capacidades para el diálogo y la toma de acuerdos, lo cual se traduce en una mayor capacidad de organización y autogestión de las CAC”. Destaca a su vez otros efectos como el empoderamiento y el impulso al liderazgo, principalmente de mujeres por su papel en las CAC, aunque advierte que en ocasiones genera una sobrecarga de trabajo, sobre todo a aquellas que carecen de redes de apoyo.

Sembrando Vida no está concebido como un programa de reforestación, pero en los hechos lo es, y pudiera efectivamente tratarse no solo del más grande del mundo, sino del más eficaz. A diferencia de los programas convencionales basados en monocultivos para lograr un solo propósito; por ejemplo, el secuestro de carbono, los sistemas agroforestales de Sembrando Vida promueven la diversidad de especies —particularmente las nativas— y combinan distintas funcionalidades. Además, cada árbol plantado tiene quien lo cuide. Para permanecer en el programa las y los sembradores deben plantar y mantener en sus parcelas (cada una de 2.5 hectáreas) 2 500 árboles frutales, agroindustriales y maderables (una tasa de 1 000 árboles por hectárea). Tomando en cuenta que el programa tiene alrededor de 450 000 sembradoras/es, estamos hablando de más de 1 000 millones de árboles plantados durante el sexenio, en lo que eran principalmente potreros o tierras degradadas.

Dados los objetivos de Sembrando Vida, el programa se implementó primero en localidades rurales por debajo de la línea de bienestar rural y posteriormente llegó a localidades de municipios con grados de rezago social de medio a muy alto, priorizando en el proceso de empadronamiento a personas afrodescendientes e indígenas. El programa tiene hoy presencia en 24 estados, pero arrancó precisamente en el sur-sureste y es ahí donde existen más sembradoras y sembradores, quienes junto con sus familias y comunidades perciben efectos mayormente positivos. Aunque también enfrenta sus propios desafíos. Coneval destaca aquellos que ocasiona el cambio climático, así como la violencia y la inseguridad que afecta sobre todo a algunas localidades en Chiapas. Pero las comunidades en el sur-sureste enfrentan ahora otro tipo de retos, como la comercialización de sus excedentes y la adición de valor a lo que cosechan. En todo caso, para cientos de miles de personas y sus familias, Sembrando Vida significa dignidad y la posibilidad de ampliar su horizonte de oportunidades, ya que hay gente que gracias al programa abandona el trabajo alienante (o escapa de la violencia) en los enclaves turísticos, retornando a sus comunidades, como lo pude constatar en el sur de Quintana Roo.

¿Y qué hay de los entornos urbanos? Como sucedió en el ámbito rural, desde el comienzo la administración dio preferencia a comunidades marginadas en áreas periféricas de grandes ciudades, como Cancún y Mérida, así como en muchas poblaciones de la región. Dicha atención se manifestó en acciones de vivienda, en la provisión de servicios básicos, en brindar seguridad jurídica sobre la propiedad, entre otras. Muchas obras se desprendieron del Tren Maya por exigencia de las comunidades y se desarrollaron gracias a su involucramiento. Sin embargo, el esfuerzo más estratégico estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Como con Sembrando Vida, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Sedatu tiene un carácter nacional, pero brinda una atención especial al sur-sureste. El programa es celebrado por los (más de 200) premios y reconocimientos nacionales e internacionales de arquitectura que reciben algunas de las más de 1 000 obras públicas alrededor del país. Se trata de escuelas, mercados, plazas, centros comunitarios, culturales y deportivos, parques y bibliotecas; pero más allá de los premios, los espacios creados están cambiando la vida cotidiana de millones de personas. En la región sur-sureste son 114 las obras, con una inversión mayor a 5 000 millones de pesos. Todos los espacios son abiertos al público y, en la mayoría de los casos, gratuitos (en algunos mercados, por ejemplo, la administración local cobra por el uso de los sanitarios). Se trata en cualquier caso de espacios dignos, climatizados, con baños limpios, y hasta con internet gratuito gracias al servicio de la Comisión Federal de Electricidad, que también lo provee a escuelas públicas hasta en los poblados más pobres. De estos servicios no solo se benefician sus usuarios, sino todos aquellos que viven alrededor. Ver la apropiación de estos espacios por niños, jóvenes, y grupos de mujeres, entre otros, es verdaderamente conmovedor. Muchas de estas personas no habían tenido las oportunidades recreativas y formativas que les ofrecen estos espacios.

Algunos proyectos del PMU tienen otra escala y buscan un impacto mayor en sus entornos, como el Parque del Jaguar en Tulum o el recinto ferial de Chetumal. La construcción de estos proyectos involucró a empresas de la región, creando miles de empleos y apoyando el desarrollo de habilidades locales. Visitando a lo largo del tiempo estas dos obras pude apreciar una profunda sensación de orgullo y dignidad en ingenieros, arquitectos y trabajadores. La presencia de mujeres en todas estas labores es también notable. No está de más decir que en las obras del Tren Maya la remuneración es superior a la oferta local, lo que incluso llegó a distorsionar mercados laborales y provocó escasez de trabajadores en varios sectores de la economía. Y, nuevamente, no son pocas las personas que se han beneficiado. De acuerdo con el último informe del presidente, el Tren Maya generó más de 600 000 empleos, no solo en la construcción de obras, también en la prospección y rescate de vestigios mayas y en restauración de sitios arqueológicos a todo lo largo de su ruta.

Una preocupación es que el Tren Maya impulse aún más la especulación que trae consigo la urbanización turística, que ahora se desplaza hacia el interior de la península de Yucatán y la costa norte. A este riesgo responde otra línea de acción, menos comentada, de la Sedatu. Luego de un acuerdo político entre el Gobierno Federal, los cinco estados y los 17 municipios directamente impactados por el Tren Maya, firmado en diciembre de 2020, siguió la conformación del Programa de Ordenamiento Territorial de la Región Sur-Sureste (POTR-SSE). Respaldado por el Plan Nacional de Desarrollo, este retomó la planificación regional del territorio, generando un modelo de ordenamiento que sirve de guía para los instrumentos de planificación a niveles estatal y municipal, de los que generalmente carecen las autoridades locales (de acuerdo con la Sedatu solo el 6% de los municipios de la región contaban con dichos instrumentos en 2023). El trabajo en este frente fue también intenso, lográndose la creación y actualización de cerca de 300 planes y programas de desarrollo a nivel estatal, metropolitano, municipal y de asentamientos humanos, fortaleciendo así las capacidades de gestión del territorio.

También se aplicó una suerte de “acupuntura” a problemáticas locales específicas, como en el caso de la expansión irracional y destructiva de Tulum, facilitada por la corrupción y la impunidad que rigieron en el joven municipio. Por un lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desconoció un programa de ordenamiento territorial que, entre otras irregularidades, hubiera propiciado la urbanización de 19 000 hectáreas de selva sin permiso de la autoridad federal, lo que es violatorio a la ley. Por otro lado, el Parque del Jaguar implicó la creación de nuevas áreas naturales protegidas como medida de mitigación por la deforestación causada por las obras del Tren Maya y por el nuevo aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, este último construido también por ingenieros militares de la Sedena.

El supuesto ecocidio

El impacto ambiental de una obra de la magnitud del Tren Maya es sin duda importante, pero una evaluación objetiva y honesta tendría que considerar las bondades propias de los servicios del ferrocarril (eléctricos en su mayoría), las medidas de mitigación en curso —cuya efectividad solo se verá en el tiempo—, así como los otros brazos de la estrategia de desarrollo impulsada por el Estado.

En lo que concierne a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas es mucho lo impulsado por esta administración. Destaca el caso de la Reserva de la Biosfera Calakmul, que gracias a un nuevo decreto aumentó su polígono en 5 000 hectáreas (como mitigación del Tren Maya), quedando hoy en 728 000 hectáreas. Más importante fue el cambio en zonificación: las zonas núcleo de la reserva, aquellas con el mayor nivel de protección, pasaron de 200 000 a 519 000 hectáreas. Esto ayuda a dimensionar el impacto del hotel Tren Maya que la Sedena construye cerca de la zona arqueológica de Calakmul. Sus instalaciones ocupan un área menor a tres hectáreas (que nunca estuvieron en zona núcleo como se reportó en algunos medios), mientras que la reserva ganó la protección de 300 000 hectáreas. Aunado a ello, tres áreas naturales estatales adyacentes (dos de Campeche y una de Tabasco) se integraron en lo que se denomina la Región Gran Calakmul. Se trata de 1.5 millones de hectáreas ahora protegidas por la Federación. El trazo de la ruta del tren tampoco afectó la cueva Volcán de los Murciélagos como se temía, como sí lo hizo la carretera 186 y su ampliación en el sexenio de Felipe Calderón; por cierto, sin manifestación de impacto ambiental alguna.

Aquí también la justicia social fue la guía. La motivación principal de los cambios tuvo que ver con regularizar a comunidades que debido a la imposición original de la reserva (en 1989) quedaron en zonas núcleo, viviendo desde entonces en la ilegalidad, con restricciones en su desarrollo y sin derecho a programas sociales. A partir del nuevo decreto, el Gobierno Federal está obligado a resolver todos los rezagos agrarios en la reserva.

Otro rasgo de la actuación de la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha sido la inclusión de las comunidades ejidales e indígenas en la conservación, usando la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). En muchas áreas naturales los esfuerzos de conservación ya no son en contra, sino con las comunidades que las habitan —una diferencia del cielo a la tierra en política de conservación—. Como lo declaró recientemente el director de la Conanp, Adán Peña: “Las selvas se mantienen porque los pueblos indígenas y las comunidades las han cuidado. La diferencia es que nosotros creemos en la gente y la responsabilidad la compartimos entre Estado y sociedad.” Aquí, nuevamente, deberá pasar tiempo para evaluar los méritos y limitaciones de esta nueva política de conservación de la Cuarta Transformación.

Ahora bien, la gente local sabe perfectamente qué ha ocasionado los múltiples ecocidios en su entorno y quiénes se han beneficiado. Lo saben y por eso escasamente se sumaron a una de las campañas ambientales más mediatizadas, aquella que acusa al Tren Maya de ecocida. También se le señala de etnocida. Ciertamente la consulta indígena conducida en 2019 fue deficiente, pero a esta le siguieron cientos de reuniones y asambleas locales en las que las comunidades expusieron inquietudes y plantearon sus demandas, gran parte de las cuales se han ido cumpliendo, lo que explica el muy bajo nivel de conflictividad social, considerando la magnitud del Tren Maya y los visibles impactos de su construcción.

Durante la visita a un ejido del sur de Quintana Roo impactado por la ruta del tren, pregunté a una mujer indígena maya qué pensaba de la frase: “El Tren Maya no es maya”, a lo que respondió: “¿Y por qué no va a ser maya? Es más, es de todos los mexicanos”. Este eslogan les dice poco a las comunidades mayas, cuando ni las carreteras ni los autos ni los aeropuertos ni los hoteles o campos de golf en esas tierras ancestrales son mayas. Tampoco lo es la “Blanca Mérida” ni las haciendas, y, por supuesto, nada en la llamada Riviera Maya fue concebido a partir de su cosmovisión o para favorecerlos. Aquí, por lo menos, se plantea la duda, y López Obrador y su gobierno cuentan con ese beneficio.

El ejército

El papel que juegan las fuerzas armadas es, sin duda, uno de los aspectos más controversiales. Dada nuestra historia, admito haber considerado al ejército como el malo inequívoco de la película; también que me produjo inicialmente desazón y suspicacia que les fuesen encomendadas tantas obras y sobre todo la operación del Tren Maya, de nuestra recuperada línea aérea (Mexicana), así como el control de aeropuertos y puertos marítimos; pero mi postura cambió precisamente por lo que su labor y presencia han logrado en el sureste. Para algunas personas es un signo de la militarización. Sin embargo, el hecho de que las fuerzas armadas ejerzan ahora la encomienda de apoyar el desarrollo de México (esa cuarta misión poco aprovechada en el pasado) ha permitido no solo construir las obras en poco tiempo, sino que muchas comunidades aprecien su labor y se sientan más seguras con su presencia (esta es una percepción personal, basada en múltiples recorridos y voces escuchadas a lo largo de Yucatán, Campeche y Quintana Roo).

El pueblo

El pueblo efectivamente no es tonto y basta repasar los resultados electorales durante el sexenio. Cuando AMLO ganó la presidencia en 2018, Morena logró las gubernaturas de Chiapas y Tabasco; en 2021 ganó Campeche; en 2022 Quintana Roo y en las últimas elecciones no solo retomó Chiapas y Tabasco con gran holgura, sino que sumó Yucatán, el estado que podría considerarse mejor gobernado por el PAN en el país. Una exploración del mapa electoral por cada sección censal (a partir del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP) muestra, en ciudades muy segregadas como Cancún y Mérida, el apoyo abrumador en las zonas más pobres, así como en buena parte del mundo rural. Por donde se le vea, el apoyo popular en la región al proyecto de la Cuarta Transformación no dejó de crecer a lo largo del sexenio.

Lo incierto

Por supuesto que hay pendientes y preguntas que se quedan sin resolver. Uno de ellos tiene que ver con el rumbo que tomará el turismo. Si bien con demasiada frecuencia se equipara con desarrollo o progreso, el turismo es altamente depredador de la naturaleza y de la cultura, y más el tipo que se impulsa en la región desde la creación de Cancún. Este explota a trabajadores que no ven otra salida a su presente precario y supone sacrificios por parte de comunidades locales. A propósito del Tren Maya el gobierno ha insistido en que no busca replicar “el modelo de Cancún”, lo cual suena bien, pero no está muy claro qué modelo sí se busca o cuál se privilegiará.

Imaginemos el desarrollo turístico como un espectro, donde del lado opuesto al modelo de Cancún (extendido en toda la Riviera Maya) está el turismo comunitario. Este es practicado en la región por ejidos y cooperativas que deciden involucrarse en el turismo en sus propios términos, asegurando la colectivización de los beneficios y que sabrán poner límites a aquello que amenace su entorno y su cultura. El presidente cumplió su palabra al terminar el Tren Maya en el sexenio, pero quedaron en el aire procesos sociales prometedores como el que llevó a Fonatur, entonces a cargo del Tren Maya, a comprometerse precisamente a apoyar y fortalecer el turismo comunitario en la región. Esto quedó asentado en un esperanzador convenio firmado con la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario (APTC), el cual quedó desafortunadamente en el limbo. Miembros de las cooperativas que conforman dicha alianza se preguntan ahora si las fuerzas armadas, formadas para seguir órdenes, tendrán el interés y la capacidad para retomar el diálogo y encauzar procesos sociales como este.

Por otro lado, ¿quién pondrá límites al gran capital? Por las reformas constitucionales del periodo neoliberal la tierra de propiedad social, que abarca la mitad del territorio, está potencialmente en venta. Podrá existir mayor capacidad de planificación y gestión del territorio por parte de algunos gobiernos locales, pero seguramente no será lo suficiente o no en todos lados, como para asegurar el sendero de la justicia, el cuidado de la naturaleza y la preservación de la cultura maya.

Está también la situación dramática de violencia e inseguridad que se vive en algunas comunidades de Chiapas, un problema que hasta ahora parece que se minimiza. Asimismo, tenemos el gran pendiente de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Ya dijo la presidenta electa Claudia Sheinbaum que será una de las que siguen, ojalá en efecto sea pronto discutida y aprobada por esta legislatura.

La despedida

Detrás de todas las acciones impulsadas por el Gobierno Federal en esta región, como en el resto del país, está la convicción y la voluntad de una persona: Andrés Manuel López Obrador. No se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama, reza una versión de esta frase. Ningún líder social y político en México conoce a su pueblo como él. Esto implica conocer su historia, sus anhelos y temores, pero también su territorio, sus cultivos y las artes que practican; los ríos, los árboles y las aves. El pasado y el presente. Tuvimos un presidente que innegablemente ama a su pueblo, y el respaldo mayoritario del pueblo mexicano no es otra cosa sino respeto y agradecimiento.

Sabemos todos, hasta sus malquerientes, que AMLO es único y será irrepetible. Dice al cierre del documental Tren Maya, Justicia y Bienestar para el Sureste, que algo que le llena de orgullo es haber luchado casi 50 años por la justicia y por el pueblo raso. El sur es uno de tantos testimonios. AMLO hizo su parte, el resto nos toca a los demás.