Todos los caminos conducen a los proyectos Chapultepec: Naturaleza y Cultura y del Tren Maya cuando se evalúa presupuestalmente la política cultural del sexenio que agoniza. Y el trayecto está repleto de avisos para navegantes del sexenio que se inicia.

Los dos proyectos prioritarios del Gobierno de López Obrador nacieron con polémica, pues no fueron puestos a consulta de las comunidades artísticas y culturales, y con polémica se desarrollaron, ya que absorbieron la mayor parte de los incrementos en los presupuestos aprobados para el sector.

Partamos de una preocupación compartida entre estudiosos y miembros de dichas comunidades que se ha documentado en medios: el presupuesto para el ramo 48 (Secretaría de Cultura) cada vez tiene menos peso en el gasto total del Sector Público propuesto por Hacienda, ejercicio tras ejercicio. Y esto tiene un impacto real en diversos campos: políticas culturales, conservación del patrimonio, becas, cine, etcétera.

La Secretaría de Cultura, por medio de su vocero Manuel Cepeda Mata, refuta ese juicio y nos ofrece, vía WhatsApp, las siguientes cifras:

En su análisis del Paquete Económico 2024, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, especializado en temas de política fiscal con énfasis en el análisis de combate a la desigualdad, presenta el detalle de los datos, tomando valores reales —el valor nominal menos el efecto de la inflación—. Concluye que los aparentes incrementos observados de 2019 a 2023 significan una reducción real en el presupuesto aprobado de 3.8 %. En las próximas semanas completará su análisis con los montos ejercidos en 2024.

¿Cómo es esto? Primero ampliemos el foco. Fundar apunta que el máximo histórico del presupuesto para cultura —cuando todavía existía el Conaculta— se alcanzó en 2013, con 35 946 millones de pesos al final del ejercicio. El presupuesto aprobado de 2017 fue de 17 779 millones de pesos —ejercido ya por la Secretaría de Cultura—, y para 2024 este monto alcanzó los 16 754 millones de pesos, una disminución real de 5.8 %. En efecto, hubo una subida en el aprobado de 2023 a 2024; sin embargo, la mayor parte de los recursos tienen que ver con obras en el contexto del Tren Maya, ejercidos mediante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual acapara el 47.8 % del total, con el 52.2 % restante para las otras 29 dependencias del ramo.

De hecho, de 2023 a 2024 el presupuesto del INAH habrá gozado de un aumento real de 61.20 %, que equivale a 3 039 millones de pesos más. La súbita abundancia se destinó a invertir en atención y adquisición de terrenos de zonas arqueológicas de la ruta del Tren Maya, como se consignó en su momento en Proceso.

El otro gran ejemplo de concentración de recursos es lo que genéricamente se conoce como Proyecto Chapultepec. Fundar apunta que, año con año, desde 2020, ha acaparado el presupuesto de infraestructura cultural (en 2023, por ejemplo, tomó el 23 % del presupuesto total de la Secretaría de Cultura). Entretanto, otros programas importantes, como el de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural, los apoyos a proyectos culturales en las entidades federativas, el de Fomento al Cine Mexicano o el de Estímulos a la Creación Artística, tuvieron en 2024 incrementos insignificantes (de 1.1 % para el primero y de 0.02 % para los demás).

Lo anterior lleva a Paulina Castaño, investigadora en Fundar, a afirmar que el presupuesto del sector “no ha cumplido con los objetivos planteados en la política cultural de esta administración”, mientras llama a garantizar “un adecuado financiamiento para el derecho a la cultura y evitar que las desigualdades a su acceso persistan”. Y ante la percepción nada infrecuente de que ya hay demasiada infraestructura y no es necesario más presupuesto, Castaño revira que solo se ve a la Ciudad de México, no a las entidades y municipios con alta marginalidad y violencia, en los que no existe la infraestructura necesaria para impulsar la cultura, a pesar de que el rubro se cita constantemente en el Plan Sectorial de Cultura.

Por supuesto, la precarización del sector cultural no es un asunto de este sexenio. Es célebre la caracterización de Iván Franco, doctor en Ciencias Políticas y antropólogo, en el sentido de que la creación en 1988 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), sustituido en 2015 por la Secretaría de Cultura, marcó el comienzo franco de una política cultural que responde a los intereses del modelo económico neoliberal, en coincidencia con la declinación de las funciones del Estado frente a la cultura.

Tampoco es nueva la concentración de recursos para proyectos consentidos del presidente en turno. Allí están el Centro Nacional de las Artes y los Catorce Proyectos Especiales de Arqueología, de Carlos Salinas de Gortari, continuados por Ernesto Zedillo; la Biblioteca Vasconcelos, de Vicente Fox, y la Estela de Luz y el Centro Cultural Elena Garro, de Felipe Calderón. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se fundó la Secretaría de Cultura en medio de opiniones encontradas, pero con exiguo presupuesto.

Sin embargo, el contraste entre lo invertido en los megaproyectos culturales del sexenio que finaliza y la “austeridad republicana” recetada para el resto de los programas e instituciones públicas del ramo ha tenido repercusiones profundas en el día a día del ejercicio de la cultura. Presentaremos a continuación un conjunto de voces de personajes que han mirado de cerca estos efectos o han sido afectados directamente por ellos.

Los bandazos y la larga debilidad estructural

Bolfy Cottom, especialista en legislación y políticas culturales, reafirma lo analizado por Fundar en torno al “entre comillas”, aumento al presupuesto de 2024: “Hay un tema estrictamente de contabilidad que, en apariencia, índica un incremento [el cual] desaparece cuando se compara con el índice inflacionario. Por otro lado, el gran aumento en el caso del INAH es, en estricto sentido, una especie —no me gusta el término pero no encuentro otro— de disfraz del aumento para el Tren Maya”. Ese incremento, entonces, se traduce en un reforzamiento presupuestal del Ejército.

A la par, Cottom advierte un desmantelamiento de las instituciones culturales y de los centros de investigación, que están siendo sometidos a los proyectos gubernamentales: “Lo que están haciendo por la vía de los hechos es confrontar, ignorar, desdeñar el marco normativo de estas instituciones. Ahí está el punto: la imposición de una política de gobierno sobre una política de Estado […] No importa si las instituciones tienen que preservar eso que llamamos ‘patrimonio cultural’; no importa si tienen que hacer investigación, importa que no se opongan a un megaproyecto del gobierno”.

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Eduardo Cruz, periodista y fundador del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (GRECU), se remonta en el tiempo: “México ha vivido inmerso en una sucesión de crisis económicas y de virajes en el diseño de los presupuestos, desde la Subsecretaría de Cultura en los años setenta (aunque creada por Adolfo López Mateos) hasta estos tiempos de López Obrador”.

Resume en tres los rasgos que históricamente han provocado un rezago del gasto público: 1. Los presupuestos no se diseñan en función de una política de desarrollo, sino a partir de lo que se dispone para gastar; 2. La nómina de los trabajadores sindicalizados o de confianza y el gasto operativo de los espacios culturales determinan lo que queda para programas culturales, y 3. Los recursos que absorben los proyectos especiales (en este sexenio, Chapultepec).

Como ya apuntamos, Iván Franco, investigador del Centro INAH-Yucatán, localiza el gran cambio en la política cultural del Estado mexicano en la creación del Conaculta, a la cual se le atribuyó la rectoría que tenían el INAH y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). El problema no es exactamente de falta de recursos; las crisis, para él, son más bien selectivas: “Hay dinero para los proyectos prioritarios de la política de Estado [la cual] está perfectamente articulada con la política internacional de desarrollo económico, que viene desde el Plan Puebla-Panamá, rehecho en distintas secuencias (luego fue el Proyecto Mesoamérica). Y lo retomó la 4T como eje”. Franco no deja de apreciar que en esa zona del país, el sur-sureste, hay proyectos como los Semilleros Creativos, “pero no hay forma de medir sus impactos”. En todo caso, “la Secretaría de Cultura sigue siendo una mini institución en el centro del país, en la capital”.

Uno de los primeros cambios de política cultural ejecutados en el Gobierno de López Obrador fue la cancelación de los fideicomisos culturales, mediante decreto presidencial del 2 de abril de 2020. En opinión de Carlos Villaseñor Anaya, consultor en políticas culturales para el desarrollo sostenible, el hecho derivó en la burocratización de la dinámica para concursar por los apoyos a la creación: el proceso se hizo más complejo y tardado, se desincentivó la participación de los gobiernos estatales en los fondos bilaterales y se retrasaron los pagos a los creadores.

El desmantelamiento de los mecanismos institucionales de la cultura, junto con la “centralización” de la política y la apuesta por los megaproyectos, agravan la tenaz debilidad del sector. ¿Y cómo convive esa circunstancia con uno de los principales deberes del Estado, que es la conservación y armonización del patrimonio cultural?

Patrimonio fuera de foco

El arquitecto Enrique X. de Anda Alanís, doctor en Historia del Arte especializado en la historiografía de la arquitectura del siglo XX, ofrece un panorama del patrimonio cultural a cargo del Estado mexicano, que se divide en prehispánico y virreinal, a cargo del INAH, y el datado a partir de 1900, por el INBAL. En su opinión, desde la realización de los famosos Catorce Proyectos Especiales de Arqueología (1992) no se ha vuelto a invertir suficientemente en la exploración de un abanico amplio de zonas. Claro, los recursos se han canalizado principalmente a la obra del Tren Maya y las áreas arqueológicas y asentamientos mayas de la ruta, pero como una especie de intención subsecuente, pues “el tren en sí mismo es eminentemente turístico”.

En el patrimonio virreinal es donde el especialista coloca las alertas. No se ha concluido la restauración de los templos afectados por los sismos de 2017, los cuales se intervinieron mayormente con dinero de las aseguradoras, y menos con inversión directa del Estado. Con todo, la arquitectura moderna es la más vulnerable; no tiene la protección firme del Estado, salvo la considerada con valor excepcional o de interés artístico, que tenga la nominación de monumento nacional. Y aun así no se invierten recursos suficientes. El INBAL “ha visto reducidos sus presupuestos, no tiene el personal suficiente, siempre hay el problema de que con pocas personas (que tienen toda la mejor voluntad), atienden tantas demandas, básicamente solicitudes para intervenciones en edificios que están en el catálogo nacional”.

En cuestiones de patrimonio hay un organismo internacional, asesor de la Unesco, que hila fino y privilegia el trabajo colaborativo. Se trata del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, por sus siglas en inglés). Saúl Alcántara Onofre, el presidente de su capítulo mexicano —y especialista en arquitectura de paisaje—, dice que el Consejo intervino “realmente poco” en el proyecto Tren Maya, pues no fue consultado. Sin embargo, el tema del Proyecto Chapultepec fue bastante más sensible para él. Lamenta que Gabriel Orozco privilegiara la “infraestructura gris” y no el paisaje y la conservación de árboles, incluso algunos más antiguos que la Catedral Metropolitana, como un ahuehuete de 800 años que estuvieron a punto de derribar.

El arquitecto subraya que toda la Primera Sección del Bosque es un paisaje cultural, declarado “Belleza natural” (29 de septiembre de 1932), en tiempos de Narciso Bassols como secretario de Educación Pública. Y “no se retomó ese concepto”. Hay vestigios arqueológicos teotihuacanos, no solo chichimecas o mexicas —describe—, pero en lugar de enfatizar “ese palimpsesto que significa Chapultepec”, se hizo una acumulación de obras: la Calzada Flotante de Los Pinos, ejes arbolados, zona peatonal, ciclovías, pistas de patinaje, foros, espacio para talleres… “No se puso en valor el patrimonio ambiental”.

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Como ejemplo de lo anterior, el organismo encabezado por Alcántara propuso para la restauración de la Ermita Vasco de Quiroga, en la Cuarta Sección, la creación del Museo de Herbolaria Nacional y recuperación del Thesaurus (Tesoro de Medicina), pues ahí vivió en el siglo XVI su autor, Gregorio López. Y ahí quedó, en propuesta.

Para Alcántara, los presupuestos y puesta en valor del patrimonio han sido “muy modestos” en el sexenio que termina. Pesaron la desaparición del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y la reducción del seguro que amparaba las zonas arqueológicas y los monumentos históricos, así como obras de arte, mobiliario, códices y otros bienes culturales bajo tutela del INAH. La póliza era de 3 500 millones de pesos; ahora es de 270 millones de pesos, “una cobertura muy raquítica”. En 1999, luego de los sismos del 15 de junio en Oaxaca y 30 de septiembre en Tehuacán, Puebla, recuerda el especialista, el seguro fue importante porque permitió la intervención en 1 542 monumentos. Primero, para ponerlos en capacidad de carga, y luego restaurar los detalles, con la intervención de artesanos y artistas de las comunidades. Ahora, a siete años de los sismos de 2017, se han intervenido alrededor de 3 260 edificios, pero el primer año se privilegió la capacidad de carga sin importar sus valores culturales, según el especialista.

Otro aspecto que impactó en la conservación y mantenimiento del patrimonio fue la merma que sufrieron el Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (Foremoba) y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). No es que tuvieran “una bolsa gigante”, pero con la participación de entidades, municipios y comunidades se podía dar mantenimiento a la infraestructura cultural de los estados.

Los recortes son un renglón muy crítico, sobre todo cuando se ponen en contraste con lo presupuestado para los megaproyectos, y Eliana Acosta Márquez da voz al malestar: “La distribución del presupuesto en cultura responde a decisiones desde el centro del poder […] Hubo indignación por el Proyecto Chapultepec, cuyo monto total será mucho más significativo que el gasto corriente del INBAL y del INAH, sin contar el Tren Maya, que sabemos es un proyecto que incluso va directo de la Federación al Ejército, ni siquiera al INAH”.

En cambio, en otros centros de trabajo no hay ni para papel higiénico o para fotocopias. Espera que, como en el caso de la Estela de Luz, que también fue un proyecto del Ejecutivo —de Felipe Calderón, con un gasto final mucho más elevado que el presupuesto original—, en algún momento se conozcan los números reales. Por ahora parte de la información está reservada.

Lo que es palpable en los megaproyectos presidenciales de antes y ahora es el impacto en algunas comunidades: despojo, ocupación de sus territorios y su obligado desplazamiento: “El Tren Maya es un asunto muy sensible para el Instituto, desde el principio del sexenio […] Un sector crítico ha buscado investigar, documentar, trabajar con las comunidades”, pero las autoridades no permitieron ese contrapeso. “Se involucraba a distintas áreas, no solo la arqueología, sino también la historia, la antropología, la lingüística […] Pudo tomar otro rumbo si hubieran abierto espacios [para] tener un conocimiento mejor fundamentado del proyecto y sus impactos, pero, desde luego, no se quiso parar”.

Investigadora independiente y activista cultural, la crítica de arte María Minera quiere señalar un programa en particular que debería recibir mucha atención, por su papel en la apreciación artística: los Centros de Educación Artística (Cedart) del INBAL, cuyas instalaciones no tienen adecuado mantenimiento. Pero acaso la carencia es más general: “No hubo voluntad para entender las necesidades reales de las comunidades […] En cambio, se hicieron otros proyectos, diría que bien intencionados, pero completamente sin rigor, sin planeación, como Cultura Comunitaria”, que luego también sufrió recortes.

Minera concluye que tal “proyecto estrella” no funcionó: han participado entre 12 000 y 15 000 niños, cuando la población infantil en el país es de al menos 30 millones. Solo fue “vistoso”, se trajeron a los participantes al Auditorio Nacional a “gastarse no sé cuántos millones, sin nunca realmente ver cómo se apoya de fondo a una comunidad que es totalmente dependiente del Estado”.

Chapultepec —apostilla— es uno de los proyectos menos útiles del sexenio porque el Bosque ya contaba con mucha oferta cultural: hay museos, teatros… Y cierra: “Me preocupa muchísimo que el dinero se esté yendo a las fuerzas conjuntas de seguridad”. Se refiere a los militares.

Desde la trinchera creadora

El dramaturgo y director escénico Flavio González Mello afirma que desde hace más de una década el Estado ha abandonado su compromiso con la producción teatral de calidad y el financiamiento de las propuestas, a raíz del nacimiento del Estímulo Fiscal al Teatro (Efiteatro), y ahora a las Artes (Efiartes).

“Paradójicamente hicieron que las instancias del Gobierno dejaran la obligación de generar proyectos teatrales, de financiarlos […] Mandan todo a los estímulos, que tienen reglas tremendamente difíciles, diría que están hechas para que no se pueda acceder […] Está bien que existan [los estímulos], pero no pueden ser el único lugar donde hay dinero para las artes escénicas”.

No obstante, la actividad no ha dejado de ser intensa, con obras de repercusión incluso fuera del país, aunque “es muy triste pensar que no hay el apoyo mínimo para desarrollar un proyecto personal […] Hoy en día tardan mucho en levantar el financiamiento”. Lo que espera es un diálogo más abierto con la comunidad, como cuando se establecieron los lineamientos para Efiartes y Eficine con la entonces diputada María Rojo, y no se impongan de manera vertical, “al viejo estilo de gobernar”, proyectos como —ineludibles en estas charlas— Los Pinos, Chapultepec y el Tren Maya, que “implicaron una disminución en términos reales para proyectos culturales”.

Como otros creadores artísticos de izquierda y “proclive al proyecto de la 4T”, Edén Coronado, miembro fundador de la compañía teatral con sede en San Luis Potosí, El Rinoceronte Enamorado, se confiesa decepcionado con las políticas culturales del sexenio. En concreto, desaprueba la transformación del antiguo Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), presentada bajo el argumento de democratizar los apoyos, generar recursos y distribuirlos de manera distinta. En realidad, lo único que sucedió es que se destruyó su forma original de operar administrativamente, y los recursos siguen repartiéndose de manera inequitativa, dadas las desigualdades estructurales del país. Detalla: “Los recursos del ahora Sistema de Apoyos a la Creación [y Proyectos Culturales] no han aumentado, todos los programas continúan con la misma bolsa de hace seis años o más atrás. Un caso puntual es el Sistema Nacional de Creadores, que durante todo el sexenio ha tenido 200 becas para la convocatoria anual nacional y para todas las disciplinas. Eso es verdaderamente insostenible. En el área de teatro se cuentan aproximadamente entre 12 y 14 nuevas becas por año, por lo menos para tres disciplinas: dirección, dramaturgia y diseño, y para todo el país. Eso es devastador, por eso es y seguirá siendo una pelea encarnizada”.

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Coordinador del proyecto DanZoología: la Biodiversidad Animal en la Danza, el promotor cultural Héctor Garay se autodescribe como “creador independiente de los independientes” —de los que les ha ido peor, pues—. Describe: “En las campañas presidenciales y diseño de políticas culturales se [pidieron] más espacios para la danza, para el teatro, fondos concursables para producción […] y parece que nos hemos atrasado 20 años porque trabajábamos justamente por eso [en ese tiempo], y parece que no existe, ¡o dejó de existir porque sí existía! Empezaron las convocatorias del Fonca, [pero] no fortalecimos más otros niveles de convocatorias que crearan más sustentabilidad”.

Los recortes presupuestarios impactaron en la producción —recuerda Garay—, pero, por lo demás, hay un aspecto interesante: se cambió la forma de trabajar al crear el sistema de convocatorias para ofrecer trabajos a diversos grupos y artistas llevándolos a las comunidades. “El trabajo cultural en las comunidades siempre ha existido […] hay un mecanismo que sigue siendo válido y debería retomarse, que es llevar a los niños en camiones a los teatros. Se trata de una ardua labor porque implica una inversión, ideas creativas y recursos para trasladar a los niños y pagar funciones de teatro escolar”. Para ello se necesita un vínculo con el sector educativo, que se rompió, a juicio del promotor.

Mario Espinosa, titular de la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana y exdirector del Fonca, considera que el problema del Programa de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales es sistemático, antes que presupuestario: “La Compañía Nacional de Teatro tiene los mismos sueldos (se llaman becas, pero en realidad son sueldos) para sus integrantes desde 2008. Es decir, no se ha movido ese dinero hacia arriba desde 2008; han estado estancados en los últimos 16 años, para que se pueda comprender la gravedad del asunto. Y, por ejemplo, esos ingresos de actores, directores y demás, que malamente son becas porque en realidad la gente está contratada y tiene trabajo (nada más que sin derechos laborales), son también la referencia para el resto del mundo del teatro”.

Este sistema es disfuncional desde hace muchos años, pero los problemas se agudizaron en el último sexenio. “Hay una especie de caos, pues la precariedad ha aumentado. Levantar un proyecto implica un esfuerzo muy grande, con una probabilidad muy baja de que la gente viva de su propio trabajo. Hay más solicitantes y los montos son similares. Un estímulo, si es que consigues ganártelo, te ayuda a sobrevivir, pero no resuelve el problema de la producción del teatro”. Y aquí se impone una precisión: “El objetivo no es solo que los artistas sobrevivan o estén contentos. No: se trata de que haya una plataforma que sirva al propósito de una política pública, que es llegar a la población”.

Sin embargo, estamos hablando del bienestar de personas de carne y hueso. Con base en estudios, como el del Observatorio de Cultura UNAM, la socióloga Patricia Chavero expone que las condiciones laborales para los trabajadores escénicos, sean de instituciones públicas o privadas, son precarias. No hay contratos ni tabuladores para sus sueldos ni seguridad social.

Los independientes dependen de las becas, pero solo un 20 % obtiene un apoyo en su vida para continuar su labor, y el 80 % trabaja en malas condiciones. Muchos salen de las universidades y crean grupos, pero no logran mantenerlos: “Ensayan tres cuatro meses para una obra y alcanzan tres o cuatro funciones, hasta 12 si logran entrar a un circuito oficial”.

En efecto, Chavero ve un panorama profundamente desestructurado: “Con mucho optimismo, el 10 % de las puestas en escena en cartelera es lo que podríamos pensar que se mueve en la lógica del teatro profesional; esto es, que tiene actores que van a vivir de su trabajo […] Producciones que entran al circuito de producción, distribución y consumo garantizado, en el que van a tener un número suficientemente amplio de presentaciones como para que haya recuperación en taquilla”.

Las estrecheces de las condiciones laborales son una cosa, pero lo que vive un grupo de trabajadores del INAH que ha pedido enfáticamente no publicar sus nombres cruza la barrera del conflicto. Señalan que hace tiempo padecen un clima de represión y hostigamiento por defender no solo sus propios derechos, sino también a la misma institución e incluso el patrimonio cultural. Su lucha proviene de la creación misma del Conaculta; se opusieron a que el marco jurídico de la nueva instancia quedara por encima del instituto (y del INBAL). Posteriormente pugnaron por que la fundación de la Secretaría de Cultura no consumara la ruptura del vínculo entre educación y cultura.

Detallan que han tenido que defender sus procedimientos laborales y las condiciones generales de trabajo originalmente registradas ante la Secretaría de Programación y Presupuesto, pero al convertirse en subsecretaría de Hacienda ya no aparecen en archivos, lo cual afecta a toda la planta de trabajadores: técnicos y manuales, investigadores, arquitectos, restauradores…

La reducción presupuestal ha restringido varios de sus derechos, como la capacitación. No hay viáticos; no fue autorizada la compra de vehículos para que los especialistas viajen a verificar las condiciones del patrimonio o las denuncias de destrucción de monumentos. Falta lo esencial, dicen.

Exigen que el titular del instituto, Diego Prieto, quien ocupa el cargo desde el Gobierno de Peña Nieto, no sea ratificado una vez más. Piden que se abran, como se hacía hace décadas, concursos para ocupar plazas vacantes, y no sean congeladas. Están de acuerdo en eliminar gastos excesivos o suntuarios, pero el presupuesto no debe poner en riesgo la sobrevivencia de la institución ni sus tareas sustantivas. Por lo pronto, la inminente próxima titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha expresado voluntad por dialogar con ellos.

Hay luchas menos sonoras. La crisis económica, acentuada por la pandemia de covid-19, obligó a la fotógrafa Grisel Vistrain a posponer proyectos individuales y colectivos. Se concentró entonces en su labor de promotora de los derechos de autor, como integrante de organizaciones como la International Authors Forum (Foro Internacional de Autores). No ve impulso a estos derechos, no obstante que existen la Ley Federal de Derechos de Autor, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

“No solo es la falta de presupuesto, sino cómo vamos a solucionarlo. Falta reflexionar: ¿qué es el autor y qué le deja al país? Porque, finalmente, los autores no somos trabajadores como tales, si lo fuéramos tendríamos nuestras quincenas, aguinaldos, seguro social, pero no tenemos ninguna de esas ventajas todavía; estamos luchando por ellas desde hace años y espero que lleguemos a ese punto y que el autor se pueda retirar y vivir de sus regalías. En eso trabajamos intensamente todos los días con otras organizaciones internacionales”.

Finalmente, está el caso paradigmático del cineasta Alejandro Springall, que logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la eliminación del Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine). Para desaparecerlo y “cumplir con el deseo presidencial”, el Legislativo “tasajeó la ley, derogaron del artículo 33 al 38 de un machetazo, y se llevaron no nada más los fideicomisos, sino lo que ahí estaba determinado que es la obligación del Estado a fomentar y promover el cine mexicano”.

Se dejó un mecanismo operado por el Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía), sujeto a los calendarios presupuestales anuales, sin considerar que los procesos cinematográficos son ajenos a ellos, y se eliminó la participación de la sociedad civil. Con ello se perdieron no solo los recursos del erario, sino los de los propios fideicomisos que, como coproductores, se generaban por las películas.

Oportunidades que se abren con el sexenio

Hasta aquí las estampas de la pérdida. ¿Qué proponen nuestros entrevistados para mejorar el panorama, de cara al Gobierno de Claudia Sheinbaum?

Eduardo Cruz opina que se debe hacer “un alto en el camino y un arqueo; hacer un gran reinventario de la situación que priva en todo el aparato que bien o mal el Estado mexicano ha procreado a lo largo de su historia. Y mirar desde la necesidad de una puerta en una oficina pública cuya chapa no funciona, hasta cuáles son las condiciones y la inversión necesarias para convertir nuestros grandes museos en espacios virtuales para que sean vistos a lo largo y ancho del planeta. El tema es que no ha existido esa voluntad (esa voluntad de reformar que hemos defendido por tanto tiempo) y, por lo mismo, no se tiene realmente una idea de cuál es el estado y cuánta inversión se necesitaría”.

Springall pide el rescate del cine independiente, el más afectado, “porque es el que le da la narrativa independiente a este país. No nos pueden aventar a los cineastas a ser maquiladores de las plataformas extranjeras”.

El cineasta opina que se necesita una nueva ley cinematográfica, que sea integral y contemple el tema de las telecomunicaciones y el de las concesiones a las televisoras, que han sido intocables hasta hoy. Actualizar los presupuestos, porque el Eficine (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional), que data de 2005, no se ha ajustado a la inflación ni al índice nacional de precios.

Profundicemos un poco más en el cine. El cineasta, productor e investigador Víctor Ugalde se ha dedicado a documentar la producción del cine mexicano, los impactos de TLCAN, las políticas culturales y presupuestos. Apunta: “En tres años, después de que empezaron los recortes, contaba con unos 185 millones y se quedó en 60 millones, que se dividen en más actividades. Eran premios de 100 000, 200 000 pesos. María Novaro (titular de Imcine) decía que no se habían reducido, que se habían ampliado y diversificado. Busqué en la Secretaría de la Función Pública los montos: son ridículos. Los únicos incrementos fueron a los apoyos a los productores de los estados, pero obtienen un millón o dos, te meten en más problemas de los que resuelven.”

¿Qué hacer entonces? “Se necesita reformar toda la cadena productiva, pero con conocimiento, no con alguien que llegue a aprender, como María (Novaro), quien me dijo: ‘No tengo armas para defender al cine mexicano debido al TLC’. No es cierto, sí tiene armas, pero no sabe aplicarlas o no tiene la voluntad”. Bastaría, dice, con que leyera el capítulo sobre competencia ruinosa del T-MEC (antes TLCAN), y las medidas de la Organización Mundial del Comercio.

Integrante de la cooperativa Pasaporte Cultural, que desde hace una década estudia los espacios culturales independientes, la promotora e investigadora de los derechos culturales, Mishelle Muñoz, asevera que, aunque estos espacios no viven del presupuesto público, requieren de políticas públicas para aligerar la tramitología que se les exige para trabajar.

Según su investigación, en los 32 estados hay al menos un espacio registrado, pero desde 2015 el Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura dice no tener formas de registrarlos, ni con definición, política, cultural o normativa. El estudio identificó entre 2019 y 2023 más de 1 200 espacios, de los cuales 300 ya están inactivos.

“La pandemia vino a complicar muchísimo —explica Muñoz—, sobre todo por toda la normativa que hubo para cerrar espacios. En el último mapeo encontramos que el 78 % de ellos indicaba tener un aforo de hasta 100 personas; es decir, no son masivos. Y son muy diversos, en su mayoría dependen de su actividades, de la recuperación de taquilla o de donativos, y gran parte dependen o funcionan también como espacios de formación (con cursos, talleres)”.Su sobrevivencia está en juego por la falta de políticas que los visibilicen; dependen del SAT o de políticas económicas federales, pero los municipios les dan las licencias de funcionamiento y muchas autorizaciones dependen de ellos, de los congresos estatales y de los gobiernos estatales.

Desde Los Ángeles, donde fue cónsul de México para Asuntos Culturales y habita hace años, Gregorio Luke, experto en arte mexicano, expresa que no le parece mal redirigir recursos para los adultos mayores u obras como el Tren Maya. Sin embargo, deben encontrarse mecanismos de apoyo a la cultura. Por ejemplo, los incentivos fiscales, como en Estados Unidos, para financiar una orquesta o un teatro.

Luke también fue subdirector de un Instituto Cultural de México en Estados Unidos, y evoca que desde hace mucho ya había austeridad en el sector: ya el compositor Silvestre Revueltas (1899-1940) hablaba de ella y de la forma de subsistir de los artistas; pero, de cualquier forma, no es un destino manifiesto: “Hay que hacer un análisis profundo de la realidad del sector y entender que es una prioridad, que es fundamental en la vida de México, y debemos encontrar maneras de apoyar. Creo que el sector está en peligro de desplomarse, estamos en una transición. Hay que protegerlo y hacer que lleguen los recursos a los creadores, que son lo más importante”.

Fundador del Circo Volador, Héctor Castillo Berthier, especialista y promotor cultural, relata que la pandemia afecto varios espacios comunitarios, incluido el Circo. “Puedo decir con toda certeza que disminuyó el presupuesto destinado a los proyectos culturales comunitarios, que seguirán haciendo falta porque la cultura no es solo las bellas artes; hay otras formas de interacción comunitaria que debe desarrollarse y hay muchos grupos trabajando. Hace falta ampliar la visión para ver el impacto de esos proyectos dentro de sus zonas geográficas”.

En contraste con los críticos del Proyecto Chapultepec, recuerda que la Cuarta Sección del bosque estaba concesionada y que el Gobierno de López Obrador recuperó el espacio. Igual celebra la apertura de Los Pinos como espacio cultural, la conexión entre la Primera y Segunda Sección. Lo que sigue es reflexionar sobre cómo incorporar a los distintos grupos culturales independientes.

Saúl Alcántara considera que se debe revisar la desaparición de los apoyos al cuidado del patrimonio: “La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, no debe partir de cero, sino regresar y ver todo lo exitoso (claro, también lo malo) que pudo haber en el seguro de monumentos, el Fonden, Foremoba, PAICE y Fonca —que intervino en la restauración de los Baños de Moctezuma— y, sobre todo, considerar el gasto operativo del 70 % que se le redujo al INAH. También debe tener más fuerza el Cenapred (Centro Nacional de Prevención de Desastres, de la UNAM), porque somos un país sísmico”.

Lo que Carlos Villaseñor tiene en mente luce como el germen de un nuevo pacto federal de la cultura: “La Reunión Nacional de Cultura debe convertirse no en una reunión para informarles a los estados cómo quedó el presupuesto después de que ya fue aprobado, como ha venido sucediendo en los últimos seis años. Debe ser un mecanismo, primero, de concertación, implementación y evaluación de las políticas públicas y, segundo, de la planeación del presupuesto. Estamos haciendo mucho énfasis en restituir la articulación de federación, estados y municipios”.

Ana Garduño pone la mira en la inversión privada y el mecenazgo: “En México nunca ha existido una política de alianza sostenida y amparada con un aparato jurídico que reglamente las necesarias relaciones entre la esfera pública enfocada en cultura y el sector privado. Antes bien, ha habido campañas no oficiales para desanimar la participación de los particulares, sea que operen a título individual o desde asociaciones, fundaciones y patronatos”.

Propone actualizar leyes y reglamentos para enmarcar convenios que incentiven la colaboración entre gestores; realizar un proceso de reconciliación nacional entre la clase política, agentes culturales, públicos y privados; un proyecto de “escucha respetuosa”, con el que “podamos plantear nuestras necesidades y requerimientos. Garantizar la voluntad política para materializar los acuerdos”.

Como se ve, el tema de los recursos, o la falta de ellos, es ineludible. Para Fundar es urgente que se aborden los factores que han impedido la eficaz distribución de los recursos, con el fin de garantizar que el presupuesto sea suficiente y efectivo en la promoción de los derechos humanos. Paulina Castaño redondea: “Por eso desde Fundar estamos proponiendo una reforma fiscal progresiva que permita se incrementen los recursos para financiar el derecho a la cultura. México ha suscrito compromisos internacionales como el MONDIACULT 2022, la Carta Cultural Iberoamericana y la Conferencia Iberoamericana de Cultura, que recomiendan que los gobiernos destinen el 1 % de su presupuesto general a la cultura. Sin embargo, durante el sexenio [que termina] dicho porcentaje no se ha alcanzado. No pedimos que con el cambio de gobierno lleguemos al 1 % deseado. Sabemos que es complicado porque no hay suficientes recursos a nivel federal, pero si hay voluntad en el nuevo gobierno, el presupuesto puede ir en aumento hasta llegar a ese 1 % y, además, que se distribuya de manera adecuada y equitativa”.

El artista plástico Antonio Gritón recuerda un ejercicio en las comunidades zapatistas de hace años, por medio del cual imaginaban cómo sería en cien años un recién nacido ejerciendo sus derechos a vivir bien, con respeto a su entorno y patrimonio común. “No sé si en Morena exista un ejercicio igual, con el cual [se] piense: cómo quiero que sea cada habitante del país dentro de cien años, en qué condiciones quiero que viva, quiero que sea una persona con inclinación hacia las artes, con empatía por sus semejantes, y a partir de ahí armar su plan de cultura”.

Un ejercicio que luce como necesidad de la sociedad entera.

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