La tarde de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó la discusión que podría significar un duro revés a la polémica Ley de Seguridad Interior. Esta ley faculta a las Fuerzas Armadas y legitima su actuación en labores para combatir el crimen, una labor que han ejercido en algunas partes del país desde hace más de diez años y que antes era responsabilidad de autoridades civiles.

Desde que Felipe Calderón Hinojosa licenció a los mandos militares a realizar labores de seguridad —cuando comenzó la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”— se han registrado más de 250 mil homicidios y según cifras de organismos de Derechos Humanos se calculan más de 30 mil desaparecidos en el país en menos de una década.

Para algunos legisladores considerados de oposición, entre ellos Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, instituciones como el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la aprobación de esta ley significa un atentado a los derechos humanos y a las garantías básicas, por lo que estos organismos lograron interponer siete impugnaciones ante la Corte en un intento por lograr abrogar esta ley que ha sido controversial desde que se discutió brevemente y se aprobó en ambas cámaras, el 15 de diciembre del año pasado.

Intentando calmar los ánimos tras diversas manifestaciones y declaraciones que se hicieron contra la promulgación de la ley —el 21 de diciembre pasado— Enrique Peña Nieto dijo que no entraría en vigor hasta que la SCJN no certificara su constitucionalidad: «Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país”, dijo durante una Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que se llevó acabo el mismo día que se publicó la ley.

A 17 días de que el gobierno de EPN termine, seis Ministros (Alberto Pérez Dayán. Arturo Zaldívar, Eduardo Medina Mora, ex titular de la PGR; Javier Laynez Potisek José Ramón Cossío Díaz y Norma Piña) apoyados en los argumentos de que la Ley de Seguridad Interior podría agravar y justificar las ejecuciones extraoficiales y las desapariciones forzadas votaron —durante la sesión de ayer— que la ordenanza era inconstitucional, replicando que la seguridad publica es facultad de los civiles y no de las autoridades militares.

Entre las declaraciones de los ministros sobresalen las participaciones de la ministra Norma Pina, quien crítico al congreso por “no haber tenido el tiempo suficiente para analizar lo que aprobaron”. Y por otra parte, el ministro Arturo Zaldívar dijo que la aprobación de esta ley significaba un «fraude a la Constitución», pues los términos de la Ley de Seguridad Interior son “excesivamente amplios y generales”.

En tanto, el ministro Cossío Díaz sostuvo que, “el Ejército únicamente puede enviar a sus elementos a realizar las labores de seguridad pública siempre y cuando haya una declaración formal de guerra o alguna suspensión de derechos humanos ”.

Para que esta legislación se declaré oficialmente anticonstitucional se requieren dos votos más. Por lo que la sesión para escuchar al resto de los ministros y realizar la votación se llevará a cabo el próximo jueves a las 11 de la mañana. Un día antes de que el equipo de AMLO presente su plan de seguridad.

Mientras tanto el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, defendió que «el Congreso de la Unión sí está facultado por la Constitución para expedir la Ley de Seguridad Interior y por lo tanto —aseguró—  es una ley válida» y extendió un proyecto que pretende declararla constitucional, pero haciendo modificaciones en 11 artículos de los 34 que tiene esta ordenanza. Sin embargo, para lograr pasar su proyecto se necesitaban al menos seis votos, algo que es probable que no pase, pues en esta discusión solo restan cinco participaciones más.

Intentado fijar su postura al respecto, Enrique Peña Nieto dijo hace una semana en un evento donde otorgo condecoraciones y reconocimientos a miembros de las fuerzas armadas que, “habría sido inconsistente seguir demandando a nuestras Fuerzas Armadas que coadyuvaran a la seguridad interior sin dotarlas de un marco legal que le brindara certidumbre jurídica a su actuación”. También dijo estar seguro de que “al ser los primeros defensores de la Patria, seguirán siendo también los primeros en conducirse con estricto apego a la ley y a las instituciones.”

Todo apunta a que esta ley, que alertó a algunas organizaciones civiles y de derechos humanos, por considerar que afectaba la privacidad, que no fortalecía a la policía y que perpetuaba una estrategia militar que no ha tenido éxito, será parte del pasado y sentará un precedente sobre el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

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