Hace unos años parecía imposible un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más poderosa y antigua en América Latina, a la que se ligaron extorsión, secuestro y narcotráfico, pero se logró hace casi tres años cuando 13 mil combatientes entregaron las armas y pusieron fin a cinco décadas de conflicto. Fue el desarme del siglo: se entregaron más de 8 mil armas. La comunidad internacional lo aplaudió, y la guerrilla se convirtió en un partido político con diez escaños en el Congreso. Ahora en vísperas de las elecciones locales de octubre, Colombia vive polarizada. 

Sin duda, FARC enfrenta una importante oposición. Están registradas más de 8 millones de víctimas y más de 7 millones de desplazados; todo esto lleva secuelas y Colombia, si bien no hay dudas de que quiere la paz, tiene heridas que tardan en cicatrizar. Sobre todo luego de que Iván Márquez, uno de los exlíderes de la guerrilla, reapareciera en un video junto a un pequeño grupo el pasado 30 de agosto, anunciando su regreso a las armas por una “traición del Estado a los Acuerdos de paz”. 

Carlos Ruiz Massieu, diplomático mexicano y representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, recibió la noticia en su última visita a México. Le parecía que la realidad rebasaba todo. “La decisión que tomaron no tiene justificación. La rechazamos y condenamos en los términos más enérgicos. El compromiso de FARC es irreductible. Confío en la resiliencia y en el compromiso de las partes para seguir en un proceso exitoso”, dice y asegura que, a pesar de las disidencias, más del 90% de los excombatientes siguen en el proceso.

Ruiz Massieu, que lleva 25 años en el servicio público, 15 de ellos trabajando para América Latina en la ONU,  ha visto un mayor consenso, en el que la mejor vía de soluciones es el diálogo político. “Pero no siempre están las condiciones dadas para que éste exista, como fue el caso de Colombia. Hubo muchos conversatorios con FARC y es un ejemplo para el mundo. Con fórmulas encontradas por los propios colombianos para su situación en particular; no fue una receta de medidas por la comunidad internacional. Implicó una justicia restaurativa, y no penal—a través de la Jurisdicción Especial para la Paz—, para poner a las víctimas y a la verdad en el centro del acuerdo”. 

Luego de seguir el cese al fuego y la dejación de armas, este año la ONU, en su segunda misión y con una inversión alrededor de 70 millones de dólares, está apoyando la reincorporación de los excombatientes a la vida económica; un programa de sustitución de cultivos ilícitos como la coca, el incremento de la participación política, y garantías de seguridad para todos los excombatientes y en los territorios afectados. Ruiz Massieu asegura es un proceso lento de diez a quince años. Sin embargo, desde la firma del acuerdo en La Habana, han asesinado a 137 excombatientes y líderes sociales; y aunque la promesa de apoyar al desarrollo rural fue decisiva para el desarme, todavía muchos esperan que se cumpla. 

Este octubre habrá elecciones y todas las partes tendrán que garantizar que FARC pueda competir. Para estos comicios, se presentaron 340 candidatos, entre excombatientes y simpatizantes de FARC. Ruiz Massieu rescata la normalidad democrática de verlos participar ante el Congreso. “Hemos estado, los hemos visto dialogar con Centro Democrático, que es el partido en el gobierno, y evidentemente no se ponen de acuerdo en nada o en casi nada, donde los debates son duros, pero verlos debatir en lugar de verlos echando bala es un paso fundamental”, dice.

“Cuando un excombatiente deja el fusil —lo único que ha tenido y que le provee seguridad física, jurídica y alimentaria—, el Estado y la ONU tienen que garantizarle que su reincorporación avance”, concluye.

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