En noviembre de 2018, los habitantes del predio La Pedrera, ubicado en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, tuvieron que salir por la fuerza de sus hogares y sin previo aviso. Un comando recurrió a amenazas de muerte, golpes y armas de alto calibre que  apuntaron a niños y adultos para liberar un terreno donde vivían más de 30 familias desde 2006. Durante ese año, la Alianza Única del Valle (AUV) ocupó el predio de forma legal e hicieron pagos de agua y luz, entre otros derechos municipales. Sin embargo, trece años después la empresa Expectras reclamó el terreno, diciendo que le pertenecía y los habitantes del predio decidieron demandar a Nacional Financiera (NAFINSA) por lo sucedido. 

La empresa Expectras cayó en una serie de inconsistencias y contradicciones.“Si Expectras, como dice, es dueña del predio, el camino regular debió ser demandar a quienes estaban haciendo uso de este terreno, y ya un juez determinaría si tienen razón o no. Pero lo que hicieron fue lo siguiente: un grupo numeroso, entre personal ministerial y externos, todos armados, entraron al predio el 30 de noviembre con un uso excesivo de violencia y sacaron a la gente. ¿Para qué? Para aparentar que el predio estaba baldío”, explica José Antonio Lara Duque, Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que asesora legalmente a la AUV. 

Si el predio, supuestamente propiedad de Expectras, no está habitado por nadie, entonces la empresa podría construir ahí sin problema.“Pero si estaba habitado, a lo mínimo que tenía derecho la gente era a ser notificada de alguna demanda», dice. 

En noviembre de 2018, los habitantes del predio La Pedrera, ubicado en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, tuvieron que salir por la fuerza de sus hogares y sin previo aviso. / Fotografía cortesía del CDHZL.

La intervención de autoridades no le ha servido de mucho a los habitantes de La Pedrera, pues según Lara, la Fiscalía mexiquense está intentado archivar la carpeta de investigación, al tiempo que le entregó a Expectras los documentos de posesión y a partir de entonces ellos contrataron servicios de seguridad privada para “cuidar el predio” y desaparecer poco a poco las casas y pertenencias de sus anteriores habitantes, que desde el 30 de noviembre establecieron una guardia afuera del terreno. 

Cabe mencionar que todas las acciones tomadas por la AUV y los vecinos de La Pedrera se han hecho a través de canales legales, así como lo fue la ocupación del predio.

Fundada por el empresario Eustaquio Nicolás, esta no es la primera vez que Expectras o su fundador se involucran en escándalos. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad reveló que la empresa recibió 700 millones de pesos en contratos de obra pública del sexenio de Enrique Peña Nieto, mientras que Nicolás, amigo del exmandatario, ha sido demandado en varias ocasiones por fraude. La misma investigación de MCCI reveló que Homex (otra empresa ligada a Nicolás) vendió una serie de residencias defectuosas (2600 en total), con drenaje mal planeado y suministro de agua intermitente, entre otros servicios básicos imperfectos.

“En el Estado de México hay una tradición de componenda y corrupción entre las empresas inmobiliarias y los gobiernos. Esa es la base sobre la que partimos”, declara José Antonio Lara. / Fotografía cortesía del CDHZL.

“En el Estado de México hay una tradición de componenda y corrupción entre las empresas inmobiliarias y los gobiernos. Esa es la base sobre la que partimos”, declara José Antonio Lara. Los escándalos inmobiliarios son emblemas de la administración federal de Enrique Peña Nieto, así como de la entidad federativa que solía gobernar. El caso La Pedrera es uno más de abuso y colusión que pone en evidencia otro gran problema que enfrenta México, el de la vivienda. “Lo que está de fondo es el encontronazo de dos enfoques en el tema, uno como derecho y otro como lucro».

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