Según la Secretaría de Energía (SENER), en 2017 36% de las nuevas inversiones en América Latina para proyectos de energías renovables se realizaron en México.
En 2015 se abrió el mercado para que la inversión privada participara en esa industria, incluyendo al ramo de las energías renovables, y este desarrollo se construyó después de esa reforma energética.
Para 2017, la capacidad instalada de energía eólica representaba casi 6% del total del país, mientras que la fotovoltaica superaba poco más de 2%. Sumando estos dos porcentajes, más el de las fuentes hidroeléctricas, con casi 17%, las energías limpias alcanzaban una cuarta parte del total de la capacidad eléctrica instalada en el país.
Según la Secretaría de Energía (SENER), ese año 36% de las nuevas inversiones en América Latina para proyectos de energías renovables se realizaron en México.
Para 2018 México se ubicaba en el lugar 12 de los países más atractivos para invertir en energías renovables, según el Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI).
Quizás es por eso que de los 28 parques eólicos en el Istmo de Oaxaca, 17 pertenecen a empresas extranjeras de capital privado. Del resto, cinco son de empresas privadas nacionales, tres pertenecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y tres más son de capital mixto (CFE y privado), según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Pero tras el cambio de administración, en el siguiente reporte de RECAI en octubre de 2019, México cayó al lugar 24. En una pequeña leyenda junto a la barra que representa México, hay una explicación: “el comisionado de energía de México, García Alcocer, renunció por alegatos de corrupción gubernamental, causando incertidumbre en el mercado, en adición a una subasta cancelada”.
La subasta cancelada a la que hace referencia la cita, involucraba una inversión de $1,600 millones de dólares. Había 42 empresas que construirían en 22 estados, 67 nuevas centrales de energías fotovoltaica y eólica principalmente, y también mejorarían plantas hidroeléctricas, geotérmicas y de bioenergía.
La cancelación de la subasta –como ha ocurrido con otros proyectos durante este gobierno, con el desmantelamiento de instituciones y programas, y el recorte de presupuestos– se basó en alegatos genéricos de corrupción.
El problema es que, en vez de enmendarlos para hacerlos viables, erradicar las posibles cadenas de corrupción y castigar a los responsables, la actual administración los cortó de tajo. Y eso tiene consecuencias tanto para el panorama de la inversión, pues merma la confianza, como para el desarrollo de energías limpias en México, que es todavía escueto comparado con el de otras naciones.
México no figura dentro de los 10 países con mayores capacidades instaladas de energías renovables. Eso sí, el país ocupa el lugar 7 en producción de electricidad mediante energía geotérmica en el mundo, y no es una energía cuyo futuro esté en disputa, porque solo la CFE es dueña de las cuatro plantas que hay en el país.
Desde entonces, la industria de las energías renovables en México ha ido cuesta arriba, y en días recientes ha tenido que enfrentarse a nuevas políticas que restringen su crecimiento en el mercado.
¿Quién debe pagar por transportar la electricidad?
El 29 de abril el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó un acuerdo mediante el cual prohibió las pruebas que debían realizar –y que ya estaban programadas– las diferentes empresas de tecnologías fotovoltaicas y eólicas para incorporarse a la red de suministro eléctrico.
El argumento fue que en plena emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, las autoridades no quisieron arriesgarse a fallas en el suministro por hacer estas pruebas, así que pidieron posponerlas. Sin embargo, el oficio deja la temporalidad de la medida indefinida y varios representantes de esta industria lo asumieron como una estrategia para restringir su crecimiento.
La delegación de la Unión Europea en México envió una carta a la Secretaría de Energía (SENER) en representación de 20 embajadores. En ella externaban su “preocupación” por la forma en que estas medidas afectarían la libre competencia de las empresas y los daños potenciales para sus inversionistas. La carta señala también que en el país hay un antecedente de suspensión indefinida de licitaciones para que las empresas se incorporen al mercado. La Embajada de Canadá envió una carta parecida y ambas fueron liberadas a los medios de comunicación.
“El acuerdo tiene impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18 estados de la República,” dice un comunicado de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMNDEE) . “Se trata de afectaciones a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación, además de 16 proyectos en construcción respaldados por más de 6,400 millones de dólares de inversión directa”.
“Las medidas previstas por el acuerdo implicarán emisiones mensuales de más de 714 mil toneladas de CO2 que no podrán evitarse, y la puesta en riesgo de 29 mil 517 empleos”, sigue el comunicado.
Por lo pronto, un juez concedió un amparo a las empresas para suspender este acuerdo, porque consideró que, en efecto, atentaba contra la libre competencia y que eso era más grave que el posible riesgo al suministro durante la pandemia. Pero allí no terminó el asunto.
Dos semanas después del acuerdo de CENACE, la SENER publicó otro acuerdo el 15 de mayo, en el que le otorga a la CFE nuevas atribuciones de planeación y control.
Entre otras cosas, exige a las industrias fotovoltaica y eólica –que por su naturaleza dependen de fuentes intermitentes como el sol y el viento– garantizar su suministro constante de energía, pues ya no lo hará la CFE.
«La industria de las energías renovables en México ha ido cuesta arriba, y en días recientes ha tenido que enfrentarse a nuevas políticas que restringen su crecimiento en el mercado.»
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el 18 de mayo que era una medida para nivelar el piso de la CFE frente a los particulares, con respecto a los costos de inversión y a quienes tienen prioridad para vender su energía.
“No puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, y continúen con los mismos contratos leoninos. Además, queda claro de que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional”, dijo en su conferencia matutina.
El argumento de la SENER es que deben ser las empresas quienes cubran los costos de incorporación a las redes, porque dada la infraestructura actual, a la CFE le resulta costoso hacerlo.
“Mira tu recibo de luz”, me pidió Ramses Pech, analista energético experto en hidrocarburos. “Verás que los costos de distribución y transmisión son mucho más altos que la energía que estás pagando”. Y es cierto, en la esquina inferior izquierda de mi recibo pude ver que los costos de transmisión y distribución juntos, son más del doble de lo que cuesta la energía.
Para Pech, el problema principal es que la red de transmisión y distribución eléctrica actual no tiene la capacidad de manejar más energía, y lo más contencioso del acuerdo es que la SENER considera que los costos de mejorar las redes deben correr por las empresas.
Pero si la Constitución establece que, por razones de seguridad, esas tareas solo pueden correr a cargo del gobierno, ¿cuál es el mecanismo que le queda a la iniciativa privada para invertir entonces?
“Por medio de asociaciones público-privadas o por medio de licitaciones del gobierno”, dice Pech. “Esta administración suspendió la licitación de la línea de transmisión de Oaxaca a la Ciudad de México, entonces ahora tiene la oportunidad de realizar nuevas, partiendo de lo que ellos consideran que estuvo mal y mejorar el proceso”.
Pech considera que una nueva subasta podría mejorar las condiciones de inversión para la iniciativa privada, porque el proyecto anterior era muy ambicioso y costoso.
Sin embargo, los inversionistas y varios analistas están lejos de ver esto como una oportunidad para entrar en mejores subastas.
“El problema es que los inversionistas no pueden ir e invertir en transmisión por su propia cuenta,” porque es inconstitucional, argumenta Gonzalo Monroy, analista y consultor en temas de energía en América Latina. “Aquí el único que puede invertir es CFE”.
Para Monroy es claro que el gobierno no tiene intención alguna de volver a abrir esas licitaciones, porque no las ha anunciado y además tiene el antecedente de haber cancelado otras.
“El presidente está en pie de guerra. Lo que estamos viendo es que están usando su poder en el monopolio de la transmisión para afectar la generación”, dice Monroy. “La CFE puede negarse a invertir en transmisión, es su derecho, pero no puede afectar la parte de la generación”.
Y en eso, Pech está de acuerdo: “el problema es que se expresó como una confrontación, no como conciliación”, dice el analista. “El que está saliendo dañado allí es el usuario y la nación. Si para el 2040 no tenemos una buena línea de distribución y de transmisión, nos vamos a quedar sin electricidad”.
Para 2018 México se ubicaba en el lugar 12 de los países más atractivos para invertir en energías renovables, según el Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI).
El combustóleo que nadie quiere
Ambos acuerdos del gobierno mexicano coinciden con un panorama en el que, debido a que la demanda de combustibles en el mundo bajó 30% en abril, el exceso en la oferta hizo que los precios del petróleo cayeran a su nivel más bajo en la historia.
La Mezcla Mexicana llegó a cotizarse en números negativos en abril, con un precio de $-2.37 dólares por barril. Eso significó que los vendedores con contratos en mayo tenían que pagar a sus clientes para que se llevaran su petróleo, y las naciones petroleras no tienen dónde guardar ni cómo deshacerse del exceso de producción. Mientras tanto, México ha seguido refinando su petróleo para consumo interno.
Además, por su alto contenido de azufre, la Organización Internacional Marítima prohibió el uso del combustóleo en sus buques a principios de año, y México cada vez tiene menos opciones para deshacerse de él. Hay analistas que suponen que por eso el gobierno busca que la CFE lo utilice en sus plantas en vez de gas natural. El combustóleo es un subproducto del petróleo que desechan en sus procesos las viejas refinerías en México, según me explicó Adrián Fernández Bremauntz, experto en medio ambiente y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México.
México se encuentra en aprietos porque el proyecto clave de la administración actual involucra incrementar la producción de hidrocarburos para conseguir lo que el gobierno llama “soberanía energética”, e insiste en hacerlo en el peor momento para la economía del petróleo en el mundo hasta la fecha.
Según Fernández la administración debería aspirar a conseguir “seguridad energética” en vez de “soberanía energética”.
“El presidente está en pie de guerra. Lo que estamos viendo es que están usando su poder en el monopolio de la transmisión para afectar la generación.”
“Los países buscan tener seguridad energética diversificando mercados, ampliando las capacidades de almacenamiento de combustibles, invirtiendo en energías nuevas; y claro, también entra en la ecuación fortalecer ciertas capacidades domésticas, pero en ambos casos hay que diversificar”, dice Fernández.
Él argumenta que el uso del concepto de “soberanía” en el discurso del estado, es más bien ideológico. “No solo se refiere a la autosuficiencia, sino a la independencia del estado y a que no participen los privados”.
Fernández considera que las energías renovables serían la mejor opción para que México consiga seguridad energética en el largo plazo, pues incrementando las capacidades domésticas se reducirían las importaciones de gas y refinados. Además, es bien sabido que las reservas de petróleo probadas en México se acabarán pronto. El total de las reservas probadas, probables y posibles (las que Pemex llama 3P) están proyectadas para máximo 18 años, según el reporte 2019 de la paraestatal.
En un análisis de 2015, el año en que el congreso en México promulgó la Ley de Transición Energética, la Agencia Internacional de Energías Renovables estimó que en este país la escalada de energías limpias conduciría a la diversificación del suministro energético, lo que para 2030 reduciría la demanda de carbón en 62%, de gas natural en 21%, y de petróleo en 6%, en comparación con lo que las políticas anteriores permitían. Según la Agencia, México podría generar 46% de su electricidad mediante fuentes renovables, pero según Fernández, esto ya no será viable con las nuevas políticas energéticas.
Sin embargo, no solo las políticas de la administración actual pueden obstaculizar el desarrollo de las energías renovables en México. No todo es miel sobre hojuelas con las empresas que han estado al frente de este mercado.
Los países buscan tener seguridad energética diversificando mercados, ampliando las capacidades de almacenamiento de combustibles, invirtiendo en energías nuevas.
Otro tipo de transición energética
“¿Qué sientes cuando pasas por la carretera de la ventosa y ves los aerogeneradores?”, le pregunté por teléfono a Bettina Cruz, una activista indígena originaria de Juchitán.
“¡Ahhhh!” me interrumpió a media pregunta, anticipándola. “Bueno, yo antes lloraba”, contestó, entre risas. “Pero dicen que así son las fases del duelo, ¿no?”.
“La pérdida… luego llorar. Y después te resignas a que allí están, ¿no? Pero no dejas de luchar. Seguimos luchando y defendiendo el territorio”.
Desde hace años las comunidades del Istmo sufren las consecuencias del impacto ambiental y ecológico de la construcción y la presencia de los 1,500 aerogeneradores en sus tierras. Los aparatos producen contaminación por ruido 24 horas al día y matan miles de aves migratorias y murciélagos al año. Sus derechos culturales como pueblos indígenas también han sido violentados: sus tierras ya no les pertenecen.
Bettina Cruz forma parte de los grupos indígenas del Istmo que se han opuesto desde hace varios años a los megaproyectos eólicos. El activismo en Juchitán impidió el desarrollo de los proyectos de Eólica del Sur por más de 3 años.
Estas comunidades, acompañadas de distintas organizaciones, denunciaron que los mecanismos de consulta fueron irregulares. Su principal agravio fue que la energía que genera el proyecto de Eólica del Sur es exclusivamente para satisfacerlas necesidades de autoabastecimiento de grandes empresas como refresqueras y cerveceras, y no las de las comunidades.
«México se encuentra en aprietos porque el proyecto clave de la administración actual involucra incrementar la producción de hidrocarburos para conseguir lo que el gobierno llama “soberanía energética”, e insiste en hacerlo en el peor momento para la economía del petróleo en el mundo hasta la fecha.»
“Llegan con engaños a deforestar y a romper con nuestro tejido social, además de que nos benefician de ninguna manera a nosotros”, dice Cruz. “Es negocio, ¿para quién? Para ellas nada más”.
Estos conflictos no son nuevos. Desde hace más de 10 años la comunidad indígena de San Dionisio del Mar, también en la región del Istmo, frenó el desarrollo del proyecto de la empresa española Mareñas del Sur en su territorios.
“En lugar de hacer de las energías renovables una oportunidad de desarrollo, las compañías hicieron que las comunidades lo asimilaran como algo indeseable”, dice Mayorga, mi colega en Oaxaca.
Sergio Oceransky es director y fundador de Yansa, una organización que apoya iniciativas de aprovechamiento comunitario de energías renovables en territorios indígenas de Oaxaca y Yucatán. Para él, “las tecnologías no son el problema, sino el modelo”, me dijo por teléfono.
“En cuanto este gobierno empezó a atacar la transición energética de una forma totalmente ilógica y sin ningún fundamento, este tipo de empresas, que son las que se han beneficiado hasta ahora de todo esto, han generado mecanismos legales que solamente las benefician a ellas, y en consecuencia, se quedaron solas en la defensa de su modelo”, dice Oceransky.
“Tenemos 28 parques eólicos en la región. ¡Ya no pueden poner más! Nosotros no estamos peleados con la energía renovable”, aclara Bettina Cruz. “La transición se tiene que dar, pero tienen que encontrar otra forma”.
