A la marcha por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron 7 mil personas (en 2014 fueron 50 mil). El caso parece estancarse: la FGR se desistió de al menos 21 órdenes de detención contra militares y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, acaba de renunciar el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA).
Nicanora sostiene en su mano izquierda un ramo de margaritas, girasoles y rosas rojas. De su cuello cuelga la foto de su hijo: Saúl Bruno García. “Desde hace ocho años que venimos aquí a pedir justicia. Hasta hoy no sabemos dónde están [...]. Mi esposo se murió hace un año sin saber qué le pasó a nuestro hijo.” Bruno desapareció el 26 de septiembre de 2014, junto a sus compañeros normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre la marcha de hoy, la madre de Bruno dice: “La exigencia de hoy es que ya nos den la verdad porque en estos años solo se han burlado de nosotros.”
Junto a ella están parados los demás padres y madres de los normalistas, frente al Ángel de la Independencia. Una vez más, como cada 26 de septiembre, llegaron hasta aquí convocados por la fecha y la indignación de no tener respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos, aunque ya casi ha transcurrido una década de su desaparición. Más tarde, en el Zócalo capitalino, nombrarán a los responsables del caso Ayotzinapa y pedirán castigo contra ellos. Pero antes caminan todos juntos sobre Paseo de la Reforma, sosteniendo sus ramos de flores y las fotos de los jóvenes. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corea la multitud de personas que los acompaña hoy. “¡No están solos, no están solos!”
Y realmente no lo están, los acompañan las organizaciones civiles que marcharon con ellos hace ocho años y colectivos universitarios del Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chapingo, sindicatos y distintos grupos que se unieron otra vez para exigir justicia. En total, unas siete mil personas acudieron al encuentro, según los reportes de las autoridades. Una cifra muy pequeña si se compara con las 50 mil personas que se concentraron en 2014.
La primera parada es la Glorieta de la Palma, renombrada recientemente como la Glorieta de los Desaparecidos por los familiares de las víctimas. “Sabemos que faltan 43 y más de 100 mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Hoy salimos con ustedes para acompañarlos y decirles que no están solos”, dice una de las voces a través del micrófono a los padres de los normalistas. Esta glorieta está rodeada por las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades capitalinas antes de que iniciara la marcha, y que fueron intervenidas con los nombres de decenas de desaparecidos y con las pintas que repiten el mensaje que también se lee en los carteles de los manifestantes: “Fue el Ejército”.
Junto al contingente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa camina Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue asesinada en 2017 a manos de su pareja. En este país las víctimas de distintos delitos se acompañan entre sí, se unen porque la justicia no las alcanza. Entre ellas, otros jóvenes cargan un ataúd hecho de cartón con la palabra JUSTICIA y FUE EL ESTADO en letras rojas.
Adelante avanza Vidulfo Flores, abogado de los familiares de los estudiantes. “Hemos visto en los últimos días que hay un intento por borrar evidencias, eso no lo esperábamos.” Vidulfo se refiere a las veintiún órdenes de aprehensión contra los militares y exfuncionarios señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar, a lo que el juez a cargo del caso Ayotzinapa, con sede en Toluca, accedió. “La Fiscalía está dando señales equivocadas, enrarecidas, vemos una Fiscalía descompuesta. Hay desistimiento de las acciones penales contra los responsables y eso, repito, no lo esperábamos. Por eso nuestro enojo y decepción.”
La siguiente parada es en Reforma y Bucareli, en el conocido Antimonumento de los 43. Aquí quien toma el micrófono es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas, para hacer el pase de lista. Uno a uno los va nombrando mientras la multitud responde al unísono: “¡Justicia!”
—Abelardo Vázquez Penitén
—¡Justicia!
—Adán Abrajan de la Cruz
—¡Justicia!
La multitud avanza hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde algunas horas antes se reunieron alrededor de 28o mil personas para ver el espectáculo de Grupo Firme, una cifra histórica para un concierto en este lugar, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. También es histórico este día porque por primera vez en ocho años los familiares pueden nombrar a los responsables de la desaparición de sus hijos: “Enrique Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables [...], que los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República [...] Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, también por desaparición forzada”, dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, al tomar el micrófono parada en el templete desde donde hizo su pronunciamiento.
Mientras los padres de los normalistas se acomodan en el templete del Zócalo, algunos usuarios en redes sociales reportan que, sobre la avenida Cinco de Mayo y antes de la calle de Palma, se escucharon las detonaciones de artefactos pequeños y que algunos manifestantes están siendo rodeados por un grupo de granaderos capitalinos, quienes se presentaron con toletes de seguridad y extintores que activaron contra los ciudadanos. Incluso los integrantes de la Brigada Marabunta denunciaron que dos de sus miembros golpeados por los elementos de seguridad cuando intentaron detener un enfrentamiento entre los granaderos y un grupo de asistentes. Es una escena que se ha repetido constantemente en las últimas marchas de la ciudad. Vallas metálicas, de más de dos metros de alto, atornilladas entre sí y con fuertes soportes traseros que las sostienen exactamente en su sitio, y muchos granaderos; en contraste, se pone un cerco de vallas chaparras, endebles, perimetrales, que la gente tira con facilidad cuando se abarrota para ver a un grupo de banda o para admirar las luces de los festejos patrios.
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Una de las respuestas que por fin obtuvieron los familiares de los jóvenes se encuentra en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se documentó que el Ejército y el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, así como las autoridades locales, estatales y federales, participaron en la desaparición de los normalistas: un crimen de Estado. “No hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión, al presentar dicho informe.
En la manifestación, al tomar el micrófono, Mario César Contreras, padre del normalista César Manuel, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado marcha atrás en dar castigo a los responsables. “Primero dice que sí, que sí libera las ochenta y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no (sic). ¿Por qué desestimar dieciséis órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano?”
Mario César escuchó que por la mañana López Obrador confirmó la cancelación de veintiún órdenes de aprehensión, de un total de 83, que había girado la Fiscalía apenas en agosto pasado contra los militares y exfuncionarios implicados en estas desapariciones “porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, explicó el presidente. Esto luego de que El País y la revista Proceso dieran a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para cancelarlas. Entre las órdenes eliminadas destacan las del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Finalmente, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo este 27 de septiembre. Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los normalistas y hasta ahora había sido la encargada de realizar las investigaciones sobre el caso en el gobierno actual. Gómez Trejo fue seleccionado por haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala.
Para explicar la cancelación de las órdenes de detención del caso Ayotzinapa, el abogado Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial, dice en entrevista con Gatopardo que la Fiscalía tendría que haber justificado o haber aportado nuevos datos sobre la investigación. “El presidente no puede decir que se cancelaron solo porque no estaban en el informe de la Comisión, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y tiene la obligación de hacer una investigación sobre el caso. Esto nos confirma”, dice Martín Reyes, “que estamos regresando a los antiguos modelos de procuración de justicia, en los que el fiscal termina ajustándose a la narrativa del presidente”. Si la Fiscalía no da razones de enorme peso para cancelar las órdenes de aprehensión, “lo único que haría es reforzar las dudas legítimas de que se le está dando un uso político a esta investigación y de que el fiscal Gertz Manero está obstruyendo la investigación, tal y como lo hizo en el pasado Jesús Murillo Karam”.
Entre toda la información que ha circulado en los últimos días, también destacan las declaraciones del general José Rodríguez Pérez, señalado por la Comisión de haber ordenado el asesinato y la desaparición de seis normalistas de Ayotzinapa. El general en retiro Rodríguez Pérez declaró este lunes que dicha acusación es “una vileza, una cobardía. Yo me presenté ante las autoridades, doy la cara y demostraré que soy inocente, al igual que los otros cuatro elementos que están detenidos”. Rodríguez Pérez agregó que “la institución” lo está apoyando: se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que absorberá a la Guardia Nacional para tomar el control operativo y administrativo de esta corporación y asumirá las tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, si es que esto se aprueba en el Senado. La institución además ha sido señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de violaciones graves a los derechos humanos, ya que se ha comprobado que los militares han estado relacionados con otros casos de desaparición forzada, por lo que este Comité ha urgido a abandonar la militarización del país.
Mientras tanto, en el templete del Zócalo, cuando la noche del 26 de septiembre comienza a caer, los padres siguen de pie, recordando y reclamando afuera de Palacio Nacional que se les dé justicia a sus hijos. Para terminar el día, Blanca Nava dice: “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas. Mientras no las tengamos seguiremos luchando. Hay miles de desaparecidos”.
¡Gracias!
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Estudiantes participan en la manifestación para exigir justicia, como parte del 8º aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zócalo de la Ciudad de México. Fotografía de Luis Barrón / REUTERS.
A la marcha por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron 7 mil personas (en 2014 fueron 50 mil). El caso parece estancarse: la FGR se desistió de al menos 21 órdenes de detención contra militares y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, acaba de renunciar el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA).
Nicanora sostiene en su mano izquierda un ramo de margaritas, girasoles y rosas rojas. De su cuello cuelga la foto de su hijo: Saúl Bruno García. “Desde hace ocho años que venimos aquí a pedir justicia. Hasta hoy no sabemos dónde están [...]. Mi esposo se murió hace un año sin saber qué le pasó a nuestro hijo.” Bruno desapareció el 26 de septiembre de 2014, junto a sus compañeros normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre la marcha de hoy, la madre de Bruno dice: “La exigencia de hoy es que ya nos den la verdad porque en estos años solo se han burlado de nosotros.”
Junto a ella están parados los demás padres y madres de los normalistas, frente al Ángel de la Independencia. Una vez más, como cada 26 de septiembre, llegaron hasta aquí convocados por la fecha y la indignación de no tener respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos, aunque ya casi ha transcurrido una década de su desaparición. Más tarde, en el Zócalo capitalino, nombrarán a los responsables del caso Ayotzinapa y pedirán castigo contra ellos. Pero antes caminan todos juntos sobre Paseo de la Reforma, sosteniendo sus ramos de flores y las fotos de los jóvenes. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corea la multitud de personas que los acompaña hoy. “¡No están solos, no están solos!”
Y realmente no lo están, los acompañan las organizaciones civiles que marcharon con ellos hace ocho años y colectivos universitarios del Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chapingo, sindicatos y distintos grupos que se unieron otra vez para exigir justicia. En total, unas siete mil personas acudieron al encuentro, según los reportes de las autoridades. Una cifra muy pequeña si se compara con las 50 mil personas que se concentraron en 2014.
La primera parada es la Glorieta de la Palma, renombrada recientemente como la Glorieta de los Desaparecidos por los familiares de las víctimas. “Sabemos que faltan 43 y más de 100 mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Hoy salimos con ustedes para acompañarlos y decirles que no están solos”, dice una de las voces a través del micrófono a los padres de los normalistas. Esta glorieta está rodeada por las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades capitalinas antes de que iniciara la marcha, y que fueron intervenidas con los nombres de decenas de desaparecidos y con las pintas que repiten el mensaje que también se lee en los carteles de los manifestantes: “Fue el Ejército”.
Junto al contingente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa camina Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue asesinada en 2017 a manos de su pareja. En este país las víctimas de distintos delitos se acompañan entre sí, se unen porque la justicia no las alcanza. Entre ellas, otros jóvenes cargan un ataúd hecho de cartón con la palabra JUSTICIA y FUE EL ESTADO en letras rojas.
Adelante avanza Vidulfo Flores, abogado de los familiares de los estudiantes. “Hemos visto en los últimos días que hay un intento por borrar evidencias, eso no lo esperábamos.” Vidulfo se refiere a las veintiún órdenes de aprehensión contra los militares y exfuncionarios señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar, a lo que el juez a cargo del caso Ayotzinapa, con sede en Toluca, accedió. “La Fiscalía está dando señales equivocadas, enrarecidas, vemos una Fiscalía descompuesta. Hay desistimiento de las acciones penales contra los responsables y eso, repito, no lo esperábamos. Por eso nuestro enojo y decepción.”
La siguiente parada es en Reforma y Bucareli, en el conocido Antimonumento de los 43. Aquí quien toma el micrófono es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas, para hacer el pase de lista. Uno a uno los va nombrando mientras la multitud responde al unísono: “¡Justicia!”
—Abelardo Vázquez Penitén
—¡Justicia!
—Adán Abrajan de la Cruz
—¡Justicia!
La multitud avanza hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde algunas horas antes se reunieron alrededor de 28o mil personas para ver el espectáculo de Grupo Firme, una cifra histórica para un concierto en este lugar, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. También es histórico este día porque por primera vez en ocho años los familiares pueden nombrar a los responsables de la desaparición de sus hijos: “Enrique Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables [...], que los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República [...] Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, también por desaparición forzada”, dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, al tomar el micrófono parada en el templete desde donde hizo su pronunciamiento.
Mientras los padres de los normalistas se acomodan en el templete del Zócalo, algunos usuarios en redes sociales reportan que, sobre la avenida Cinco de Mayo y antes de la calle de Palma, se escucharon las detonaciones de artefactos pequeños y que algunos manifestantes están siendo rodeados por un grupo de granaderos capitalinos, quienes se presentaron con toletes de seguridad y extintores que activaron contra los ciudadanos. Incluso los integrantes de la Brigada Marabunta denunciaron que dos de sus miembros golpeados por los elementos de seguridad cuando intentaron detener un enfrentamiento entre los granaderos y un grupo de asistentes. Es una escena que se ha repetido constantemente en las últimas marchas de la ciudad. Vallas metálicas, de más de dos metros de alto, atornilladas entre sí y con fuertes soportes traseros que las sostienen exactamente en su sitio, y muchos granaderos; en contraste, se pone un cerco de vallas chaparras, endebles, perimetrales, que la gente tira con facilidad cuando se abarrota para ver a un grupo de banda o para admirar las luces de los festejos patrios.
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Una de las respuestas que por fin obtuvieron los familiares de los jóvenes se encuentra en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se documentó que el Ejército y el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, así como las autoridades locales, estatales y federales, participaron en la desaparición de los normalistas: un crimen de Estado. “No hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión, al presentar dicho informe.
En la manifestación, al tomar el micrófono, Mario César Contreras, padre del normalista César Manuel, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado marcha atrás en dar castigo a los responsables. “Primero dice que sí, que sí libera las ochenta y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no (sic). ¿Por qué desestimar dieciséis órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano?”
Mario César escuchó que por la mañana López Obrador confirmó la cancelación de veintiún órdenes de aprehensión, de un total de 83, que había girado la Fiscalía apenas en agosto pasado contra los militares y exfuncionarios implicados en estas desapariciones “porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, explicó el presidente. Esto luego de que El País y la revista Proceso dieran a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para cancelarlas. Entre las órdenes eliminadas destacan las del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Finalmente, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo este 27 de septiembre. Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los normalistas y hasta ahora había sido la encargada de realizar las investigaciones sobre el caso en el gobierno actual. Gómez Trejo fue seleccionado por haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala.
Para explicar la cancelación de las órdenes de detención del caso Ayotzinapa, el abogado Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial, dice en entrevista con Gatopardo que la Fiscalía tendría que haber justificado o haber aportado nuevos datos sobre la investigación. “El presidente no puede decir que se cancelaron solo porque no estaban en el informe de la Comisión, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y tiene la obligación de hacer una investigación sobre el caso. Esto nos confirma”, dice Martín Reyes, “que estamos regresando a los antiguos modelos de procuración de justicia, en los que el fiscal termina ajustándose a la narrativa del presidente”. Si la Fiscalía no da razones de enorme peso para cancelar las órdenes de aprehensión, “lo único que haría es reforzar las dudas legítimas de que se le está dando un uso político a esta investigación y de que el fiscal Gertz Manero está obstruyendo la investigación, tal y como lo hizo en el pasado Jesús Murillo Karam”.
Entre toda la información que ha circulado en los últimos días, también destacan las declaraciones del general José Rodríguez Pérez, señalado por la Comisión de haber ordenado el asesinato y la desaparición de seis normalistas de Ayotzinapa. El general en retiro Rodríguez Pérez declaró este lunes que dicha acusación es “una vileza, una cobardía. Yo me presenté ante las autoridades, doy la cara y demostraré que soy inocente, al igual que los otros cuatro elementos que están detenidos”. Rodríguez Pérez agregó que “la institución” lo está apoyando: se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que absorberá a la Guardia Nacional para tomar el control operativo y administrativo de esta corporación y asumirá las tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, si es que esto se aprueba en el Senado. La institución además ha sido señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de violaciones graves a los derechos humanos, ya que se ha comprobado que los militares han estado relacionados con otros casos de desaparición forzada, por lo que este Comité ha urgido a abandonar la militarización del país.
Mientras tanto, en el templete del Zócalo, cuando la noche del 26 de septiembre comienza a caer, los padres siguen de pie, recordando y reclamando afuera de Palacio Nacional que se les dé justicia a sus hijos. Para terminar el día, Blanca Nava dice: “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas. Mientras no las tengamos seguiremos luchando. Hay miles de desaparecidos”.
¡Gracias!
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A la marcha por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron 7 mil personas (en 2014 fueron 50 mil). El caso parece estancarse: la FGR se desistió de al menos 21 órdenes de detención contra militares y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, acaba de renunciar el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA).
Nicanora sostiene en su mano izquierda un ramo de margaritas, girasoles y rosas rojas. De su cuello cuelga la foto de su hijo: Saúl Bruno García. “Desde hace ocho años que venimos aquí a pedir justicia. Hasta hoy no sabemos dónde están [...]. Mi esposo se murió hace un año sin saber qué le pasó a nuestro hijo.” Bruno desapareció el 26 de septiembre de 2014, junto a sus compañeros normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre la marcha de hoy, la madre de Bruno dice: “La exigencia de hoy es que ya nos den la verdad porque en estos años solo se han burlado de nosotros.”
Junto a ella están parados los demás padres y madres de los normalistas, frente al Ángel de la Independencia. Una vez más, como cada 26 de septiembre, llegaron hasta aquí convocados por la fecha y la indignación de no tener respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos, aunque ya casi ha transcurrido una década de su desaparición. Más tarde, en el Zócalo capitalino, nombrarán a los responsables del caso Ayotzinapa y pedirán castigo contra ellos. Pero antes caminan todos juntos sobre Paseo de la Reforma, sosteniendo sus ramos de flores y las fotos de los jóvenes. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corea la multitud de personas que los acompaña hoy. “¡No están solos, no están solos!”
Y realmente no lo están, los acompañan las organizaciones civiles que marcharon con ellos hace ocho años y colectivos universitarios del Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chapingo, sindicatos y distintos grupos que se unieron otra vez para exigir justicia. En total, unas siete mil personas acudieron al encuentro, según los reportes de las autoridades. Una cifra muy pequeña si se compara con las 50 mil personas que se concentraron en 2014.
La primera parada es la Glorieta de la Palma, renombrada recientemente como la Glorieta de los Desaparecidos por los familiares de las víctimas. “Sabemos que faltan 43 y más de 100 mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Hoy salimos con ustedes para acompañarlos y decirles que no están solos”, dice una de las voces a través del micrófono a los padres de los normalistas. Esta glorieta está rodeada por las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades capitalinas antes de que iniciara la marcha, y que fueron intervenidas con los nombres de decenas de desaparecidos y con las pintas que repiten el mensaje que también se lee en los carteles de los manifestantes: “Fue el Ejército”.
Junto al contingente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa camina Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue asesinada en 2017 a manos de su pareja. En este país las víctimas de distintos delitos se acompañan entre sí, se unen porque la justicia no las alcanza. Entre ellas, otros jóvenes cargan un ataúd hecho de cartón con la palabra JUSTICIA y FUE EL ESTADO en letras rojas.
Adelante avanza Vidulfo Flores, abogado de los familiares de los estudiantes. “Hemos visto en los últimos días que hay un intento por borrar evidencias, eso no lo esperábamos.” Vidulfo se refiere a las veintiún órdenes de aprehensión contra los militares y exfuncionarios señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar, a lo que el juez a cargo del caso Ayotzinapa, con sede en Toluca, accedió. “La Fiscalía está dando señales equivocadas, enrarecidas, vemos una Fiscalía descompuesta. Hay desistimiento de las acciones penales contra los responsables y eso, repito, no lo esperábamos. Por eso nuestro enojo y decepción.”
La siguiente parada es en Reforma y Bucareli, en el conocido Antimonumento de los 43. Aquí quien toma el micrófono es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas, para hacer el pase de lista. Uno a uno los va nombrando mientras la multitud responde al unísono: “¡Justicia!”
—Abelardo Vázquez Penitén
—¡Justicia!
—Adán Abrajan de la Cruz
—¡Justicia!
La multitud avanza hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde algunas horas antes se reunieron alrededor de 28o mil personas para ver el espectáculo de Grupo Firme, una cifra histórica para un concierto en este lugar, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. También es histórico este día porque por primera vez en ocho años los familiares pueden nombrar a los responsables de la desaparición de sus hijos: “Enrique Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables [...], que los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República [...] Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, también por desaparición forzada”, dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, al tomar el micrófono parada en el templete desde donde hizo su pronunciamiento.
Mientras los padres de los normalistas se acomodan en el templete del Zócalo, algunos usuarios en redes sociales reportan que, sobre la avenida Cinco de Mayo y antes de la calle de Palma, se escucharon las detonaciones de artefactos pequeños y que algunos manifestantes están siendo rodeados por un grupo de granaderos capitalinos, quienes se presentaron con toletes de seguridad y extintores que activaron contra los ciudadanos. Incluso los integrantes de la Brigada Marabunta denunciaron que dos de sus miembros golpeados por los elementos de seguridad cuando intentaron detener un enfrentamiento entre los granaderos y un grupo de asistentes. Es una escena que se ha repetido constantemente en las últimas marchas de la ciudad. Vallas metálicas, de más de dos metros de alto, atornilladas entre sí y con fuertes soportes traseros que las sostienen exactamente en su sitio, y muchos granaderos; en contraste, se pone un cerco de vallas chaparras, endebles, perimetrales, que la gente tira con facilidad cuando se abarrota para ver a un grupo de banda o para admirar las luces de los festejos patrios.
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Una de las respuestas que por fin obtuvieron los familiares de los jóvenes se encuentra en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se documentó que el Ejército y el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, así como las autoridades locales, estatales y federales, participaron en la desaparición de los normalistas: un crimen de Estado. “No hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión, al presentar dicho informe.
En la manifestación, al tomar el micrófono, Mario César Contreras, padre del normalista César Manuel, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado marcha atrás en dar castigo a los responsables. “Primero dice que sí, que sí libera las ochenta y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no (sic). ¿Por qué desestimar dieciséis órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano?”
Mario César escuchó que por la mañana López Obrador confirmó la cancelación de veintiún órdenes de aprehensión, de un total de 83, que había girado la Fiscalía apenas en agosto pasado contra los militares y exfuncionarios implicados en estas desapariciones “porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, explicó el presidente. Esto luego de que El País y la revista Proceso dieran a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para cancelarlas. Entre las órdenes eliminadas destacan las del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Finalmente, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo este 27 de septiembre. Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los normalistas y hasta ahora había sido la encargada de realizar las investigaciones sobre el caso en el gobierno actual. Gómez Trejo fue seleccionado por haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala.
Para explicar la cancelación de las órdenes de detención del caso Ayotzinapa, el abogado Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial, dice en entrevista con Gatopardo que la Fiscalía tendría que haber justificado o haber aportado nuevos datos sobre la investigación. “El presidente no puede decir que se cancelaron solo porque no estaban en el informe de la Comisión, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y tiene la obligación de hacer una investigación sobre el caso. Esto nos confirma”, dice Martín Reyes, “que estamos regresando a los antiguos modelos de procuración de justicia, en los que el fiscal termina ajustándose a la narrativa del presidente”. Si la Fiscalía no da razones de enorme peso para cancelar las órdenes de aprehensión, “lo único que haría es reforzar las dudas legítimas de que se le está dando un uso político a esta investigación y de que el fiscal Gertz Manero está obstruyendo la investigación, tal y como lo hizo en el pasado Jesús Murillo Karam”.
Entre toda la información que ha circulado en los últimos días, también destacan las declaraciones del general José Rodríguez Pérez, señalado por la Comisión de haber ordenado el asesinato y la desaparición de seis normalistas de Ayotzinapa. El general en retiro Rodríguez Pérez declaró este lunes que dicha acusación es “una vileza, una cobardía. Yo me presenté ante las autoridades, doy la cara y demostraré que soy inocente, al igual que los otros cuatro elementos que están detenidos”. Rodríguez Pérez agregó que “la institución” lo está apoyando: se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que absorberá a la Guardia Nacional para tomar el control operativo y administrativo de esta corporación y asumirá las tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, si es que esto se aprueba en el Senado. La institución además ha sido señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de violaciones graves a los derechos humanos, ya que se ha comprobado que los militares han estado relacionados con otros casos de desaparición forzada, por lo que este Comité ha urgido a abandonar la militarización del país.
Mientras tanto, en el templete del Zócalo, cuando la noche del 26 de septiembre comienza a caer, los padres siguen de pie, recordando y reclamando afuera de Palacio Nacional que se les dé justicia a sus hijos. Para terminar el día, Blanca Nava dice: “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas. Mientras no las tengamos seguiremos luchando. Hay miles de desaparecidos”.
¡Gracias!
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Estudiantes participan en la manifestación para exigir justicia, como parte del 8º aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zócalo de la Ciudad de México. Fotografía de Luis Barrón / REUTERS.
A la marcha por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron 7 mil personas (en 2014 fueron 50 mil). El caso parece estancarse: la FGR se desistió de al menos 21 órdenes de detención contra militares y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, acaba de renunciar el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA).
Nicanora sostiene en su mano izquierda un ramo de margaritas, girasoles y rosas rojas. De su cuello cuelga la foto de su hijo: Saúl Bruno García. “Desde hace ocho años que venimos aquí a pedir justicia. Hasta hoy no sabemos dónde están [...]. Mi esposo se murió hace un año sin saber qué le pasó a nuestro hijo.” Bruno desapareció el 26 de septiembre de 2014, junto a sus compañeros normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre la marcha de hoy, la madre de Bruno dice: “La exigencia de hoy es que ya nos den la verdad porque en estos años solo se han burlado de nosotros.”
Junto a ella están parados los demás padres y madres de los normalistas, frente al Ángel de la Independencia. Una vez más, como cada 26 de septiembre, llegaron hasta aquí convocados por la fecha y la indignación de no tener respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos, aunque ya casi ha transcurrido una década de su desaparición. Más tarde, en el Zócalo capitalino, nombrarán a los responsables del caso Ayotzinapa y pedirán castigo contra ellos. Pero antes caminan todos juntos sobre Paseo de la Reforma, sosteniendo sus ramos de flores y las fotos de los jóvenes. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corea la multitud de personas que los acompaña hoy. “¡No están solos, no están solos!”
Y realmente no lo están, los acompañan las organizaciones civiles que marcharon con ellos hace ocho años y colectivos universitarios del Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chapingo, sindicatos y distintos grupos que se unieron otra vez para exigir justicia. En total, unas siete mil personas acudieron al encuentro, según los reportes de las autoridades. Una cifra muy pequeña si se compara con las 50 mil personas que se concentraron en 2014.
La primera parada es la Glorieta de la Palma, renombrada recientemente como la Glorieta de los Desaparecidos por los familiares de las víctimas. “Sabemos que faltan 43 y más de 100 mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Hoy salimos con ustedes para acompañarlos y decirles que no están solos”, dice una de las voces a través del micrófono a los padres de los normalistas. Esta glorieta está rodeada por las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades capitalinas antes de que iniciara la marcha, y que fueron intervenidas con los nombres de decenas de desaparecidos y con las pintas que repiten el mensaje que también se lee en los carteles de los manifestantes: “Fue el Ejército”.
Junto al contingente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa camina Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue asesinada en 2017 a manos de su pareja. En este país las víctimas de distintos delitos se acompañan entre sí, se unen porque la justicia no las alcanza. Entre ellas, otros jóvenes cargan un ataúd hecho de cartón con la palabra JUSTICIA y FUE EL ESTADO en letras rojas.
Adelante avanza Vidulfo Flores, abogado de los familiares de los estudiantes. “Hemos visto en los últimos días que hay un intento por borrar evidencias, eso no lo esperábamos.” Vidulfo se refiere a las veintiún órdenes de aprehensión contra los militares y exfuncionarios señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar, a lo que el juez a cargo del caso Ayotzinapa, con sede en Toluca, accedió. “La Fiscalía está dando señales equivocadas, enrarecidas, vemos una Fiscalía descompuesta. Hay desistimiento de las acciones penales contra los responsables y eso, repito, no lo esperábamos. Por eso nuestro enojo y decepción.”
La siguiente parada es en Reforma y Bucareli, en el conocido Antimonumento de los 43. Aquí quien toma el micrófono es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas, para hacer el pase de lista. Uno a uno los va nombrando mientras la multitud responde al unísono: “¡Justicia!”
—Abelardo Vázquez Penitén
—¡Justicia!
—Adán Abrajan de la Cruz
—¡Justicia!
La multitud avanza hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde algunas horas antes se reunieron alrededor de 28o mil personas para ver el espectáculo de Grupo Firme, una cifra histórica para un concierto en este lugar, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. También es histórico este día porque por primera vez en ocho años los familiares pueden nombrar a los responsables de la desaparición de sus hijos: “Enrique Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables [...], que los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República [...] Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, también por desaparición forzada”, dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, al tomar el micrófono parada en el templete desde donde hizo su pronunciamiento.
Mientras los padres de los normalistas se acomodan en el templete del Zócalo, algunos usuarios en redes sociales reportan que, sobre la avenida Cinco de Mayo y antes de la calle de Palma, se escucharon las detonaciones de artefactos pequeños y que algunos manifestantes están siendo rodeados por un grupo de granaderos capitalinos, quienes se presentaron con toletes de seguridad y extintores que activaron contra los ciudadanos. Incluso los integrantes de la Brigada Marabunta denunciaron que dos de sus miembros golpeados por los elementos de seguridad cuando intentaron detener un enfrentamiento entre los granaderos y un grupo de asistentes. Es una escena que se ha repetido constantemente en las últimas marchas de la ciudad. Vallas metálicas, de más de dos metros de alto, atornilladas entre sí y con fuertes soportes traseros que las sostienen exactamente en su sitio, y muchos granaderos; en contraste, se pone un cerco de vallas chaparras, endebles, perimetrales, que la gente tira con facilidad cuando se abarrota para ver a un grupo de banda o para admirar las luces de los festejos patrios.
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Una de las respuestas que por fin obtuvieron los familiares de los jóvenes se encuentra en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se documentó que el Ejército y el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, así como las autoridades locales, estatales y federales, participaron en la desaparición de los normalistas: un crimen de Estado. “No hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión, al presentar dicho informe.
En la manifestación, al tomar el micrófono, Mario César Contreras, padre del normalista César Manuel, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado marcha atrás en dar castigo a los responsables. “Primero dice que sí, que sí libera las ochenta y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no (sic). ¿Por qué desestimar dieciséis órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano?”
Mario César escuchó que por la mañana López Obrador confirmó la cancelación de veintiún órdenes de aprehensión, de un total de 83, que había girado la Fiscalía apenas en agosto pasado contra los militares y exfuncionarios implicados en estas desapariciones “porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, explicó el presidente. Esto luego de que El País y la revista Proceso dieran a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para cancelarlas. Entre las órdenes eliminadas destacan las del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Finalmente, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo este 27 de septiembre. Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los normalistas y hasta ahora había sido la encargada de realizar las investigaciones sobre el caso en el gobierno actual. Gómez Trejo fue seleccionado por haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala.
Para explicar la cancelación de las órdenes de detención del caso Ayotzinapa, el abogado Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial, dice en entrevista con Gatopardo que la Fiscalía tendría que haber justificado o haber aportado nuevos datos sobre la investigación. “El presidente no puede decir que se cancelaron solo porque no estaban en el informe de la Comisión, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y tiene la obligación de hacer una investigación sobre el caso. Esto nos confirma”, dice Martín Reyes, “que estamos regresando a los antiguos modelos de procuración de justicia, en los que el fiscal termina ajustándose a la narrativa del presidente”. Si la Fiscalía no da razones de enorme peso para cancelar las órdenes de aprehensión, “lo único que haría es reforzar las dudas legítimas de que se le está dando un uso político a esta investigación y de que el fiscal Gertz Manero está obstruyendo la investigación, tal y como lo hizo en el pasado Jesús Murillo Karam”.
Entre toda la información que ha circulado en los últimos días, también destacan las declaraciones del general José Rodríguez Pérez, señalado por la Comisión de haber ordenado el asesinato y la desaparición de seis normalistas de Ayotzinapa. El general en retiro Rodríguez Pérez declaró este lunes que dicha acusación es “una vileza, una cobardía. Yo me presenté ante las autoridades, doy la cara y demostraré que soy inocente, al igual que los otros cuatro elementos que están detenidos”. Rodríguez Pérez agregó que “la institución” lo está apoyando: se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que absorberá a la Guardia Nacional para tomar el control operativo y administrativo de esta corporación y asumirá las tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, si es que esto se aprueba en el Senado. La institución además ha sido señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de violaciones graves a los derechos humanos, ya que se ha comprobado que los militares han estado relacionados con otros casos de desaparición forzada, por lo que este Comité ha urgido a abandonar la militarización del país.
Mientras tanto, en el templete del Zócalo, cuando la noche del 26 de septiembre comienza a caer, los padres siguen de pie, recordando y reclamando afuera de Palacio Nacional que se les dé justicia a sus hijos. Para terminar el día, Blanca Nava dice: “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas. Mientras no las tengamos seguiremos luchando. Hay miles de desaparecidos”.
¡Gracias!
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A la marcha por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron 7 mil personas (en 2014 fueron 50 mil). El caso parece estancarse: la FGR se desistió de al menos 21 órdenes de detención contra militares y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, acaba de renunciar el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA).
Nicanora sostiene en su mano izquierda un ramo de margaritas, girasoles y rosas rojas. De su cuello cuelga la foto de su hijo: Saúl Bruno García. “Desde hace ocho años que venimos aquí a pedir justicia. Hasta hoy no sabemos dónde están [...]. Mi esposo se murió hace un año sin saber qué le pasó a nuestro hijo.” Bruno desapareció el 26 de septiembre de 2014, junto a sus compañeros normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre la marcha de hoy, la madre de Bruno dice: “La exigencia de hoy es que ya nos den la verdad porque en estos años solo se han burlado de nosotros.”
Junto a ella están parados los demás padres y madres de los normalistas, frente al Ángel de la Independencia. Una vez más, como cada 26 de septiembre, llegaron hasta aquí convocados por la fecha y la indignación de no tener respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos, aunque ya casi ha transcurrido una década de su desaparición. Más tarde, en el Zócalo capitalino, nombrarán a los responsables del caso Ayotzinapa y pedirán castigo contra ellos. Pero antes caminan todos juntos sobre Paseo de la Reforma, sosteniendo sus ramos de flores y las fotos de los jóvenes. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corea la multitud de personas que los acompaña hoy. “¡No están solos, no están solos!”
Y realmente no lo están, los acompañan las organizaciones civiles que marcharon con ellos hace ocho años y colectivos universitarios del Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chapingo, sindicatos y distintos grupos que se unieron otra vez para exigir justicia. En total, unas siete mil personas acudieron al encuentro, según los reportes de las autoridades. Una cifra muy pequeña si se compara con las 50 mil personas que se concentraron en 2014.
La primera parada es la Glorieta de la Palma, renombrada recientemente como la Glorieta de los Desaparecidos por los familiares de las víctimas. “Sabemos que faltan 43 y más de 100 mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Hoy salimos con ustedes para acompañarlos y decirles que no están solos”, dice una de las voces a través del micrófono a los padres de los normalistas. Esta glorieta está rodeada por las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades capitalinas antes de que iniciara la marcha, y que fueron intervenidas con los nombres de decenas de desaparecidos y con las pintas que repiten el mensaje que también se lee en los carteles de los manifestantes: “Fue el Ejército”.
Junto al contingente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa camina Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue asesinada en 2017 a manos de su pareja. En este país las víctimas de distintos delitos se acompañan entre sí, se unen porque la justicia no las alcanza. Entre ellas, otros jóvenes cargan un ataúd hecho de cartón con la palabra JUSTICIA y FUE EL ESTADO en letras rojas.
Adelante avanza Vidulfo Flores, abogado de los familiares de los estudiantes. “Hemos visto en los últimos días que hay un intento por borrar evidencias, eso no lo esperábamos.” Vidulfo se refiere a las veintiún órdenes de aprehensión contra los militares y exfuncionarios señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar, a lo que el juez a cargo del caso Ayotzinapa, con sede en Toluca, accedió. “La Fiscalía está dando señales equivocadas, enrarecidas, vemos una Fiscalía descompuesta. Hay desistimiento de las acciones penales contra los responsables y eso, repito, no lo esperábamos. Por eso nuestro enojo y decepción.”
La siguiente parada es en Reforma y Bucareli, en el conocido Antimonumento de los 43. Aquí quien toma el micrófono es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas, para hacer el pase de lista. Uno a uno los va nombrando mientras la multitud responde al unísono: “¡Justicia!”
—Abelardo Vázquez Penitén
—¡Justicia!
—Adán Abrajan de la Cruz
—¡Justicia!
La multitud avanza hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde algunas horas antes se reunieron alrededor de 28o mil personas para ver el espectáculo de Grupo Firme, una cifra histórica para un concierto en este lugar, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. También es histórico este día porque por primera vez en ocho años los familiares pueden nombrar a los responsables de la desaparición de sus hijos: “Enrique Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables [...], que los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República [...] Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, también por desaparición forzada”, dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, al tomar el micrófono parada en el templete desde donde hizo su pronunciamiento.
Mientras los padres de los normalistas se acomodan en el templete del Zócalo, algunos usuarios en redes sociales reportan que, sobre la avenida Cinco de Mayo y antes de la calle de Palma, se escucharon las detonaciones de artefactos pequeños y que algunos manifestantes están siendo rodeados por un grupo de granaderos capitalinos, quienes se presentaron con toletes de seguridad y extintores que activaron contra los ciudadanos. Incluso los integrantes de la Brigada Marabunta denunciaron que dos de sus miembros golpeados por los elementos de seguridad cuando intentaron detener un enfrentamiento entre los granaderos y un grupo de asistentes. Es una escena que se ha repetido constantemente en las últimas marchas de la ciudad. Vallas metálicas, de más de dos metros de alto, atornilladas entre sí y con fuertes soportes traseros que las sostienen exactamente en su sitio, y muchos granaderos; en contraste, se pone un cerco de vallas chaparras, endebles, perimetrales, que la gente tira con facilidad cuando se abarrota para ver a un grupo de banda o para admirar las luces de los festejos patrios.
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Una de las respuestas que por fin obtuvieron los familiares de los jóvenes se encuentra en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se documentó que el Ejército y el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, así como las autoridades locales, estatales y federales, participaron en la desaparición de los normalistas: un crimen de Estado. “No hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión, al presentar dicho informe.
En la manifestación, al tomar el micrófono, Mario César Contreras, padre del normalista César Manuel, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado marcha atrás en dar castigo a los responsables. “Primero dice que sí, que sí libera las ochenta y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no (sic). ¿Por qué desestimar dieciséis órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano?”
Mario César escuchó que por la mañana López Obrador confirmó la cancelación de veintiún órdenes de aprehensión, de un total de 83, que había girado la Fiscalía apenas en agosto pasado contra los militares y exfuncionarios implicados en estas desapariciones “porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, explicó el presidente. Esto luego de que El País y la revista Proceso dieran a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para cancelarlas. Entre las órdenes eliminadas destacan las del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Finalmente, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo este 27 de septiembre. Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los normalistas y hasta ahora había sido la encargada de realizar las investigaciones sobre el caso en el gobierno actual. Gómez Trejo fue seleccionado por haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala.
Para explicar la cancelación de las órdenes de detención del caso Ayotzinapa, el abogado Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial, dice en entrevista con Gatopardo que la Fiscalía tendría que haber justificado o haber aportado nuevos datos sobre la investigación. “El presidente no puede decir que se cancelaron solo porque no estaban en el informe de la Comisión, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y tiene la obligación de hacer una investigación sobre el caso. Esto nos confirma”, dice Martín Reyes, “que estamos regresando a los antiguos modelos de procuración de justicia, en los que el fiscal termina ajustándose a la narrativa del presidente”. Si la Fiscalía no da razones de enorme peso para cancelar las órdenes de aprehensión, “lo único que haría es reforzar las dudas legítimas de que se le está dando un uso político a esta investigación y de que el fiscal Gertz Manero está obstruyendo la investigación, tal y como lo hizo en el pasado Jesús Murillo Karam”.
Entre toda la información que ha circulado en los últimos días, también destacan las declaraciones del general José Rodríguez Pérez, señalado por la Comisión de haber ordenado el asesinato y la desaparición de seis normalistas de Ayotzinapa. El general en retiro Rodríguez Pérez declaró este lunes que dicha acusación es “una vileza, una cobardía. Yo me presenté ante las autoridades, doy la cara y demostraré que soy inocente, al igual que los otros cuatro elementos que están detenidos”. Rodríguez Pérez agregó que “la institución” lo está apoyando: se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que absorberá a la Guardia Nacional para tomar el control operativo y administrativo de esta corporación y asumirá las tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, si es que esto se aprueba en el Senado. La institución además ha sido señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de violaciones graves a los derechos humanos, ya que se ha comprobado que los militares han estado relacionados con otros casos de desaparición forzada, por lo que este Comité ha urgido a abandonar la militarización del país.
Mientras tanto, en el templete del Zócalo, cuando la noche del 26 de septiembre comienza a caer, los padres siguen de pie, recordando y reclamando afuera de Palacio Nacional que se les dé justicia a sus hijos. Para terminar el día, Blanca Nava dice: “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas. Mientras no las tengamos seguiremos luchando. Hay miles de desaparecidos”.
¡Gracias!
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Estudiantes participan en la manifestación para exigir justicia, como parte del 8º aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Zócalo de la Ciudad de México. Fotografía de Luis Barrón / REUTERS.
A la marcha por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acudieron 7 mil personas (en 2014 fueron 50 mil). El caso parece estancarse: la FGR se desistió de al menos 21 órdenes de detención contra militares y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada. Además, acaba de renunciar el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigio (UEILCA).
Nicanora sostiene en su mano izquierda un ramo de margaritas, girasoles y rosas rojas. De su cuello cuelga la foto de su hijo: Saúl Bruno García. “Desde hace ocho años que venimos aquí a pedir justicia. Hasta hoy no sabemos dónde están [...]. Mi esposo se murió hace un año sin saber qué le pasó a nuestro hijo.” Bruno desapareció el 26 de septiembre de 2014, junto a sus compañeros normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Sobre la marcha de hoy, la madre de Bruno dice: “La exigencia de hoy es que ya nos den la verdad porque en estos años solo se han burlado de nosotros.”
Junto a ella están parados los demás padres y madres de los normalistas, frente al Ángel de la Independencia. Una vez más, como cada 26 de septiembre, llegaron hasta aquí convocados por la fecha y la indignación de no tener respuestas definitivas sobre el paradero de sus hijos, aunque ya casi ha transcurrido una década de su desaparición. Más tarde, en el Zócalo capitalino, nombrarán a los responsables del caso Ayotzinapa y pedirán castigo contra ellos. Pero antes caminan todos juntos sobre Paseo de la Reforma, sosteniendo sus ramos de flores y las fotos de los jóvenes. “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, corea la multitud de personas que los acompaña hoy. “¡No están solos, no están solos!”
Y realmente no lo están, los acompañan las organizaciones civiles que marcharon con ellos hace ocho años y colectivos universitarios del Politécnico, la UNAM, la Universidad de Chapingo, sindicatos y distintos grupos que se unieron otra vez para exigir justicia. En total, unas siete mil personas acudieron al encuentro, según los reportes de las autoridades. Una cifra muy pequeña si se compara con las 50 mil personas que se concentraron en 2014.
La primera parada es la Glorieta de la Palma, renombrada recientemente como la Glorieta de los Desaparecidos por los familiares de las víctimas. “Sabemos que faltan 43 y más de 100 mil personas que están desaparecidas en nuestro país. Hoy salimos con ustedes para acompañarlos y decirles que no están solos”, dice una de las voces a través del micrófono a los padres de los normalistas. Esta glorieta está rodeada por las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades capitalinas antes de que iniciara la marcha, y que fueron intervenidas con los nombres de decenas de desaparecidos y con las pintas que repiten el mensaje que también se lee en los carteles de los manifestantes: “Fue el Ejército”.
Junto al contingente de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa camina Araceli Osorio, mamá de Lesvy Berlín Osorio, la joven que fue asesinada en 2017 a manos de su pareja. En este país las víctimas de distintos delitos se acompañan entre sí, se unen porque la justicia no las alcanza. Entre ellas, otros jóvenes cargan un ataúd hecho de cartón con la palabra JUSTICIA y FUE EL ESTADO en letras rojas.
Adelante avanza Vidulfo Flores, abogado de los familiares de los estudiantes. “Hemos visto en los últimos días que hay un intento por borrar evidencias, eso no lo esperábamos.” Vidulfo se refiere a las veintiún órdenes de aprehensión contra los militares y exfuncionarios señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar, a lo que el juez a cargo del caso Ayotzinapa, con sede en Toluca, accedió. “La Fiscalía está dando señales equivocadas, enrarecidas, vemos una Fiscalía descompuesta. Hay desistimiento de las acciones penales contra los responsables y eso, repito, no lo esperábamos. Por eso nuestro enojo y decepción.”
La siguiente parada es en Reforma y Bucareli, en el conocido Antimonumento de los 43. Aquí quien toma el micrófono es Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los normalistas, para hacer el pase de lista. Uno a uno los va nombrando mientras la multitud responde al unísono: “¡Justicia!”
—Abelardo Vázquez Penitén
—¡Justicia!
—Adán Abrajan de la Cruz
—¡Justicia!
La multitud avanza hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino, donde algunas horas antes se reunieron alrededor de 28o mil personas para ver el espectáculo de Grupo Firme, una cifra histórica para un concierto en este lugar, de acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México. También es histórico este día porque por primera vez en ocho años los familiares pueden nombrar a los responsables de la desaparición de sus hijos: “Enrique Peña Nieto nunca dijo que los militares eran los responsables [...], que los llevaron al Batallón 27 en Iguala, Guerrero, y derribamos la mentira de Jesús Murillo, exprocurador general de la República [...] Exigimos que castiguen a los militares no solo por delincuencia organizada, también por desaparición forzada”, dijo Blanca Nava, madre de Jorge Álvarez Nava, al tomar el micrófono parada en el templete desde donde hizo su pronunciamiento.
Mientras los padres de los normalistas se acomodan en el templete del Zócalo, algunos usuarios en redes sociales reportan que, sobre la avenida Cinco de Mayo y antes de la calle de Palma, se escucharon las detonaciones de artefactos pequeños y que algunos manifestantes están siendo rodeados por un grupo de granaderos capitalinos, quienes se presentaron con toletes de seguridad y extintores que activaron contra los ciudadanos. Incluso los integrantes de la Brigada Marabunta denunciaron que dos de sus miembros golpeados por los elementos de seguridad cuando intentaron detener un enfrentamiento entre los granaderos y un grupo de asistentes. Es una escena que se ha repetido constantemente en las últimas marchas de la ciudad. Vallas metálicas, de más de dos metros de alto, atornilladas entre sí y con fuertes soportes traseros que las sostienen exactamente en su sitio, y muchos granaderos; en contraste, se pone un cerco de vallas chaparras, endebles, perimetrales, que la gente tira con facilidad cuando se abarrota para ver a un grupo de banda o para admirar las luces de los festejos patrios.
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Una de las respuestas que por fin obtuvieron los familiares de los jóvenes se encuentra en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. En él se documentó que el Ejército y el grupo del crimen organizado Guerreros Unidos, así como las autoridades locales, estatales y federales, participaron en la desaparición de los normalistas: un crimen de Estado. “No hay indicios de que los normalistas de Ayotzinapa estén con vida”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión, al presentar dicho informe.
En la manifestación, al tomar el micrófono, Mario César Contreras, padre del normalista César Manuel, criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya dado marcha atrás en dar castigo a los responsables. “Primero dice que sí, que sí libera las ochenta y tantas órdenes de aprehensión, y después dice que no (sic). ¿Por qué desestimar dieciséis órdenes de aprehensión contra el Ejército mexicano?”
Mario César escuchó que por la mañana López Obrador confirmó la cancelación de veintiún órdenes de aprehensión, de un total de 83, que había girado la Fiscalía apenas en agosto pasado contra los militares y exfuncionarios implicados en estas desapariciones “porque no estaban en el informe, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe”, explicó el presidente. Esto luego de que El País y la revista Proceso dieran a conocer que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, pasó por alto a la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), para cancelarlas. Entre las órdenes eliminadas destacan las del exprocurador de Guerrero, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el exjuez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, por desaparición forzada; y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
Finalmente, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, renunció a su cargo este 27 de septiembre. Esta unidad fue creada en 2019 a petición de los familiares de los normalistas y hasta ahora había sido la encargada de realizar las investigaciones sobre el caso en el gobierno actual. Gómez Trejo fue seleccionado por haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue parte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala.
Para explicar la cancelación de las órdenes de detención del caso Ayotzinapa, el abogado Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional y política judicial, dice en entrevista con Gatopardo que la Fiscalía tendría que haber justificado o haber aportado nuevos datos sobre la investigación. “El presidente no puede decir que se cancelaron solo porque no estaban en el informe de la Comisión, ya que la Fiscalía es un órgano autónomo y tiene la obligación de hacer una investigación sobre el caso. Esto nos confirma”, dice Martín Reyes, “que estamos regresando a los antiguos modelos de procuración de justicia, en los que el fiscal termina ajustándose a la narrativa del presidente”. Si la Fiscalía no da razones de enorme peso para cancelar las órdenes de aprehensión, “lo único que haría es reforzar las dudas legítimas de que se le está dando un uso político a esta investigación y de que el fiscal Gertz Manero está obstruyendo la investigación, tal y como lo hizo en el pasado Jesús Murillo Karam”.
Entre toda la información que ha circulado en los últimos días, también destacan las declaraciones del general José Rodríguez Pérez, señalado por la Comisión de haber ordenado el asesinato y la desaparición de seis normalistas de Ayotzinapa. El general en retiro Rodríguez Pérez declaró este lunes que dicha acusación es “una vileza, una cobardía. Yo me presenté ante las autoridades, doy la cara y demostraré que soy inocente, al igual que los otros cuatro elementos que están detenidos”. Rodríguez Pérez agregó que “la institución” lo está apoyando: se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, la misma que absorberá a la Guardia Nacional para tomar el control operativo y administrativo de esta corporación y asumirá las tareas de seguridad pública en las calles hasta 2028, si es que esto se aprueba en el Senado. La institución además ha sido señalada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de violaciones graves a los derechos humanos, ya que se ha comprobado que los militares han estado relacionados con otros casos de desaparición forzada, por lo que este Comité ha urgido a abandonar la militarización del país.
Mientras tanto, en el templete del Zócalo, cuando la noche del 26 de septiembre comienza a caer, los padres siguen de pie, recordando y reclamando afuera de Palacio Nacional que se les dé justicia a sus hijos. Para terminar el día, Blanca Nava dice: “Queremos que se detenga a todos los responsables porque fue un crimen de Estado, queremos que todos caigan. Usted, presidente, dijo que no será tapadera de nadie, que nos den pruebas. Mientras no las tengamos seguiremos luchando. Hay miles de desaparecidos”.
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