“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón”, declara Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) frente a cientos de representantes de grupos indígenas congregados en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La buya y los aplausos no se hicieron esperar. Desde hace poco más de una década, Ecuador no atravesaba una crisis social e institucional como la que se apoderó del país desde hace nueve días tras el anuncio del “paquetazo” de Lenín Moreno. Una serie de drásticos ajustes económicos entre los que destaca la eliminación de los subsidios al combustible.
Desde entonces, una multitud de personas salieron a las calles de las principales ciudades a expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente. Lo que empezó como una serie de marchas pacíficas, ha derivado en al menos cinco muertos, y más de 600 heridos durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fue inevitable, mientras pasaron las horas, la tensión aumentó y las protestas se tornaron en movilizaciones en las que la violencia salió a relucir. Es verdad que la economía ecuatoriana, como la de muchos países latinoamericanos, estaba lejos de la estabilidad. Su abultado déficit fiscal y alto nivel de endeudamiento incrementó, en los últimos años, la preocupación ante una posible parálisis económica.
Cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno implementó una serie de medidas económicas, entre ellas el aumento a los combustibles, que afectaron principalmente al sector más vulnerable de la población: las comunidades indígenas. Moreno no supo cómo lidiar con las protestas del pueblo y además de enviar una respuesta represora a través de la policía, el mandatario acusó al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de un intento de desestabilización de su gobierno.
Mientras el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes, usaron las calles para exigir congruencia y un paso atrás con las medidas del paquetazo. En un movimiento sorpresivo, el pasado 8 de octubre, Lenín Moreno trasladó la sede de su Gobierno de Quito, la capital, a la ciudad de Guayaquil. “Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, señaló a través de un mensaje transmitido en medios. Sin embargo, la decisión del mandatario enfureció aún más al pueblo ecuatoriano.
“Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, justificó el Presidente. Lenín Moreno decretó un estado de excepción de 60 días y Ecuador quedó paralizado. En menos de dos días, el Presidente se vio obligado a regresar a la sede original en Quito.
El mandatario propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, pero el enojo en las calles ya había rebasado límites. Desde el Ágora, Jaime Vargas dijo que las protestas seguirán en pie hasta que el gobierno de Moreno recapacite sobre las medidas económicas implementadas. El mandatario ha dicho que eso no sucederá. Su gobierno envió el pasado 10 de octubre, una solicitud a las Naciones Unidas solicitando su participación “para facilitar el facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil”. Farhan Haq, portavoz de ONU, dijo que la organización estaría dispuesta a apoyar siempre y cuando “todas las partes pertinentes acepten su participación”.
El origen de esta crisis tiene que ver con el acuerdo al que el gobierno de Moreno llegó con el FMI, el cual incluye créditos por más de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando por el otro. El plan de austeridad propuesto por el mandatario, plantea, además de la eliminación a los subsidios de combustibles, una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, además de un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y además, los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al Gobierno un día de salario al mes.
El Movimiento Indígena se ha mostrado fuerte y unido. Sin embargo, han recurrido a formas que han molestado aún más al gobierno, lo que ha dejado al país muy lejos de llegar a un punto de acuerdo a corto plazo. Durante la reunión que entablaron en el Ágora, el 10 de octubre, mostraron que tenían retenidos a ocho policías, además de algunas decenas de periodistas, y advirtieron que no los liberarían hasta que las autoridades entregaran los cuerpos de sus cinco compañeros fallecidos durante las protestas. Sin embargo, el gobierno insiste en que son cuatro: Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbí y dos jóvenes que cayeron de un puente.
La ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que este viernes 17 personas fueron detenidas, “la mayoría de ellos venezolanos”, en el aeropuerto de Quito. Aseguró que en su poder tenían información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha pronunciado y aseguró que el verdadero responsable de lo que actualmente está sucediendo en Ecuador es el FMI pues es “es el único que contribuye a la batalla que se libra en América Latina” por “su capitalismo excluyente que está en pugna con la Revolución bolivariana que va la vanguardia”.
Sin embargo, tras doce días de caos, violencia y protestas en Ecuador, se logró la derogación del decreto 883. La noche del 13 de octubre fue de celebración. En un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento indígena representado centralmente por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), se dio marcha atrás al decreto que, entre otros reajustes económicos, quitó los subsidios estatales a las gasolinas.
"El pueblo unido jamás será vencido", se escuchaba a coro en las calles de Quito. El cese a la tensa jornada que se vivió en el país, se logró luego de que el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad afectados por las medidas de Moreno no dieron marcha atrás en sus exigencias al gobierno. La negativa del mandatario fue el discurso oficial durante días, pese a que ofreció un diálogo al movimiento.
Lo que sigue es aclarar lo que sucederá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional y la excesiva violencia implementada por el gobierno durante las protestas.
*Fotografía de portada: Rafael Rodriguez / NurPhoto vía Getty Images
También te puede interesar:
Rafael Correa, el hombre fuerte de Ecuador
El terremoto que enlutó a Ecuador
Síguenos en Twitter
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Las medidas económicas de Lenín Moreno provocaron una crisis política y social en el país.
“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón”, declara Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) frente a cientos de representantes de grupos indígenas congregados en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La buya y los aplausos no se hicieron esperar. Desde hace poco más de una década, Ecuador no atravesaba una crisis social e institucional como la que se apoderó del país desde hace nueve días tras el anuncio del “paquetazo” de Lenín Moreno. Una serie de drásticos ajustes económicos entre los que destaca la eliminación de los subsidios al combustible.
Desde entonces, una multitud de personas salieron a las calles de las principales ciudades a expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente. Lo que empezó como una serie de marchas pacíficas, ha derivado en al menos cinco muertos, y más de 600 heridos durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fue inevitable, mientras pasaron las horas, la tensión aumentó y las protestas se tornaron en movilizaciones en las que la violencia salió a relucir. Es verdad que la economía ecuatoriana, como la de muchos países latinoamericanos, estaba lejos de la estabilidad. Su abultado déficit fiscal y alto nivel de endeudamiento incrementó, en los últimos años, la preocupación ante una posible parálisis económica.
Cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno implementó una serie de medidas económicas, entre ellas el aumento a los combustibles, que afectaron principalmente al sector más vulnerable de la población: las comunidades indígenas. Moreno no supo cómo lidiar con las protestas del pueblo y además de enviar una respuesta represora a través de la policía, el mandatario acusó al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de un intento de desestabilización de su gobierno.
Mientras el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes, usaron las calles para exigir congruencia y un paso atrás con las medidas del paquetazo. En un movimiento sorpresivo, el pasado 8 de octubre, Lenín Moreno trasladó la sede de su Gobierno de Quito, la capital, a la ciudad de Guayaquil. “Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, señaló a través de un mensaje transmitido en medios. Sin embargo, la decisión del mandatario enfureció aún más al pueblo ecuatoriano.
“Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, justificó el Presidente. Lenín Moreno decretó un estado de excepción de 60 días y Ecuador quedó paralizado. En menos de dos días, el Presidente se vio obligado a regresar a la sede original en Quito.
El mandatario propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, pero el enojo en las calles ya había rebasado límites. Desde el Ágora, Jaime Vargas dijo que las protestas seguirán en pie hasta que el gobierno de Moreno recapacite sobre las medidas económicas implementadas. El mandatario ha dicho que eso no sucederá. Su gobierno envió el pasado 10 de octubre, una solicitud a las Naciones Unidas solicitando su participación “para facilitar el facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil”. Farhan Haq, portavoz de ONU, dijo que la organización estaría dispuesta a apoyar siempre y cuando “todas las partes pertinentes acepten su participación”.
El origen de esta crisis tiene que ver con el acuerdo al que el gobierno de Moreno llegó con el FMI, el cual incluye créditos por más de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando por el otro. El plan de austeridad propuesto por el mandatario, plantea, además de la eliminación a los subsidios de combustibles, una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, además de un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y además, los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al Gobierno un día de salario al mes.
El Movimiento Indígena se ha mostrado fuerte y unido. Sin embargo, han recurrido a formas que han molestado aún más al gobierno, lo que ha dejado al país muy lejos de llegar a un punto de acuerdo a corto plazo. Durante la reunión que entablaron en el Ágora, el 10 de octubre, mostraron que tenían retenidos a ocho policías, además de algunas decenas de periodistas, y advirtieron que no los liberarían hasta que las autoridades entregaran los cuerpos de sus cinco compañeros fallecidos durante las protestas. Sin embargo, el gobierno insiste en que son cuatro: Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbí y dos jóvenes que cayeron de un puente.
La ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que este viernes 17 personas fueron detenidas, “la mayoría de ellos venezolanos”, en el aeropuerto de Quito. Aseguró que en su poder tenían información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha pronunciado y aseguró que el verdadero responsable de lo que actualmente está sucediendo en Ecuador es el FMI pues es “es el único que contribuye a la batalla que se libra en América Latina” por “su capitalismo excluyente que está en pugna con la Revolución bolivariana que va la vanguardia”.
Sin embargo, tras doce días de caos, violencia y protestas en Ecuador, se logró la derogación del decreto 883. La noche del 13 de octubre fue de celebración. En un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento indígena representado centralmente por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), se dio marcha atrás al decreto que, entre otros reajustes económicos, quitó los subsidios estatales a las gasolinas.
"El pueblo unido jamás será vencido", se escuchaba a coro en las calles de Quito. El cese a la tensa jornada que se vivió en el país, se logró luego de que el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad afectados por las medidas de Moreno no dieron marcha atrás en sus exigencias al gobierno. La negativa del mandatario fue el discurso oficial durante días, pese a que ofreció un diálogo al movimiento.
Lo que sigue es aclarar lo que sucederá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional y la excesiva violencia implementada por el gobierno durante las protestas.
*Fotografía de portada: Rafael Rodriguez / NurPhoto vía Getty Images
También te puede interesar:
Rafael Correa, el hombre fuerte de Ecuador
El terremoto que enlutó a Ecuador
Síguenos en Twitter
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Las medidas económicas de Lenín Moreno provocaron una crisis política y social en el país.
“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón”, declara Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) frente a cientos de representantes de grupos indígenas congregados en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La buya y los aplausos no se hicieron esperar. Desde hace poco más de una década, Ecuador no atravesaba una crisis social e institucional como la que se apoderó del país desde hace nueve días tras el anuncio del “paquetazo” de Lenín Moreno. Una serie de drásticos ajustes económicos entre los que destaca la eliminación de los subsidios al combustible.
Desde entonces, una multitud de personas salieron a las calles de las principales ciudades a expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente. Lo que empezó como una serie de marchas pacíficas, ha derivado en al menos cinco muertos, y más de 600 heridos durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fue inevitable, mientras pasaron las horas, la tensión aumentó y las protestas se tornaron en movilizaciones en las que la violencia salió a relucir. Es verdad que la economía ecuatoriana, como la de muchos países latinoamericanos, estaba lejos de la estabilidad. Su abultado déficit fiscal y alto nivel de endeudamiento incrementó, en los últimos años, la preocupación ante una posible parálisis económica.
Cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno implementó una serie de medidas económicas, entre ellas el aumento a los combustibles, que afectaron principalmente al sector más vulnerable de la población: las comunidades indígenas. Moreno no supo cómo lidiar con las protestas del pueblo y además de enviar una respuesta represora a través de la policía, el mandatario acusó al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de un intento de desestabilización de su gobierno.
Mientras el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes, usaron las calles para exigir congruencia y un paso atrás con las medidas del paquetazo. En un movimiento sorpresivo, el pasado 8 de octubre, Lenín Moreno trasladó la sede de su Gobierno de Quito, la capital, a la ciudad de Guayaquil. “Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, señaló a través de un mensaje transmitido en medios. Sin embargo, la decisión del mandatario enfureció aún más al pueblo ecuatoriano.
“Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, justificó el Presidente. Lenín Moreno decretó un estado de excepción de 60 días y Ecuador quedó paralizado. En menos de dos días, el Presidente se vio obligado a regresar a la sede original en Quito.
El mandatario propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, pero el enojo en las calles ya había rebasado límites. Desde el Ágora, Jaime Vargas dijo que las protestas seguirán en pie hasta que el gobierno de Moreno recapacite sobre las medidas económicas implementadas. El mandatario ha dicho que eso no sucederá. Su gobierno envió el pasado 10 de octubre, una solicitud a las Naciones Unidas solicitando su participación “para facilitar el facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil”. Farhan Haq, portavoz de ONU, dijo que la organización estaría dispuesta a apoyar siempre y cuando “todas las partes pertinentes acepten su participación”.
El origen de esta crisis tiene que ver con el acuerdo al que el gobierno de Moreno llegó con el FMI, el cual incluye créditos por más de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando por el otro. El plan de austeridad propuesto por el mandatario, plantea, además de la eliminación a los subsidios de combustibles, una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, además de un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y además, los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al Gobierno un día de salario al mes.
El Movimiento Indígena se ha mostrado fuerte y unido. Sin embargo, han recurrido a formas que han molestado aún más al gobierno, lo que ha dejado al país muy lejos de llegar a un punto de acuerdo a corto plazo. Durante la reunión que entablaron en el Ágora, el 10 de octubre, mostraron que tenían retenidos a ocho policías, además de algunas decenas de periodistas, y advirtieron que no los liberarían hasta que las autoridades entregaran los cuerpos de sus cinco compañeros fallecidos durante las protestas. Sin embargo, el gobierno insiste en que son cuatro: Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbí y dos jóvenes que cayeron de un puente.
La ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que este viernes 17 personas fueron detenidas, “la mayoría de ellos venezolanos”, en el aeropuerto de Quito. Aseguró que en su poder tenían información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha pronunciado y aseguró que el verdadero responsable de lo que actualmente está sucediendo en Ecuador es el FMI pues es “es el único que contribuye a la batalla que se libra en América Latina” por “su capitalismo excluyente que está en pugna con la Revolución bolivariana que va la vanguardia”.
Sin embargo, tras doce días de caos, violencia y protestas en Ecuador, se logró la derogación del decreto 883. La noche del 13 de octubre fue de celebración. En un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento indígena representado centralmente por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), se dio marcha atrás al decreto que, entre otros reajustes económicos, quitó los subsidios estatales a las gasolinas.
"El pueblo unido jamás será vencido", se escuchaba a coro en las calles de Quito. El cese a la tensa jornada que se vivió en el país, se logró luego de que el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad afectados por las medidas de Moreno no dieron marcha atrás en sus exigencias al gobierno. La negativa del mandatario fue el discurso oficial durante días, pese a que ofreció un diálogo al movimiento.
Lo que sigue es aclarar lo que sucederá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional y la excesiva violencia implementada por el gobierno durante las protestas.
*Fotografía de portada: Rafael Rodriguez / NurPhoto vía Getty Images
También te puede interesar:
Rafael Correa, el hombre fuerte de Ecuador
El terremoto que enlutó a Ecuador
Síguenos en Twitter
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Las medidas económicas de Lenín Moreno provocaron una crisis política y social en el país.
“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón”, declara Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) frente a cientos de representantes de grupos indígenas congregados en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La buya y los aplausos no se hicieron esperar. Desde hace poco más de una década, Ecuador no atravesaba una crisis social e institucional como la que se apoderó del país desde hace nueve días tras el anuncio del “paquetazo” de Lenín Moreno. Una serie de drásticos ajustes económicos entre los que destaca la eliminación de los subsidios al combustible.
Desde entonces, una multitud de personas salieron a las calles de las principales ciudades a expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente. Lo que empezó como una serie de marchas pacíficas, ha derivado en al menos cinco muertos, y más de 600 heridos durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fue inevitable, mientras pasaron las horas, la tensión aumentó y las protestas se tornaron en movilizaciones en las que la violencia salió a relucir. Es verdad que la economía ecuatoriana, como la de muchos países latinoamericanos, estaba lejos de la estabilidad. Su abultado déficit fiscal y alto nivel de endeudamiento incrementó, en los últimos años, la preocupación ante una posible parálisis económica.
Cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno implementó una serie de medidas económicas, entre ellas el aumento a los combustibles, que afectaron principalmente al sector más vulnerable de la población: las comunidades indígenas. Moreno no supo cómo lidiar con las protestas del pueblo y además de enviar una respuesta represora a través de la policía, el mandatario acusó al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de un intento de desestabilización de su gobierno.
Mientras el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes, usaron las calles para exigir congruencia y un paso atrás con las medidas del paquetazo. En un movimiento sorpresivo, el pasado 8 de octubre, Lenín Moreno trasladó la sede de su Gobierno de Quito, la capital, a la ciudad de Guayaquil. “Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, señaló a través de un mensaje transmitido en medios. Sin embargo, la decisión del mandatario enfureció aún más al pueblo ecuatoriano.
“Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, justificó el Presidente. Lenín Moreno decretó un estado de excepción de 60 días y Ecuador quedó paralizado. En menos de dos días, el Presidente se vio obligado a regresar a la sede original en Quito.
El mandatario propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, pero el enojo en las calles ya había rebasado límites. Desde el Ágora, Jaime Vargas dijo que las protestas seguirán en pie hasta que el gobierno de Moreno recapacite sobre las medidas económicas implementadas. El mandatario ha dicho que eso no sucederá. Su gobierno envió el pasado 10 de octubre, una solicitud a las Naciones Unidas solicitando su participación “para facilitar el facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil”. Farhan Haq, portavoz de ONU, dijo que la organización estaría dispuesta a apoyar siempre y cuando “todas las partes pertinentes acepten su participación”.
El origen de esta crisis tiene que ver con el acuerdo al que el gobierno de Moreno llegó con el FMI, el cual incluye créditos por más de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando por el otro. El plan de austeridad propuesto por el mandatario, plantea, además de la eliminación a los subsidios de combustibles, una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, además de un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y además, los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al Gobierno un día de salario al mes.
El Movimiento Indígena se ha mostrado fuerte y unido. Sin embargo, han recurrido a formas que han molestado aún más al gobierno, lo que ha dejado al país muy lejos de llegar a un punto de acuerdo a corto plazo. Durante la reunión que entablaron en el Ágora, el 10 de octubre, mostraron que tenían retenidos a ocho policías, además de algunas decenas de periodistas, y advirtieron que no los liberarían hasta que las autoridades entregaran los cuerpos de sus cinco compañeros fallecidos durante las protestas. Sin embargo, el gobierno insiste en que son cuatro: Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbí y dos jóvenes que cayeron de un puente.
La ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que este viernes 17 personas fueron detenidas, “la mayoría de ellos venezolanos”, en el aeropuerto de Quito. Aseguró que en su poder tenían información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha pronunciado y aseguró que el verdadero responsable de lo que actualmente está sucediendo en Ecuador es el FMI pues es “es el único que contribuye a la batalla que se libra en América Latina” por “su capitalismo excluyente que está en pugna con la Revolución bolivariana que va la vanguardia”.
Sin embargo, tras doce días de caos, violencia y protestas en Ecuador, se logró la derogación del decreto 883. La noche del 13 de octubre fue de celebración. En un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento indígena representado centralmente por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), se dio marcha atrás al decreto que, entre otros reajustes económicos, quitó los subsidios estatales a las gasolinas.
"El pueblo unido jamás será vencido", se escuchaba a coro en las calles de Quito. El cese a la tensa jornada que se vivió en el país, se logró luego de que el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad afectados por las medidas de Moreno no dieron marcha atrás en sus exigencias al gobierno. La negativa del mandatario fue el discurso oficial durante días, pese a que ofreció un diálogo al movimiento.
Lo que sigue es aclarar lo que sucederá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional y la excesiva violencia implementada por el gobierno durante las protestas.
*Fotografía de portada: Rafael Rodriguez / NurPhoto vía Getty Images
También te puede interesar:
Rafael Correa, el hombre fuerte de Ecuador
El terremoto que enlutó a Ecuador
Síguenos en Twitter
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Las medidas económicas de Lenín Moreno provocaron una crisis política y social en el país.
“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón”, declara Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) frente a cientos de representantes de grupos indígenas congregados en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La buya y los aplausos no se hicieron esperar. Desde hace poco más de una década, Ecuador no atravesaba una crisis social e institucional como la que se apoderó del país desde hace nueve días tras el anuncio del “paquetazo” de Lenín Moreno. Una serie de drásticos ajustes económicos entre los que destaca la eliminación de los subsidios al combustible.
Desde entonces, una multitud de personas salieron a las calles de las principales ciudades a expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente. Lo que empezó como una serie de marchas pacíficas, ha derivado en al menos cinco muertos, y más de 600 heridos durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fue inevitable, mientras pasaron las horas, la tensión aumentó y las protestas se tornaron en movilizaciones en las que la violencia salió a relucir. Es verdad que la economía ecuatoriana, como la de muchos países latinoamericanos, estaba lejos de la estabilidad. Su abultado déficit fiscal y alto nivel de endeudamiento incrementó, en los últimos años, la preocupación ante una posible parálisis económica.
Cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno implementó una serie de medidas económicas, entre ellas el aumento a los combustibles, que afectaron principalmente al sector más vulnerable de la población: las comunidades indígenas. Moreno no supo cómo lidiar con las protestas del pueblo y además de enviar una respuesta represora a través de la policía, el mandatario acusó al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de un intento de desestabilización de su gobierno.
Mientras el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes, usaron las calles para exigir congruencia y un paso atrás con las medidas del paquetazo. En un movimiento sorpresivo, el pasado 8 de octubre, Lenín Moreno trasladó la sede de su Gobierno de Quito, la capital, a la ciudad de Guayaquil. “Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, señaló a través de un mensaje transmitido en medios. Sin embargo, la decisión del mandatario enfureció aún más al pueblo ecuatoriano.
“Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, justificó el Presidente. Lenín Moreno decretó un estado de excepción de 60 días y Ecuador quedó paralizado. En menos de dos días, el Presidente se vio obligado a regresar a la sede original en Quito.
El mandatario propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, pero el enojo en las calles ya había rebasado límites. Desde el Ágora, Jaime Vargas dijo que las protestas seguirán en pie hasta que el gobierno de Moreno recapacite sobre las medidas económicas implementadas. El mandatario ha dicho que eso no sucederá. Su gobierno envió el pasado 10 de octubre, una solicitud a las Naciones Unidas solicitando su participación “para facilitar el facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil”. Farhan Haq, portavoz de ONU, dijo que la organización estaría dispuesta a apoyar siempre y cuando “todas las partes pertinentes acepten su participación”.
El origen de esta crisis tiene que ver con el acuerdo al que el gobierno de Moreno llegó con el FMI, el cual incluye créditos por más de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando por el otro. El plan de austeridad propuesto por el mandatario, plantea, además de la eliminación a los subsidios de combustibles, una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, además de un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y además, los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al Gobierno un día de salario al mes.
El Movimiento Indígena se ha mostrado fuerte y unido. Sin embargo, han recurrido a formas que han molestado aún más al gobierno, lo que ha dejado al país muy lejos de llegar a un punto de acuerdo a corto plazo. Durante la reunión que entablaron en el Ágora, el 10 de octubre, mostraron que tenían retenidos a ocho policías, además de algunas decenas de periodistas, y advirtieron que no los liberarían hasta que las autoridades entregaran los cuerpos de sus cinco compañeros fallecidos durante las protestas. Sin embargo, el gobierno insiste en que son cuatro: Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbí y dos jóvenes que cayeron de un puente.
La ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que este viernes 17 personas fueron detenidas, “la mayoría de ellos venezolanos”, en el aeropuerto de Quito. Aseguró que en su poder tenían información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha pronunciado y aseguró que el verdadero responsable de lo que actualmente está sucediendo en Ecuador es el FMI pues es “es el único que contribuye a la batalla que se libra en América Latina” por “su capitalismo excluyente que está en pugna con la Revolución bolivariana que va la vanguardia”.
Sin embargo, tras doce días de caos, violencia y protestas en Ecuador, se logró la derogación del decreto 883. La noche del 13 de octubre fue de celebración. En un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento indígena representado centralmente por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), se dio marcha atrás al decreto que, entre otros reajustes económicos, quitó los subsidios estatales a las gasolinas.
"El pueblo unido jamás será vencido", se escuchaba a coro en las calles de Quito. El cese a la tensa jornada que se vivió en el país, se logró luego de que el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad afectados por las medidas de Moreno no dieron marcha atrás en sus exigencias al gobierno. La negativa del mandatario fue el discurso oficial durante días, pese a que ofreció un diálogo al movimiento.
Lo que sigue es aclarar lo que sucederá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional y la excesiva violencia implementada por el gobierno durante las protestas.
*Fotografía de portada: Rafael Rodriguez / NurPhoto vía Getty Images
También te puede interesar:
Rafael Correa, el hombre fuerte de Ecuador
El terremoto que enlutó a Ecuador
Síguenos en Twitter
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
“Con la sangre de nuestros hermanos no vamos a negociar, no hay ningún negocio con este gobierno nefasto, mentiroso y ladrón”, declara Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) frente a cientos de representantes de grupos indígenas congregados en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. La buya y los aplausos no se hicieron esperar. Desde hace poco más de una década, Ecuador no atravesaba una crisis social e institucional como la que se apoderó del país desde hace nueve días tras el anuncio del “paquetazo” de Lenín Moreno. Una serie de drásticos ajustes económicos entre los que destaca la eliminación de los subsidios al combustible.
Desde entonces, una multitud de personas salieron a las calles de las principales ciudades a expresar su inconformidad con las decisiones del Presidente. Lo que empezó como una serie de marchas pacíficas, ha derivado en al menos cinco muertos, y más de 600 heridos durante las protestas, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Fue inevitable, mientras pasaron las horas, la tensión aumentó y las protestas se tornaron en movilizaciones en las que la violencia salió a relucir. Es verdad que la economía ecuatoriana, como la de muchos países latinoamericanos, estaba lejos de la estabilidad. Su abultado déficit fiscal y alto nivel de endeudamiento incrementó, en los últimos años, la preocupación ante una posible parálisis económica.
Cumpliendo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, el gobierno implementó una serie de medidas económicas, entre ellas el aumento a los combustibles, que afectaron principalmente al sector más vulnerable de la población: las comunidades indígenas. Moreno no supo cómo lidiar con las protestas del pueblo y además de enviar una respuesta represora a través de la policía, el mandatario acusó al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, y al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de estar detrás de un intento de desestabilización de su gobierno.
Mientras el sector del transporte junto a sindicatos indígenas y estudiantes, usaron las calles para exigir congruencia y un paso atrás con las medidas del paquetazo. En un movimiento sorpresivo, el pasado 8 de octubre, Lenín Moreno trasladó la sede de su Gobierno de Quito, la capital, a la ciudad de Guayaquil. “Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar”, señaló a través de un mensaje transmitido en medios. Sin embargo, la decisión del mandatario enfureció aún más al pueblo ecuatoriano.
“Lo que ha sucedido estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno, no. Los saqueos, el vandalismo y la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, justificó el Presidente. Lenín Moreno decretó un estado de excepción de 60 días y Ecuador quedó paralizado. En menos de dos días, el Presidente se vio obligado a regresar a la sede original en Quito.
El mandatario propuso una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas, pero el enojo en las calles ya había rebasado límites. Desde el Ágora, Jaime Vargas dijo que las protestas seguirán en pie hasta que el gobierno de Moreno recapacite sobre las medidas económicas implementadas. El mandatario ha dicho que eso no sucederá. Su gobierno envió el pasado 10 de octubre, una solicitud a las Naciones Unidas solicitando su participación “para facilitar el facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil”. Farhan Haq, portavoz de ONU, dijo que la organización estaría dispuesta a apoyar siempre y cuando “todas las partes pertinentes acepten su participación”.
El origen de esta crisis tiene que ver con el acuerdo al que el gobierno de Moreno llegó con el FMI, el cual incluye créditos por más de 4 mil 200 millones de dólares a cambio de reducir el déficit fiscal, ahorrando por un lado y recaudando por el otro. El plan de austeridad propuesto por el mandatario, plantea, además de la eliminación a los subsidios de combustibles, una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año, además de un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, reducción de las vacaciones de 30 a 15 días y además, los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al Gobierno un día de salario al mes.
El Movimiento Indígena se ha mostrado fuerte y unido. Sin embargo, han recurrido a formas que han molestado aún más al gobierno, lo que ha dejado al país muy lejos de llegar a un punto de acuerdo a corto plazo. Durante la reunión que entablaron en el Ágora, el 10 de octubre, mostraron que tenían retenidos a ocho policías, además de algunas decenas de periodistas, y advirtieron que no los liberarían hasta que las autoridades entregaran los cuerpos de sus cinco compañeros fallecidos durante las protestas. Sin embargo, el gobierno insiste en que son cuatro: Raúl Chilpe, Inocencio Tucumbí y dos jóvenes que cayeron de un puente.
La ministra de gobierno, María Paula Romo, informó que este viernes 17 personas fueron detenidas, “la mayoría de ellos venezolanos”, en el aeropuerto de Quito. Aseguró que en su poder tenían información sobre la movilización del presidente y vicepresidente. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro ya se ha pronunciado y aseguró que el verdadero responsable de lo que actualmente está sucediendo en Ecuador es el FMI pues es “es el único que contribuye a la batalla que se libra en América Latina” por “su capitalismo excluyente que está en pugna con la Revolución bolivariana que va la vanguardia”.
Sin embargo, tras doce días de caos, violencia y protestas en Ecuador, se logró la derogación del decreto 883. La noche del 13 de octubre fue de celebración. En un acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y el Movimiento indígena representado centralmente por la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAI), se dio marcha atrás al decreto que, entre otros reajustes económicos, quitó los subsidios estatales a las gasolinas.
"El pueblo unido jamás será vencido", se escuchaba a coro en las calles de Quito. El cese a la tensa jornada que se vivió en el país, se logró luego de que el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad afectados por las medidas de Moreno no dieron marcha atrás en sus exigencias al gobierno. La negativa del mandatario fue el discurso oficial durante días, pese a que ofreció un diálogo al movimiento.
Lo que sigue es aclarar lo que sucederá con los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional y la excesiva violencia implementada por el gobierno durante las protestas.
*Fotografía de portada: Rafael Rodriguez / NurPhoto vía Getty Images
También te puede interesar:
Rafael Correa, el hombre fuerte de Ecuador
El terremoto que enlutó a Ecuador
Síguenos en Twitter
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Recomendaciones Gatopardo
No items found.