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Ilustración de Fernanda Jiménez.
La visibilidad de la transfobia y la enebefobia en la política nacional es un tema pendiente del actual gobierno federal y órganos electorales como el INE que tiene el reto, ante los comicios de 2024, de evitar la discriminación hacia personas trans y no binarias. A pesar de los esfuerzos del instituto por capacitar en el tema a sus funcionarios, aún persisten las disparidades y los prejuicios.
Nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia mexicana: en julio de 2024, se celebrarán comicios en las 32 entidades federativas para disputar más de 20 000 cargos, con la potencial participación de noventa y ocho millones de personas. Son cifras nunca antes vistas. Dicha situación coincide con un recrudecimiento de la transfobia y enebefobia en la política nacional, que hace unos días se reflejó en el probable asesinato por odio de le magistrade Ociel Baena, aunque la versión oficial de la Fiscalía General de Aguascalientes es que la muerte de elle y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, ocurrió luego de una discusión. Estas formas de discriminación se han manifestado por años en las crecientes declaraciones excluyentes de representantes federales y locales (sancionadas incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), así como a través de las omisiones del Estado y de las iniciativas legislativas y alianzas con ímpetu discriminatorio al interior de fuerzas como el PAN, el PRD, Morena y el PVEM.
Estamos, pues, ante un punto de inflexión, y resulta impostergable garantizar que las personas trans y no binarias (NB) podamos votar sin discriminación alguna. Esta misión no está sujeta a debate, pues emana del mandato igualitario del artículo 1 constitucional. Sin embargo, dista de ser una tarea menor: las cifras del INEGI indican que la población trans y NB asciende a más de 900 000 personas en todo el territorio nacional.
Históricamente, las personas trans y NB hemos experimentado reticencias particulares para acudir a las casillas, ya sea a raíz de actos explícitos de discriminación o del solo temor de enfrentarlos. Las vivencias que recupera el artículo “El voto de las personas trans: ¿la discriminación quedó atrás?”, publicado por Corriente Alterna, narran cómo Érika Villegas intentó ir a una casilla por primera vez hace casi cuarenta años, y la respuesta explícita del funcionario regiomontano fue: “ustedes no pueden votar”. Décadas después, apenas en junio de 2021, Sann Avelica de 21 años tampoco encontraba un contexto propicio para participar. En la Ciudad de México, a raíz de su identidad NB, refería: “Yo no me siento segure para salir con una expresión de género no masculina, así que no me voy a arriesgar”.
¿Qué nos deben todavía las instituciones públicas para garantizar el voto trans y NB sin barreras? ¿Han hecho algo para que las casillas sean más seguras? ¿Qué pendientes quedan todavía por delante? A lo largo de este texto, destaco los principales avances al respecto, así como aquellos desafíos que nos orillan a exigirle al Estado un trabajo mucho mayor.
Avances: credenciales, protocolos y declaraciones
Para promover el acceso de las personas trans y NB al sufragio, algunas autoridades gubernamentales han adoptado medidas diversas durante los últimos lustros. La primera de ellas fue la emisión, en 2012, de una circular sobre el tema por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal). A raíz de una solicitud del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dicha misiva instruyó al funcionariado electoral local permitir el voto de personas trans que no hubieran actualizado sus documentos oficiales, indicándoles que en caso de duda verificaran su identidad a partir de elementos como la firma, la fotografía y la huella digital en su credencial electoral. Este paso fue relevante en particular porque, en ese entonces, aún no era posible modificar el “sexo” en la identificación para votar y la única manera prevista por la ley para actualizar el “sexo” en un acta de nacimiento era realizar un juicio contra el Registro Civil, lo cual implicaba costos poco accesibles para la mayoría de las personas, disposición que se mantuvo vigente hasta febrero de 2015.
Tras ese primer paso en lo local, gran parte de los esfuerzos han tenido vocación federal, concentrándose sobre todo en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el decidido impulso y acompañamiento de la sociedad civil. A partir de abril de 2015, los módulos del INE han permitido que hombres y mujeres trans rectifiquen el “sexo” en su credencial para votar conforme a su identidad de género; es decir, que puedan solicitar la actualización de su credencial para que refleje su identidad. Además, desde 2018, se ha facilitado que la ciudadanía pueda ocultar este dato si así lo prefiere. Estas opciones no solo facilitan que se respete la identidad de las personas trans en el Registro de Electores y en las casillas para votar: también favorecen la inclusión en los diversos contextos y trámites en los que la credencial se usa como identificación por excelencia. Para febrero de 2023, casi 19 000 personas habían solicitado la rectificación de su “sexo” en el carnet, mientras que casi 135 000 habían pedido que se omitiera esa información en su plástico.
Ahora bien, en atención a exigencias de los activismos y con su acompañamiento, durante 2017 el INE adoptó un protocolo para garantizar el voto sin discriminación de las personas trans. Dicho instrumento estableció, por primera vez, obligaciones y pautas de actuación homologadas para el funcionariado electoral de todo el país, así como para los institutos electorales de cada estado. Por sus especificaciones en torno al trato digno y las medidas de inclusión que se deben seguir, el protocolo fue pionero en América Latina y ha sido referente para instrumentos similares en países como Chile, Colombia y Perú.
El mismo año, el Instituto también inició la publicación de guías sobre buenas prácticas de inclusión electoral con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Además, en febrero de 2023 —a raíz de juicios iniciados por Kevin Hernández y le magistrade Ociel Baena—, se autorizó que las personas NB puedan escoger un marcador de “sexo” específico: “X”, en lugar de “H” o “M” para reflejar su identidad sin necesidad de rectificar antes otros documentos como su acta de nacimiento. Algunos activismos expresaron reservas en torno al uso de la “X” y, según refirieron, este no fue consultado con la sociedad civil. Al respecto, la justificación del INE fue de naturaleza técnica: la necesidad de asegurar la correspondencia con los criterios del Registro Nacional de Población, que utiliza la “X” en el caso de personas NB.
En julio de 2023, el INE determinó que ningún hombre o mujer trans tiene que esperar a rectificar sus otros documentos para actualizar su credencial, como hasta entonces se requería. Si bien, en esta materia, el Tribunal Electoral también analizó un juicio iniciado por Luisa Rebeca Garza López y en ese caso se resolvió confirmar, en lugar de invalidar, la actuación del INE. Se trata de medidas sumamente relevantes. Por una parte, la posibilidad de que se reconozcan las identidades no binarias a nivel nacional marca un gran avance simbólico y facilita la exigibilidad de derechos. Por otra parte, dejar de exigir documentos que prueben la identidad de género implica que cualquiera puede solicitar la actualización de su credencial sin esperar a que el congreso de su estado legisle un trámite administrativo para que los registros civiles rectifiquen las actas de las personas trans y no binarias.
A todo lo anterior se suma una serie de iniciativas adicionales de las organizaciones sociales. Tan solo en agosto de 2022, tras considerar que la discusión sobre derechos políticos y electorales LGBTI se había “relegado de la agenda pública”, activistas y especialistas discutieron, redactaron y emitieron la primera declaración regional sobre el tema bajo la anfitrionía del Congreso de la Unión, así como de numerosos institutos electorales, tribunales y comisiones de derechos humanos estatales de México. En su elaboración se involucraron personas de Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Perú, Haití, Jamaica, Nicaragua, Guyana, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, además del país sede. También, desde 2015, varias colectivas de distintos países han convocado al Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas y el Caribe, el más reciente de los cuales se realizó en julio de 2023 en la Ciudad de México, con la participación de más de seiscientas cincuenta personas de más de treinta naciones. Todo ello ha permitido tanto a quienes impulsan los derechos humanos como a quienes son parte de instituciones públicas desarrollar redes y aprender lecciones de otras latitudes.
Desafíos: difusión, formación, disparidades y prejuicios
A pesar de los avances referidos, a la fecha todavía persisten graves barreras que nos impiden a las personas trans y NB votar en igualdad de condiciones. Los obstáculos se concentran sobre todo en cuatro rubros: una difusión insuficiente de las herramientas y medidas gubernamentales existentes; la persistencia de actos discriminatorios por parte del funcionariado en las casillas; las disparidades en la implementación de las medidas vigentes en el territorio nacional, y los prejuicios sociales generalizados.
En materia de difusión, el funcionariado y las organizaciones han expresado la urgencia de una labor más robusta desde que el INE compiló sus impresiones en 2019 —sobre todo en relación con el protocolo que busca garantizar el voto trans. Sin embargo, tras las elecciones de 2021, varias activistas de entidades como Querétaro y la Ciudad de México enfatizaron que el INE no impulsaba una comunicación sustancial acerca del tema. En particular, criticaron la falta de carteles orientativos en las casillas sobre el voto de personas trans —a pesar de que el mismo protocolo ordena colocarlos— así como una negativa del instituto a utilizar sus tiempos oficiales para brindar información sobre esta materia a la población.
A la fecha, como demuestra una evaluación que el INE realizó en 2023, organizaciones de diecinueve estados aún insisten en las áreas de oportunidad en la socialización. El 30 de agosto de este año, en una sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la consejera Dania Ravel reconoció que “lo más que se ha hecho [para la difusión de este tema] son [publicaciones en] redes socio digitales, en plataformas digitales exclusivamente, pero no se han hecho spots de radio y televisión”. A dicha omisión reiterada se suma la falta de campañas para promover que las personas trans voten o para que participen en actividades de observación electoral —cuestión que contraviene obligaciones en tratados internacionales, en la legislación nacional sobre discriminación y en el propio protocolo del INE. El reto es de amplio impacto que incluso personas formadas por el INE en elecciones pasadas desconocen que la ciudadanía puede ocultar el “sexo” de su credencial o que, hasta hace unos meses, no habría podido modificar dicha identificación sin antes rectificar otros documentos. Se trata, pues, de lagunas considerables.
En cuanto a la discriminación por parte del funcionariado, la población trans y NB ha registrado diversos casos a lo largo de los años. Por ejemplo, en los comicios de 2021, varias personas en entidades como Jalisco, Michoacán, Coahuila, Puebla y el Estado de México reportaron al medio Presentes haber enfrentado susurros, risas, trato diferenciado y el uso de pronombres incorrectos o de su deadname —es decir, el nombre que se les asignó al nacer pero que no refleja su identidad de género actual—, cabe apuntar que el protocolo del INE para el voto trans ordena que a cualquier persona en cualquier casilla se le debe llamar por sus apellidos, no por su nombre de pila. Otras personas trans y no binarias relataron experiencias similares en redes sociales, mientras que el INE registró tres incidentes en las casillas de Baja California Sur y el Estado de México durante la elección, dos de ellos por resistencias de representantes de partidos políticos a que la ciudadanía involucrada emitiera su voto en igualdad.
Por si fuera poco, en la evaluación del INE, numerosas personas trans y no binarias refirieron que el funcionariado todavía realiza preguntas invasivas en estados como Baja California, Guerrero, Michoacán y Sonora. En cuanto a ejemplos específicos, relataron cómo en varias ocasiones se ha pedido a mujeres trans retirar sus accesorios, quitarse el maquillaje, presentar su CURP o incluso convocar testigos para confirmar su identidad antes de poder votar en estados como Guerrero, Campeche y Aguascalientes. Las prácticas de esta naturaleza evidencian que la capacitación del INE no es realmente sólida. Aunque las y los consejeros del instituto reportan cada elección centenares de talleres y miles de simulacros, el funcionariado sostiene sus prejuicios incluso ante su propia institución. En la evaluación realizada por el instituto este año, una persona que ya ha sido capacitada y que ha fungido como integrante de casilla en Nuevo León sostuvo que en su estado no existen las personas trans, y consideró abiertamente que su presencia “se da más en el DF [sic], que se ponen muy exóticas las gentes y aparentan otra cosa que la que realmente es […] pero normal aquí en nuestra área no se ven”.
Por lo que hace a las disparidades a lo largo de la República, organizaciones y activismos han enfatizado que, aunque la situación suele considerarse más favorable en la Ciudad de México, el derecho al voto no se respeta de forma homogénea en otras regiones. La muestra más fehaciente es la propia evaluación del INE de este año, donde casi un tercio de los institutos electorales de los estados reconoció no haber tomado acción alguna desde 2017 para implementar el protocolo del voto trans, y ninguno reportó haber acatado siquiera la mitad de las medidas que le corresponden —el mejor evaluado fue el de Colima, con 41% de cumplimiento. Hasta los órganos delegacionales del instituto refieren rezagos alarmantes: 53% de las Juntas Locales del INE en cada estado no reportó acción alguna para visibilizar a las personas LGBTI en sus campañas de sufragio razonado, y tampoco reportó estrategias focalizadas para impulsar su voto. Solo el 18% de las trescientas Juntas Ejecutivas que el instituto tiene en los distritos electorales implementó alguna acción en el mismo sentido. Ello demuestra la magnitud del trabajo pendiente por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como local.
Ahora bien, quizá el mayor reto que alimenta estas graves barreras es la amplia difusión de prejuicios transfóbicos y enebefóbicos en la sociedad. En México, un tercio de la población no le rentaría una habitación a una persona trans. Incluso en el ámbito político-electoral, cuatro de cada diez personas se oponen abiertamente a que una candidatura trans resulte electa para la Presidencia de la República. La promoción de ideas transfóbicas y enebefóbicas tiene cada vez mayor alcance, especialmente en plataformas como las redes sociales. En 2018, por ejemplo, en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, 38% de los hombres trans, 44% de las mujeres trans y 48% de las personas con otras identidades disidentes —NB— declaraban haberse sentido discriminadas en espacios digitales. Y apenas hace unos días, la virulencia de los discursos excluyentes formó parte de la difusión de noticias alrededor de la muerte de le magistrade Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves.
Sin duda, los estigmas sobre las personas trans y no binarias animan la prevalencia de omisiones institucionales y de actos discriminatorios por el funcionariado —pero también dan pie a una marginación que proviene del electorado en general. La evaluación del INE de este año brinda evidencia clara: tanto organizaciones como personas trans, e incluso las y los funcionarios, señalaron que aún persisten las miradas incómodas e intimidatorias, así como las acciones o comentarios excluyentes por parte de quienes acuden a las casillas. Ante ello, resulta urgente que las autoridades cumplan con su obligación de difundir las medidas de inclusión vigentes y que, en aras de la pedagogía social y del cumplimiento de sus obligaciones, realicen campañas proactivas sobre el derecho al voto sin discriminación.
Hacia la garantía del voto trans y NB
Con miras a la próxima elección, se dibuja una serie de demandas que ameritan prioridad. Principalmente, el INE y los institutos electorales locales deben no solo robustecer en el papel, sino también acatar en sus acciones, todas las normas y herramientas vigentes para garantizar el voto de las personas trans y NB. Como parte de ello, no pueden eludir por más tiempo la difusión sustancial de las mismas, la adopción de estrategias focalizadas para el voto de estas poblaciones y la formación efectiva de su funcionariado temporal y permanente.
Para dar pasos en esta dirección, también es evidente que las instituciones deben generar alianzas con la sociedad civil, no solo porque la participación ciudadana es un pilar fundamental de un Estado democrático, sino también porque las experiencias y conocimientos de los activismos pueden aportar bastante en los esfuerzos oficiales. La evaluación reciente del INE reconoce algunos acercamientos positivos entre organizaciones y Juntas Locales en diferentes estados. Un ejemplo es la alianza de la Junta del INE en San Luis Potosí con personas LGBTI de la sociedad civil para impartir capacitaciones conjuntas al funcionariado que supervisa las elecciones. Otro caso es el convenio formal que la Junta del INE en Durango; el instituto electoral de ese estado y la organización Miembros de la Comunidad Gay de Durango A. C. firmaron desde 2019, con miras a realizar acciones formativas, conferencias, campañas y talleres, así como distribuir materiales y compartir información relativa al voto libre, a la igualdad y a los derechos humanos. Esta clase de sinergias debe ser la regla y no la excepción —y eso es algo en lo que la sociedad civil e incluso el funcionariado han insistido por varios años.
Finalmente, no está de más señalar la urgencia de que el grueso de las instituciones públicas contribuya a erradicar los prejuicios y las barreras que impiden a las personas trans y NB ejercer derechos como el voto. Por ejemplo, aunque el Conapred es quien encabeza las acciones federales contra la discriminación, su gestión actual no ha emitido un solo pronunciamiento ante la escalada vertiginosa —incluso entre funcionarias y funcionarios— de discursos transfóbicos. Algo más grave aún: fuera de una serie de promesas y de programas públicos emitidos a destiempo, el actual gobierno federal no cuenta con una agenda robusta o coordinada contra la transfobia y la enebefobia. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones que esta administración tiene por ley ha parecido limitarse a escasas acciones de difusión —sobre todo en redes sociales—, acompañadas de algunos conversatorios y guías o protocolos aislados.
Si los prejuicios alimentan las resistencias a que las personas trans y NB votemos libremente, el Estado no puede seguir paralizado ante el estigma. Por ello, la exigencia va mucho más allá de las autoridades electorales: todos los poderes del Estado y todos los niveles de gobierno deben actuar ya. El principio democrático exige “una persona, un voto”: si no se actúa con decisión contra la transfobia y la enebefobia, el país nuevamente fallará en dicho mandato.
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A la memoria de le magistrade Ociel Baena, firme impulsore de nuestra participación política y electoral.
¡Gracias!
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La visibilidad de la transfobia y la enebefobia en la política nacional es un tema pendiente del actual gobierno federal y órganos electorales como el INE que tiene el reto, ante los comicios de 2024, de evitar la discriminación hacia personas trans y no binarias. A pesar de los esfuerzos del instituto por capacitar en el tema a sus funcionarios, aún persisten las disparidades y los prejuicios.
Nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia mexicana: en julio de 2024, se celebrarán comicios en las 32 entidades federativas para disputar más de 20 000 cargos, con la potencial participación de noventa y ocho millones de personas. Son cifras nunca antes vistas. Dicha situación coincide con un recrudecimiento de la transfobia y enebefobia en la política nacional, que hace unos días se reflejó en el probable asesinato por odio de le magistrade Ociel Baena, aunque la versión oficial de la Fiscalía General de Aguascalientes es que la muerte de elle y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, ocurrió luego de una discusión. Estas formas de discriminación se han manifestado por años en las crecientes declaraciones excluyentes de representantes federales y locales (sancionadas incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), así como a través de las omisiones del Estado y de las iniciativas legislativas y alianzas con ímpetu discriminatorio al interior de fuerzas como el PAN, el PRD, Morena y el PVEM.
Estamos, pues, ante un punto de inflexión, y resulta impostergable garantizar que las personas trans y no binarias (NB) podamos votar sin discriminación alguna. Esta misión no está sujeta a debate, pues emana del mandato igualitario del artículo 1 constitucional. Sin embargo, dista de ser una tarea menor: las cifras del INEGI indican que la población trans y NB asciende a más de 900 000 personas en todo el territorio nacional.
Históricamente, las personas trans y NB hemos experimentado reticencias particulares para acudir a las casillas, ya sea a raíz de actos explícitos de discriminación o del solo temor de enfrentarlos. Las vivencias que recupera el artículo “El voto de las personas trans: ¿la discriminación quedó atrás?”, publicado por Corriente Alterna, narran cómo Érika Villegas intentó ir a una casilla por primera vez hace casi cuarenta años, y la respuesta explícita del funcionario regiomontano fue: “ustedes no pueden votar”. Décadas después, apenas en junio de 2021, Sann Avelica de 21 años tampoco encontraba un contexto propicio para participar. En la Ciudad de México, a raíz de su identidad NB, refería: “Yo no me siento segure para salir con una expresión de género no masculina, así que no me voy a arriesgar”.
¿Qué nos deben todavía las instituciones públicas para garantizar el voto trans y NB sin barreras? ¿Han hecho algo para que las casillas sean más seguras? ¿Qué pendientes quedan todavía por delante? A lo largo de este texto, destaco los principales avances al respecto, así como aquellos desafíos que nos orillan a exigirle al Estado un trabajo mucho mayor.
Avances: credenciales, protocolos y declaraciones
Para promover el acceso de las personas trans y NB al sufragio, algunas autoridades gubernamentales han adoptado medidas diversas durante los últimos lustros. La primera de ellas fue la emisión, en 2012, de una circular sobre el tema por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal). A raíz de una solicitud del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dicha misiva instruyó al funcionariado electoral local permitir el voto de personas trans que no hubieran actualizado sus documentos oficiales, indicándoles que en caso de duda verificaran su identidad a partir de elementos como la firma, la fotografía y la huella digital en su credencial electoral. Este paso fue relevante en particular porque, en ese entonces, aún no era posible modificar el “sexo” en la identificación para votar y la única manera prevista por la ley para actualizar el “sexo” en un acta de nacimiento era realizar un juicio contra el Registro Civil, lo cual implicaba costos poco accesibles para la mayoría de las personas, disposición que se mantuvo vigente hasta febrero de 2015.
Tras ese primer paso en lo local, gran parte de los esfuerzos han tenido vocación federal, concentrándose sobre todo en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el decidido impulso y acompañamiento de la sociedad civil. A partir de abril de 2015, los módulos del INE han permitido que hombres y mujeres trans rectifiquen el “sexo” en su credencial para votar conforme a su identidad de género; es decir, que puedan solicitar la actualización de su credencial para que refleje su identidad. Además, desde 2018, se ha facilitado que la ciudadanía pueda ocultar este dato si así lo prefiere. Estas opciones no solo facilitan que se respete la identidad de las personas trans en el Registro de Electores y en las casillas para votar: también favorecen la inclusión en los diversos contextos y trámites en los que la credencial se usa como identificación por excelencia. Para febrero de 2023, casi 19 000 personas habían solicitado la rectificación de su “sexo” en el carnet, mientras que casi 135 000 habían pedido que se omitiera esa información en su plástico.
Ahora bien, en atención a exigencias de los activismos y con su acompañamiento, durante 2017 el INE adoptó un protocolo para garantizar el voto sin discriminación de las personas trans. Dicho instrumento estableció, por primera vez, obligaciones y pautas de actuación homologadas para el funcionariado electoral de todo el país, así como para los institutos electorales de cada estado. Por sus especificaciones en torno al trato digno y las medidas de inclusión que se deben seguir, el protocolo fue pionero en América Latina y ha sido referente para instrumentos similares en países como Chile, Colombia y Perú.
El mismo año, el Instituto también inició la publicación de guías sobre buenas prácticas de inclusión electoral con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Además, en febrero de 2023 —a raíz de juicios iniciados por Kevin Hernández y le magistrade Ociel Baena—, se autorizó que las personas NB puedan escoger un marcador de “sexo” específico: “X”, en lugar de “H” o “M” para reflejar su identidad sin necesidad de rectificar antes otros documentos como su acta de nacimiento. Algunos activismos expresaron reservas en torno al uso de la “X” y, según refirieron, este no fue consultado con la sociedad civil. Al respecto, la justificación del INE fue de naturaleza técnica: la necesidad de asegurar la correspondencia con los criterios del Registro Nacional de Población, que utiliza la “X” en el caso de personas NB.
En julio de 2023, el INE determinó que ningún hombre o mujer trans tiene que esperar a rectificar sus otros documentos para actualizar su credencial, como hasta entonces se requería. Si bien, en esta materia, el Tribunal Electoral también analizó un juicio iniciado por Luisa Rebeca Garza López y en ese caso se resolvió confirmar, en lugar de invalidar, la actuación del INE. Se trata de medidas sumamente relevantes. Por una parte, la posibilidad de que se reconozcan las identidades no binarias a nivel nacional marca un gran avance simbólico y facilita la exigibilidad de derechos. Por otra parte, dejar de exigir documentos que prueben la identidad de género implica que cualquiera puede solicitar la actualización de su credencial sin esperar a que el congreso de su estado legisle un trámite administrativo para que los registros civiles rectifiquen las actas de las personas trans y no binarias.
A todo lo anterior se suma una serie de iniciativas adicionales de las organizaciones sociales. Tan solo en agosto de 2022, tras considerar que la discusión sobre derechos políticos y electorales LGBTI se había “relegado de la agenda pública”, activistas y especialistas discutieron, redactaron y emitieron la primera declaración regional sobre el tema bajo la anfitrionía del Congreso de la Unión, así como de numerosos institutos electorales, tribunales y comisiones de derechos humanos estatales de México. En su elaboración se involucraron personas de Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Perú, Haití, Jamaica, Nicaragua, Guyana, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, además del país sede. También, desde 2015, varias colectivas de distintos países han convocado al Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas y el Caribe, el más reciente de los cuales se realizó en julio de 2023 en la Ciudad de México, con la participación de más de seiscientas cincuenta personas de más de treinta naciones. Todo ello ha permitido tanto a quienes impulsan los derechos humanos como a quienes son parte de instituciones públicas desarrollar redes y aprender lecciones de otras latitudes.
Desafíos: difusión, formación, disparidades y prejuicios
A pesar de los avances referidos, a la fecha todavía persisten graves barreras que nos impiden a las personas trans y NB votar en igualdad de condiciones. Los obstáculos se concentran sobre todo en cuatro rubros: una difusión insuficiente de las herramientas y medidas gubernamentales existentes; la persistencia de actos discriminatorios por parte del funcionariado en las casillas; las disparidades en la implementación de las medidas vigentes en el territorio nacional, y los prejuicios sociales generalizados.
En materia de difusión, el funcionariado y las organizaciones han expresado la urgencia de una labor más robusta desde que el INE compiló sus impresiones en 2019 —sobre todo en relación con el protocolo que busca garantizar el voto trans. Sin embargo, tras las elecciones de 2021, varias activistas de entidades como Querétaro y la Ciudad de México enfatizaron que el INE no impulsaba una comunicación sustancial acerca del tema. En particular, criticaron la falta de carteles orientativos en las casillas sobre el voto de personas trans —a pesar de que el mismo protocolo ordena colocarlos— así como una negativa del instituto a utilizar sus tiempos oficiales para brindar información sobre esta materia a la población.
A la fecha, como demuestra una evaluación que el INE realizó en 2023, organizaciones de diecinueve estados aún insisten en las áreas de oportunidad en la socialización. El 30 de agosto de este año, en una sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la consejera Dania Ravel reconoció que “lo más que se ha hecho [para la difusión de este tema] son [publicaciones en] redes socio digitales, en plataformas digitales exclusivamente, pero no se han hecho spots de radio y televisión”. A dicha omisión reiterada se suma la falta de campañas para promover que las personas trans voten o para que participen en actividades de observación electoral —cuestión que contraviene obligaciones en tratados internacionales, en la legislación nacional sobre discriminación y en el propio protocolo del INE. El reto es de amplio impacto que incluso personas formadas por el INE en elecciones pasadas desconocen que la ciudadanía puede ocultar el “sexo” de su credencial o que, hasta hace unos meses, no habría podido modificar dicha identificación sin antes rectificar otros documentos. Se trata, pues, de lagunas considerables.
En cuanto a la discriminación por parte del funcionariado, la población trans y NB ha registrado diversos casos a lo largo de los años. Por ejemplo, en los comicios de 2021, varias personas en entidades como Jalisco, Michoacán, Coahuila, Puebla y el Estado de México reportaron al medio Presentes haber enfrentado susurros, risas, trato diferenciado y el uso de pronombres incorrectos o de su deadname —es decir, el nombre que se les asignó al nacer pero que no refleja su identidad de género actual—, cabe apuntar que el protocolo del INE para el voto trans ordena que a cualquier persona en cualquier casilla se le debe llamar por sus apellidos, no por su nombre de pila. Otras personas trans y no binarias relataron experiencias similares en redes sociales, mientras que el INE registró tres incidentes en las casillas de Baja California Sur y el Estado de México durante la elección, dos de ellos por resistencias de representantes de partidos políticos a que la ciudadanía involucrada emitiera su voto en igualdad.
Por si fuera poco, en la evaluación del INE, numerosas personas trans y no binarias refirieron que el funcionariado todavía realiza preguntas invasivas en estados como Baja California, Guerrero, Michoacán y Sonora. En cuanto a ejemplos específicos, relataron cómo en varias ocasiones se ha pedido a mujeres trans retirar sus accesorios, quitarse el maquillaje, presentar su CURP o incluso convocar testigos para confirmar su identidad antes de poder votar en estados como Guerrero, Campeche y Aguascalientes. Las prácticas de esta naturaleza evidencian que la capacitación del INE no es realmente sólida. Aunque las y los consejeros del instituto reportan cada elección centenares de talleres y miles de simulacros, el funcionariado sostiene sus prejuicios incluso ante su propia institución. En la evaluación realizada por el instituto este año, una persona que ya ha sido capacitada y que ha fungido como integrante de casilla en Nuevo León sostuvo que en su estado no existen las personas trans, y consideró abiertamente que su presencia “se da más en el DF [sic], que se ponen muy exóticas las gentes y aparentan otra cosa que la que realmente es […] pero normal aquí en nuestra área no se ven”.
Por lo que hace a las disparidades a lo largo de la República, organizaciones y activismos han enfatizado que, aunque la situación suele considerarse más favorable en la Ciudad de México, el derecho al voto no se respeta de forma homogénea en otras regiones. La muestra más fehaciente es la propia evaluación del INE de este año, donde casi un tercio de los institutos electorales de los estados reconoció no haber tomado acción alguna desde 2017 para implementar el protocolo del voto trans, y ninguno reportó haber acatado siquiera la mitad de las medidas que le corresponden —el mejor evaluado fue el de Colima, con 41% de cumplimiento. Hasta los órganos delegacionales del instituto refieren rezagos alarmantes: 53% de las Juntas Locales del INE en cada estado no reportó acción alguna para visibilizar a las personas LGBTI en sus campañas de sufragio razonado, y tampoco reportó estrategias focalizadas para impulsar su voto. Solo el 18% de las trescientas Juntas Ejecutivas que el instituto tiene en los distritos electorales implementó alguna acción en el mismo sentido. Ello demuestra la magnitud del trabajo pendiente por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como local.
Ahora bien, quizá el mayor reto que alimenta estas graves barreras es la amplia difusión de prejuicios transfóbicos y enebefóbicos en la sociedad. En México, un tercio de la población no le rentaría una habitación a una persona trans. Incluso en el ámbito político-electoral, cuatro de cada diez personas se oponen abiertamente a que una candidatura trans resulte electa para la Presidencia de la República. La promoción de ideas transfóbicas y enebefóbicas tiene cada vez mayor alcance, especialmente en plataformas como las redes sociales. En 2018, por ejemplo, en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, 38% de los hombres trans, 44% de las mujeres trans y 48% de las personas con otras identidades disidentes —NB— declaraban haberse sentido discriminadas en espacios digitales. Y apenas hace unos días, la virulencia de los discursos excluyentes formó parte de la difusión de noticias alrededor de la muerte de le magistrade Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves.
Sin duda, los estigmas sobre las personas trans y no binarias animan la prevalencia de omisiones institucionales y de actos discriminatorios por el funcionariado —pero también dan pie a una marginación que proviene del electorado en general. La evaluación del INE de este año brinda evidencia clara: tanto organizaciones como personas trans, e incluso las y los funcionarios, señalaron que aún persisten las miradas incómodas e intimidatorias, así como las acciones o comentarios excluyentes por parte de quienes acuden a las casillas. Ante ello, resulta urgente que las autoridades cumplan con su obligación de difundir las medidas de inclusión vigentes y que, en aras de la pedagogía social y del cumplimiento de sus obligaciones, realicen campañas proactivas sobre el derecho al voto sin discriminación.
Hacia la garantía del voto trans y NB
Con miras a la próxima elección, se dibuja una serie de demandas que ameritan prioridad. Principalmente, el INE y los institutos electorales locales deben no solo robustecer en el papel, sino también acatar en sus acciones, todas las normas y herramientas vigentes para garantizar el voto de las personas trans y NB. Como parte de ello, no pueden eludir por más tiempo la difusión sustancial de las mismas, la adopción de estrategias focalizadas para el voto de estas poblaciones y la formación efectiva de su funcionariado temporal y permanente.
Para dar pasos en esta dirección, también es evidente que las instituciones deben generar alianzas con la sociedad civil, no solo porque la participación ciudadana es un pilar fundamental de un Estado democrático, sino también porque las experiencias y conocimientos de los activismos pueden aportar bastante en los esfuerzos oficiales. La evaluación reciente del INE reconoce algunos acercamientos positivos entre organizaciones y Juntas Locales en diferentes estados. Un ejemplo es la alianza de la Junta del INE en San Luis Potosí con personas LGBTI de la sociedad civil para impartir capacitaciones conjuntas al funcionariado que supervisa las elecciones. Otro caso es el convenio formal que la Junta del INE en Durango; el instituto electoral de ese estado y la organización Miembros de la Comunidad Gay de Durango A. C. firmaron desde 2019, con miras a realizar acciones formativas, conferencias, campañas y talleres, así como distribuir materiales y compartir información relativa al voto libre, a la igualdad y a los derechos humanos. Esta clase de sinergias debe ser la regla y no la excepción —y eso es algo en lo que la sociedad civil e incluso el funcionariado han insistido por varios años.
Finalmente, no está de más señalar la urgencia de que el grueso de las instituciones públicas contribuya a erradicar los prejuicios y las barreras que impiden a las personas trans y NB ejercer derechos como el voto. Por ejemplo, aunque el Conapred es quien encabeza las acciones federales contra la discriminación, su gestión actual no ha emitido un solo pronunciamiento ante la escalada vertiginosa —incluso entre funcionarias y funcionarios— de discursos transfóbicos. Algo más grave aún: fuera de una serie de promesas y de programas públicos emitidos a destiempo, el actual gobierno federal no cuenta con una agenda robusta o coordinada contra la transfobia y la enebefobia. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones que esta administración tiene por ley ha parecido limitarse a escasas acciones de difusión —sobre todo en redes sociales—, acompañadas de algunos conversatorios y guías o protocolos aislados.
Si los prejuicios alimentan las resistencias a que las personas trans y NB votemos libremente, el Estado no puede seguir paralizado ante el estigma. Por ello, la exigencia va mucho más allá de las autoridades electorales: todos los poderes del Estado y todos los niveles de gobierno deben actuar ya. El principio democrático exige “una persona, un voto”: si no se actúa con decisión contra la transfobia y la enebefobia, el país nuevamente fallará en dicho mandato.
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A la memoria de le magistrade Ociel Baena, firme impulsore de nuestra participación política y electoral.
¡Gracias!
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Ilustración de Fernanda Jiménez.
La visibilidad de la transfobia y la enebefobia en la política nacional es un tema pendiente del actual gobierno federal y órganos electorales como el INE que tiene el reto, ante los comicios de 2024, de evitar la discriminación hacia personas trans y no binarias. A pesar de los esfuerzos del instituto por capacitar en el tema a sus funcionarios, aún persisten las disparidades y los prejuicios.
Nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia mexicana: en julio de 2024, se celebrarán comicios en las 32 entidades federativas para disputar más de 20 000 cargos, con la potencial participación de noventa y ocho millones de personas. Son cifras nunca antes vistas. Dicha situación coincide con un recrudecimiento de la transfobia y enebefobia en la política nacional, que hace unos días se reflejó en el probable asesinato por odio de le magistrade Ociel Baena, aunque la versión oficial de la Fiscalía General de Aguascalientes es que la muerte de elle y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, ocurrió luego de una discusión. Estas formas de discriminación se han manifestado por años en las crecientes declaraciones excluyentes de representantes federales y locales (sancionadas incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), así como a través de las omisiones del Estado y de las iniciativas legislativas y alianzas con ímpetu discriminatorio al interior de fuerzas como el PAN, el PRD, Morena y el PVEM.
Estamos, pues, ante un punto de inflexión, y resulta impostergable garantizar que las personas trans y no binarias (NB) podamos votar sin discriminación alguna. Esta misión no está sujeta a debate, pues emana del mandato igualitario del artículo 1 constitucional. Sin embargo, dista de ser una tarea menor: las cifras del INEGI indican que la población trans y NB asciende a más de 900 000 personas en todo el territorio nacional.
Históricamente, las personas trans y NB hemos experimentado reticencias particulares para acudir a las casillas, ya sea a raíz de actos explícitos de discriminación o del solo temor de enfrentarlos. Las vivencias que recupera el artículo “El voto de las personas trans: ¿la discriminación quedó atrás?”, publicado por Corriente Alterna, narran cómo Érika Villegas intentó ir a una casilla por primera vez hace casi cuarenta años, y la respuesta explícita del funcionario regiomontano fue: “ustedes no pueden votar”. Décadas después, apenas en junio de 2021, Sann Avelica de 21 años tampoco encontraba un contexto propicio para participar. En la Ciudad de México, a raíz de su identidad NB, refería: “Yo no me siento segure para salir con una expresión de género no masculina, así que no me voy a arriesgar”.
¿Qué nos deben todavía las instituciones públicas para garantizar el voto trans y NB sin barreras? ¿Han hecho algo para que las casillas sean más seguras? ¿Qué pendientes quedan todavía por delante? A lo largo de este texto, destaco los principales avances al respecto, así como aquellos desafíos que nos orillan a exigirle al Estado un trabajo mucho mayor.
Avances: credenciales, protocolos y declaraciones
Para promover el acceso de las personas trans y NB al sufragio, algunas autoridades gubernamentales han adoptado medidas diversas durante los últimos lustros. La primera de ellas fue la emisión, en 2012, de una circular sobre el tema por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal). A raíz de una solicitud del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dicha misiva instruyó al funcionariado electoral local permitir el voto de personas trans que no hubieran actualizado sus documentos oficiales, indicándoles que en caso de duda verificaran su identidad a partir de elementos como la firma, la fotografía y la huella digital en su credencial electoral. Este paso fue relevante en particular porque, en ese entonces, aún no era posible modificar el “sexo” en la identificación para votar y la única manera prevista por la ley para actualizar el “sexo” en un acta de nacimiento era realizar un juicio contra el Registro Civil, lo cual implicaba costos poco accesibles para la mayoría de las personas, disposición que se mantuvo vigente hasta febrero de 2015.
Tras ese primer paso en lo local, gran parte de los esfuerzos han tenido vocación federal, concentrándose sobre todo en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el decidido impulso y acompañamiento de la sociedad civil. A partir de abril de 2015, los módulos del INE han permitido que hombres y mujeres trans rectifiquen el “sexo” en su credencial para votar conforme a su identidad de género; es decir, que puedan solicitar la actualización de su credencial para que refleje su identidad. Además, desde 2018, se ha facilitado que la ciudadanía pueda ocultar este dato si así lo prefiere. Estas opciones no solo facilitan que se respete la identidad de las personas trans en el Registro de Electores y en las casillas para votar: también favorecen la inclusión en los diversos contextos y trámites en los que la credencial se usa como identificación por excelencia. Para febrero de 2023, casi 19 000 personas habían solicitado la rectificación de su “sexo” en el carnet, mientras que casi 135 000 habían pedido que se omitiera esa información en su plástico.
Ahora bien, en atención a exigencias de los activismos y con su acompañamiento, durante 2017 el INE adoptó un protocolo para garantizar el voto sin discriminación de las personas trans. Dicho instrumento estableció, por primera vez, obligaciones y pautas de actuación homologadas para el funcionariado electoral de todo el país, así como para los institutos electorales de cada estado. Por sus especificaciones en torno al trato digno y las medidas de inclusión que se deben seguir, el protocolo fue pionero en América Latina y ha sido referente para instrumentos similares en países como Chile, Colombia y Perú.
El mismo año, el Instituto también inició la publicación de guías sobre buenas prácticas de inclusión electoral con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Además, en febrero de 2023 —a raíz de juicios iniciados por Kevin Hernández y le magistrade Ociel Baena—, se autorizó que las personas NB puedan escoger un marcador de “sexo” específico: “X”, en lugar de “H” o “M” para reflejar su identidad sin necesidad de rectificar antes otros documentos como su acta de nacimiento. Algunos activismos expresaron reservas en torno al uso de la “X” y, según refirieron, este no fue consultado con la sociedad civil. Al respecto, la justificación del INE fue de naturaleza técnica: la necesidad de asegurar la correspondencia con los criterios del Registro Nacional de Población, que utiliza la “X” en el caso de personas NB.
En julio de 2023, el INE determinó que ningún hombre o mujer trans tiene que esperar a rectificar sus otros documentos para actualizar su credencial, como hasta entonces se requería. Si bien, en esta materia, el Tribunal Electoral también analizó un juicio iniciado por Luisa Rebeca Garza López y en ese caso se resolvió confirmar, en lugar de invalidar, la actuación del INE. Se trata de medidas sumamente relevantes. Por una parte, la posibilidad de que se reconozcan las identidades no binarias a nivel nacional marca un gran avance simbólico y facilita la exigibilidad de derechos. Por otra parte, dejar de exigir documentos que prueben la identidad de género implica que cualquiera puede solicitar la actualización de su credencial sin esperar a que el congreso de su estado legisle un trámite administrativo para que los registros civiles rectifiquen las actas de las personas trans y no binarias.
A todo lo anterior se suma una serie de iniciativas adicionales de las organizaciones sociales. Tan solo en agosto de 2022, tras considerar que la discusión sobre derechos políticos y electorales LGBTI se había “relegado de la agenda pública”, activistas y especialistas discutieron, redactaron y emitieron la primera declaración regional sobre el tema bajo la anfitrionía del Congreso de la Unión, así como de numerosos institutos electorales, tribunales y comisiones de derechos humanos estatales de México. En su elaboración se involucraron personas de Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Perú, Haití, Jamaica, Nicaragua, Guyana, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, además del país sede. También, desde 2015, varias colectivas de distintos países han convocado al Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas y el Caribe, el más reciente de los cuales se realizó en julio de 2023 en la Ciudad de México, con la participación de más de seiscientas cincuenta personas de más de treinta naciones. Todo ello ha permitido tanto a quienes impulsan los derechos humanos como a quienes son parte de instituciones públicas desarrollar redes y aprender lecciones de otras latitudes.
Desafíos: difusión, formación, disparidades y prejuicios
A pesar de los avances referidos, a la fecha todavía persisten graves barreras que nos impiden a las personas trans y NB votar en igualdad de condiciones. Los obstáculos se concentran sobre todo en cuatro rubros: una difusión insuficiente de las herramientas y medidas gubernamentales existentes; la persistencia de actos discriminatorios por parte del funcionariado en las casillas; las disparidades en la implementación de las medidas vigentes en el territorio nacional, y los prejuicios sociales generalizados.
En materia de difusión, el funcionariado y las organizaciones han expresado la urgencia de una labor más robusta desde que el INE compiló sus impresiones en 2019 —sobre todo en relación con el protocolo que busca garantizar el voto trans. Sin embargo, tras las elecciones de 2021, varias activistas de entidades como Querétaro y la Ciudad de México enfatizaron que el INE no impulsaba una comunicación sustancial acerca del tema. En particular, criticaron la falta de carteles orientativos en las casillas sobre el voto de personas trans —a pesar de que el mismo protocolo ordena colocarlos— así como una negativa del instituto a utilizar sus tiempos oficiales para brindar información sobre esta materia a la población.
A la fecha, como demuestra una evaluación que el INE realizó en 2023, organizaciones de diecinueve estados aún insisten en las áreas de oportunidad en la socialización. El 30 de agosto de este año, en una sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la consejera Dania Ravel reconoció que “lo más que se ha hecho [para la difusión de este tema] son [publicaciones en] redes socio digitales, en plataformas digitales exclusivamente, pero no se han hecho spots de radio y televisión”. A dicha omisión reiterada se suma la falta de campañas para promover que las personas trans voten o para que participen en actividades de observación electoral —cuestión que contraviene obligaciones en tratados internacionales, en la legislación nacional sobre discriminación y en el propio protocolo del INE. El reto es de amplio impacto que incluso personas formadas por el INE en elecciones pasadas desconocen que la ciudadanía puede ocultar el “sexo” de su credencial o que, hasta hace unos meses, no habría podido modificar dicha identificación sin antes rectificar otros documentos. Se trata, pues, de lagunas considerables.
En cuanto a la discriminación por parte del funcionariado, la población trans y NB ha registrado diversos casos a lo largo de los años. Por ejemplo, en los comicios de 2021, varias personas en entidades como Jalisco, Michoacán, Coahuila, Puebla y el Estado de México reportaron al medio Presentes haber enfrentado susurros, risas, trato diferenciado y el uso de pronombres incorrectos o de su deadname —es decir, el nombre que se les asignó al nacer pero que no refleja su identidad de género actual—, cabe apuntar que el protocolo del INE para el voto trans ordena que a cualquier persona en cualquier casilla se le debe llamar por sus apellidos, no por su nombre de pila. Otras personas trans y no binarias relataron experiencias similares en redes sociales, mientras que el INE registró tres incidentes en las casillas de Baja California Sur y el Estado de México durante la elección, dos de ellos por resistencias de representantes de partidos políticos a que la ciudadanía involucrada emitiera su voto en igualdad.
Por si fuera poco, en la evaluación del INE, numerosas personas trans y no binarias refirieron que el funcionariado todavía realiza preguntas invasivas en estados como Baja California, Guerrero, Michoacán y Sonora. En cuanto a ejemplos específicos, relataron cómo en varias ocasiones se ha pedido a mujeres trans retirar sus accesorios, quitarse el maquillaje, presentar su CURP o incluso convocar testigos para confirmar su identidad antes de poder votar en estados como Guerrero, Campeche y Aguascalientes. Las prácticas de esta naturaleza evidencian que la capacitación del INE no es realmente sólida. Aunque las y los consejeros del instituto reportan cada elección centenares de talleres y miles de simulacros, el funcionariado sostiene sus prejuicios incluso ante su propia institución. En la evaluación realizada por el instituto este año, una persona que ya ha sido capacitada y que ha fungido como integrante de casilla en Nuevo León sostuvo que en su estado no existen las personas trans, y consideró abiertamente que su presencia “se da más en el DF [sic], que se ponen muy exóticas las gentes y aparentan otra cosa que la que realmente es […] pero normal aquí en nuestra área no se ven”.
Por lo que hace a las disparidades a lo largo de la República, organizaciones y activismos han enfatizado que, aunque la situación suele considerarse más favorable en la Ciudad de México, el derecho al voto no se respeta de forma homogénea en otras regiones. La muestra más fehaciente es la propia evaluación del INE de este año, donde casi un tercio de los institutos electorales de los estados reconoció no haber tomado acción alguna desde 2017 para implementar el protocolo del voto trans, y ninguno reportó haber acatado siquiera la mitad de las medidas que le corresponden —el mejor evaluado fue el de Colima, con 41% de cumplimiento. Hasta los órganos delegacionales del instituto refieren rezagos alarmantes: 53% de las Juntas Locales del INE en cada estado no reportó acción alguna para visibilizar a las personas LGBTI en sus campañas de sufragio razonado, y tampoco reportó estrategias focalizadas para impulsar su voto. Solo el 18% de las trescientas Juntas Ejecutivas que el instituto tiene en los distritos electorales implementó alguna acción en el mismo sentido. Ello demuestra la magnitud del trabajo pendiente por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como local.
Ahora bien, quizá el mayor reto que alimenta estas graves barreras es la amplia difusión de prejuicios transfóbicos y enebefóbicos en la sociedad. En México, un tercio de la población no le rentaría una habitación a una persona trans. Incluso en el ámbito político-electoral, cuatro de cada diez personas se oponen abiertamente a que una candidatura trans resulte electa para la Presidencia de la República. La promoción de ideas transfóbicas y enebefóbicas tiene cada vez mayor alcance, especialmente en plataformas como las redes sociales. En 2018, por ejemplo, en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, 38% de los hombres trans, 44% de las mujeres trans y 48% de las personas con otras identidades disidentes —NB— declaraban haberse sentido discriminadas en espacios digitales. Y apenas hace unos días, la virulencia de los discursos excluyentes formó parte de la difusión de noticias alrededor de la muerte de le magistrade Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves.
Sin duda, los estigmas sobre las personas trans y no binarias animan la prevalencia de omisiones institucionales y de actos discriminatorios por el funcionariado —pero también dan pie a una marginación que proviene del electorado en general. La evaluación del INE de este año brinda evidencia clara: tanto organizaciones como personas trans, e incluso las y los funcionarios, señalaron que aún persisten las miradas incómodas e intimidatorias, así como las acciones o comentarios excluyentes por parte de quienes acuden a las casillas. Ante ello, resulta urgente que las autoridades cumplan con su obligación de difundir las medidas de inclusión vigentes y que, en aras de la pedagogía social y del cumplimiento de sus obligaciones, realicen campañas proactivas sobre el derecho al voto sin discriminación.
Hacia la garantía del voto trans y NB
Con miras a la próxima elección, se dibuja una serie de demandas que ameritan prioridad. Principalmente, el INE y los institutos electorales locales deben no solo robustecer en el papel, sino también acatar en sus acciones, todas las normas y herramientas vigentes para garantizar el voto de las personas trans y NB. Como parte de ello, no pueden eludir por más tiempo la difusión sustancial de las mismas, la adopción de estrategias focalizadas para el voto de estas poblaciones y la formación efectiva de su funcionariado temporal y permanente.
Para dar pasos en esta dirección, también es evidente que las instituciones deben generar alianzas con la sociedad civil, no solo porque la participación ciudadana es un pilar fundamental de un Estado democrático, sino también porque las experiencias y conocimientos de los activismos pueden aportar bastante en los esfuerzos oficiales. La evaluación reciente del INE reconoce algunos acercamientos positivos entre organizaciones y Juntas Locales en diferentes estados. Un ejemplo es la alianza de la Junta del INE en San Luis Potosí con personas LGBTI de la sociedad civil para impartir capacitaciones conjuntas al funcionariado que supervisa las elecciones. Otro caso es el convenio formal que la Junta del INE en Durango; el instituto electoral de ese estado y la organización Miembros de la Comunidad Gay de Durango A. C. firmaron desde 2019, con miras a realizar acciones formativas, conferencias, campañas y talleres, así como distribuir materiales y compartir información relativa al voto libre, a la igualdad y a los derechos humanos. Esta clase de sinergias debe ser la regla y no la excepción —y eso es algo en lo que la sociedad civil e incluso el funcionariado han insistido por varios años.
Finalmente, no está de más señalar la urgencia de que el grueso de las instituciones públicas contribuya a erradicar los prejuicios y las barreras que impiden a las personas trans y NB ejercer derechos como el voto. Por ejemplo, aunque el Conapred es quien encabeza las acciones federales contra la discriminación, su gestión actual no ha emitido un solo pronunciamiento ante la escalada vertiginosa —incluso entre funcionarias y funcionarios— de discursos transfóbicos. Algo más grave aún: fuera de una serie de promesas y de programas públicos emitidos a destiempo, el actual gobierno federal no cuenta con una agenda robusta o coordinada contra la transfobia y la enebefobia. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones que esta administración tiene por ley ha parecido limitarse a escasas acciones de difusión —sobre todo en redes sociales—, acompañadas de algunos conversatorios y guías o protocolos aislados.
Si los prejuicios alimentan las resistencias a que las personas trans y NB votemos libremente, el Estado no puede seguir paralizado ante el estigma. Por ello, la exigencia va mucho más allá de las autoridades electorales: todos los poderes del Estado y todos los niveles de gobierno deben actuar ya. El principio democrático exige “una persona, un voto”: si no se actúa con decisión contra la transfobia y la enebefobia, el país nuevamente fallará en dicho mandato.
{{ linea }}
A la memoria de le magistrade Ociel Baena, firme impulsore de nuestra participación política y electoral.
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
La visibilidad de la transfobia y la enebefobia en la política nacional es un tema pendiente del actual gobierno federal y órganos electorales como el INE que tiene el reto, ante los comicios de 2024, de evitar la discriminación hacia personas trans y no binarias. A pesar de los esfuerzos del instituto por capacitar en el tema a sus funcionarios, aún persisten las disparidades y los prejuicios.
Nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia mexicana: en julio de 2024, se celebrarán comicios en las 32 entidades federativas para disputar más de 20 000 cargos, con la potencial participación de noventa y ocho millones de personas. Son cifras nunca antes vistas. Dicha situación coincide con un recrudecimiento de la transfobia y enebefobia en la política nacional, que hace unos días se reflejó en el probable asesinato por odio de le magistrade Ociel Baena, aunque la versión oficial de la Fiscalía General de Aguascalientes es que la muerte de elle y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, ocurrió luego de una discusión. Estas formas de discriminación se han manifestado por años en las crecientes declaraciones excluyentes de representantes federales y locales (sancionadas incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), así como a través de las omisiones del Estado y de las iniciativas legislativas y alianzas con ímpetu discriminatorio al interior de fuerzas como el PAN, el PRD, Morena y el PVEM.
Estamos, pues, ante un punto de inflexión, y resulta impostergable garantizar que las personas trans y no binarias (NB) podamos votar sin discriminación alguna. Esta misión no está sujeta a debate, pues emana del mandato igualitario del artículo 1 constitucional. Sin embargo, dista de ser una tarea menor: las cifras del INEGI indican que la población trans y NB asciende a más de 900 000 personas en todo el territorio nacional.
Históricamente, las personas trans y NB hemos experimentado reticencias particulares para acudir a las casillas, ya sea a raíz de actos explícitos de discriminación o del solo temor de enfrentarlos. Las vivencias que recupera el artículo “El voto de las personas trans: ¿la discriminación quedó atrás?”, publicado por Corriente Alterna, narran cómo Érika Villegas intentó ir a una casilla por primera vez hace casi cuarenta años, y la respuesta explícita del funcionario regiomontano fue: “ustedes no pueden votar”. Décadas después, apenas en junio de 2021, Sann Avelica de 21 años tampoco encontraba un contexto propicio para participar. En la Ciudad de México, a raíz de su identidad NB, refería: “Yo no me siento segure para salir con una expresión de género no masculina, así que no me voy a arriesgar”.
¿Qué nos deben todavía las instituciones públicas para garantizar el voto trans y NB sin barreras? ¿Han hecho algo para que las casillas sean más seguras? ¿Qué pendientes quedan todavía por delante? A lo largo de este texto, destaco los principales avances al respecto, así como aquellos desafíos que nos orillan a exigirle al Estado un trabajo mucho mayor.
Avances: credenciales, protocolos y declaraciones
Para promover el acceso de las personas trans y NB al sufragio, algunas autoridades gubernamentales han adoptado medidas diversas durante los últimos lustros. La primera de ellas fue la emisión, en 2012, de una circular sobre el tema por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal). A raíz de una solicitud del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dicha misiva instruyó al funcionariado electoral local permitir el voto de personas trans que no hubieran actualizado sus documentos oficiales, indicándoles que en caso de duda verificaran su identidad a partir de elementos como la firma, la fotografía y la huella digital en su credencial electoral. Este paso fue relevante en particular porque, en ese entonces, aún no era posible modificar el “sexo” en la identificación para votar y la única manera prevista por la ley para actualizar el “sexo” en un acta de nacimiento era realizar un juicio contra el Registro Civil, lo cual implicaba costos poco accesibles para la mayoría de las personas, disposición que se mantuvo vigente hasta febrero de 2015.
Tras ese primer paso en lo local, gran parte de los esfuerzos han tenido vocación federal, concentrándose sobre todo en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el decidido impulso y acompañamiento de la sociedad civil. A partir de abril de 2015, los módulos del INE han permitido que hombres y mujeres trans rectifiquen el “sexo” en su credencial para votar conforme a su identidad de género; es decir, que puedan solicitar la actualización de su credencial para que refleje su identidad. Además, desde 2018, se ha facilitado que la ciudadanía pueda ocultar este dato si así lo prefiere. Estas opciones no solo facilitan que se respete la identidad de las personas trans en el Registro de Electores y en las casillas para votar: también favorecen la inclusión en los diversos contextos y trámites en los que la credencial se usa como identificación por excelencia. Para febrero de 2023, casi 19 000 personas habían solicitado la rectificación de su “sexo” en el carnet, mientras que casi 135 000 habían pedido que se omitiera esa información en su plástico.
Ahora bien, en atención a exigencias de los activismos y con su acompañamiento, durante 2017 el INE adoptó un protocolo para garantizar el voto sin discriminación de las personas trans. Dicho instrumento estableció, por primera vez, obligaciones y pautas de actuación homologadas para el funcionariado electoral de todo el país, así como para los institutos electorales de cada estado. Por sus especificaciones en torno al trato digno y las medidas de inclusión que se deben seguir, el protocolo fue pionero en América Latina y ha sido referente para instrumentos similares en países como Chile, Colombia y Perú.
El mismo año, el Instituto también inició la publicación de guías sobre buenas prácticas de inclusión electoral con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Además, en febrero de 2023 —a raíz de juicios iniciados por Kevin Hernández y le magistrade Ociel Baena—, se autorizó que las personas NB puedan escoger un marcador de “sexo” específico: “X”, en lugar de “H” o “M” para reflejar su identidad sin necesidad de rectificar antes otros documentos como su acta de nacimiento. Algunos activismos expresaron reservas en torno al uso de la “X” y, según refirieron, este no fue consultado con la sociedad civil. Al respecto, la justificación del INE fue de naturaleza técnica: la necesidad de asegurar la correspondencia con los criterios del Registro Nacional de Población, que utiliza la “X” en el caso de personas NB.
En julio de 2023, el INE determinó que ningún hombre o mujer trans tiene que esperar a rectificar sus otros documentos para actualizar su credencial, como hasta entonces se requería. Si bien, en esta materia, el Tribunal Electoral también analizó un juicio iniciado por Luisa Rebeca Garza López y en ese caso se resolvió confirmar, en lugar de invalidar, la actuación del INE. Se trata de medidas sumamente relevantes. Por una parte, la posibilidad de que se reconozcan las identidades no binarias a nivel nacional marca un gran avance simbólico y facilita la exigibilidad de derechos. Por otra parte, dejar de exigir documentos que prueben la identidad de género implica que cualquiera puede solicitar la actualización de su credencial sin esperar a que el congreso de su estado legisle un trámite administrativo para que los registros civiles rectifiquen las actas de las personas trans y no binarias.
A todo lo anterior se suma una serie de iniciativas adicionales de las organizaciones sociales. Tan solo en agosto de 2022, tras considerar que la discusión sobre derechos políticos y electorales LGBTI se había “relegado de la agenda pública”, activistas y especialistas discutieron, redactaron y emitieron la primera declaración regional sobre el tema bajo la anfitrionía del Congreso de la Unión, así como de numerosos institutos electorales, tribunales y comisiones de derechos humanos estatales de México. En su elaboración se involucraron personas de Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Perú, Haití, Jamaica, Nicaragua, Guyana, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, además del país sede. También, desde 2015, varias colectivas de distintos países han convocado al Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas y el Caribe, el más reciente de los cuales se realizó en julio de 2023 en la Ciudad de México, con la participación de más de seiscientas cincuenta personas de más de treinta naciones. Todo ello ha permitido tanto a quienes impulsan los derechos humanos como a quienes son parte de instituciones públicas desarrollar redes y aprender lecciones de otras latitudes.
Desafíos: difusión, formación, disparidades y prejuicios
A pesar de los avances referidos, a la fecha todavía persisten graves barreras que nos impiden a las personas trans y NB votar en igualdad de condiciones. Los obstáculos se concentran sobre todo en cuatro rubros: una difusión insuficiente de las herramientas y medidas gubernamentales existentes; la persistencia de actos discriminatorios por parte del funcionariado en las casillas; las disparidades en la implementación de las medidas vigentes en el territorio nacional, y los prejuicios sociales generalizados.
En materia de difusión, el funcionariado y las organizaciones han expresado la urgencia de una labor más robusta desde que el INE compiló sus impresiones en 2019 —sobre todo en relación con el protocolo que busca garantizar el voto trans. Sin embargo, tras las elecciones de 2021, varias activistas de entidades como Querétaro y la Ciudad de México enfatizaron que el INE no impulsaba una comunicación sustancial acerca del tema. En particular, criticaron la falta de carteles orientativos en las casillas sobre el voto de personas trans —a pesar de que el mismo protocolo ordena colocarlos— así como una negativa del instituto a utilizar sus tiempos oficiales para brindar información sobre esta materia a la población.
A la fecha, como demuestra una evaluación que el INE realizó en 2023, organizaciones de diecinueve estados aún insisten en las áreas de oportunidad en la socialización. El 30 de agosto de este año, en una sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la consejera Dania Ravel reconoció que “lo más que se ha hecho [para la difusión de este tema] son [publicaciones en] redes socio digitales, en plataformas digitales exclusivamente, pero no se han hecho spots de radio y televisión”. A dicha omisión reiterada se suma la falta de campañas para promover que las personas trans voten o para que participen en actividades de observación electoral —cuestión que contraviene obligaciones en tratados internacionales, en la legislación nacional sobre discriminación y en el propio protocolo del INE. El reto es de amplio impacto que incluso personas formadas por el INE en elecciones pasadas desconocen que la ciudadanía puede ocultar el “sexo” de su credencial o que, hasta hace unos meses, no habría podido modificar dicha identificación sin antes rectificar otros documentos. Se trata, pues, de lagunas considerables.
En cuanto a la discriminación por parte del funcionariado, la población trans y NB ha registrado diversos casos a lo largo de los años. Por ejemplo, en los comicios de 2021, varias personas en entidades como Jalisco, Michoacán, Coahuila, Puebla y el Estado de México reportaron al medio Presentes haber enfrentado susurros, risas, trato diferenciado y el uso de pronombres incorrectos o de su deadname —es decir, el nombre que se les asignó al nacer pero que no refleja su identidad de género actual—, cabe apuntar que el protocolo del INE para el voto trans ordena que a cualquier persona en cualquier casilla se le debe llamar por sus apellidos, no por su nombre de pila. Otras personas trans y no binarias relataron experiencias similares en redes sociales, mientras que el INE registró tres incidentes en las casillas de Baja California Sur y el Estado de México durante la elección, dos de ellos por resistencias de representantes de partidos políticos a que la ciudadanía involucrada emitiera su voto en igualdad.
Por si fuera poco, en la evaluación del INE, numerosas personas trans y no binarias refirieron que el funcionariado todavía realiza preguntas invasivas en estados como Baja California, Guerrero, Michoacán y Sonora. En cuanto a ejemplos específicos, relataron cómo en varias ocasiones se ha pedido a mujeres trans retirar sus accesorios, quitarse el maquillaje, presentar su CURP o incluso convocar testigos para confirmar su identidad antes de poder votar en estados como Guerrero, Campeche y Aguascalientes. Las prácticas de esta naturaleza evidencian que la capacitación del INE no es realmente sólida. Aunque las y los consejeros del instituto reportan cada elección centenares de talleres y miles de simulacros, el funcionariado sostiene sus prejuicios incluso ante su propia institución. En la evaluación realizada por el instituto este año, una persona que ya ha sido capacitada y que ha fungido como integrante de casilla en Nuevo León sostuvo que en su estado no existen las personas trans, y consideró abiertamente que su presencia “se da más en el DF [sic], que se ponen muy exóticas las gentes y aparentan otra cosa que la que realmente es […] pero normal aquí en nuestra área no se ven”.
Por lo que hace a las disparidades a lo largo de la República, organizaciones y activismos han enfatizado que, aunque la situación suele considerarse más favorable en la Ciudad de México, el derecho al voto no se respeta de forma homogénea en otras regiones. La muestra más fehaciente es la propia evaluación del INE de este año, donde casi un tercio de los institutos electorales de los estados reconoció no haber tomado acción alguna desde 2017 para implementar el protocolo del voto trans, y ninguno reportó haber acatado siquiera la mitad de las medidas que le corresponden —el mejor evaluado fue el de Colima, con 41% de cumplimiento. Hasta los órganos delegacionales del instituto refieren rezagos alarmantes: 53% de las Juntas Locales del INE en cada estado no reportó acción alguna para visibilizar a las personas LGBTI en sus campañas de sufragio razonado, y tampoco reportó estrategias focalizadas para impulsar su voto. Solo el 18% de las trescientas Juntas Ejecutivas que el instituto tiene en los distritos electorales implementó alguna acción en el mismo sentido. Ello demuestra la magnitud del trabajo pendiente por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como local.
Ahora bien, quizá el mayor reto que alimenta estas graves barreras es la amplia difusión de prejuicios transfóbicos y enebefóbicos en la sociedad. En México, un tercio de la población no le rentaría una habitación a una persona trans. Incluso en el ámbito político-electoral, cuatro de cada diez personas se oponen abiertamente a que una candidatura trans resulte electa para la Presidencia de la República. La promoción de ideas transfóbicas y enebefóbicas tiene cada vez mayor alcance, especialmente en plataformas como las redes sociales. En 2018, por ejemplo, en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, 38% de los hombres trans, 44% de las mujeres trans y 48% de las personas con otras identidades disidentes —NB— declaraban haberse sentido discriminadas en espacios digitales. Y apenas hace unos días, la virulencia de los discursos excluyentes formó parte de la difusión de noticias alrededor de la muerte de le magistrade Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves.
Sin duda, los estigmas sobre las personas trans y no binarias animan la prevalencia de omisiones institucionales y de actos discriminatorios por el funcionariado —pero también dan pie a una marginación que proviene del electorado en general. La evaluación del INE de este año brinda evidencia clara: tanto organizaciones como personas trans, e incluso las y los funcionarios, señalaron que aún persisten las miradas incómodas e intimidatorias, así como las acciones o comentarios excluyentes por parte de quienes acuden a las casillas. Ante ello, resulta urgente que las autoridades cumplan con su obligación de difundir las medidas de inclusión vigentes y que, en aras de la pedagogía social y del cumplimiento de sus obligaciones, realicen campañas proactivas sobre el derecho al voto sin discriminación.
Hacia la garantía del voto trans y NB
Con miras a la próxima elección, se dibuja una serie de demandas que ameritan prioridad. Principalmente, el INE y los institutos electorales locales deben no solo robustecer en el papel, sino también acatar en sus acciones, todas las normas y herramientas vigentes para garantizar el voto de las personas trans y NB. Como parte de ello, no pueden eludir por más tiempo la difusión sustancial de las mismas, la adopción de estrategias focalizadas para el voto de estas poblaciones y la formación efectiva de su funcionariado temporal y permanente.
Para dar pasos en esta dirección, también es evidente que las instituciones deben generar alianzas con la sociedad civil, no solo porque la participación ciudadana es un pilar fundamental de un Estado democrático, sino también porque las experiencias y conocimientos de los activismos pueden aportar bastante en los esfuerzos oficiales. La evaluación reciente del INE reconoce algunos acercamientos positivos entre organizaciones y Juntas Locales en diferentes estados. Un ejemplo es la alianza de la Junta del INE en San Luis Potosí con personas LGBTI de la sociedad civil para impartir capacitaciones conjuntas al funcionariado que supervisa las elecciones. Otro caso es el convenio formal que la Junta del INE en Durango; el instituto electoral de ese estado y la organización Miembros de la Comunidad Gay de Durango A. C. firmaron desde 2019, con miras a realizar acciones formativas, conferencias, campañas y talleres, así como distribuir materiales y compartir información relativa al voto libre, a la igualdad y a los derechos humanos. Esta clase de sinergias debe ser la regla y no la excepción —y eso es algo en lo que la sociedad civil e incluso el funcionariado han insistido por varios años.
Finalmente, no está de más señalar la urgencia de que el grueso de las instituciones públicas contribuya a erradicar los prejuicios y las barreras que impiden a las personas trans y NB ejercer derechos como el voto. Por ejemplo, aunque el Conapred es quien encabeza las acciones federales contra la discriminación, su gestión actual no ha emitido un solo pronunciamiento ante la escalada vertiginosa —incluso entre funcionarias y funcionarios— de discursos transfóbicos. Algo más grave aún: fuera de una serie de promesas y de programas públicos emitidos a destiempo, el actual gobierno federal no cuenta con una agenda robusta o coordinada contra la transfobia y la enebefobia. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones que esta administración tiene por ley ha parecido limitarse a escasas acciones de difusión —sobre todo en redes sociales—, acompañadas de algunos conversatorios y guías o protocolos aislados.
Si los prejuicios alimentan las resistencias a que las personas trans y NB votemos libremente, el Estado no puede seguir paralizado ante el estigma. Por ello, la exigencia va mucho más allá de las autoridades electorales: todos los poderes del Estado y todos los niveles de gobierno deben actuar ya. El principio democrático exige “una persona, un voto”: si no se actúa con decisión contra la transfobia y la enebefobia, el país nuevamente fallará en dicho mandato.
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A la memoria de le magistrade Ociel Baena, firme impulsore de nuestra participación política y electoral.
¡Gracias!
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Ilustración de Fernanda Jiménez.
La visibilidad de la transfobia y la enebefobia en la política nacional es un tema pendiente del actual gobierno federal y órganos electorales como el INE que tiene el reto, ante los comicios de 2024, de evitar la discriminación hacia personas trans y no binarias. A pesar de los esfuerzos del instituto por capacitar en el tema a sus funcionarios, aún persisten las disparidades y los prejuicios.
Nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de la historia mexicana: en julio de 2024, se celebrarán comicios en las 32 entidades federativas para disputar más de 20 000 cargos, con la potencial participación de noventa y ocho millones de personas. Son cifras nunca antes vistas. Dicha situación coincide con un recrudecimiento de la transfobia y enebefobia en la política nacional, que hace unos días se reflejó en el probable asesinato por odio de le magistrade Ociel Baena, aunque la versión oficial de la Fiscalía General de Aguascalientes es que la muerte de elle y su pareja sentimental, Dorian Daniel Nieves, ocurrió luego de una discusión. Estas formas de discriminación se han manifestado por años en las crecientes declaraciones excluyentes de representantes federales y locales (sancionadas incluso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), así como a través de las omisiones del Estado y de las iniciativas legislativas y alianzas con ímpetu discriminatorio al interior de fuerzas como el PAN, el PRD, Morena y el PVEM.
Estamos, pues, ante un punto de inflexión, y resulta impostergable garantizar que las personas trans y no binarias (NB) podamos votar sin discriminación alguna. Esta misión no está sujeta a debate, pues emana del mandato igualitario del artículo 1 constitucional. Sin embargo, dista de ser una tarea menor: las cifras del INEGI indican que la población trans y NB asciende a más de 900 000 personas en todo el territorio nacional.
Históricamente, las personas trans y NB hemos experimentado reticencias particulares para acudir a las casillas, ya sea a raíz de actos explícitos de discriminación o del solo temor de enfrentarlos. Las vivencias que recupera el artículo “El voto de las personas trans: ¿la discriminación quedó atrás?”, publicado por Corriente Alterna, narran cómo Érika Villegas intentó ir a una casilla por primera vez hace casi cuarenta años, y la respuesta explícita del funcionario regiomontano fue: “ustedes no pueden votar”. Décadas después, apenas en junio de 2021, Sann Avelica de 21 años tampoco encontraba un contexto propicio para participar. En la Ciudad de México, a raíz de su identidad NB, refería: “Yo no me siento segure para salir con una expresión de género no masculina, así que no me voy a arriesgar”.
¿Qué nos deben todavía las instituciones públicas para garantizar el voto trans y NB sin barreras? ¿Han hecho algo para que las casillas sean más seguras? ¿Qué pendientes quedan todavía por delante? A lo largo de este texto, destaco los principales avances al respecto, así como aquellos desafíos que nos orillan a exigirle al Estado un trabajo mucho mayor.
Avances: credenciales, protocolos y declaraciones
Para promover el acceso de las personas trans y NB al sufragio, algunas autoridades gubernamentales han adoptado medidas diversas durante los últimos lustros. La primera de ellas fue la emisión, en 2012, de una circular sobre el tema por parte del Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal). A raíz de una solicitud del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dicha misiva instruyó al funcionariado electoral local permitir el voto de personas trans que no hubieran actualizado sus documentos oficiales, indicándoles que en caso de duda verificaran su identidad a partir de elementos como la firma, la fotografía y la huella digital en su credencial electoral. Este paso fue relevante en particular porque, en ese entonces, aún no era posible modificar el “sexo” en la identificación para votar y la única manera prevista por la ley para actualizar el “sexo” en un acta de nacimiento era realizar un juicio contra el Registro Civil, lo cual implicaba costos poco accesibles para la mayoría de las personas, disposición que se mantuvo vigente hasta febrero de 2015.
Tras ese primer paso en lo local, gran parte de los esfuerzos han tenido vocación federal, concentrándose sobre todo en el Instituto Nacional Electoral (INE), con el decidido impulso y acompañamiento de la sociedad civil. A partir de abril de 2015, los módulos del INE han permitido que hombres y mujeres trans rectifiquen el “sexo” en su credencial para votar conforme a su identidad de género; es decir, que puedan solicitar la actualización de su credencial para que refleje su identidad. Además, desde 2018, se ha facilitado que la ciudadanía pueda ocultar este dato si así lo prefiere. Estas opciones no solo facilitan que se respete la identidad de las personas trans en el Registro de Electores y en las casillas para votar: también favorecen la inclusión en los diversos contextos y trámites en los que la credencial se usa como identificación por excelencia. Para febrero de 2023, casi 19 000 personas habían solicitado la rectificación de su “sexo” en el carnet, mientras que casi 135 000 habían pedido que se omitiera esa información en su plástico.
Ahora bien, en atención a exigencias de los activismos y con su acompañamiento, durante 2017 el INE adoptó un protocolo para garantizar el voto sin discriminación de las personas trans. Dicho instrumento estableció, por primera vez, obligaciones y pautas de actuación homologadas para el funcionariado electoral de todo el país, así como para los institutos electorales de cada estado. Por sus especificaciones en torno al trato digno y las medidas de inclusión que se deben seguir, el protocolo fue pionero en América Latina y ha sido referente para instrumentos similares en países como Chile, Colombia y Perú.
El mismo año, el Instituto también inició la publicación de guías sobre buenas prácticas de inclusión electoral con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Además, en febrero de 2023 —a raíz de juicios iniciados por Kevin Hernández y le magistrade Ociel Baena—, se autorizó que las personas NB puedan escoger un marcador de “sexo” específico: “X”, en lugar de “H” o “M” para reflejar su identidad sin necesidad de rectificar antes otros documentos como su acta de nacimiento. Algunos activismos expresaron reservas en torno al uso de la “X” y, según refirieron, este no fue consultado con la sociedad civil. Al respecto, la justificación del INE fue de naturaleza técnica: la necesidad de asegurar la correspondencia con los criterios del Registro Nacional de Población, que utiliza la “X” en el caso de personas NB.
En julio de 2023, el INE determinó que ningún hombre o mujer trans tiene que esperar a rectificar sus otros documentos para actualizar su credencial, como hasta entonces se requería. Si bien, en esta materia, el Tribunal Electoral también analizó un juicio iniciado por Luisa Rebeca Garza López y en ese caso se resolvió confirmar, en lugar de invalidar, la actuación del INE. Se trata de medidas sumamente relevantes. Por una parte, la posibilidad de que se reconozcan las identidades no binarias a nivel nacional marca un gran avance simbólico y facilita la exigibilidad de derechos. Por otra parte, dejar de exigir documentos que prueben la identidad de género implica que cualquiera puede solicitar la actualización de su credencial sin esperar a que el congreso de su estado legisle un trámite administrativo para que los registros civiles rectifiquen las actas de las personas trans y no binarias.
A todo lo anterior se suma una serie de iniciativas adicionales de las organizaciones sociales. Tan solo en agosto de 2022, tras considerar que la discusión sobre derechos políticos y electorales LGBTI se había “relegado de la agenda pública”, activistas y especialistas discutieron, redactaron y emitieron la primera declaración regional sobre el tema bajo la anfitrionía del Congreso de la Unión, así como de numerosos institutos electorales, tribunales y comisiones de derechos humanos estatales de México. En su elaboración se involucraron personas de Honduras, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Argentina, Perú, Haití, Jamaica, Nicaragua, Guyana, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, además del país sede. También, desde 2015, varias colectivas de distintos países han convocado al Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTI de las Américas y el Caribe, el más reciente de los cuales se realizó en julio de 2023 en la Ciudad de México, con la participación de más de seiscientas cincuenta personas de más de treinta naciones. Todo ello ha permitido tanto a quienes impulsan los derechos humanos como a quienes son parte de instituciones públicas desarrollar redes y aprender lecciones de otras latitudes.
Desafíos: difusión, formación, disparidades y prejuicios
A pesar de los avances referidos, a la fecha todavía persisten graves barreras que nos impiden a las personas trans y NB votar en igualdad de condiciones. Los obstáculos se concentran sobre todo en cuatro rubros: una difusión insuficiente de las herramientas y medidas gubernamentales existentes; la persistencia de actos discriminatorios por parte del funcionariado en las casillas; las disparidades en la implementación de las medidas vigentes en el territorio nacional, y los prejuicios sociales generalizados.
En materia de difusión, el funcionariado y las organizaciones han expresado la urgencia de una labor más robusta desde que el INE compiló sus impresiones en 2019 —sobre todo en relación con el protocolo que busca garantizar el voto trans. Sin embargo, tras las elecciones de 2021, varias activistas de entidades como Querétaro y la Ciudad de México enfatizaron que el INE no impulsaba una comunicación sustancial acerca del tema. En particular, criticaron la falta de carteles orientativos en las casillas sobre el voto de personas trans —a pesar de que el mismo protocolo ordena colocarlos— así como una negativa del instituto a utilizar sus tiempos oficiales para brindar información sobre esta materia a la población.
A la fecha, como demuestra una evaluación que el INE realizó en 2023, organizaciones de diecinueve estados aún insisten en las áreas de oportunidad en la socialización. El 30 de agosto de este año, en una sesión de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la consejera Dania Ravel reconoció que “lo más que se ha hecho [para la difusión de este tema] son [publicaciones en] redes socio digitales, en plataformas digitales exclusivamente, pero no se han hecho spots de radio y televisión”. A dicha omisión reiterada se suma la falta de campañas para promover que las personas trans voten o para que participen en actividades de observación electoral —cuestión que contraviene obligaciones en tratados internacionales, en la legislación nacional sobre discriminación y en el propio protocolo del INE. El reto es de amplio impacto que incluso personas formadas por el INE en elecciones pasadas desconocen que la ciudadanía puede ocultar el “sexo” de su credencial o que, hasta hace unos meses, no habría podido modificar dicha identificación sin antes rectificar otros documentos. Se trata, pues, de lagunas considerables.
En cuanto a la discriminación por parte del funcionariado, la población trans y NB ha registrado diversos casos a lo largo de los años. Por ejemplo, en los comicios de 2021, varias personas en entidades como Jalisco, Michoacán, Coahuila, Puebla y el Estado de México reportaron al medio Presentes haber enfrentado susurros, risas, trato diferenciado y el uso de pronombres incorrectos o de su deadname —es decir, el nombre que se les asignó al nacer pero que no refleja su identidad de género actual—, cabe apuntar que el protocolo del INE para el voto trans ordena que a cualquier persona en cualquier casilla se le debe llamar por sus apellidos, no por su nombre de pila. Otras personas trans y no binarias relataron experiencias similares en redes sociales, mientras que el INE registró tres incidentes en las casillas de Baja California Sur y el Estado de México durante la elección, dos de ellos por resistencias de representantes de partidos políticos a que la ciudadanía involucrada emitiera su voto en igualdad.
Por si fuera poco, en la evaluación del INE, numerosas personas trans y no binarias refirieron que el funcionariado todavía realiza preguntas invasivas en estados como Baja California, Guerrero, Michoacán y Sonora. En cuanto a ejemplos específicos, relataron cómo en varias ocasiones se ha pedido a mujeres trans retirar sus accesorios, quitarse el maquillaje, presentar su CURP o incluso convocar testigos para confirmar su identidad antes de poder votar en estados como Guerrero, Campeche y Aguascalientes. Las prácticas de esta naturaleza evidencian que la capacitación del INE no es realmente sólida. Aunque las y los consejeros del instituto reportan cada elección centenares de talleres y miles de simulacros, el funcionariado sostiene sus prejuicios incluso ante su propia institución. En la evaluación realizada por el instituto este año, una persona que ya ha sido capacitada y que ha fungido como integrante de casilla en Nuevo León sostuvo que en su estado no existen las personas trans, y consideró abiertamente que su presencia “se da más en el DF [sic], que se ponen muy exóticas las gentes y aparentan otra cosa que la que realmente es […] pero normal aquí en nuestra área no se ven”.
Por lo que hace a las disparidades a lo largo de la República, organizaciones y activismos han enfatizado que, aunque la situación suele considerarse más favorable en la Ciudad de México, el derecho al voto no se respeta de forma homogénea en otras regiones. La muestra más fehaciente es la propia evaluación del INE de este año, donde casi un tercio de los institutos electorales de los estados reconoció no haber tomado acción alguna desde 2017 para implementar el protocolo del voto trans, y ninguno reportó haber acatado siquiera la mitad de las medidas que le corresponden —el mejor evaluado fue el de Colima, con 41% de cumplimiento. Hasta los órganos delegacionales del instituto refieren rezagos alarmantes: 53% de las Juntas Locales del INE en cada estado no reportó acción alguna para visibilizar a las personas LGBTI en sus campañas de sufragio razonado, y tampoco reportó estrategias focalizadas para impulsar su voto. Solo el 18% de las trescientas Juntas Ejecutivas que el instituto tiene en los distritos electorales implementó alguna acción en el mismo sentido. Ello demuestra la magnitud del trabajo pendiente por parte de las autoridades, tanto a nivel nacional como local.
Ahora bien, quizá el mayor reto que alimenta estas graves barreras es la amplia difusión de prejuicios transfóbicos y enebefóbicos en la sociedad. En México, un tercio de la población no le rentaría una habitación a una persona trans. Incluso en el ámbito político-electoral, cuatro de cada diez personas se oponen abiertamente a que una candidatura trans resulte electa para la Presidencia de la República. La promoción de ideas transfóbicas y enebefóbicas tiene cada vez mayor alcance, especialmente en plataformas como las redes sociales. En 2018, por ejemplo, en la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, 38% de los hombres trans, 44% de las mujeres trans y 48% de las personas con otras identidades disidentes —NB— declaraban haberse sentido discriminadas en espacios digitales. Y apenas hace unos días, la virulencia de los discursos excluyentes formó parte de la difusión de noticias alrededor de la muerte de le magistrade Ociel Baena y Dorian Daniel Nieves.
Sin duda, los estigmas sobre las personas trans y no binarias animan la prevalencia de omisiones institucionales y de actos discriminatorios por el funcionariado —pero también dan pie a una marginación que proviene del electorado en general. La evaluación del INE de este año brinda evidencia clara: tanto organizaciones como personas trans, e incluso las y los funcionarios, señalaron que aún persisten las miradas incómodas e intimidatorias, así como las acciones o comentarios excluyentes por parte de quienes acuden a las casillas. Ante ello, resulta urgente que las autoridades cumplan con su obligación de difundir las medidas de inclusión vigentes y que, en aras de la pedagogía social y del cumplimiento de sus obligaciones, realicen campañas proactivas sobre el derecho al voto sin discriminación.
Hacia la garantía del voto trans y NB
Con miras a la próxima elección, se dibuja una serie de demandas que ameritan prioridad. Principalmente, el INE y los institutos electorales locales deben no solo robustecer en el papel, sino también acatar en sus acciones, todas las normas y herramientas vigentes para garantizar el voto de las personas trans y NB. Como parte de ello, no pueden eludir por más tiempo la difusión sustancial de las mismas, la adopción de estrategias focalizadas para el voto de estas poblaciones y la formación efectiva de su funcionariado temporal y permanente.
Para dar pasos en esta dirección, también es evidente que las instituciones deben generar alianzas con la sociedad civil, no solo porque la participación ciudadana es un pilar fundamental de un Estado democrático, sino también porque las experiencias y conocimientos de los activismos pueden aportar bastante en los esfuerzos oficiales. La evaluación reciente del INE reconoce algunos acercamientos positivos entre organizaciones y Juntas Locales en diferentes estados. Un ejemplo es la alianza de la Junta del INE en San Luis Potosí con personas LGBTI de la sociedad civil para impartir capacitaciones conjuntas al funcionariado que supervisa las elecciones. Otro caso es el convenio formal que la Junta del INE en Durango; el instituto electoral de ese estado y la organización Miembros de la Comunidad Gay de Durango A. C. firmaron desde 2019, con miras a realizar acciones formativas, conferencias, campañas y talleres, así como distribuir materiales y compartir información relativa al voto libre, a la igualdad y a los derechos humanos. Esta clase de sinergias debe ser la regla y no la excepción —y eso es algo en lo que la sociedad civil e incluso el funcionariado han insistido por varios años.
Finalmente, no está de más señalar la urgencia de que el grueso de las instituciones públicas contribuya a erradicar los prejuicios y las barreras que impiden a las personas trans y NB ejercer derechos como el voto. Por ejemplo, aunque el Conapred es quien encabeza las acciones federales contra la discriminación, su gestión actual no ha emitido un solo pronunciamiento ante la escalada vertiginosa —incluso entre funcionarias y funcionarios— de discursos transfóbicos. Algo más grave aún: fuera de una serie de promesas y de programas públicos emitidos a destiempo, el actual gobierno federal no cuenta con una agenda robusta o coordinada contra la transfobia y la enebefobia. De hecho, el cumplimiento de las obligaciones que esta administración tiene por ley ha parecido limitarse a escasas acciones de difusión —sobre todo en redes sociales—, acompañadas de algunos conversatorios y guías o protocolos aislados.
Si los prejuicios alimentan las resistencias a que las personas trans y NB votemos libremente, el Estado no puede seguir paralizado ante el estigma. Por ello, la exigencia va mucho más allá de las autoridades electorales: todos los poderes del Estado y todos los niveles de gobierno deben actuar ya. El principio democrático exige “una persona, un voto”: si no se actúa con decisión contra la transfobia y la enebefobia, el país nuevamente fallará en dicho mandato.
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