La tragedia de las desapariciones en México ha superado las 117 000 víctimas. En los últimos tres sexenios, en promedio, se dejó de saber de 15 personas cada día. Ningún país del mundo que no esté asediado por la guerra ha acumulado tantas ausencias. A la par, hay más 72 000 cuerpos sin nombre a la espera de que las autoridades les devuelvan la identidad y los regresen con sus familias. Muchos fueron recuperados de una fosa clandestina solo para ser enterrados de nuevo en una fosa común, condenados al olvido. En medio de estas crisis, están las madres que buscan a sus hijos e hijas en hospitales, prisiones, casas de seguridad, morgues y hasta debajo de la tierra, en alguno de los más de 5 600 entierros ilegales —muchos descubiertos por ellas mismas—. Mientras tanto, las autoridades obligadas a encontrar a sus seres queridos, pretenden dejarlas más indefensas.
El derecho a acceder a información pública ha sido una de las herramientas que ha permitido dimensionar la tragedia de las desapariciones, poner en entre dicho las afirmaciones de las autoridades —que casi siempre buscan minimizar el problema— y dar a las familias pruebas cuando enfrentan a las entidades gubernamentales en juicios, pero hoy este derecho se encuentra amenazado por una reforma que pretende eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Se conocen pocos detalles del cómo cambiarían los mecanismos para pedir información de ahora en adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó el pasado 15 de octubre que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública, será la encargada de las obligaciones que tenía el Instituto. Esto implicaría que el Gobierno Federal sería “juez y parte” en las controversias entre sus dependencias y los ciudadanos, según dice Jorge Verástegui, un abogado que desde 2009 busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila.
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“Ir a una oficina de gobierno no garantiza que efectivamente te den la información, o que lo que te den sea cierto. Por lo tanto, lo único que queda es recurrir esa respuesta o esa negativa, y el INAI, con todas las deficiencias que sabemos que tiene, sigue siendo un medio para garantizarnos el acceso a la información”, dice Verástegui, probablemente el buscador que más solicitudes de información relacionadas con desapariciones en Coahuila y a nivel nacional ha realizado.
Aunque son pocas las personas buscadoras que ejercen este derecho de manera directa, frecuentemente utilizan los hallazgos que por esta vía reportan las organizaciones civiles y periodistas para visibilizar esta tragedia y exigir a las autoridades la búsqueda de sus familiares.
Los ejemplos abundan: en 2015 dos periodistas desclasificaron el expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y publicaron reportajes que contradecían la llamada “Verdad Histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2022, para una investigación de la periodista Marcela Turati, se logró obtener el expediente de la investigación de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010. Información sobre las desapariciones forzadas perpetradas por elementos de la Secretaría de Marina en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, solo se pudo conocer porque el INAI ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que entregara una versión pública de la investigación.
Desde las organizaciones civiles y de víctimas también se ha recurrido a este derecho: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 80 colectivos buscadores, publicó un informe a partir de solicitudes de información pública en el que reveló que habían 52 004 cuerpos sin identificar hasta agosto de 2020; en varios casos tuvieron que recurrir a los institutos estatales de transparencia porque la información les fue negada o no fue entregada completamente.
Efectos colectivos de la transparencia
A Marco Antonio Montoya Juárez lo desaparecieron el 18 de marzo de 2017 a unos metros de su casa, en Celaya, Guanajuato. Tenía 42 años y trabajaba en un supermercado. Como miles de familias atravesadas por la desaparición, los Montoya Juárez preguntaron en hospitales y después en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Celaya. Esa búsqueda, conocida como forense, implica ver cientos de fotografías de cuerpos sin identificar y marcados por la violencia para descartar que la persona buscada fue asesinada y, por alguna razón, pasó por la morgue sin que se le reconociera. “Esto de ver las galerías [de fotografías] es algo muy impactante para cualquier familia. Nunca es bonito ver fotos de personas no identificadas”, dice su hermana, Olimpia Montoya.
Las familias que buscan a un ser querido desaparecido no deberían pasar por el martirio de la búsqueda forense: desde 2019 la FGR está obligada a implementar un Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) que permitiría comparar masiva, periódica y automáticamente la información que las familias buscadoras entregan a las autoridades de todo el país (como sus perfiles genéticos, las señas particulares, sus características físicas, etc.) y la de los más de 72 000 cuerpos sin nombre que están en algún Semefo.
Sin embargo, la FGR no puso en marcha el Banco Nacional. Por eso Olimpia, acompañada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), tramitó una solicitud de amparo en 2021. Para sostener la demanda, sus abogados pidieron información pública que demostrara al juez que los datos que resguardan las fiscalías estatales no estaban integrados al Banco Nacional, y, en consecuencia, la función de comparar la información para ver si alguno de esos cadáveres correspondía a Marco Antonio Montoya Juárez —o a alguna de las más de 117 000 personas desaparecidas— no se estaba cumpliendo.
Con la información recibida gracias a las plataformas de transparencia, los abogados del Centro Prodh demostraron que, en 2022, las fiscalías del país contaban con unos 380 000 perfiles genéticos, pero el sistema de la FGR para comparar información genética de familiares de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar en todo el país apenas contaba con 71 200.
En el caso de la información de señas particulares, las fiscalías reconocieron resguardar datos de 13 400 personas desaparecidas, pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ya reportaba unas 100 000 víctimas. El déficit también era enorme en el caso de los cuerpos sin identificar: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México obtuvo por transparencia que había más de 52 000 víctimas anónimas reportadas por las fiscalías del país; sin embargo, la FGR solo tenía registros de 8 400 cadáveres. El resultado: información de miles de víctimas que únicamente se pueden comparar estado por estado, víctima por víctima, dato por dato.
En abril de 2023, un Tribunal Colegiado le dio la razón a Olimpia Montoya: la FGR violó sus derechos a la verdad y el acceso a la justicia por no activar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, y le ordenó hacerlo en un plazo no mayor a 40 días hábiles. La sentencia ha generado un efecto dominó en familias buscadoras de varios estados que han exigido a sus fiscalías incorporar los datos que tienen al Banco Nacional. Olimpia Montoya y sus abogados continúan aportando evidencia obtenida vía solicitudes de información para que el juzgado no dé por cumplida la sentencia hasta que la implementación de la herramienta sea total.
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Cuestionar al Poder
Desde el 2012 Jorge Verástegui se apoyó en las herramientas de transparencia para indagar en las actuaciones de las autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas. Él es uno de los fundadores de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC). Junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios se abocaron en indagar en los datos sobre personas desaparecidas que las autoridades daban a la prensa, comparándolos con la información que obtenían con solicitudes de información.
“En estos años de búsqueda logré identificar que las autoridades, por un lado, en corto, te pueden decir una cosa, o en sus declaraciones, pero justo cuando lo solicitas de manera formal, por escrito, ahí las cosas cambian y logras saber si lo que te estaban diciendo era verdad o no”, dice Verástegui. Para él esto es clave porque las autoridades frecuentemente mienten o falsean la información.
Así encontraron que la Fiscalía General de Coahuila reportaba al entonces Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) —que funcionó entre 2014 y 2018— menos casos de los que habían sido denunciados. Otros trabajos realizados por organizaciones civiles y periodistas en Baja California, Jalisco, Ciudad de México y a nivel nacional, en los que se requería a las fiscalías el número de denuncias por desaparición vía transparencia, y se comparaban con el RNPED o con el actual Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mostraron que la práctica era común.
Verástegui también logró desenmascarar los resultados que daban las Unidades de Búsqueda de Coahuila, alrededor de 2013 y 2014, y las de Nuevo León. Según las autoridades estatales, las unidades de búsqueda alcanzaban porcentajes muy altos de localización. Sin embargo, al realizar varias solicitudes de información, el abogado buscador supo que los casos que estas unidades recibían estaban relacionados con ausencias voluntarias a causa de violencia familiar o de jóvenes que huían de sus casas; no así con desapariciones ligadas al crimen organizado o a las propias corporaciones de seguridad; es decir, las unidades no estaban buscando a todas las personas desaparecidas ni tenían un índice de localización alto si se consideraban todos los casos.
El papel del Instituto también fue fundamental para que la investigación del caso Ayotzinapa fuera pública. Zorayda Gallegos, una periodista independiente dedicada a la investigación, cuenta que ella y su colega Silber Meza solicitaron el expediente del caso, pero la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se negó a entregarlo y lo clasificó como información reservada por 12 años. Gallegos y Meza impugnaron ante el INAI esta respuesta y el Instituto determinó que, al ser un caso que implicaba violaciones graves a los derechos humanos, la PGR debía elaborar una versión pública, tachando la información que podría poner en riesgo a personas o a la propia investigación, y entregarla a los periodistas.
“Empezamos a publicar una serie de información que venía a contradecir la llamada, ‘Verdad Histórica’ que tanto había presumido el entonces procurador Murillo Karam. Por ejemplo, uno de los hallazgos más fuertes fue justamente la confirmación de la presencia del Ejército esa noche a través de diversos de sus miembros que estuvieron dándole seguimiento a los pasos de los normalistas. Esos partes militares que está obligada a elaborar la Sedena estaban dentro de este expediente y ahí pudimos nosotros consultarlos”, recuerda Gallegos.
También encontraron en el expediente información del Servicio Meteorológico Nacional que advertía que no hubo lluvias intensas en la zona del basurero de Cocula, donde supuestamente habían sido incinerados los estudiantes, según la PGR. Tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que investigó de manera paralela la desaparición forzada de los jóvenes, como el Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó un peritaje independiente en el basurero, concluyeron que tal incendio no pudo haber ocurrido.
“Yo sí creo que [la obtención del expediente de una investigación en curso] sentó un precedente en la forma en que los periodistas y los ciudadanos podemos utilizar la ley de transparencia para investigar violaciones graves a los derechos humanos”, concluye la periodista de investigación.
Dimensionar la tragedia del INAI
Minimizar las desapariciones, los hallazgos de fosas clandestinas y la enorme crisis forense en el país ha sido una constante de los gobiernos estatales y federales. Desde que en 2006 el presidente Felipe Calderón declaró una guerra contra las drogas, y dispuso a las Fuerzas Armadas para ganarla, la violencia ha escalado rompiendo cada año cualquier récord.
La labor de organizaciones civiles y periodistas en los últimos años ha sido clave para contrarrestar la narrativa oficial, lejana de la realidad de las madres buscadoras. En 2018, el medio digital A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab probaron con datos oficiales obtenidos por la plataforma de transparencia que México era una gran fosa clandestina con casi 2 000 entierros ilegales. Dos años más tarde, los mismos medios revelaron que había más de 38 000 cuerpos sin identificar. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México actualizó el dato a 52 004 víctimas anónimas en 2021, y en septiembre de 2024 los mismos equipos periodísticos dieron un nuevo dato de 72 272. Las cifras se elevan y nos confrontan con la realidad en cada solicitud de información.
“Es información básica para mejorar el desempeño de instituciones, para rendir cuentas ante los familiares de las víctimas, en este caso de desaparición de personas. Definitivamente a nosotros nos hubiera gustado no tener que hacer todo este trabajo de solicitudes de información, que fueran las propias fiscalías del país las que periódicamente publican y transparentan estos indicadores y los mantienen actualizados y son confiables. Eso no estaba ocurriendo”, explica Mariano Machain, coordinador de incidencia internacional de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, que apoyó al Movimiento Nacional para elaborar su informe sobre la crisis forense.
Si la FGR cumpliera con su obligación de implementar adecuadamente el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas —una herramienta que debería ser parte del Banco Nacional de Datos Forenses— no sería necesario que cada tanto organizaciones o periodistas tengan que obligar a las autoridades a entregarles esta información. Sin embargo, la opacidad suele ser la regla en instituciones como las fiscalías del país; pues solo mediante peticiones de información es que se sabe que el Registro Nacional tiene información de apenas 490 de las más de 72 000 personas fallecidas sin nombre.
La falta de información y los obstáculos que las autoridades presentan para evitar el acceso a ella genera que las familias buscadoras crean que su experiencia es única o se les haga complicado explicarle a la ciudadanía que este es un problema masivo y extendido en todo el país. Además, compiten con la desinformación que difunde el propio gobierno desde sus escaparates masivos, como ocurrió con el expresidente López Obrador quien, incluso, implementó el llamado censo de personas desaparecidas, cuyo propósito era demostrar que no eran tantos los que faltaban en sus casas.
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La estrategia consistía en ir a los domicilios de las personas que habían aparecido en registros de vacunación por covid-19, de programas sociales, o en trámites de casamientos o registros de hijos, posterior a su desaparición. Los resultados del censo siguen siendo inverificables y no se sabe cómo se está realizando actualmente.
“Estamos en un momento donde se juega mucho desde el poder público con las estadísticas, con los números para presentar realidades que no corresponden con lo que vive la gente y que se están utilizando discursos demagógicos que niegan la dimensión de la crisis”, dice el abogado César Contreras.
Cada vez más colectivos de buscadoras están utilizando el derecho que tienen a pedirle información a las autoridades como una herramienta más para exigir que se busque a sus seres queridos. Así obtienen datos que pueden contrastar con los dichos de las autoridades, pistas que pueden ayudarles en sus propias búsquedas, información clave que está resguardada en expedientes olvidados en el escritorio de un agente del Ministerio Público o en algún otro lugar.
Por eso, la pregunta obligada es: ¿quién gana con la desaparición del INAI y los órganos estatales? Solo quienes han cometido o encubierto las peores atrocidades del país, quienes no quieren que sepamos en dónde están las personas desaparecidas, quiénes se las llevaron sin decir por qué; aquellas personas que se saben impunes porque las autoridades no buscan a los desaparecidos, no investigan los delitos y no castigan a los responsables, aunque el dolor y la incertidumbre arrastre a miles de familias buscadoras en todo el país.
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