Lugo, nacido en la localidad de San Solano a unos trescientos kilómetros al sur de la capital, había llegado al poder aliado con el Partido Liberal y la Alianza Patriótica para el Cambio, que nucleaba a unos veinte grupos menores de la izquierda paraguaya. También llegaba con el guiño de una parte de la prensa que abiertamente había apoyado su candidatura: el día de las elecciones el diario paraguayo ABC Color tiñó su portada de amarillo, característico de la Lista 6, que encabezaban el ex obispo y el médico Federico Franco, del Partido Liberal, como su vicepresidente. Un cartoon ilustraba la primera plana. Los personajes eran caricaturas de los candidatos jugando una carrera y el primer lugar se lo llevaba Lugo.

Aquella noche, en plena calle Palma, la principal arteria del centro, la carrocería de un camión Mercedes-Benz hacía las veces de escenario; todos querían subirse al camión de la victoria. Los primeros en lograrlo fueron Federico Franco y su esposa Emilia, vitoreados por la multitud. La tercera fue Yanina González, finalista del certamen Miss Universo, quien en el último tramo de la campaña había trabajado por la candidatura de Lugo. «Ella se acercó a mí a decirme de su interés en buscar el cambio», declaró Lugo en el programa Vive la Vida en tiempos de campaña, cuando le preguntaron sobre su relación con la modelo. El bullicio iba creciendo y la cantidad de fanáticos también. Todas las calles estaban cerradas a los automóviles y sólo uno, un taxi, se acercó cuanto pudo. En él iba Fernando Lugo. A media cuadra del escenario improvisado bajó y, ayudado por la muchedumbre, llegó hasta él. Todos cantaron, se emocionaron y escucharon sus promesas. «Hoy queremos renovar nuestro compromiso con el pueblo paraguayo, con los más humildes, con los más pobres y la mayoría del pueblo, que es un pueblo joven. Gracias a ustedes este corazón palpita y les ama profundamente a ustedes. Vamos a hacer que [Paraguay] sea conocido por su honestidad y no por su corrupción», dijo en su discurso.

Pero cuatro años más tarde, parte de la población se sentía defraudada. «Lugo nos mintió a todos los paraguayos durante su campaña, con su condición de humilde servidor de Cristo al mantener —de fachada— una condición sacerdotal que no era ni remotamente tal. Le mintió también a sus propios compañeros, a la izquierda. En vez de impulsar abierta y comprometidamente la reforma agraria integral, enviando proyectos de ley negociados y cerrados con sus aliados en el Parlamento, se pasó viajando», opinaba en el diario ABC Color la periodista Ana María Rivas, especialista paraguaya en temas políticos.

«Fernando Lugo no cumplió sus promesas, nos mintió a todos. Si tiene todavía un poco de dignidad debería irse a su casa. Él es más de lo mismo», decía Rubén Martínez, un vendedor ambulante de veintiséis años que había improvisado un puesto de venta de banderas paraguayas en la Plaza de Armas, esperanzado en vender sus tricolores a alguno de los cincuenta mil campesinos que, según Lugo, vendrían a apoyarlo ante la inminencia del juicio político que se gestaba en el Congreso, frente a esa plaza, el 21 de junio de 2012. Pero esos campesinos nunca llegaron.

Durante la campaña de Lugo, una de las promesas que más habían conmovido a los sectores rurales fue la implementación de la Reforma Agraria Campesina. Para cumplirla, Lugo dispuso la conformación de una comisión especial que incluía a la Federación Nacional Campesina (FNC), liderada por el campesino Odilón Espínola, y al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), encabezado por Alberto Alderete.

Alderete se había comprometido a realizar trabajos para mejorar la calidad de vida de los labriegos, censándolos y facilitando los títulos de la tierra para los asentamientos, así como el dinero y la asistencia técnica para el cultivo. Durante años, se habían creado asentamientos en varios puntos del país, sin servicios básicos como agua potable, luz, escuelas ni hospitales. En 2010, la FNC realizó marchas y huelgas para obtener algún resultado positivo, ya que para ese año Indert sólo había ejecutado 37% del presupuesto asignado para combatir la pobreza campesina. Alderete fue apartado del cargo en 2011 y su sucesor, Eugenio Alonso, no fue del agrado de la FNC, por lo que Espínola anunció que su federación, que aglutinaba a unos veintisiete mil campesinos, retiraba el apoyo a Lugo.

Otra de las promesas de Lugo fue terminar con la problemática indígena. «Con la vida, si fuese necesario», dijo en agosto de 2008, cuando asumió la presidencia paraguaya, y renunció a su salario de quince millones de guaraníes (casi tres mil quinientos dólares) para destinarlos a los indígenas. Pero hasta poco antes de su destitución, los indígenas vivían en condiciones de pobreza extrema, en plazas y calles asuncenas, reclamando sus tierras.

Otro conflicto importante fue en 2011, cuando rompió su promesa de no comprometer ideológicamente al Paraguay, consultando de todas su decisiones al Congreso paraguayo. Sin embargo, en abril de 2011 firmó acuerdos internacionales de forma inconsulta. El más cuestionado fue el de Ushuaia II, rubricado entre los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), según el cual, en caso de no cumplir con la llamada Cláusula Democrática —la ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en uno de los estados miembros— los presidentes de las demás partes podrían establecer medidas como suspender el derecho a participar en el Mercosur, cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres, suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía. Esto había generado críticas y fue uno de los argumentos esgrimidos para iniciar el juicio político.

Además del fantasma del juicio político, que siempre siguió a Fernando Lugo desde el inicio de su gobierno, las mujeres fueron su otro punto débil. A mediados de junio de 2012, capeaba un temporal mediático. El diario Última Hora publicaba en su portada a Narcisa Delacruz de Zárate, quien afirmaba haber tenido un hijo suyo. Era la cuarta en reclamar el apellido presidencial para su hijo de diez años. La primera había sido Viviana Carrillo, de veintiséis años, que había exigido el apellido Lugo para su bebé de un año, en plena Semana Santa de 2009, y lo consiguió. Las otras dos fueron Benigna Leguizamón, con quien Lugo llegó a un acuerdo extrajudicial, y Hortensia Morán, a cuyo hijo, sin embargo, no le fue reconocida su paternidad. Carrillo, la primera de todas, puso en entredicho los votos de castidad del ex obispo diciendo que la relación de ambos había comenzado en épocas en las que Lugo todavía era pastor de la Iglesia católica, cuando ella tenía dieciséis años. El hijo de ambos fue reconocido con el nombre de Guillermo Armindo Lugo Carrillo. Ante la efectividad del reclamo, las otras dos mujeres golpearon las puertas del Palacio de López clamando por un lugar dentro de la familia presidencial. La más insistente fue Morán, quien batalló hasta que las pruebas de ADN dieron negativas. «Yo creo que es su hijo [el de Morán], porque es igualito al mío», dijo Leguizamón al periodista Humberto Rubín en 2010. Pero en el caso de Narcisa Delacruz Zárate, Lugo accedió sin chistar a dar su apellido al niño, a quien asistía económicamente desde hacía tiempo con una mensualidad de tres millones de guaraníes (unos setencientos dólares). Para que no quedaran dudas, el nuevo hijo fue recibido en la mañana del 15 de junio de 2012 en el Palacio de López para retirar, junto a su hermana, de veintitrés años, la mensualidad correspondiente. La noticia, esparcida como reguero de pólvora en los pasillos palaciegos, quedaría opacada minutos más tarde debido a la catástrofe que marcaría el principio del fin.

Ese 15 de junio, más o menos a la misma hora en que Giraduría presidencial expedía el cheque que sería destinado al niño de diez años, cuatrocientos kilómetros al norte de la capital, en Campos Morombí, Curuguaty, una treintena de policías se preparaba para un «procedimiento normal»: allanar un asentamiento de carperos, campesinos sin tierra, de una estancia agroganadera, explotada por el exparlamentario colorado Blas N. Riquelme. Los policías llevaban una orden judicial que exigía constatar una denuncia anónima de que en el lugar existían personas armadas. En caso de haberlas, debían requisar las armas y apresar a los rebeldes. Los policías tenían la orden de no portar armas ni abrir fuego.

Pero, una vez dentro del asentamiento, ocurrió un confuso episodio en el que diecisiete personas —once carperos y seis policías— perdieron la vida. Ambos grupos se acusaron mutualmente de haber iniciado el tiroteo. Por medio de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), diez campesinos detenidos denunciaron haber sido víctimas de los policías que habrían abierto fuego sin control. Según la misma denuncia, algunos sobrevivientes fueron torturados en la comisaría de Curuguaty o en las patrulleras policiales. «Vos disparaste y sabés donde están los otros y te vamos a matar, me dijeron los policías», contó un campesino de quince años, cuyo nombre se mantuvo en reserva, a los encargados de Codehupy. En respuesta, el comisario Pablino Vera, entonces jefe de la Policía de la zona, dijo en conferencia de prensa que «los campesinos siempre hablan así. Cuando lo detuvimos los pusimos a disposición de la fiscalía. Nosotros fuimos las víctimas, si fuimos emboscados». Entretanto, un empresario ganadero de la zona, Agustín Pío Ramírez, denunció que el EPP (grupo rebelde autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo), instruido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y sectores de izquierda se habían infiltrado entre los carperos para abrir fuego contra los policías.

«Acá (por el asentamiento en Campos Morombí) vinieron unos señores carapintadas a enseñarnos cómo usar las armas, había armas largas, cortas de todo tipo y nos dijeron que teníamos que defender nuestra tierra», dijo Raquel V. carpera menor de edad que fue detenida en Campos Morombí junto con otras carperas, Dolores Gómez (veintidós) y María Fany Olmedo (diecinueve), luego de los incidentes.

Aunque el caso sigue bajo investigación, lo cierto es que el subcomisario Erven Lovera fue uno de los primeros policías en caer abatidos. La mala noticia golpeaba de cerca al entorno presidencial, ya que se trataba del hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de Seguridad del presidente en el Palacio de López.

Al enterarse de lo sucedido, según una fuente cercana, Lugo quedó inmóvil, paralizado y, minutos más tarde, convocó a sus colaboradores para planear estrategias. Entre ellos se encontraba Miguel López Perito, jefe de su gabinete civil, que siempre daba la cara en situaciones críticas: durante los conflictos con las mujeres que reclamaban su apellido o cuando se hizo público que Lugo padecía cáncer linfático.

En agosto de 2010, médicos del Sanatorio Italiano de Asunción anunciaban que Lugo estaba enfermo. El diagnóstico era linfoma cancerígeno maligno o linfoma no-Hodgkin. Sus médicos José Bellassai y Alfredo Boccia, junto a la entonces ministra de Salud, Esperanza Martínez, anunciaban que Lugo se trataría en el hospital brasileño Sirio Libanês de São Paulo. Le esperaban seis sesiones de quimioterapia de cinco horas de duración, cada veintiún días. La primera sería en el hospital brasileño, el 10 de agosto; las otras, en Paraguay. Cuando todavía no terminaban de aplicarle la quinta y última ampolleta de la primera sesión, en Asunción ya se hablaba de su alejamiento como mandatario.

«La idea de sacar a Lugo del gobierno estuvo todo el tiempo. Los políticos estaban descontentos porque no respetó los acuerdos con el Partido Liberal, abandonándolo y jugándosela por los partidos de izquierda. Fue una oportunidad para que se tocara el tema, pero al no estar contemplada en la Constitución, la figura de separación del cargo por enfermedad, pasó de largo», dice ahora el periodista Edwin Brítez, analista político paraguayo.

Algunos legisladores planteaban separar del cargo a Lugo por su enfermedad y dar paso a Federico Franco, su vicepresidente del Partido Liberal. Mientras se sucedían las discusiones, en octubre de 2010, Lugo sufrió una recaída y fue llevado de urgencia al hospital Sirio Libanés. El entonces presidente del Congreso, Óscar González Daher, del opositor Partido Colorado, recomendaba ceñirse a lo que establecía la Constitución. «Tenemos que respetar la Constitución, en ella no está contemplada la separación del cargo por motivos de salud, creo que no se tiene que hacer eso», decía en conferencia de prensa.

Lugo regresó de ese viaje el 5 de octubre de 2010 y al pisar suelo guaraní se le vio sonriente.

Pero la mañana del 15 de junio de 2012, al enterarse de la matanza, Lugo no tenía motivos para la sonrisa. «Lo de Curuguaty fue un golpe demoledor del que el hoy ex presidente no se recuperó en los días siguientes. El ex mandatario quedó como en estado de shock, sin saber qué hacer y muy afectado psicológicamente», describía el periodista Rino Giret del diario asunceno Última Hora.

Una tibia reacción se vio recién a mediodía cuando convocó a conferencia de prensa. Lo acompañaron su ministro del Interior Carlos Filizzola y altos jefes policiales y militares. En un escueto mensaje anunció que se haría una intervención militar en Campos Morumbí, y se retiró. Filizzola trató de responder la lluvia de preguntas. En primer término aclaró que no se tenían datos certeros de que entre los carperos hubiera infiltrados del EPP. El hecho de que algunos miembros del EPP hubieran sido discípulos de Lugo, cuando éste era obispo de San Pedro, causaba desconfianza y era la crítica recurrente por parte de sus detractores.

«El gobierno luguista estaba bajo crisis y amenaza constante de juicio político porque traicionó la consigna con la cual había llegado al poder. Él había dicho que se mantendría en el centro entre el Partido Liberal, de derecha —que lo llevó al gobierno— y la coalición de la izquierda. Contrariamente a su promesa de quedar en el centro, se inclinó hacia la izquierda, desconociendo a los liberales, causando malestar entre sus principales dirigentes», dice el periodista Edwin Brítez.

El ministro de Obras Públicas, el hombre del partido Liberal Enrique Salyn Buzarquis, acusó a Lugo de haber propiciado el rencor, la lucha de clases, «la persecución y el privilegio para invasores, delincuentes y sus amigos secuestradores».

Según el analista Fernández Bogado, otro error claro de Lugo fue su gestión presidencial, que califica como muy pobre, con decretos que quedaban sin firmar durante meses y viajes innecesarios y costosos al exterior. Fernández Bogado recuerda que, ya en su libro ¿Y ahora qué? Itinerario de la eterna desilusión política de América Latina, publicado por la Universidad de Puebla en 2009, advertía «sobre los riesgos que corren gobiernos como los de Lugo que caminan diariamente sobre el dintel del precipicio debido a su pobre gestión y escasa referencia sostenida en la realidad».

Entre tanto, desde Curuguaty, los familiares de los caídos —tanto de los campesinos como de los policías—, pedían la cabeza de Filizzola. Lo creían responsable de la masacre por haber autorizado el operativo policial. «Mis hijos preguntan por su papá, ahora no sé qué les voy a decir», decía Estela Meza de Lovera, la viuda de Erven Lovera, el jefe policial fallecido.

Desde el Congreso Nacional, el senador del Partido Liberal Ramón Gómez Verlangieri exigía la renuncia del ministro Filizzola y daba a Lugo hasta la medianoche del 15 de junio para que esa exigencia se llevara a cabo. De lo contrario, mocionaría el juicio político en su contra.

A sólo diez meses de una nueva elección presidencial, el Partido Liberal necesitaba definir quiénes serían los candidatos a la presidencia. «Ya que el acuerdo tácito era la alternancia una vez que Lugo terminara su mandato, todo el bloque de la victoria de 2008 trabajaría por un candidato liberal. Pero eso hasta entonces no había ocurrido, por lo que los liberales decidieron alejarse de la figura de Lugo. Él ya venía desgastado y la sociedad difícilmente podría olvidar a los diecisiete muertos de Curuguaty. En la balanza de pros y contras, el hecho de estar relacionado a una masacre podría llegar a tener un alto costo político a la hora de sumar votos», explica Edwin Brítez. Lo grave del caso, sigue Brítez, es que los aliados que tenía Lugo dentro del liberalismo se le estaban acabando, más aún cuando rompió relaciones en abril pasado con Blas Llano, presidente del Partido Liberal. Llano se alejó cuando Lugo no se decidió a darle apoyo a su candidatura como presidente.

En medio de la crisis, Lugo destituyó del cargo al ministro del Interior, Filizzola, y en su reemplazo nombró a Rubén Candia Amarilla, ex fiscal general del Estado (Partido Colorado), un hombre cuestionado por casos de corrupción. Candia Amarilla asumió el sábado 16 de junio y Lugo creyó haber retomado el timón del país. «Es una tormenta que va a pasar», le decía a un allegado.

Pero el lunes 18 nada salió como lo había previsto.

El juramento de Candia Amarilla y la inacción por lo de Curuguaty terminaron por disgustar al Partido Liberal, que exigió la destitución del nuevo ministro del Interior.

Lugo estaba enfrentado con su vicepresidente, el liberal Federico Franco, a quien en varias ocasiones había cuestionado públicamente, y estaba distanciado de Llano. Cuando el fantasma del juicio político empezó a cubrir los jardines del Palacio de López, llamó por teléfono a Llano para ensayar una reconciliación y negociar con el bloque liberal, pero Llano no le devolvió la llamada.

Para el martes 19, cuatro días después de la masacre en Curuguaty, Lugo empezaba a sentirse acorralado.

Haciendo caso a sus asesores, el 19 de junio Lugo ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que una Comisión de Notables, integrada por intelectuales, periodistas y referentes sociales paraguayos, investigaría la matanza.

«Fue otro de los errores de Fernando Lugo, al nombrar a civiles y gente que no tiene experiencia en cuestiones relacionadas para realizar una investigación policial, cometió un atropello a la institucionalidad, ignorando la idoneidad de fiscales y policías que son los legítimos encargados de llevar este tipo de casos», dice ahora Sandra López, periodista del área de Investigaciones del diario ABC Color. El periodista radial Leo Rubín, conductor del programa Made in Paraguay, transmitido por Radio Ñandutí, pensaba distinto. «La Comisión de Notables, independientemente de las investigaciones oficiales que se hagan, le dará mayor credibilidad a todo lo que se vaya descubriendo», dijo al aire el día en que se conoció la noticia.

Dentro de esa lista de notables, Lugo deslizó el nombre de Alcibíades González Delvalle, prestigioso periodista paraguayo sobreviviente de las persecuciones de la dictadura de Alfredo Stroessner. «Vamos a colaborar con el proceso y por primera vez vamos a tener de primera mano toda la información para poder elevar un informe objetivo y ver lo que realmente pasó en Curuguaty. A mí no me parece que sea una mala idea ni que le reste credibilidad a las instituciones encargadas de hacer la investigación», dijo entonces González Delvalle, editor del suplemento cultural del diario ABC Color, en el programa radial de Humberto Rubín.

Pero estos argumentos no convencían a los liberales, y para el miércoles 20 de junio habían decidido impulsar el juicio político.

Lugo suspendió su viaje a la cumbre de Río+20 e insistió en sus llamados a Llano. Al día siguiente, envió a Miguel Ángel López Perito, jefe de su gabinete civil, a negociar con los liberales. Llevaba como ofrendas más cargos y la tan postergada fórmula de candidatos a la presidencia de Paraguay para 2013. Pero López Perito no llegó ni a la puerta del local del Partido Liberal, y fue invitado a retirarse.

El jueves 21 de junio, setenta y seis diputados votaron a favor del juicio político, una diputada en contra y tres estaban ausentes. Antes de conocerse el resultado de las votaciones, varios diputados pedían a Lugo «salir por las buenas: ‘Señor presidente ahórrese y ahórrele al pueblo paraguayo esta vergüenza y renuncie'».

Lugo fue acusado de cinco cargos: actos políticos dentro de las Fuerzas Armadas en 2009, instigador y facilitador en invasiones de tierra, falta de políticas para disminuir la inseguridad, la rúbrica del Protocolo de Ushuaia II sin la anuencia del Congreso paraguayo y la inacción ante la matanza en Curuguaty.

La figura del juicio político, contemplada en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, no hace referencia a la duración ni al tiempo estipulado para ejercer la defensa. Filizzola se quejó del escaso tiempo que dieron a Lugo para su defensa, pero nadie hizo caso a sus reclamos. Al conocer la decisión de que sería enjuiciado, Lugo dijo que aceptaba el juicio político y que aceptaría todas sus consecuencias. Para la tarde, los senadores ya se habían constituido en tribunal en la sede del Congreso. Se acordó que el juicio se llevaría adelante al día siguiente, 22 de junio de 2012, y se le otorgaron dos horas a Lugo para su defensa. También le daban la opción de presentarse él mismo o enviar a sus abogados defensores.

Al tiempo que terminaba la sesión en el Congreso, un grupo de diplomáticos de Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) anunciaba desde la reunión de Río+20, en Brasil, que iría a Paraguay para monitorear la situación.

La tarde del jueves 21 de junio de 2012, Lugo salió del Palacio de López y se instaló en Mburuvichá Róga, confiado en que la presencia de los diplomáticos sería un respaldo para detener la destitución, mientras un convoy de veinte automóviles y dos furgonetas trasladaba a unos treinta diplomáticos relacionados con Unasur, que llegaron pasadas las veinte horas a la residencia presidencial. La reunión se extendió hasta casi la medianoche, cuando Alí Rodríguez, secretario general de Unasur ofició de portavoz de los visitantes extranjeros. «Si faltan sólo nueve meses (para terminar el mandato de Fernando Lugo) cuál es el apuro de sacarlo ahora».

Alrededor de mil quinientos campesinos habían llegado durante la noche del jueves y la madrugada del viernes a esperar el resultado del juicio político. La gran mayoría venía en apoyo a Lugo. «Venimos desde Ciudad del Este (trescientos veintisiete kilómetros al este de Asunción) a apoyar a nuestro presidente, nadie lo va a sacar, no vamos a permitir a los parlamentarios perpetrar el golpe», decía Rogelio Esperanza, un labriego que encabezaba un grupo de veinte campesinos.

La noche se hizo larga y también fría. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, se acurrucaban bajo los escasos árboles de la plaza. Otros se envolvían en grandes bolsas negras, de las que se usan para la basura, y otros improvisaban fogatas. A las tres de la madrugada, la ministra de Salud, Esperanza Martínez, llegó escoltada por dos guardias a arengar a los fieles a Lugo. «Les aseguro que la democracia está garantizada. Vamos a resistir cueste lo que cueste. Gracias compañeros y compañeras por estar aquí», dijo, seguida de hurras.

En la mañana del viernes 22, los cancilleres de Unasur iniciaron su peregrinaje por los partidos políticos y el Congreso Nacional para detener la destitución. Alí Rodríguez llegó hasta el gabinete militar. En una sesión a puertas cerradas, revelarían después los militares que estuvieron, Rodríguez entregó a los altos mandos una proclama que debía ser leída a la ciudadanía al tiempo en que sugería sacar a los militares armados en defensa de Fernando Lugo. El pedido no surtió efecto, y horas antes de que se iniciase el juicio, las Fuerzas Armadas emitían un comunicado diciendo que se ajustarían a la institucionalidad y a las normas constitucionales paraguayas. No obstante, tanto militares como policías quedaron acuartelados.

Ese viernes 22 de junio la temperatura era de quince grados, un día frío para estos climas subtropicales en los que se conocen sólo dos estaciones: calor y muchísimo calor.

Los ojos del mundo estaban puestos sobre Paraguay. Hugo Chávez, de Venezuela, anunciaba que no reconocería al nuevo gobierno si se producía la destitución de Fernando Lugo. Desde Brasil, Dilma Rousseff sugería observar con atención lo que sucedía en Paraguay y, ante la eventual salida de Lugo, proponía expulsar al Paraguay del Mercosur. José Mujica, presidente de Uruguay, proponía que los políticos paraguayos llegaran a un acuerdo político para que Fernando Lugo pudiera continuar los nueve meses que faltaban para terminar con su mandato.

Al filo del mediodía, Lugo, instalado en su despacho, se sentaba frente al televisor para ver la transmisión en vivo de su juicio político. Tres abogados lo defenderían por espacio de dos horas. A las cuatro y media de la tarde, treinta y nueve senadores votaron por su destitución. Lugo convocó a sus ministros y ofreció su última conferencia de prensa.

«Acepto la decisión del Congreso. Me voy por la puerta grande», dijo mientras recibía los aplausos de todos sus colaboradores. Cruzó el hall central del Palacio de López por última vez como presidente y se dirigió a Mburuvichá Róga a recoger sus pertenencias.

Entretanto, la indignación de parte de la ciudadanía se hacía patente en la plaza frente al Congreso. Algunos manifestantes atropellaban la valla y eran repelidos con gases lacrimógenos por la Policía Nacional.

Lugo dejó el poder, habló de un golpe de Estado constitucional, y la presidencia quedó en manos de su vicepresidente, Federico Franco, su compañero de fórmula en las elecciones de 2008.

Al día siguiente, la gente seguía teniendo los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas esperanzas.

Argentina, Brasil y Uruguay desconocieron a Federico Franco como presidente y se prepararon para tomar decisiones en la próxima reunión que se realizaría en Mendoza, Argentina, el 28 de junio.

Lugo instaló su oficina en el local de Alianza Patriótica para el Cambio y, desde allí, comenzó a planificar estrategias de lo que empezó a llamar gobierno paralelo, formado por algunos ex ministros. Con ellos, anunciaba en conferencia de prensa, realizaría un análisis de la situación y se constituiría en «férreo contralor» de la gestión de Franco.

Durante la reunión del Mercosur en Mendoza se decidió suspender a Paraguay como socio pleno de éste. Mario Ferreiro, ex periodista y precandidato a la presidencia, simpatizante de Lugo, dice: «Siempre es triste que nuestro país reciba sanciones de la Comunidad Internacional. Nadie puede festejar ningún tipo de castigo al Paraguay porque siempre es la ciudadanía la más perjudicada. Pero es evidente que aquellos que asumieron la responsabilidad de expulsar a un presidente legítimamente electo por la gente, y apenas a nueve meses de las elecciones, debieron saber que su conducta traería el repudio internacional. Es cínico que hoy se embanderen de un falso patriotismo cuando en verdad fueron ellos quienes violaron la soberanía del voto popular».

José Miguel Insulza, titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), aterrizó en Paraguay los primeros días de julio. Se reunió con todos los actores y en su informe final dijo que el país estaba normal y que no encontraba motivos para sancionarlo. Franco respiraba un poco más tranquilo y firmaba sus primeros decretos. Unas siete cuadras más arriba, Lugo recibía a la gente que iba a apoyarlo y a algunos periodistas extranjeros, en su modesta oficina decorada con carteles alusivos a la izquierda. «Al igual que Jesucristo yo fui víctima de una traición. No terminé crucificado pero se vieron los resultados», declaraba a la prensa con la mirada clavada en la grabadora. «Franco me traicionó, él estuvo todo el tiempo conspirando en mi contra, desde nuestro primer día de gobierno», le decía al diario El Deber de Bolivia. Franco, por su parte, decía que su ex compañero de fórmula siempre había estado mal asesorado. «Yo creo que Fernando [Lugo] tiene una tormenta de ideas en su cabeza», le dijo al mismo medio. Pero, fuera de eso, casi no habló de Lugo. En las entrevistas y las conferencias de prensa, sólo decía estar muy contento de haber llegado a la presidencia. «No de la forma que hubiera querido, pero llegué al fin. La prioridad es ahora trabajar por el país, hacer el mejor trabajo hasta agosto de 2013, cuando asuma el nuevo gobierno».

Casi cuatro meses han pasado del juicio. Y tanto Federico Franco como Fernando Lugo se han visto enfrascados en escándalos y polémicas jurídicas. Al primero, un grupo de escrachadores lo sigue a todas partes. Al segundo, ese mismo grupo lo acompaña apoyándolo en los actos políticos en los que participa.

Franco ha sido fuertemente cuestionado por nombrar a su cuñada en un puesto de consejera de la entidad binacional de Itaipú con un sueldo de sesenta millones de guaraníes, cerca de quince mil dólares mensuales. A finales de setiembre fue a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas donde, en un discurso, calificado de «tibio y light» por sus detractores, dijo que su gobierno jamás aceptará la intervención en asuntos internos por parte de potencias extranjeras en alusión a los países del Mercosur que dejaron fuera del bloque comercial a su gobierno.

Lugo también da de que hablar al hacer sus giras políticas por el interior del país. Lanza por medio de emisoras locales un mensaje grabado todos los viernes, encabeza protestas por considerarse víctima de un golpe de Estado y acusa a la prensa paraguaya de golpista en escenarios locales e internacionales. En su último viaje a Uruguay, a principios de septiembre, le dijo a esta periodista, en pleno vuelo rumbo a Montevideo, que ni bien llegara denunciaría «a toda la prensa paraguaya que es golpista porque, diga lo que diga, ustedes siempre publican lo que quieren».

De cuando en cuando, lanza críticas hacia Franco. La última, en uno de sus mensajes grabados, fue dirigida al discurso que dio ante la ONU. «Queremos engañar [a la ONU], pero ya no podemos culpar a nuestros vecinos de estar aislados; la ruptura del proceso democrático en Paraguay por el golpe parlamentario fue un golpe a la integración, por eso este gobierno golpista está aislado».

Lugo también ha desatado una nueva polémica al invitar a «todas las mujeres» que creen tener hijos de él a demandarlo por prestación alimentaria, luego de que el Poder Judicial paraguayo diera curso a la demanda presentada por Benigna Leguizamón, cuyo reclamo estaba trabado durante el gobierno del ex obispo. En este escenario se prepara para lanzar su candidatura a la Presidencia de la República por el Frente Guasú en las elecciones generales que tendrán lugar en abril del año que viene. «Las pretenciones presidenciables de Lugo van en contra de la Constitución Nacional, ya que la misma no contempla la figura de la reelección por más que haya sido destituido. Una vez más se ve que Lugo no quiere justicia sino polémica», dijo finalmente Brítez.

Entretanto, las viudas de los campesinos muertos siguen reclamando justicia, pero sólo han recibido, por parte del gobierno de Franco, promesas de asistencia económica. No recibirán indemnización.

Hoy, ya ni Lugo ni Franco hablan de los diecisiete muertos que los ubicaron en los lugares en los que se encuentran.\\