Los nueve millones de habitantes de la Ciudad de México están en medio de una pugna política inédita debido a la transición en más de la mitad de las alcaldías. La Alianza Va por México (del PAN, el PRD y el PRI) obtuvo nueve de dieciséis tras las elecciones intermedias más concurridas de los últimos dieciocho años –el 6 de junio votó el 52% de los integrantes de la lista nominal–; en las siete restantes ganó Morena.
Durante las últimas semanas hemos visto que arrecia la división de un lado y del otro. Corren las acusaciones que un bando le envía a su contrario, incluso se ha llegado a los golpes. Los dos mayores problemas son si esas diferencias impedirán que los gobernantes locales trabajen en conjunto y si los opositores tendrán menos recursos públicos para atender las demandas de los ciudadanos, como represalia del gobierno de la capital. ¿Qué nos deparan los próximos tres años a quienes vivimos en territorio chilango?
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho reiteradamente: “hay que construir una sola ciudad”, pero también que “hubo una campaña sucia de mentiras” que provocó los resultados electorales. Convocados por Gatopardo, integrantes del gobierno capitalino, alcaldes electos, dirigentes de partido y una especialista dan su visión del futuro de la Ciudad de México en medio de un clima de polarización.
Tres momentos de ruptura
No fue sino hasta los primeros días de septiembre cuando Sheinbaum recibió uno a uno y de forma oficial a los alcaldes de Morena y a los opositores, como señal de la apertura del gobierno capitalino. “El diálogo fue respetuoso de inicio y esperamos que así se mantenga”, comentó Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, pero acusó que éste inició tarde. “Hubo un retraso en la transición que tendrá una repercusión brutal en el inicio de las gestiones”.
Este año el proceso de entrega y recepción gubernamental fue atípico, con tres puntos claros que enmarcaron las diferencias entre el gobierno central y los partidos rivales.
La primera ruptura fue el 14 de junio, cuando surgió la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), encabezada por Lía Limón y conformada por los nueve alcaldes opositores, siguiendo el ejemplo de la Alianza Federalista, integrada por diez gobernadores de partidos contrarios al del presidente Andrés Manuel López Obrador. Inmediatamente, la jefa de Gobierno dijo que únicamente les daría un “trato institucional”.
Como segundo momento de ruptura, vino la queja de los alcaldes opositores por el retraso en el arranque de la transición, que se apartó de los términos que establece la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México. Sus artículos 16 y 17 señalan lo siguiente: una vez que el servidor público entrante sea reconocido legalmente –sucede cuando obtienen la constancia de validez que otorga el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM)– se deberá designar una comisión para trabajar con la administración saliente y así tener acceso a la información sobre los recursos financieros, humanos y materiales de la alcaldía.
Esta vez no ocurrió lo mismo que en 2018: el 11 de julio de aquel año, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México coincidía con la ley ya mencionada. En esta ocasión, el documento que se publicó en ella determinó que la transición empezaría el 1 de septiembre, otorgando un margen de planeación de apenas un mes antes de la toma de posesión, cuando en el pasado era de cuatro meses.
Hubo quejas y sobresaltos. En el Congreso local, el panista César Garrido impulsó un exhorto para que la transición no tuviera que esperar hasta septiembre, pero los legisladores, en su mayoría morenistas, lo rechazaron. A su vez, la UNACDMX se pronunció sobre las dificultades de crear un plan de trabajo sin información sobre la situación de las alcaldías y los dirigentes de los partidos opositores insinuaron que estaban buscando ganar tiempo para “limpiar un cochinero” dentro de las dependencias.
Sheinbaum justificó la medida diciendo que se apegaba a la Constitución local y el nuevo secretario de Gobierno, Martí Batres, explicó que abriría el diálogo a todos los alcaldes electos para avanzar en los trabajos antes de la fecha oficial.
El tercer punto de ruptura, el más reciente, ocurrió el 30 de agosto, cuando los alcaldes opositores acudieron a la Asamblea Legislativa para incidir en la discusión sobre una ley que homologa la imagen de la policía en la ciudad, pero también bloquea los programas de seguridad como Blindar BJ, activo en Benito Juárez, que el PAN capitalino busca replicar en los territorios que obtuvo con la coalición.
Lo que encontraron afuera del Congreso local fue una valla de alrededor de ochenta policías que les cerraron el paso. La situación provocó un forcejeo en el que algunos de los alcaldes recibieron golpes, entre ellos, Lía Limón, quien terminó con un hilo de sangre escurriéndole por su rostro. Finalmente, la ley no fue aprobada, pero Sheinbaum pidió no hacer de la política un circo y explicó que pudieron haber llamado a la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Margarita Saldaña Hernández, para acceder al lugar.
“Fue una forma de presionarnos, pero las cosas se salieron de control y no les quedó otra alternativa que reflexionar y sentarse a hablar con la oposición”, dice Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc e integrante de la UNACDMX. Por el contrario, Ulises García, el portavoz de Morena en la capital, asegura que las movilizaciones y las críticas de la oposición fueron una táctica para presionar al gobierno: “Es un rasguño lamentable que no debería suceder, ponen el granito por encima del monte de arena y no propuestas que le den nivel al debate”.
Él sí detecta una confrontación abierta, aunque afirma que no viene de su partido: “Hay una estrategia de fomentar el miedo y el desánimo entre los pobladores”, asegura quien hasta 2020 fue el coordinador general de la Central de Abasto: “Nosotros no polarizamos. Lo que vemos desde la oposición es nada más enseñar la lengua, poner calificativos, no hay propuesta seria”.
Construir hacia el futuro: ¿juntos pero no revueltos?
No será un camino llano, pero todos los entrevistados, sin importar el partido, coinciden en que es necesario conciliar y trabajar en conjunto por el bien de la ciudadanía. La primera preocupación de los alcaldes opositores es el presupuesto para empezar sus gobiernos y el que tendrán para operar durante los próximos tres años. “Nos están dejando sin recursos y con deudas”, denuncia Lía Limón, quien asumirá la alcaldía que gobernó Layda Sansores, ahora gobernadora electa de Campeche por Morena.
Lía Limón menciona algunos de los males de Álvaro Obregón: el contrato de las patrullas vence a finales de septiembre, no se amplió y tampoco se dejó presupuesto para ampliarlo; además detectó una deuda de sesenta millones de pesos por gastos en luz que debería cubrir el gobierno saliente. “En suma, no nos están dejando con recursos para operar los tres primeros meses de gobierno”.
En su reunión con Sheinbaum, Sandra Cuevas, quien reemplazará a Nestor Núñez de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, colocó el tema sobre la mesa. Hubo un trato de respeto e institucionalidad, reconoció, pero las certezas vendrán hasta el primero de octubre: “No me puedo adelantar porque las palabras pueden ser pura demagogia, pero hay que hacer las cosas realidad y que haya disponibilidad para que los acuerdos se cumplan”. Ella pone en la cancha de la jefa de Gobierno la responsabilidad de asignar los recursos suficientes a las alcaldías, sin importar el color del alcalde o alcaldesa: “En temas como seguridad, acceso al agua y medio ambiente debemos trabajar conjuntamente, no hay de otra, y al final ella es quien entrega los recursos”.
El presidente local del PAN, Andrés Atayde, pide que el gobierno central no abandone a las alcaldías y libere los recursos para iniciar sus administraciones sin contratiempos. “Este gobierno tiene un subejercicio del 30% y esos recursos se pueden enviar a las dieciséis alcaldías para que puedan garantizar un buen gobierno en este último trimestre del año, es una cuestión de voluntad”. Según la información de la Secretaría de Administración y Finanzas, se trata de 78 mil millones de pesos.
También Lía Limón insiste en que se garantice la suficiencia presupuestal. La vocera de UNACDMX señala que los resultados electorales provocaron un traspié en las relaciones con el gobierno central: “Atrasaron la transición, [fue] una reacción que parecía de enojo por los resultados electorales y que perjudica, más que a nosotros como oposición, a los ciudadanos”.
Mientras tanto, el morenista Martí Batres rechaza que el gobierno de Sheinbaum haya abierto una línea de confrontación: “El gobierno de la Ciudad de México tiene claridad sobre la unidad que se requiere. Trabajamos con consenso y diálogo. Siempre hemos respetado a todas las fuerzas políticas”, dice en entrevista.
Un repaso breve de la democracia en la capital
Estos encontronazos no se explican superficialmente. La doctora en sociología Lucía Álvarez, especialista en los procesos políticos de la Ciudad de México y la construcción de ciudadanía en ciudades grandes, considera que la tradición de respaldo a los gobiernos de izquierda está casi intacta, pero hace tiempo se consolidaron reformas políticas que han permitido más democracia, más pluralidad de partidos y la posibilidad de que la ciudadanía castigue a los malos gobiernos.
Álvarez dice que nuestro presente debe entenderse a partir de la transformación de los últimos treinta años; hasta antes de 1997 la ciudad no podía elegir siquiera a su gobernante. “La apertura democrática llegó con la presión de la sociedad civil que venía empujando cambios políticos desde los setenta, pero se acentuó tras el sismo del 85, un evento que demostró la incapacidad de la autoridad de atender las consecuencias del terremoto por la falta de autonomía”.
Luego de ser gestionada, administrada y gobernada por el PRI durante décadas y con una ciudadanía que la socióloga define, en su mayoría, como “apática, desconectada de lo político y poco interesada en transformar”, ocurren parteaguas que comienzan a movilizar a los habitantes, como el movimiento estudiantil de 1968 y el terremoto ya mencionado: “Intelectuales, periodistas, sindicalistas, trabajadores, burócratas, estudiantes… un conjunto de actores locales terminaron por transformar el panorama político que permitió que la ciudad abriera los brazos a la izquierda, entonces representada por el PRD”.
Así, el primer jefe de gobierno que la Ciudad de México eligió por medio del voto fue Cuauhtémoc Cárdenas, fundador de aquel partido. Desde entonces, la ciudad abrazó con fuerza las políticas progresistas que se proponían desde esa trinchera. Sin embargo, advierte Álvarez, el modelo neoliberal que se instauró en el país terminó por desgastar la relación. Había una disputa por la ciudad que se acentuó a partir de 2012 con Miguel Ángel Mancera, postulado por el PRD, “se optó por un personaje más ligado al empresariado que a los líderes sociales y al partido de izquierda”.
Desde su perspectiva, Sheinbaum llegó para tratar de enderezar el árbol de la izquierda, con su trayectoria más ligada a los movimientos sociales y con un plan de desarrollo que, asegura la analista, sí está orientado al progresismo y la defensa de derechos humanos, al menos en la intención; “ya definir si es la mejor política o no, es otro asunto”.
La ciudad que se consolidó como el bastión de la izquierda en México se volvió un objeto de deseo para la oposición; debilitar a la izquierda en este territorio es una misión de antaño. “La derecha, especialmente el PAN, se tomó muy en serio la oportunidad que la transición política le cedió estos últimos años. Hizo mucha campaña, fue protagónico y capitalizó las fallas”, amplía la Dra. Álvarez.
Cuestionado sobre el futuro de la izquierda, Martí Batres asegura que “la ciudad seguirá siendo progresista”. Por ser un lugar de movilizaciones multitudinarias, que van desde el movimiento magisterial hasta el feminismo, afirma que los resultados electorales del 6 de junio no son una derrota para la izquierda que Morena representa. “Si analizamos sección electoral por sección, Morena se queda con el 75% de los votos, seguimos siendo una ciudad con concepciones arraigadas de derechos sociales, políticos, civiles y de diversidad, esa es su naturaleza y no va a cambiar”.
En términos electorales, continúa el secretario de Gobierno, Morena obtuvo el mismo porcentaje de votos que en 2018, pero hubo un acomodo diferente de las fuerzas políticas, que antes no se habían unido. “Lo que en 2015 fue una elección de cuatro opciones y en 2018 de tres, este año fue de dos”.
Batres dice que la izquierda tiene un desafío que tendrá que ser abordado por sus dirigentes: diversificar su política de alianzas, buscar nuevos sectores sociales. “Morena deberá trabajar mucho más en su anclaje popular y crecer con las clases medias progresistas”, sectores que han sido estigmatizados por el discurso del presidente de la República.
El panista Andrés Atayde tiene una interpretación opuesta. Para él, estas elecciones fueron un claro voto de castigo contra la izquierda porque “ofreció una caja de esperanza hace tres años y, cuando la abrimos, venía vacía”. Para su partido y los integrantes de la alianza, ésta es una oportunidad de afianzarse en las preferencias de la ciudadanía rumbo a 2024. “Uno de nuestros aciertos fue apostar por perfiles fuera de lo político, con trabajo comunitario y sentido más social”.
Por su parte, Lía Limón vaticina “un futuro de resultados”, pero lograrlo depende de trabajar con la administración central: “Estamos en disposición de diálogo porque sabemos que la ciudadanía lo que quiere es que los políticos nos pongamos de acuerdo”. El morenista Ulises García señala que su plan es “continuar con las políticas exitosas de transformación y cuidar a la población, sin exclusiones pero con la convicción de que hay sectores históricamente marginados a los que hay que apoyar”.
Sean de un partido o de otro, los alcaldes, que tomarán posesión el 1 de octubre, tendrán que enfrentarse a “[una] ciudadanía [que] no es pasiva, no es receptora solamente, aquí se busca incidir en un proyecto de ciudad”, recalca la socióloga Álvarez. “La naturaleza de los habitantes de la Ciudad de México es que buscan ser incluidos y escuchados, considerados en su diversidad de agendas”.
Hoy más que nunca, los millones de habitantes de la capital del país exigen resultados y cercanía. “No se trata sólo de dar discursos, sino de negociar, gestionar y concertar conjuntamente para resolver de manera colectiva las necesidades”. Para los próximos tres años hay dos rumbos: por un lado, el del trabajo efectivo incentivado por la presión electoral del 2024 o, por el otro, una extensión de lo que Morena y la alianza opositora han mostrado en los últimos cuatro meses. Álvarez concluye: “es concertar o morir”.
