El pasado 26 de octubre el Gobierno de la Ciudad de México, de la mano de la UNESCO, presentó una alianza con la plataforma digital Airbnb que tiene como objetivo atraer al sector turístico que conforman los nómadas digitales a través de una serie de campañas en el portal que promueven a la ciudad como un lugar ideal para el alojamiento extendido y el trabajo remoto. Con esto se busca, no solo aumentar las reservaciones en las más de 22 mil 948 habitaciones en renta que ya tiene Airbnb en la ciudad, sino también expandirse hacia zonas periféricas como Iztapalapa, Iztacalco y Azcapotzalco, y promover un turismo organizado por la población local, para que los turistas puedan vivir la ciudad como si fueran parte de ella.

En México 9 de cada 100 pesos generados provienen del sector turístico, lo que representa casi el 10% del PIB nacional. En ese contexto, 15% de la derrama económica total del turismo en la CDMX proviene de Airbnb y por cada 10 dólares invertidos en alojamiento, los turistas gastan 45 dólares más en negocios locales, por lo que este acuerdo, sin duda, beneficiaría económicamente al país.

Sin embargo, muchos ciudadanos se han manifestado en contra de esta iniciativa, principalmente por la serie de desplazamientos habitacionales que se han dado los últimos años debido al alza en las rentas y servicios en las delegaciones con más concentración de habitaciones de Airbnb: Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

De acuerdo con las organizaciones Coalición Internacional del Hábitat y 06000, Observatorio Vecinal del Centro Histórico, entre 2014 y 2019, tan solo en la CDMX, han ocurrido alrededor de 3000 desalojos anuales. Mientras que cada año 20 mil personas abandonan la ciudad para irse a vivir a estados colindantes debido a la gentrificación.

Un ejemplo de estos constantes desplazamientos es lo ocurrido en el edificio Trevi, ubicado frente a la Alameda Central, que en 2018 se vendió por 80 millones de pesos para convertirse en un espacio de coworking y hotel de Airbnb, desalojando así a los inquilinos, quienes comenzaron una batalla legal para evitar ser despojados del lugar que habían habitado por años.

“En el 2012 se viene la remodelación de la Alameda, ese momento marca el inicio para nosotros como vecinos de la nueva oleada de desplazamiento. En el edificio que está a un lado comenzó a haber un servicio de hospedaje que ya se anunciaba en Airbnb y que cobraba más o menos 150 dólares la noche”, cuenta Carlos Acuña, reportero en la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM, Corriente Alterna, y uno de los arrendatarios del edificio Trevi. “En mayo del 2018 nos llegó un legajo de papeles que nos aventaron debajo de la puerta avisando que el edificio Trevi se iba a vender, no sabíamos qué significaba, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, que aunque no éramos dueños sino inquilinos, habíamos hecho nuestra vida acá e invertido recursos y demás modificaciones”.

Carlos y sus vecinos comenzaron una estrategia de resistencia vecinal, acudieron a los medios de comunicación y desplegaron una fuerte estrategia legal acompañados por colectivos y organizaciones. Finalmente, algunos de ellos ganaron la batalla y fueron indemnizados, pero esto tomó meses y muchos recursos, algo que la mayoría de las personas que han sido desplazadas simplemente no pueden hacer.

La ola de desalojos que ha detonado la llegada de Airbnb al país es innegable, pero hay que preguntarse si es realmente la llegada de estos nómadas digitales lo que ha dejado desprotegida a la población local ante el alza en las rentas, o es más bien la falta de políticas públicas de vivienda lo que la ha dejado sin otra alternativa que el desplazamiento.

La pandemia por Covid-19 hizo del trabajo remoto una realidad extendida y aún no está claro si el nomadismo digital será una moda que se diluya, o si se extenderá por muchos años más, pero mientras tanto muchos países han tratado de explotar al máximo esta nueva forma de turismo, México entre ellos.  La diferencia radica en que en nuestro país no existen políticas de vivienda eficientes, que serían de mucha utilidad para proteger a los mexicanos ante un fenómeno como este.

Carla Escoffié, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y especialista en temas de vivienda, hace un claro comparativo. “En muchos países de América Latina y Europa tienen políticas de arrendamiento público, o sea, el gobierno tiene edificios donde él es el casero. Además, toda la adecuación a la legislación de arrendamiento es parte también de su política de vivienda”, afirma.

En México, donde según el INEGI hay 5 millones de viviendas en renta, no existe una política así, prácticamente todos los departamentos y casas son propiedades privadas y las únicas políticas de vivienda que existen se destinan a incentivar la compra de propiedades a través de créditos como los que ofrecen Infonavit y Fovisste, pero no hay alguna enfocada al arrendamiento.

“Qué tiene que ver esto con Airbnb, muchísimo, porque si en otros países se están preocupando por los efectos de estas plataformas, siendo ciudades donde sí existe una política de vivienda integral, donde sí hay opciones de arrendamiento público, qué pasará en México donde no tenemos una política de vivienda integral, donde el 58% de los arrendamientos no tienen contrato por escrito, donde no hay juzgados especializados de arrendamiento”, se pregunta Carla.

Si se quiere que la economía del país continúe beneficiándose con llegada de millones de turistas, se debe buscar una regulación adecuada y fomentar políticas públicas para proteger a los habitantes originales de una ciudad tan compleja como la capital mexicana.

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