El plan del candidato incluye dar mil 100 pesos al mes a adultos mayores y personas con discapacidad y dos mil 290 para jóvenes rechazados de universidades públicas. Sólo eso implica más recursos que todo el presupuesto para Educación en 2017.

En los Lineamientos básicos del proyecto alternativo de nación 2018-2014, el candidato presidencial se compromete a ofrecer una beca de dos mil 290 pesos para los jóvenes que no hayan podido acceder a la universidad, y una ayuda de mil 100 pesos para todos los adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad. Esto costarían esos programas, según los datos disponibles:

Apoyos para adultos mayores

El punto 41 de ese proyecto indica que López Obrador supone invertir «cuando menos mil 100 pesos mensuales, como en la Ciudad de México, para todos, incluidos los jubilados y pensionados del ISSSTE y del IMSS».

De cumplirse esta propuesta, se necesitarían al menos 120 mil millones de pesos; más que el presupuesto de Jalisco y casi diez veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura, según los datos oficiales.

Hasta ahora, el programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) apoya con 580 pesos mensuales a las personas de 65 años o más que no cuentan con una pensión superior a los mil 92 pesos. En 2016, este programa atendió a cinco millones 453 mil 775 de personas, con un costo de 34 mil 62 millones de pesos.

En 2019, el número de adultos mayores de 65 años ascenderá a nueve millones 476 mil 569, de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), por lo que la propuesta de López Obrador costaría 125 mil millones de pesos, tres veces y media más que el presupuesto actual.

La propuesta de López Obrador supera todo el presupuesto del ramo de Desarrollo Social, que, en 2018, cuenta con un presupuesto de 106 mil millones. Para poder alcanzar esta cifra, el ramo tendría que aumentar 17%.

Además, el Conapo estima que entre 2018 y 2024, cada año se sumarán en promedio 370 mil personas adultos mayores -cálculos hechos con base en las proyecciones de Conapo-, con un costo adicional de cuatro mil 884 millones de pesos anuales. Si a lo anterior sumamos la inflación esperada, al final del sexenio, la propuesta llegaría a costar más 150 mil millones de pesos.

Raymundo Campos, investigador del Colegio de México y especialista en Finanzas Públicas, considera que sí es factible y que puede tener un impacto importante en la pobreza, si bien “conlleva un aumento sustancial de presupuesto al programa”. “El costo adicional en el primer año de gobierno sería de 80 mil millones de pesos. La forma potencial de financiarlo sería disminuir presupuestos a programas existentes y a la vez aumentar sustancialmente el presupuesto para el programa”.

Atención a personas con discapacidad

La propuesta de apoyos incluye también una ayuda de mil 100 pesos mensuales para personas con discapacidad, los cuales eran en 2014 siete millones 605 mil, según el Conapred con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De mantenerse la proporción de 6.6% de la población, implicaría que para 2019 habría 8.3 millones de personas con alguna discapacidad.

De cubrir a todos, para 2019 el costo total del programa sería de 109.5 mil millones al año, es decir, 67% más de lo que se invierte hoy entre los cinco programas federales para atender a esta población, cuyo presupuesto conjunto asciende a 655 millones 472 mil 307 pesos.

La mitad de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza (49.4%), según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que advierte que la mayoría “depende económicamente de otras personas porque es discriminada y excluida en las escuelas, en los servicios de salud, al buscar empleo y en las acciones del Estado”.

Becas para jóvenes

López Obrador propuso garantizar el derecho al estudio y al trabajo de los jóvenes, otorgando becas de dos mil 290 pesos mensuales para 300 mil jóvenes que han sido rechazados de las universidades públicas, lo que supondría un gasto de ocho mil 250 millones de pesos anuales.

El problema, como señala Carla Guzmán, investigadora en temas de Educación de la UNAM, es que no hay cifras de cuántas personas son rechazadas cuando aplican a universitarias públicas de todo el país. “Para poder analizar la viabilidad de esta propuesta tendríamos que saber exactamente quiénes son los que demandarían”, señala la experta.

“Aunque en la Ciudad de México y Zona Metropolitana se calcula que son 300 mil, cada institución tiene sus propios mecanismos de ingreso autónomos; lo que hace difícil poder conocer ese dato en todo el país”, agrega Guzmán. Por otra parte, cada estudiante puede hacer el examen en distintas instituciones, por lo que estaría contando como rechazado en cada una de ellas.

Por ejemplo, en la Ciudad de México, la UNAM aceptó sólo a nueve mil 817 de jóvenes; el 3.5% de los que aplicaron.

La cobertura de educación superior está en 37.3%, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), muy por debajo de otros países de América Latina, como Argentina o Chile. En 2016, sólo el 17% de los jóvenes había cursado la educación superior, la proporción más baja entre los países de la OCDE, y 20 puntos por debajo del promedio.

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El dinero no lo es todo

Luis Mauricio Torres, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que aunque cada uno de estos programas sea viable por separado, es necesario analizarlos en conjunto para sopesar la carga que suponen en el presupuesto.

“En los tres niveles de gobierno existen muchos programas para atender a personas de la edad adulta mayor: ¿cómo se va a hacer para retirar lo que ya hay y hacer una reingeniería para un nuevo esquema? Pueden coexistir, el chiste es cuánto nos va a costar. Son presupuestos verdaderamente grandes; para que en un programa requiera ese dinero, tiene que ofrecer resultados, y para eso necesitamos una política de evaluación verdaderamente efectiva”.

Las propuestas de López Obrador no son selectivas o focalizadas, sino que ofrecerían atención universal, por lo que todos los integrantes de estos tres grupo: adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes rechazados de educación superior, serían candidatos para el apoyo.