De Antonio Candelaria nada se supo durante tres días. Su último rastro se perdió dentro de la plaza comercial Mundo E, el 20 de abril de 2015, en Tlalnepantla, Estado de México. Luego de buscarlo en ministerios públicos y tocar puerta en hospitales, sus padres fueron a la plaza adonde su hijo había acudido en búsqueda de un empleo. El gerente les dijo: “Golpearon a un muchacho en un cajero y se lo llevaron”. Les informó que las cámaras no servían, pero un par de locatarias habían grabado un video del momento. En veintisiete segundos se ve a Toñito —como su padre llama a quien lleva su mismo nombre— tirado en el piso, sometido por un grupo de diez mujeres y hombres vestidos de civil afuera de un cajero Banorte. Un hombre alto y fornido de camiseta blanca lo levanta del suelo con facilidad, él no pone resistencia, y las personas a su alrededor le bajan la cara, manotean sobre su cabeza y lo sacan del lugar.

La familia supuso que como no estaba detenido en ningún ministerio público, aquel video era prueba de que se trataba de un secuestro. Lograron interponer una denuncia por este delito tras sortear la apatía de la autoridad que se negaba a abrir una carpeta de investigación y así consiguieron una ficha de búsqueda que difundió el gobierno del Estado de México. Tres días después, una llamada anunció que Antonio Candelaria estaba vivo. “Sonó el teléfono, era de larga distancia. Me dicen: ‘permítame, le van a hablar’. Pensé que nos iban a pedir el rescate por mi hijo. ‘Papá’, escuché y me regresó el alma al cuerpo”, recuerda don Antonio.

El joven de veintiún años llamó desde el interior de un penal federal en Tepic, Nayarit. Aquel mismo día, luego de detenerlo arbitrariamente, un grupo de policías vestidos de civil lo torturaron durante cuatro horas antes de presentarlo a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Lo señalaron como miembro de la Familia Michoacana y le imputaron cargos por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. Tras la tortura, el chico terminó por firmar una declaración fabricada.

Antonio quería ser actor profesional. Tomaba clases de actuación y televisión en una escuela en la colonia Juárez, de la Ciudad de México; logró participar en algunos comerciales y en obras de teatro desde que tenía ocho años. Su historia no se hizo pública en el momento y tampoco ha tenido gran eco, a diferencia del caso reciente de otro actor, Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers, por su papel en la serie Vecinos, que también padeció la actuación policial en el Estado de México.

“Mi hijo no era un actor famoso todavía, pero su caso es similar al de Octavio Ocaña. Son dos jóvenes a los que las autoridades les truncaron la vida”, dice don Antonio.

En la carpeta de investigación del caso de Antonio Candelaria, hay huellas del abuso policial del que fue víctima: inconsistencias de los elementos que lo detuvieron y una línea de tiempo que no cuadra. Sus padres aún conservan la camiseta rosa y los pants azules que llevaba puestos aquel día, con rastros de sangre. Además, el protocolo de Estambul —que sirve para determinar si una persona fue víctima de tortura y otros tratos crueles— arrojó un resultado positivo.

Meses después, ese mismo 2015, el juez federal manifestó que el caso estaba viciado y se declaró incompetente. Sin embargo, Antonio no volvió a casa: fue trasladado al Centro de Reinserción Social de San Pedro Barrientos, en Tlalnepantla, donde se abrió un nuevo juicio sólo por el delito de extorsión y un juez local ignoró las inconsistencias del caso imputándole 43 años de cárcel el 8 de febrero de 2017. Su familia no tuvo acceso a una defensa adecuada y aunque interpusieron amparos, lo único que consiguieron fue una reducción de tres años en la sentencia. “Mi hijo era una víctima que terminó señalado como culpable”, lamenta don Antonio.

Como parte de la defensa, la familia buscó interponer una denuncia en un ministerio público contra las autoridades que lo detuvieron sin seguir los protocolos que marca la ley, pero les negaron ese derecho bajo el argumento de que el caso ya estaba ante un juez, sin indicarles que en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tienen la obligación de recibir denuncias contra servidores públicos. De haberlo logrado, este caso se hubiera sumado a las 10,972 denuncias que se han interpuesto en el Estado de México en contra de integrantes de las instituciones de seguridad pública por violaciones a derechos humanos entre 2017 y 2021

Octavio Ocaña y su historia con la policía del Edomex

La actuación policial en el Estado de México se coloca nuevamente en el foco. La muerte del actor Octavio Ocaña, a sus 22 años, el 29 de octubre de 2021, se volvió viral por tratarse de un rostro conocido por aparecer en la cadena de televisión más grande del país, Televisa. Y porque la versión de la autoridad estableció que el actor se disparó a sí mismo tras huir y estrellar su camioneta Jeep en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

En una publicación oficial de la FGJEM, en Facebook, la dependencia acusa a Ocaña y a sus acompañantes de haber ingerido bebidas alcohólicas y no haberse detenido cuando la policía municipal les marcó el alto, lo que desató la persecución registrada en diversos videos. “El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”, concluyó.

En uno de los videos que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación se observa a policías disparando desde la ventana de la patrulla hacia la camioneta de Ocaña. En otro, después del choque en la autopista Lechería-Chamapa, herido ya por el impacto de un arma de fuego en la cabeza, Octavio mueve sus manos con dificultad: no tiene ningún arma cerca, a diferencia de las imágenes que la policía local filtró horas más tarde donde el actor, quien ya había perdido la vida, aparece con una pistola en la mano derecha. Su caso, a diferencia de lo que ocurre todos los días con cientos de personas en el Estado de México, se viralizó y puso en jaque a las autoridades locales.

“Soy una madre que lo único que quiere y pide es justicia por su hijo, vamos a llegar al fondo de esto”, dice Ana Lucía Ocaña ante una decena de medios de comunicación, este miércoles 8 de diciembre. “Me mataron lo que más amaba, así que el miedo no cabe en mi mente. Ellos [los policías] cometieron un abuso y lo van a pagar caro. Octavio no se disparó a sí mismo y lo estamos comprobando”, refuerza Octavio Pérez, el padre, desde las oficinas del despacho que lleva el caso, LexPro.

Francisco Hernández, abogado de la familia, explica que realizaron peritajes independientes y confirmó que la FGJEM abrió nuevas líneas de investigación para esclarecer la muerte de Ocaña. La prueba de rodizonato de sodio —que se basa en la identificación de elementos metálicos como plomo, bario, antimonio, entre otros— arrojó que ni la ropa ni el cuerpo de Octavio tenían algún elemento que indicara que él disparó un arma, lo mismo en el caso de sus dos acompañantes. La camioneta tiene cuatro impactos de bala, lo cual contradice la versión oficial que señala que un policía disparó al aire. Además, se comprobó que la cadena de custodia no se cumplió, pues pasaron cinco horas antes de que llegaran los peritos a resguardar la escena del crimen, por lo que se presume que ésta fue manipulada por las autoridades y, como señal contundente, está la desaparición del casquillo de la bala que mató a Ocaña. “Tenemos más peritajes pendientes, pero con lo que sabemos hoy podemos que decir que en ninguna versión se considera probable que Octavio se disparó por accidente o por alguna otra circunstancia”, declaró el abogado.

El 13 de diciembre, la defensa de la familia Ocaña acudirá ante la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dirige Rosario Piedra Ibarra, para solicitarles que atraigan el caso y se determinen las violaciones a los derechos humanos de Ocaña. A decir de la defensa, la FGJEM ya reconoció las inconsistencias de su versión inicial, mientras tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) abrió una queja por “la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y, en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública”, según la queja CODHEM/TLAL/627/2021.

A poco más de un mes de su fallecimiento, se han filtrado imágenes que buscan criminalizar al actor, como aquel video en el que presuntamente aparece disparando un arma de fuego al aire en un lugar no determinado, ajeno a su muerte, y otro —filtrado por una policía del Estado de México, según el perfil de Facebook de la servidora pública, Leslie Monroy— donde supuestamente se le ve inhalando cocaína, además de los constantes señalamientos sobre su consumo de bebidas alcohólicas.

“El caso de Octavio Ocaña me recuerda al de mi hijo. Toñito, quien también era actor, lleva casi siete años preso por un delito que no cometió, criminalizado por las autoridades del Estado de México. ‘Benito’ no está en la cárcel, está muerto y también está siendo criminalizado. ¿En dónde está la justicia?”, pregunta el padre de Antonio Candelaria, que en agosto pasado participó en una huelga de hambre en la Plaza de los Mártires, Toluca, junto con otros diez padres cuyos hijos están presos por acusaciones que les imputó la misma autoridad local.

Casi 11 mil denuncias por abusos policiales… y contando    

En los archivos de la FGJEM se cuentan 10,972 denuncias interpuestas entre 2017 y 2021 contra el personal de seguridad pública del estado, por abusos policiales, de acuerdo a una solicitud de información. El término engloba diversas malas conductas por parte de agentes policiales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza física, detenciones arbitrarias, prácticas discriminatorias, extorsión, amenazas y corrupción. Arturo Alvarado Mendoza y Carlos Silva Forné, especialistas en sociología criminal y cultura policial, explican en su artículo publicado en la Revista Mexicana de Sociología, “Relaciones de autoridad y abuso policial en la Ciudad de México”, que el abuso no implica exclusivamente el uso de la fuerza física, sino que también “comprende conductas verbales, físicas y gestuales que intimidan psicológicamente”. Es un fenómeno complejo que abarca formas “tradicionales” de efectuar el trabajo policial que son ajenas a los principios democráticos.

Los datos que la FGJEM otorgó a Gatopardo muestran que de 2017 a 2018, del cierre de sexenio de Eruviel Ávila Villegas al primer año del actual gobernador, Alfredo del Mazo Maza, la cifra de denuncias contra elementos policiales se duplicó,  de 1,284 a 2,840, y desde entonces la cifra se ha mantenido por arriba de las dos mil denuncias anuales.

En ese periodo de cinco años, de acuerdo a los denunciantes, los policías municipales del Edomex fueron los más señalados por cometer abusos (75.1%). El resto de los presuntos delitos fueron cometidos por policías estatales (22.6%) y, en menor medida (2.3%), custodios y directivos de centros penitenciarios y de reinserción social, miembros de los Cuerpos Auxiliares del Estado de México y otros integrantes de corporaciones policiacas no identificadas por las víctimas.

Las acusaciones contra las autoridades no están completamente desagregadas, la respuesta de la autoridad no permite indagar en los detalles de 6,732 casos catalogados como “abusos de autoridad” ni en 2,177 denuncias clasificadas como “denuncias de hechos. Sin embargo, en la información detallada, es posible conocer la gama diversa de delitos presuntamente cometidos por autoridades policiales: robos con y sin violencia, lesiones (muchas de ellas con arma de fuego), cohecho (sobornos), uso de documentación falsa o alterada, extorsión, tortura, daño en los bienes, secuestro, privación de la libertad, detenciones arbitrarias, abuso sexual, narcomenudeo, intimidación, violación, fraude, encubrimiento, espionaje, homicidio.

La estadística también muestra que las denuncias se acumulan principalmente en diez de los 125 municipios que conforman el Estado de México: Nezahualcóyotl lidera la tabla (1,505 denuncias), seguido de Ecatepec (1,227), Naucalpan (1,143), Toluca (792), Tlalnepantla (718), Cuautitlán Izcalli (457), Chimalhuacán (420), Ixtapaluca (359), Texcoco (355) y Chalco (312).

¿Y la defensa de los derechos humanos?

Además de enfrentar abusos policiales, miles de personas se topan con un muro infranqueable cuando piden apoyo de la CODHEM.

Un análisis, que realizó Innovación Cívica, muestra que la Comisión recibió 8,719 quejas entre 2017 y 2020 por el mal comportamiento de los agentes policiales y de procuración de justicia. Sin embargo, sólo .08% de éstas se convirtieron en recomendaciones dirigidas a las instituciones denunciadas. La mayoría de las quejas son desestimadas porque la CODHEM no las considera violaciones a los derechos humanos, o porque apostó por la conciliación y la mediación.

“Es preocupante que la CODHEM no esté pronunciándose sobre estos temas para poder visibilizar las violaciones que se cometen todos los días en mayor o menor medida, e impulsar que se remedie este problema estructural”, señala Benjamín Cervantes, coordinador jurídico de la CODHEM .

Cervantes, también habitante del Edomex, ha crecido con la percepción de que en este territorio —históricamente gobernado por el PRI— la inseguridad no corre sólo a cargo de la delincuencia, sino también de la policía. “Somos una población que sufre constantes violaciones a sus derechos, las instituciones que se deberían de encargar de la justicia nos dejan vulnerables y, en suma, los mecanismos que tenemos para defendernos no son eficientes”, recalca.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el 92.9% de los mexiquenses considera que la corrupción es una práctica muy frecuente en la policía y sólo 25.8% de ellos confía en ellos, colocando a Edomex en el segundo lugar con menos confianza en la policía de todo el país, apenas debajo de Quintana Roo donde sólo 21.7% confía en sus autoridades policiales.

No hay, añade Cervantes, un contrapeso que presione para cambiar la realidad de los mexiquenses. Desde su perspectiva es urgente reforzar a las instituciones policiales, mejorar los salarios —la organización Causa en Común calcula que los policías en este territorio ganan entre doce mil y catorce mil pesos mensuales—, otorgarles los insumos necesarios para realizar su labor con seguridad, mejorar las condiciones de precariedad y capacitarles en derechos humanos, así como tener un organismo independiente que emita recomendaciones para evitar violaciones a la ciudadanía. “Necesitamos una reestructuración y autoridades cercanas a la ciudadanía, personal con experiencia en derechos humanos y compromiso, si no trabajamos en eso los índices de impunidad y vulneraciones en el Estado de México no van a terminar”, argumenta.

En ese tenor, don Antonio Candelaria anhela justicia para su hijo. Su última esperanza es la recién publicada Ley de Amnistía en el Estado de México, que busca solventar las fallas del sistema de justicia en los casos de personas de escasos recursos o integrantes de grupos vulnerables (indígenas, adultos mayores y mujeres), que por la falta de una correcta defensa o por violaciones a su debido proceso permanecen en situación de reclusión, para que puedan quedar en libertad: un último aliento para aquellos que se han encontrado de frente con los abusos policiales y que terminaron presos.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero calcula que hay unas quince mil personas recluidas en los centros penitenciarios del Estado de México que tuvieron una sentencia sin pruebas y sin que hayan cometido algún delito.

“El Estado de México es una fábrica de delitos. Ahí todos son culpables, aunque se demuestre lo contrario”, lamenta don Antonio.