Los canarios en la mina o por qué defender la libre expresión

Los canarios en la mina o por qué defender la libre expresión

Los ataques a la prensa por parte del gobierno deben interpretarse como el preludio de la restricción a los derechos humanos. Hay evidencia empírica que así lo demuestra. La intolerancia al escrutinio que hacen los periodistas termina por extenderse a otros ciudadanos y grupos sociales.

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Entre los mineros que extraían carbón, era común hacerse acompañar de canarios para bajar a los túneles. Estas aves son capaces de detectar antes que el ser humano la presencia de gases nocivos en el ambiente; así, cualquier síntoma de intoxicación en el canario anunciaba un riesgo inminente y el minero debía salir a la superficie a toda prisa. En los estudios de ciencia política se ha utilizado esta metáfora para ilustrar que cuando la prensa es vulnerada por los gobernantes, esto anuncia un serio deterioro en otras esferas de derechos humanos y libertades civiles. Tal como los canarios en la mina, los periodistas son generalmente los primeros en padecer las consecuencias de un ambiente de confrontación, que anticipa restricciones más amplias para la vida democrática.

Hay evidencia académica de ello. En un estudio global que toma datos de 2002 a 2013, Anita Gohdes y Sabine Carey demostraron que los asesinatos de periodistas, tanto los cometidos por agentes del gobierno como los que carecen de un perpetrador identificado, son precursores de violaciones a las libertades de otros ciudadanos y actores sociales. En el mismo sentido, Elizabeth Stein comprobó que, a principios de la década de 1980, la reacción del gobierno brasileño hacia la prensa era un barómetro para calibrar sus niveles de intolerancia hacia la oposición política y la protesta social.

Un gobierno ataca a la prensa cuando es poco propenso a la rendición de cuentas y percibe que está perdiendo el control sobre el debate público. La prensa crítica es uno de los blancos de la restricción porque desafía la existencia de una narrativa unilateral de los asuntos sociales. Sin embargo, el intento del gobierno por recuperar el control de la narrativa no se limita a los periodistas –como ya anuncié–, sino que deriva en una intervención más amplia en los mecanismos sociales e institucionales de contrapeso, que se manifiesta en un deterioro de las libertades ciudadanas, por ejemplo, en restricciones a la participación política, al derecho de asociación o a la competencia electoral.

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