A casi cuatro años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a casi tres meses de que Enrique Peña Nieto entregue el poder, compañeros y familiares de los 43 desaparecidos, se reunieron para recibir a una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a miembros de la ONU que acudieron a esta localidad en el estado de Guerrero para presentar un informe sobre el seguimiento del caso.

Entre collares de flores naranjas que pusieron en cada uno de los cuellos de la comitiva, vítores y algunas consignas, el grupo de expertos presentó un nuevo informe o al menos una muestra de la cruda realidad de las desapariciones que hubo en el país a lo largo de este sexenio; un informe muy diferente al que daba el presidente Peña Nieto al interior del Palacio Nacional esa misma tarde.

Los miembros de la CIDH expusieron ayer nuevamente su rechazo a la versión oficial, en el patio de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde aún hay fotos de los desaparecidos. Un rechazo que se ha sostenido desde que la PGR hizo públicos los resultados de la investigación en diciembre de 2015, que señalaba que los 43 estudiantes habían sido incinerados en un basurero ubicado en el municipio de Cocula. Un resultado al que la procuraduría misma le añadió los adjetivos de “verdad histórica”. Poco tiempo después hubo suficiente evidencia para revelar que no tenía fundamentos científicos para ser tomada por cierta.

Según datos del Equipo Argentino de Antropología Forense, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese incendio en Cocula nunca sucedió. Los datos de estas organizaciones expusieron que la investigación de las autoridades mexicanas estaba llena de errores periciales, contradicciones y omisiones.

Enrique Peña Nieto volvió a defender la «verdad histórica» en su Informe de Gobierno y en pautas comerciales diciendo: “Tengo la convicción de que, lamentablemente, pasó lo que la investigación arrojó. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. El gobierno entrante tendrá que enfrentar este reto”.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó ante los asistentes, que se encontraban en uno de los patios de la normal de Ayotzinapa, que la ONU tiene registros, de que al menos 34 personas sufrieron de algún tipo de tortura o coacción para obtener declaraciones que han llenado las miles de páginas  que conforman los 50 tomos del expediente Ayotzinapa.

Esmeralda Arosamena, relatora para México de la CIDH, contó en esa misma mesa, que hay contradicciones en los testimonios de los policías y de los supuestos criminales. Además, dijo que el teléfono de uno de los estudiantes siguió funcionando después de la medianoche pero en manos de un miembro de la policía, los principales sospechosos –junto con los militares– de la desaparición de los estudiantes.

La relatora pidió ampliar la investigación que implica conocer los nombres de los policías municipales, los miembros de la Policía Federal y el de los militares que se encontraban en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Esta ampliación también implica cuestionar el rol que pudo haber tenido el tráfico de drogas o el crimen organizado en el caso.  Arosamena pidió, como parte de una línea alterna de la búsqueda de los estudiantes, saber si hubo algún uso anormal de gas o de algún horno crematorio en un radio de 60 km del sitio donde los estudiantes fueron sustraídos.

Ante este escenario  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador,  para que una vez tome el poder permita una investigación independiente que plantee el regreso de los expertos designados por la CIDH al caso. Las recomendaciones además sugieren que se ponga en marcha una Comisión de la Verdad que ayude a esclarecer los hechos, algo que han solicitado los padres y los compañeros de los estudiantes durante todo este tiempo.

En junio de este año, un tribunal en Tamaulipas consideró que la investigación realizada por la PGR no había sido imparcial, por lo que ordenó hacer una Comisión de la Verdad. Este recurso fue detenido y desechado por la misma Procuraduría y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues según estos organismos había  imposibilidades jurídicas para cumplir la sentencia del tribunal tamaulipeco.

En entrevista para Gatopardo, Santiago Aguirre, Subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que «más de diez instancias de gobierno han combatido el establecimiento de una Comisión de la Verdad, todas a través de escritos, impugnaciones y solicitudes de imposibilidad. Esto nos confirma que  la autoridades no se coordinan para buscar a los desaparecidos, pero sí se están coordinando para impugnar cualquier búsqueda de la verdad. Vemos también que militares, gente de la Marina y de la Policía Federal, muchos señalados como posibles responsables de actos de tortura o señalamientos de convivencia con el narcotráfico».

La reunión que los padres de los desaparecidos y las organizaciones independientes tendrán con Andrés Manuel López Obrador, se llevarán a cabo una semana antes de que se dé a conocer la nueva estrategia de seguridad que ha planteado a lo largo de la campaña. Mientras tanto en Ayotzinapa aún se subraya que si los 43 estudiantes no hubieran desaparecido, ya hubieran terminado sus carrera.

Aguirre también cuenta que para los padres y para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que los ha acompañado en estos cuatro años, «la alternancia podría significar una evaluación crítica de los actos y tal vez esto pueda esclarecer el caso a fondo. Eso ha traído una nueva esperanza a los padres de familia, sobretodo por el equipo que estará a cargo de la comisión de resolver el caso, presidida por Alejandro Encinas. Pero a través del desgaste al que se han visto expuestos durante estos cuatro años y los intentos de manipulación que han sufrido algunos padres, saben que no pueden expedir un cheque en blanco al nuevo gobierno.»

En el patio de la escuela los nombres y fotografías de los 43 jóvenes están tan presentes como los carteles que aún le gritan a Enrique Peña Nieto: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Para los padres, el reclamo de justicia “no es necedad, es esperanza”.