El nivel de impunidad en el país ronda el 90 por ciento. En el Estado de México durante el 2018, por ejemplo, de las 202,205  carpetas de investigación que se abrieron, tan solo el 0.52% terminaron en una sentencia y no se sabe si las conclusiones hayan sido verídicas o si un inocente haya terminado en la cárcel. La corrupción, sumada a la ineficiencia de nuestro sistema de impartición de justicia, han colocado al país en un estado de emergencia en el que urge un órgano independiente con la capacidad de investigar a fondo los cientos de casos pendientes que tienen a México inmerso en una crisis de Derechos Humanos.

“Tenemos más muertos que un país en guerra; tenemos más desaparecidos que la dictadura en Chile”, asevera Ixchel Cisneros, periodista integrante del Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) y una de las líderes del movimiento #FiscalíaQueSirva.

En consecuencia, en diciembre del 2018 el Senado de la República publicó una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República con la cual se sustituye la Procuraduría General de la República (PGR). Esta ley fue elaborada con ayuda y recomendaciones de un grupo de abogadas que forman parte del movimiento antes mencionado.

Los ciudadanos organizados que participaron en la creación de esta ley quedaron satisfechos a medias, pues mientras el Senado y demás integrantes del gobierno se mostraron abiertos a las recomendaciones de los expertos para que la transición de la Procuraduría a la Fiscalía fuera eficiente, se negaron a hacer reformas constitucionales, por lo que la Ley tuvo que ser elaborada bajo el marco legal existente.

“La argumentación del Andrés Manuel López Obrador desde el principio fue que ellos no iban a hacer reformas constitucionales hasta los primeros tres años de gobierno, pero resultó que más bien no iban a hacer reformas constitucionales que no quisieran hacer porque ya vimos que con la Guardia Nacional o con la Reforma Educativa, sí las están haciendo”, reclama Cisneros.

El resultado fue una Ley para lograr la transición en la que lo único que se modificó fue el pase directo del procurador, es decir, que tendrá que haber un nuevo proceso para elegir al Fiscal que dirigirá esta entidad.

La Fiscalía se dividirá en cuatro ramas especializadas –Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos– y tendrá un titular, el cual mantendrá el puesto por nueve años y el único que lo podrá remover es el Presidente de la República.

El nombramiento del titular está sujeto a lo estipulado en el artículo 102, apartado A, de la Constitución, lo cual quiere decir que el Senado tiene 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos que debe de ser enviada al poder Ejecutivo tras una votación que tendrá lugar este 16 de enero. A partir de entonces, el Ejecutivo tendrá un plazo de 10 días para elegir a tres candidatos para que el Senado acabe por elegir al definitivo.

El lunes por la mañana los colectivos #FiscalíaQueSirva, #VamosPorMás y el Observatorio de Designaciones Públicas emitieron un comunicado en el que exigen a la Junta de Coordinación Política –el órgano encargado de impulsar acuerdos que agilicen el trabajo legislativo, integrado los coordinadores de cada grupo parlamentario– que se modifiquen y transparenten los proceso de selección del próximo Fiscal General.

La elección del Primer Fiscal General de la República pondrá a prueba el compromiso de México en la lucha contra la impunidad. #FiscalíaQueSirva expresa preocupaciones en torno al proceso de designación para la #FGR pic.twitter.com/a1C9Oiu49I

— FiscalíaQueSirva (@FiscaliaQ_Sirva) 7 de enero de 2019

“Lo que ahorita estamos viendo y que es preocupante es que no es claro lo que van a hacer para designar estos 10 perfiles para mandar al Ejecutivo”, dice en entrevista con Gatopardo, Irene Tello Arista, la directora ejecutiva de la organización Impunidad Cero. “Obviamente el Fiscal General es una figura importantísima porque no solamente va a estar nueve años en el cargo, sino va a ser el que se encargue de transicionar la institución”.

Entre las demandas de estos colectivos está el transparentar los procesos para que la ciudadanía pueda saber quién es la persona a la que se está escogiendo y por qué. “Creemos que es importantísimo que la figura que encabece esta institución no tenga ninguna conexión con ninguno de los otros poderes, porque lo que hemos visto en el pasado es que básicamente la procuración de justicia en el país es usada como un chantaje político, como una maniobra, en vez de realmente que sea eficiente y autónoma”, denuncia Tello Arista.

Actualmente la discusión se está centrando en quién obtendrá el puesto de Fiscal General, sin embargo en #FiscalíaQueSirva siguen considerando que lo más importante es reformar la Constitución para modificar los esquemas bajo los que la procuraduría trabaja, pues de otro modo sólo se le cambiaría el nombre, pero la procuración de justicia seguirá igual de ineficiente.

Cisneros explica que “así sea el o la mejor Fiscal del mundo con toda la pericia, con la trayectoria súper probada, con todas las cuestiones de transparencia, etc., si no tiene una estructura sólida no importa quién esté ahí. Por eso pedimos que se hicieran las reformas constitucionales para fortalecer a la Fiscalía y no nada más parchar lo que tenemos o trabajar con lo que tenemos, con tal de sacar un fiscal”.

En un país sumergido en una crisis de seguridad y violaciones a los Derechos Humanos, donde la mayor parte de los crímenes pasan inadvertidos, la sociedad civil exige garantías de independencia que imposibiliten a elección del tan temido «fiscal carnal», que no verá por el bien de la ciudadanía sino de sus intereses y los de sus allegados. Tener una #FiscalíaQueSirva es imprescindible.

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