“La marihuana es la droga ilegal más consumida en México y más de siete millones la han probado aunque sea una vez”, estos son los datos que arrojó la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada por la Secretaría de Salud entre el 2016 y el 2017. Estas mismas ‘afirmaciones’ son también parte de una larga argumentación que lleva años —casi 12— intentado regularizar o legislar el uso de esta famosa planta verde que para muchos es en parte responsable de la violencia que se vive en el país. Este debate, sobre la legalización para cualquier uso, llegó a todos lados, incluso a la mesa de un desayuno familiar en la residencia oficial de Los Pinos.

Durante un discurso que dio Enrique Peña Nieto —en 2015— mencionó ante un público que aún le aplaudía, que su hijo Alejandro Peña lo había cuestionado: “Oye papá, eso quiere decir que pronto nos vamos a poder echar un churro delante de ustedes”. Peña Nieto, que desde siempre tuvo una postura negativa hacia la legalización, le contestó tajantemente (o al menos eso dijo a los presentes) “no, no te confundas esto solo abre el debate, yo estoy en contra”.

En 2016, —unos meses después de la anécdota presidencial— en un intento fallido por cambiar algunos puntos sobre el consumo y tal vez motivado por las políticas de otros países (como la que José Mujica ayudó a implementar en Uruguay en 2014) el congreso mexicano avaló en ese momento el uso medicinal del cannabis, pero desechó incrementar la cantidad de 5 gramos permitida por el Código Penal Federal a 28 gramos. Dejando esta reforma a medias.

Una voz importante que ha sentado bases y jurisprudencia en este caso, ha sido la de la Suprema Corte de Justicia, quien el pasado 31 de octubre reiteró la inconstitucionalidad —por quinta vez— a la prohibición absoluta del consumo adulto de la marihuana; sosteniendo que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan qué tipo de actividades recreativas desean realizar; por lo que a partir de ese día, cualquier persona que lo quiera, podría consumir marihuana de manera adulta si obtiene la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin embargo esto no significa una autorización para vender o comprar esta droga.

Desde entonces, la legalización y regulación, que podría implicar un cambio en la estrategia de seguridad del Gobierno Mexicano, no había estado más cerca de realizarse, hasta que la actual senadora y próxima Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó la semana pasada un documento y una iniciativa de ley que propone —entre otras cosas— expedir una Ley General para la regulación y el control de la marihuana para uso comercial, medicinal, científico, de investigación y ampliando el rango defendiendo también su uso adulto, el autocultivo y el autoconsumo.

El jueves pasado en una entrevista televisiva cuando le recordaron a Olga Sánchez Cordero, la conversación sobre la marihuana que mantuvieron Peña Nieto y su hijo, la próxima Secretaría de Gobernación mencionó «si el hijo de Peña Nieto es menor de edad, quien le vendiera la droga o lo involucrara en cualquier tema de la cadena productiva, sería sancionado penalmente. Si es mayor de edad, podría tener acceso al consumo de la droga de manera accesible y podría ir a comprarla a los establecimientos autorizados por un instituto que va a regular la comercialización y venta y la calidad de la planta».

En estas sencillas oraciones y usando a Alejandro Peña de ejemplo, Sánchez Cordero, explicó —en resumidas cuentas— de lo que trataría esta iniciativa de ley que ya recibió el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, de la enorme bancada morenista y hasta de los legisladores del PRD y del PAN, lo que podría significar que en los próximos seis meses este documento podría pasar de ser sólo una propuesta a ser una realidad.

Sánchez Cordero mencionó a los medios que la propuesta tomaría una clara postura contra «la política prohibicionista que México adoptó en los últimos dos sexenios, materializada en ese conflicto armado llamado ‘Guerra contra el narcotráfico’, que ha generado dos consecuencias que dan cuenta del fracaso de la misma: el endurecimiento de la violencia en todos los rincones del país y la criminalización de sectores vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con el cannabis».

Entre lo que propone la iniciativa, presentada como Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, es que una persona podría portar hasta 30 gramos de marihuana para su consumo personal. Además de que podrá consumirla en espacios públicos exceptuando los espacios 100% libres de humo de tabaco.

Esta ley también plantea que quienes requieran portar más de los 30 gramos que propone esta iniciativa, tendrían que solicitar uno de los 15 permisos o licencias que dará al Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis únicamente a mayores de edad y sin antecedentes penales relacionados con delincuencia organizada o lavado de dinero.

Las licencias que estarán clasificadas en un padrón anónimo, y que podrán durar hasta 10 años, otorgarán permisos a las personas interesadas en el autocultivo, en el comercio, en la investigación y en la producción, pues podrán tener hasta 20 plantas y producir anualmente cerca 480 gramos anuales. Estos permisos contemplan la creación de cooperativas que pueden estar formadas por entre 2 y 150 socios. Estas cooperativas,según lo estipulado tendrán que contar con un código de ética, además de que tendrán que ofrecer información y asesoramiento para la reducción de riesgos derivados del consumo del cannabis.

Ante lo expuesto por Sánchez Cordero, también se planteó que una vez promulgada la ley, las autoridades tendrán 30 días para elaborar programas de excarcelación de personas detenidas por portación o consumo

Froylan Enciso, investigador del CIDE especializado en la materia, dice en entrevista para Gatopardo, que esta iniciativa “es una de las más progresistas a nivel internacional. una iniciativa de derechos y garantías individuales, una que tendrá consecuencias en la seguridad y tendría que tener también algún impacto en la justicia social”

La única crítica que Enciso,  el autor de Nuestra historia narcótica, tiene sobre esta iniciativa es que piensa que “las licencias comerciales deberían dárselas, no solo a las empresas, si no a los campesinos que han sido afectados por las políticas de prohibición o que han sufrido la persecución por parte del ejército”.

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