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Este lunes 25 millones de niños regresan a las aulas. En un colegio de Iztapalapa, se planteó que los niños llevaran veinte litros de agua cada uno, cubrebocas para cada hora de clase y gel antibacterial. Son las propuestas que surgen de la sociedad civil y que intentan solventar las carencias. Porque al gobierno no le alcanzó el tiempo ni los recursos para remediar el abandono histórico de la infraestructura educativa.
Detrás del cubrebocas a Diego no se le ve la sonrisa. Pero su madre, Violeta Rivas, lo nota más alegre que en los últimos dieciocho meses de pandemia. Su hijo tiene cuatro años y es la primera vez que asiste a la escuela. Durante tres horas estuvo en contacto con otros seis niños de su edad, aprendió sobre los colores, brincó y jugó. Llevó su propio sándwich y siguió la indicación de su mamá: no lo compartió con nadie.
En las vísperas del banderazo oficial para el regreso a clases presenciales –que ordenó el gobierno mexicano– la escuela preescolar Carlos Espinoza Romero, en Torreón, Coahuila, recibió a Diego y a sus compañeros el miércoles 25 de agosto para ayudarles a familiarizarse con las nuevas normas escolares: lavado de manos constante, no abrazos, no intercambio de comida y juegos sin contacto. Los papás, en vez de útiles, gastaron en tapetes sanitizantes, gel antibacterial, jabón, alcohol, escobas y trapeadores que la escuela pidió como apoyo. “En julio todavía tenía dudas porque temía que mi hijo se quitara el cubrebocas y tocara a sus compañeros, pero empecé a practicar las nuevas normas en casa y vi que sí era posible su regreso. Optamos por el modelo híbrido”, cuenta Violeta.
A mil kilómetros de distancia, Asiel, también de cuatro, nunca ha pisado su escuela. La primera interacción que tuvo con sus compañeritos y la maestra fue a través de una pantalla de celular. No ha jugado en el patio de cemento del Jardín de Niños Cuicuicani, tampoco en el arenero repleto de pelotas, palitas y cubetas de plástico. Y no lo hará en este nuevo ciclo escolar. Aunque más de 25 millones de estudiantes volverán a las aulas, Asiel vivirá su segundo año de kínder, desde casa.
Su madre, Victoria Acevedo, tomó la decisión porque considera que no hay las condiciones para garantizar la seguridad de su hijo. Principalmente, porque su pequeño es epiléptico y teme que un contagio de covid-19 pueda ser mortal, aunque hasta ahora no hay evidencia científica de que pueda pasar. Segundo, porque la escuela se encuentra en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, una de las zonas de este país donde el acceso al agua más que un derecho, es un lujo.
La red pública de la alcaldía sólo abastece a los hogares, negocios y escuelas durante tres días a la semana. Quien tiene cisterna puede almacenar y racionar el agua para el resto de los días; quien no, debe dar una buena propina a los “piperos” para garantizar el acceso al servicio gratuito, o bien, organizarse con sus vecinos para comprar el agua de una pipa entera entre todos.
La historia se repite en los colegios de la zona. El año pasado, cuando los contagios bajaron a nivel nacional, y el gobierno insinuó que el regreso a clases podría concretarse para el ciclo escolar 2020-2021, en la escuela de Asiel se estableció un protocolo para solventar la falta de agua y de otros servicios básicos que no había: que cada alumno acudiera con un bote de veinte litros de agua para lavarse las manos y usar el baño; llevara toallitas húmedas para reducir el uso de agua, además de su propio gel antibacterial y cuatro mascarillas para reemplazarse al inicio de cada clase.
“Me fui para atrás”, dice Victoria.
Aunque la falta de agua es una realidad en su colonia, no se esperaba que la escuela tuviera tantas dificultades después de dieciocho meses en el abandono por el confinamiento. Después supo que, encima, había una zanja abierta en el patio porque en los últimos sismos –aquellos del 19 de marzo y del 23 de junio, de 5.9 y 7.5 grados de magnitud respectivamente–, se rompieron las tuberías del colegio.
“La mayoría de los papás rechazamos el regreso a aulas en esas condiciones porque nos dijeron que los niños no podían salir al patio por el daño que dejó el sismo. En mi caso el medicamento que toma mi hijo baja su sistema inmunológico y eso lo convierte en un niño de alto riesgo”, detalla.
Terminó ese ciclo escolar a distancia y, en medio de la tercera ola del covid, el gobierno apostó por, ahora sí, “llueva, truene o relampaguee”, regresar a las clases presenciales. Pero pasó por alto las singularidades de escuelas, sobre todo públicas y comunitarias, como el Jardín de Niños Cuicuicani.
Según las estadísticas más recientes sobre infraestructura escolar –el gobierno no ha censado la realidad de las escuelas en los últimos ocho años–, a nivel nacional, apenas 68.6% de las escuelas públicas de educación básica y comunitarias (pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo) consigue de la red pública el abastecimiento de agua.
El resto la obtienen de pipas, por acarreo, pozos, o bien, no disponen de ninguna fuente, según un análisis de la base de datos abiertos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial (Cemabe, 2013), realizado por Gatopardo.
Además hay estados que no llegan ni a la media nacional.
En Guerrero sólo 46% de las escuelas públicas está conectado a la red y, si nos enfocamos en las escuelas comunitarias, apenas 18% tiene este servicio. Un panorama similar se presenta en otros estados con altos grados de marginación como Chiapas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca.
De hecho, no hay un solo estado que pueda presumir que todas sus escuelas tienen acceso al agua. Incluso en Tlaxcala, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima y Quintana Roo, que tienen la mayor cantidad de escuelas conectadas a la red pública, hay instituciones a las que el líquido no les llega.
DEUDAS HISTÓRICAS
De un portón color gris salen dos hombres que sostienen una bomba de agua. La alcaldía los envió al Jardín de Niños Cuicuicani, a tan sólo cuatro días de la fecha programada para el regreso a clases presenciales, como parte de la orden gubernamental de subsanar las deficiencias históricas de las escuelas públicas del país. Desde ahí, la directora Lilia del Valle dice que la bomba ya no servía y que el edificio de una sola planta se construyó encima de una grieta y, por eso, en cada temblor, las tuberías terminan rotas.
“Enviamos los reportes y se solicitó el apoyo de la alcaldía. Si nos están pidiendo regresar debe haber las condiciones porque aquí son puros niños preescolares y sin agua, es más complicado cuidarlos. Nos atendieron, fuimos de los afortunados”, detalla la educadora. Sólo en medio de una pandemia, y con las clases en puerta, fueron atendidos los viejos problemas que se fueron acumulando en el colegio. Pero como las composturas no resuelven de fondo la falta constante de agua, los padres de los poco más de 180 preescolares inscritos votaron mayoritariamente por no regresar a la escuela.
Apenas el 12 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un decálogo para el regreso a clases y entre esas medidas recalcó que las escuelas impulsarán el lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial. “También estamos conscientes de que hay escuelas que todavía no tienen al 100% el servicio de agua”, confesó, al tiempo que aplaudió el esfuerzo de gobiernos estatales y municipales por trabajar para subsanar esa falta de servicio.
Días más tarde, reconoció que tenían ubicadas diecisiete mil escuelas en todo el país con falta de agua, algunas que nunca habían tenido el servicio y otras debido a daños en sus tuberías, principalmente en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México. Anunció que habría además recursos para trabajar en ello.
La SEP no ahondó, sin embargo, en que el acceso al agua es apenas una de tantas carencias de las instituciones educativas. Otra arista es la falta de drenaje, 54.6% de las escuelas públicas y comunitarias del país no cuentan con este servicio básico. La media nacional tiene sus matices, en estados como Oaxaca ocho de cada diez escuelas están en esta misma situación. La falta de estos servicios coadyuva al incremento de problemas gastrointestinales y respiratorios entre los estudiantes, explica Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas públicas y en gobernanza del agua, saneamiento y política de aguas residuales.
En su llamado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno limpio y con acceso al agua potable, UNICEF afirma que “cuando las escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas, esto provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende, del rendimiento académico”.
Es un problema añejo. Las administraciones priistas –detalla el especialista– tenían una visión infraestructural, se hicieron carreteras y grandes obras, pero esto no permeó en el sector educación. Con el último cambio de gobierno el panorama no mejoró, por el contrario. “La pandemia llegó en el contexto de un país que implementó una política de austeridad aún teniendo una infraestructura debilitada. Si fuéramos un país de infraestructura rica, podríamos permitirnos la austeridad, pero no lo somos”, asegura Pacheco-Vega.
La inversión para subsanar estas insuficiencias no fluye. De hecho ha disminuido en los últimos ocho años. Según analizó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, los recursos asignados para infraestructura educativa este 2021 fueron de 15.4 millones de pesos, un monto menor a lo que se ejerció en 2020. Además, tampoco termina por cubrir estas necesidades el programa La Escuela es Nuestra, que se instauró en 2019 y que cede dinero al Comité Escolar de Administración Participativa (conformado por docentes, tutores y alumnos de cada institución educativa) para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar, aunque recibió más dinero este 2021, respecto al primer año de pandemia.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria encontró que los cambios que hizo esta administración, en las reglas de operación para el destino de los recursos de infraestructura educativa, no permiten dar un seguimiento puntual al gasto, pues son considerados subsidios. Con las nuevas pautas, el gasto en infraestructura educativa representa apenas el 0.03% del gasto en educación este 2021.
SOLUCIONES DE EMERGENCIA
Crecer en Iztapalapa es aprender, de forma natural, a vivir con agua limitada. Santiago Vargas, un joven de 35 años, creó la página de Facebook de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que sirve de contacto a la comunidad y también es una ventana para quejas y denuncias, sobre todo en temas de inseguridad. Cuenta que sus padres, de los primeros que habitaron la colonia, solían acumular agua en tinacos que obtenían de pipas y que, ya en los noventa, se colocaron las primeras tuberías que prometían abastecer a los habitantes. Pero aún con la infraestructura las cosas no cambiaron. Entonces se instauró una política de chiquiteo: tres días con agua y el resto, nada, ni una sola gota. “Es lo normal, nos enseñamos a cuidar el agua entre todos y a buscar soluciones cuando la situación se agrava”, dice vía telefónica.
Al igual que en los hogares, las cisternas en las instituciones educativas son la única posibilidad para tener agua aún en los días de sequía, pero si el depósito se agota, entonces lavarse las manos o bajar la palanca al retrete es imposible. Las pipas de la delegación entran entonces al quite.
Con el covid-19 acechando, escuelas como Cuicuicani tuvieron que buscar alternativas para solventar la carencia. Esto se replica en otras zonas del país y en escuelas de todo grado de estudios. La escuela de Bellas Artes Chimalhuacán 1, en el barrio Fundidores, Estado de México, no está conectada a la red de distribución de agua potable municipal. En Oaxaca, la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública rechazaron el regreso por la falta de agua y por tener los baños en mal estado de cientos de inmuebles. En San Luis Potosí se contabilizaron al menos 126 colegios sin acceso, la mayoría por fallas en la red de distribución y por falta de equipamiento.
Daniela Martínez, madre de Regina y Renata, de cinco y nueve años respectivamente, asegura que la desatención en infraestructura escolar aumenta cuando se trata de poblaciones vulnerables. No lo dice al tanteo. Su hija mayor tiene autismo y es alumna del Centro de Atención Múltiple 87, en la colonia Doctores en la Ciudad de México. “Me avisaron que ya no van a dar clases a distancia porque en la escuela no hay computadoras para que los maestros puedan dar las clases desde ahí, entonces tuvimos que ir a limpiar la escuela para preparar el regreso y al llegar nos encontramos con que ni siquiera había agua”, relata.
El inmueble de paredes blancas y detalles azules recibe a niñas y niños con alguna discapacidad o trastornos graves del desarrollo, sin costo alguno. Aquí, una de las fallas más constantes es la falta de agua. Los directivos suelen pedir ayuda a la SEP, quien promete revisar y atender, pero pasa el tiempo y nada cambia. El agua va y viene. Para cuando Daniela y el resto de los padres llegaron, ni una gota salió de la llave, tuvieron que comprar garrafones para poder limpiar las aulas. “Cuando esto ocurre, nos llaman a los papás y nos piden cooperar para comprar los garrafones y abastecer el edificio y que nuestros niños estén bien. Aquí no hay agua ni inversión, es también un tema de discriminación”, afirma.
“En política pública esto se llama sustitución de responsabilidad. Un gobierno que deja en los ciudadanos responsabilidades que le competen exclusivamente a él. Entonces la ciudadanía termina por encontrar soluciones temporales –que a veces se alargan indefinidamente–, soluciones privadas a problemas públicos que debe resolver el Estado”, explica Pacheco-Vega.
“Somos siempre los papás quienes nos ponemos la camiseta”, dice Daniela sobre la intervención de la sociedad civil que no logra paliar la situación.
Ante el riesgo de contagios, la incertidumbre y el temor, el gobierno trató de curar a contrarreloj las heridas abiertas en la infraestructura educativa. Pero no alcanzó ni el tiempo ni los recursos: miles de colegios siguen a la espera de los servicios más básicos y de la inversión prometida.
El Jardín de Niños Cuicuicani saldrá de la lista de rezago, a medias. Tendrá ya una bomba que permita distribuir el agua, las tuberías ya no están rotas, las paredes agrietadas ya son seguras, ahora sólo falta que el suministro de la red garantice que sus alumnos puedan lavarse las manos todos los días para prevenir el covid.
Y como eso aún no se cumple, Asiel se queda en casa, en este nuevo ciclo escolar tampoco conocerá su escuela//.
¡Gracias!
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Este lunes 25 millones de niños regresan a las aulas. En un colegio de Iztapalapa, se planteó que los niños llevaran veinte litros de agua cada uno, cubrebocas para cada hora de clase y gel antibacterial. Son las propuestas que surgen de la sociedad civil y que intentan solventar las carencias. Porque al gobierno no le alcanzó el tiempo ni los recursos para remediar el abandono histórico de la infraestructura educativa.
Detrás del cubrebocas a Diego no se le ve la sonrisa. Pero su madre, Violeta Rivas, lo nota más alegre que en los últimos dieciocho meses de pandemia. Su hijo tiene cuatro años y es la primera vez que asiste a la escuela. Durante tres horas estuvo en contacto con otros seis niños de su edad, aprendió sobre los colores, brincó y jugó. Llevó su propio sándwich y siguió la indicación de su mamá: no lo compartió con nadie.
En las vísperas del banderazo oficial para el regreso a clases presenciales –que ordenó el gobierno mexicano– la escuela preescolar Carlos Espinoza Romero, en Torreón, Coahuila, recibió a Diego y a sus compañeros el miércoles 25 de agosto para ayudarles a familiarizarse con las nuevas normas escolares: lavado de manos constante, no abrazos, no intercambio de comida y juegos sin contacto. Los papás, en vez de útiles, gastaron en tapetes sanitizantes, gel antibacterial, jabón, alcohol, escobas y trapeadores que la escuela pidió como apoyo. “En julio todavía tenía dudas porque temía que mi hijo se quitara el cubrebocas y tocara a sus compañeros, pero empecé a practicar las nuevas normas en casa y vi que sí era posible su regreso. Optamos por el modelo híbrido”, cuenta Violeta.
A mil kilómetros de distancia, Asiel, también de cuatro, nunca ha pisado su escuela. La primera interacción que tuvo con sus compañeritos y la maestra fue a través de una pantalla de celular. No ha jugado en el patio de cemento del Jardín de Niños Cuicuicani, tampoco en el arenero repleto de pelotas, palitas y cubetas de plástico. Y no lo hará en este nuevo ciclo escolar. Aunque más de 25 millones de estudiantes volverán a las aulas, Asiel vivirá su segundo año de kínder, desde casa.
Su madre, Victoria Acevedo, tomó la decisión porque considera que no hay las condiciones para garantizar la seguridad de su hijo. Principalmente, porque su pequeño es epiléptico y teme que un contagio de covid-19 pueda ser mortal, aunque hasta ahora no hay evidencia científica de que pueda pasar. Segundo, porque la escuela se encuentra en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, una de las zonas de este país donde el acceso al agua más que un derecho, es un lujo.
La red pública de la alcaldía sólo abastece a los hogares, negocios y escuelas durante tres días a la semana. Quien tiene cisterna puede almacenar y racionar el agua para el resto de los días; quien no, debe dar una buena propina a los “piperos” para garantizar el acceso al servicio gratuito, o bien, organizarse con sus vecinos para comprar el agua de una pipa entera entre todos.
La historia se repite en los colegios de la zona. El año pasado, cuando los contagios bajaron a nivel nacional, y el gobierno insinuó que el regreso a clases podría concretarse para el ciclo escolar 2020-2021, en la escuela de Asiel se estableció un protocolo para solventar la falta de agua y de otros servicios básicos que no había: que cada alumno acudiera con un bote de veinte litros de agua para lavarse las manos y usar el baño; llevara toallitas húmedas para reducir el uso de agua, además de su propio gel antibacterial y cuatro mascarillas para reemplazarse al inicio de cada clase.
“Me fui para atrás”, dice Victoria.
Aunque la falta de agua es una realidad en su colonia, no se esperaba que la escuela tuviera tantas dificultades después de dieciocho meses en el abandono por el confinamiento. Después supo que, encima, había una zanja abierta en el patio porque en los últimos sismos –aquellos del 19 de marzo y del 23 de junio, de 5.9 y 7.5 grados de magnitud respectivamente–, se rompieron las tuberías del colegio.
“La mayoría de los papás rechazamos el regreso a aulas en esas condiciones porque nos dijeron que los niños no podían salir al patio por el daño que dejó el sismo. En mi caso el medicamento que toma mi hijo baja su sistema inmunológico y eso lo convierte en un niño de alto riesgo”, detalla.
Terminó ese ciclo escolar a distancia y, en medio de la tercera ola del covid, el gobierno apostó por, ahora sí, “llueva, truene o relampaguee”, regresar a las clases presenciales. Pero pasó por alto las singularidades de escuelas, sobre todo públicas y comunitarias, como el Jardín de Niños Cuicuicani.
Según las estadísticas más recientes sobre infraestructura escolar –el gobierno no ha censado la realidad de las escuelas en los últimos ocho años–, a nivel nacional, apenas 68.6% de las escuelas públicas de educación básica y comunitarias (pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo) consigue de la red pública el abastecimiento de agua.
El resto la obtienen de pipas, por acarreo, pozos, o bien, no disponen de ninguna fuente, según un análisis de la base de datos abiertos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial (Cemabe, 2013), realizado por Gatopardo.
Además hay estados que no llegan ni a la media nacional.
En Guerrero sólo 46% de las escuelas públicas está conectado a la red y, si nos enfocamos en las escuelas comunitarias, apenas 18% tiene este servicio. Un panorama similar se presenta en otros estados con altos grados de marginación como Chiapas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca.
De hecho, no hay un solo estado que pueda presumir que todas sus escuelas tienen acceso al agua. Incluso en Tlaxcala, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima y Quintana Roo, que tienen la mayor cantidad de escuelas conectadas a la red pública, hay instituciones a las que el líquido no les llega.
DEUDAS HISTÓRICAS
De un portón color gris salen dos hombres que sostienen una bomba de agua. La alcaldía los envió al Jardín de Niños Cuicuicani, a tan sólo cuatro días de la fecha programada para el regreso a clases presenciales, como parte de la orden gubernamental de subsanar las deficiencias históricas de las escuelas públicas del país. Desde ahí, la directora Lilia del Valle dice que la bomba ya no servía y que el edificio de una sola planta se construyó encima de una grieta y, por eso, en cada temblor, las tuberías terminan rotas.
“Enviamos los reportes y se solicitó el apoyo de la alcaldía. Si nos están pidiendo regresar debe haber las condiciones porque aquí son puros niños preescolares y sin agua, es más complicado cuidarlos. Nos atendieron, fuimos de los afortunados”, detalla la educadora. Sólo en medio de una pandemia, y con las clases en puerta, fueron atendidos los viejos problemas que se fueron acumulando en el colegio. Pero como las composturas no resuelven de fondo la falta constante de agua, los padres de los poco más de 180 preescolares inscritos votaron mayoritariamente por no regresar a la escuela.
Apenas el 12 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un decálogo para el regreso a clases y entre esas medidas recalcó que las escuelas impulsarán el lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial. “También estamos conscientes de que hay escuelas que todavía no tienen al 100% el servicio de agua”, confesó, al tiempo que aplaudió el esfuerzo de gobiernos estatales y municipales por trabajar para subsanar esa falta de servicio.
Días más tarde, reconoció que tenían ubicadas diecisiete mil escuelas en todo el país con falta de agua, algunas que nunca habían tenido el servicio y otras debido a daños en sus tuberías, principalmente en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México. Anunció que habría además recursos para trabajar en ello.
La SEP no ahondó, sin embargo, en que el acceso al agua es apenas una de tantas carencias de las instituciones educativas. Otra arista es la falta de drenaje, 54.6% de las escuelas públicas y comunitarias del país no cuentan con este servicio básico. La media nacional tiene sus matices, en estados como Oaxaca ocho de cada diez escuelas están en esta misma situación. La falta de estos servicios coadyuva al incremento de problemas gastrointestinales y respiratorios entre los estudiantes, explica Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas públicas y en gobernanza del agua, saneamiento y política de aguas residuales.
En su llamado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno limpio y con acceso al agua potable, UNICEF afirma que “cuando las escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas, esto provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende, del rendimiento académico”.
Es un problema añejo. Las administraciones priistas –detalla el especialista– tenían una visión infraestructural, se hicieron carreteras y grandes obras, pero esto no permeó en el sector educación. Con el último cambio de gobierno el panorama no mejoró, por el contrario. “La pandemia llegó en el contexto de un país que implementó una política de austeridad aún teniendo una infraestructura debilitada. Si fuéramos un país de infraestructura rica, podríamos permitirnos la austeridad, pero no lo somos”, asegura Pacheco-Vega.
La inversión para subsanar estas insuficiencias no fluye. De hecho ha disminuido en los últimos ocho años. Según analizó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, los recursos asignados para infraestructura educativa este 2021 fueron de 15.4 millones de pesos, un monto menor a lo que se ejerció en 2020. Además, tampoco termina por cubrir estas necesidades el programa La Escuela es Nuestra, que se instauró en 2019 y que cede dinero al Comité Escolar de Administración Participativa (conformado por docentes, tutores y alumnos de cada institución educativa) para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar, aunque recibió más dinero este 2021, respecto al primer año de pandemia.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria encontró que los cambios que hizo esta administración, en las reglas de operación para el destino de los recursos de infraestructura educativa, no permiten dar un seguimiento puntual al gasto, pues son considerados subsidios. Con las nuevas pautas, el gasto en infraestructura educativa representa apenas el 0.03% del gasto en educación este 2021.
SOLUCIONES DE EMERGENCIA
Crecer en Iztapalapa es aprender, de forma natural, a vivir con agua limitada. Santiago Vargas, un joven de 35 años, creó la página de Facebook de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que sirve de contacto a la comunidad y también es una ventana para quejas y denuncias, sobre todo en temas de inseguridad. Cuenta que sus padres, de los primeros que habitaron la colonia, solían acumular agua en tinacos que obtenían de pipas y que, ya en los noventa, se colocaron las primeras tuberías que prometían abastecer a los habitantes. Pero aún con la infraestructura las cosas no cambiaron. Entonces se instauró una política de chiquiteo: tres días con agua y el resto, nada, ni una sola gota. “Es lo normal, nos enseñamos a cuidar el agua entre todos y a buscar soluciones cuando la situación se agrava”, dice vía telefónica.
Al igual que en los hogares, las cisternas en las instituciones educativas son la única posibilidad para tener agua aún en los días de sequía, pero si el depósito se agota, entonces lavarse las manos o bajar la palanca al retrete es imposible. Las pipas de la delegación entran entonces al quite.
Con el covid-19 acechando, escuelas como Cuicuicani tuvieron que buscar alternativas para solventar la carencia. Esto se replica en otras zonas del país y en escuelas de todo grado de estudios. La escuela de Bellas Artes Chimalhuacán 1, en el barrio Fundidores, Estado de México, no está conectada a la red de distribución de agua potable municipal. En Oaxaca, la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública rechazaron el regreso por la falta de agua y por tener los baños en mal estado de cientos de inmuebles. En San Luis Potosí se contabilizaron al menos 126 colegios sin acceso, la mayoría por fallas en la red de distribución y por falta de equipamiento.
Daniela Martínez, madre de Regina y Renata, de cinco y nueve años respectivamente, asegura que la desatención en infraestructura escolar aumenta cuando se trata de poblaciones vulnerables. No lo dice al tanteo. Su hija mayor tiene autismo y es alumna del Centro de Atención Múltiple 87, en la colonia Doctores en la Ciudad de México. “Me avisaron que ya no van a dar clases a distancia porque en la escuela no hay computadoras para que los maestros puedan dar las clases desde ahí, entonces tuvimos que ir a limpiar la escuela para preparar el regreso y al llegar nos encontramos con que ni siquiera había agua”, relata.
El inmueble de paredes blancas y detalles azules recibe a niñas y niños con alguna discapacidad o trastornos graves del desarrollo, sin costo alguno. Aquí, una de las fallas más constantes es la falta de agua. Los directivos suelen pedir ayuda a la SEP, quien promete revisar y atender, pero pasa el tiempo y nada cambia. El agua va y viene. Para cuando Daniela y el resto de los padres llegaron, ni una gota salió de la llave, tuvieron que comprar garrafones para poder limpiar las aulas. “Cuando esto ocurre, nos llaman a los papás y nos piden cooperar para comprar los garrafones y abastecer el edificio y que nuestros niños estén bien. Aquí no hay agua ni inversión, es también un tema de discriminación”, afirma.
“En política pública esto se llama sustitución de responsabilidad. Un gobierno que deja en los ciudadanos responsabilidades que le competen exclusivamente a él. Entonces la ciudadanía termina por encontrar soluciones temporales –que a veces se alargan indefinidamente–, soluciones privadas a problemas públicos que debe resolver el Estado”, explica Pacheco-Vega.
“Somos siempre los papás quienes nos ponemos la camiseta”, dice Daniela sobre la intervención de la sociedad civil que no logra paliar la situación.
Ante el riesgo de contagios, la incertidumbre y el temor, el gobierno trató de curar a contrarreloj las heridas abiertas en la infraestructura educativa. Pero no alcanzó ni el tiempo ni los recursos: miles de colegios siguen a la espera de los servicios más básicos y de la inversión prometida.
El Jardín de Niños Cuicuicani saldrá de la lista de rezago, a medias. Tendrá ya una bomba que permita distribuir el agua, las tuberías ya no están rotas, las paredes agrietadas ya son seguras, ahora sólo falta que el suministro de la red garantice que sus alumnos puedan lavarse las manos todos los días para prevenir el covid.
Y como eso aún no se cumple, Asiel se queda en casa, en este nuevo ciclo escolar tampoco conocerá su escuela//.
¡Gracias!
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Este lunes 25 millones de niños regresan a las aulas. En un colegio de Iztapalapa, se planteó que los niños llevaran veinte litros de agua cada uno, cubrebocas para cada hora de clase y gel antibacterial. Son las propuestas que surgen de la sociedad civil y que intentan solventar las carencias. Porque al gobierno no le alcanzó el tiempo ni los recursos para remediar el abandono histórico de la infraestructura educativa.
Detrás del cubrebocas a Diego no se le ve la sonrisa. Pero su madre, Violeta Rivas, lo nota más alegre que en los últimos dieciocho meses de pandemia. Su hijo tiene cuatro años y es la primera vez que asiste a la escuela. Durante tres horas estuvo en contacto con otros seis niños de su edad, aprendió sobre los colores, brincó y jugó. Llevó su propio sándwich y siguió la indicación de su mamá: no lo compartió con nadie.
En las vísperas del banderazo oficial para el regreso a clases presenciales –que ordenó el gobierno mexicano– la escuela preescolar Carlos Espinoza Romero, en Torreón, Coahuila, recibió a Diego y a sus compañeros el miércoles 25 de agosto para ayudarles a familiarizarse con las nuevas normas escolares: lavado de manos constante, no abrazos, no intercambio de comida y juegos sin contacto. Los papás, en vez de útiles, gastaron en tapetes sanitizantes, gel antibacterial, jabón, alcohol, escobas y trapeadores que la escuela pidió como apoyo. “En julio todavía tenía dudas porque temía que mi hijo se quitara el cubrebocas y tocara a sus compañeros, pero empecé a practicar las nuevas normas en casa y vi que sí era posible su regreso. Optamos por el modelo híbrido”, cuenta Violeta.
A mil kilómetros de distancia, Asiel, también de cuatro, nunca ha pisado su escuela. La primera interacción que tuvo con sus compañeritos y la maestra fue a través de una pantalla de celular. No ha jugado en el patio de cemento del Jardín de Niños Cuicuicani, tampoco en el arenero repleto de pelotas, palitas y cubetas de plástico. Y no lo hará en este nuevo ciclo escolar. Aunque más de 25 millones de estudiantes volverán a las aulas, Asiel vivirá su segundo año de kínder, desde casa.
Su madre, Victoria Acevedo, tomó la decisión porque considera que no hay las condiciones para garantizar la seguridad de su hijo. Principalmente, porque su pequeño es epiléptico y teme que un contagio de covid-19 pueda ser mortal, aunque hasta ahora no hay evidencia científica de que pueda pasar. Segundo, porque la escuela se encuentra en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, una de las zonas de este país donde el acceso al agua más que un derecho, es un lujo.
La red pública de la alcaldía sólo abastece a los hogares, negocios y escuelas durante tres días a la semana. Quien tiene cisterna puede almacenar y racionar el agua para el resto de los días; quien no, debe dar una buena propina a los “piperos” para garantizar el acceso al servicio gratuito, o bien, organizarse con sus vecinos para comprar el agua de una pipa entera entre todos.
La historia se repite en los colegios de la zona. El año pasado, cuando los contagios bajaron a nivel nacional, y el gobierno insinuó que el regreso a clases podría concretarse para el ciclo escolar 2020-2021, en la escuela de Asiel se estableció un protocolo para solventar la falta de agua y de otros servicios básicos que no había: que cada alumno acudiera con un bote de veinte litros de agua para lavarse las manos y usar el baño; llevara toallitas húmedas para reducir el uso de agua, además de su propio gel antibacterial y cuatro mascarillas para reemplazarse al inicio de cada clase.
“Me fui para atrás”, dice Victoria.
Aunque la falta de agua es una realidad en su colonia, no se esperaba que la escuela tuviera tantas dificultades después de dieciocho meses en el abandono por el confinamiento. Después supo que, encima, había una zanja abierta en el patio porque en los últimos sismos –aquellos del 19 de marzo y del 23 de junio, de 5.9 y 7.5 grados de magnitud respectivamente–, se rompieron las tuberías del colegio.
“La mayoría de los papás rechazamos el regreso a aulas en esas condiciones porque nos dijeron que los niños no podían salir al patio por el daño que dejó el sismo. En mi caso el medicamento que toma mi hijo baja su sistema inmunológico y eso lo convierte en un niño de alto riesgo”, detalla.
Terminó ese ciclo escolar a distancia y, en medio de la tercera ola del covid, el gobierno apostó por, ahora sí, “llueva, truene o relampaguee”, regresar a las clases presenciales. Pero pasó por alto las singularidades de escuelas, sobre todo públicas y comunitarias, como el Jardín de Niños Cuicuicani.
Según las estadísticas más recientes sobre infraestructura escolar –el gobierno no ha censado la realidad de las escuelas en los últimos ocho años–, a nivel nacional, apenas 68.6% de las escuelas públicas de educación básica y comunitarias (pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo) consigue de la red pública el abastecimiento de agua.
El resto la obtienen de pipas, por acarreo, pozos, o bien, no disponen de ninguna fuente, según un análisis de la base de datos abiertos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial (Cemabe, 2013), realizado por Gatopardo.
Además hay estados que no llegan ni a la media nacional.
En Guerrero sólo 46% de las escuelas públicas está conectado a la red y, si nos enfocamos en las escuelas comunitarias, apenas 18% tiene este servicio. Un panorama similar se presenta en otros estados con altos grados de marginación como Chiapas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca.
De hecho, no hay un solo estado que pueda presumir que todas sus escuelas tienen acceso al agua. Incluso en Tlaxcala, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima y Quintana Roo, que tienen la mayor cantidad de escuelas conectadas a la red pública, hay instituciones a las que el líquido no les llega.
DEUDAS HISTÓRICAS
De un portón color gris salen dos hombres que sostienen una bomba de agua. La alcaldía los envió al Jardín de Niños Cuicuicani, a tan sólo cuatro días de la fecha programada para el regreso a clases presenciales, como parte de la orden gubernamental de subsanar las deficiencias históricas de las escuelas públicas del país. Desde ahí, la directora Lilia del Valle dice que la bomba ya no servía y que el edificio de una sola planta se construyó encima de una grieta y, por eso, en cada temblor, las tuberías terminan rotas.
“Enviamos los reportes y se solicitó el apoyo de la alcaldía. Si nos están pidiendo regresar debe haber las condiciones porque aquí son puros niños preescolares y sin agua, es más complicado cuidarlos. Nos atendieron, fuimos de los afortunados”, detalla la educadora. Sólo en medio de una pandemia, y con las clases en puerta, fueron atendidos los viejos problemas que se fueron acumulando en el colegio. Pero como las composturas no resuelven de fondo la falta constante de agua, los padres de los poco más de 180 preescolares inscritos votaron mayoritariamente por no regresar a la escuela.
Apenas el 12 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un decálogo para el regreso a clases y entre esas medidas recalcó que las escuelas impulsarán el lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial. “También estamos conscientes de que hay escuelas que todavía no tienen al 100% el servicio de agua”, confesó, al tiempo que aplaudió el esfuerzo de gobiernos estatales y municipales por trabajar para subsanar esa falta de servicio.
Días más tarde, reconoció que tenían ubicadas diecisiete mil escuelas en todo el país con falta de agua, algunas que nunca habían tenido el servicio y otras debido a daños en sus tuberías, principalmente en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México. Anunció que habría además recursos para trabajar en ello.
La SEP no ahondó, sin embargo, en que el acceso al agua es apenas una de tantas carencias de las instituciones educativas. Otra arista es la falta de drenaje, 54.6% de las escuelas públicas y comunitarias del país no cuentan con este servicio básico. La media nacional tiene sus matices, en estados como Oaxaca ocho de cada diez escuelas están en esta misma situación. La falta de estos servicios coadyuva al incremento de problemas gastrointestinales y respiratorios entre los estudiantes, explica Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas públicas y en gobernanza del agua, saneamiento y política de aguas residuales.
En su llamado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno limpio y con acceso al agua potable, UNICEF afirma que “cuando las escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas, esto provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende, del rendimiento académico”.
Es un problema añejo. Las administraciones priistas –detalla el especialista– tenían una visión infraestructural, se hicieron carreteras y grandes obras, pero esto no permeó en el sector educación. Con el último cambio de gobierno el panorama no mejoró, por el contrario. “La pandemia llegó en el contexto de un país que implementó una política de austeridad aún teniendo una infraestructura debilitada. Si fuéramos un país de infraestructura rica, podríamos permitirnos la austeridad, pero no lo somos”, asegura Pacheco-Vega.
La inversión para subsanar estas insuficiencias no fluye. De hecho ha disminuido en los últimos ocho años. Según analizó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, los recursos asignados para infraestructura educativa este 2021 fueron de 15.4 millones de pesos, un monto menor a lo que se ejerció en 2020. Además, tampoco termina por cubrir estas necesidades el programa La Escuela es Nuestra, que se instauró en 2019 y que cede dinero al Comité Escolar de Administración Participativa (conformado por docentes, tutores y alumnos de cada institución educativa) para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar, aunque recibió más dinero este 2021, respecto al primer año de pandemia.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria encontró que los cambios que hizo esta administración, en las reglas de operación para el destino de los recursos de infraestructura educativa, no permiten dar un seguimiento puntual al gasto, pues son considerados subsidios. Con las nuevas pautas, el gasto en infraestructura educativa representa apenas el 0.03% del gasto en educación este 2021.
SOLUCIONES DE EMERGENCIA
Crecer en Iztapalapa es aprender, de forma natural, a vivir con agua limitada. Santiago Vargas, un joven de 35 años, creó la página de Facebook de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que sirve de contacto a la comunidad y también es una ventana para quejas y denuncias, sobre todo en temas de inseguridad. Cuenta que sus padres, de los primeros que habitaron la colonia, solían acumular agua en tinacos que obtenían de pipas y que, ya en los noventa, se colocaron las primeras tuberías que prometían abastecer a los habitantes. Pero aún con la infraestructura las cosas no cambiaron. Entonces se instauró una política de chiquiteo: tres días con agua y el resto, nada, ni una sola gota. “Es lo normal, nos enseñamos a cuidar el agua entre todos y a buscar soluciones cuando la situación se agrava”, dice vía telefónica.
Al igual que en los hogares, las cisternas en las instituciones educativas son la única posibilidad para tener agua aún en los días de sequía, pero si el depósito se agota, entonces lavarse las manos o bajar la palanca al retrete es imposible. Las pipas de la delegación entran entonces al quite.
Con el covid-19 acechando, escuelas como Cuicuicani tuvieron que buscar alternativas para solventar la carencia. Esto se replica en otras zonas del país y en escuelas de todo grado de estudios. La escuela de Bellas Artes Chimalhuacán 1, en el barrio Fundidores, Estado de México, no está conectada a la red de distribución de agua potable municipal. En Oaxaca, la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública rechazaron el regreso por la falta de agua y por tener los baños en mal estado de cientos de inmuebles. En San Luis Potosí se contabilizaron al menos 126 colegios sin acceso, la mayoría por fallas en la red de distribución y por falta de equipamiento.
Daniela Martínez, madre de Regina y Renata, de cinco y nueve años respectivamente, asegura que la desatención en infraestructura escolar aumenta cuando se trata de poblaciones vulnerables. No lo dice al tanteo. Su hija mayor tiene autismo y es alumna del Centro de Atención Múltiple 87, en la colonia Doctores en la Ciudad de México. “Me avisaron que ya no van a dar clases a distancia porque en la escuela no hay computadoras para que los maestros puedan dar las clases desde ahí, entonces tuvimos que ir a limpiar la escuela para preparar el regreso y al llegar nos encontramos con que ni siquiera había agua”, relata.
El inmueble de paredes blancas y detalles azules recibe a niñas y niños con alguna discapacidad o trastornos graves del desarrollo, sin costo alguno. Aquí, una de las fallas más constantes es la falta de agua. Los directivos suelen pedir ayuda a la SEP, quien promete revisar y atender, pero pasa el tiempo y nada cambia. El agua va y viene. Para cuando Daniela y el resto de los padres llegaron, ni una gota salió de la llave, tuvieron que comprar garrafones para poder limpiar las aulas. “Cuando esto ocurre, nos llaman a los papás y nos piden cooperar para comprar los garrafones y abastecer el edificio y que nuestros niños estén bien. Aquí no hay agua ni inversión, es también un tema de discriminación”, afirma.
“En política pública esto se llama sustitución de responsabilidad. Un gobierno que deja en los ciudadanos responsabilidades que le competen exclusivamente a él. Entonces la ciudadanía termina por encontrar soluciones temporales –que a veces se alargan indefinidamente–, soluciones privadas a problemas públicos que debe resolver el Estado”, explica Pacheco-Vega.
“Somos siempre los papás quienes nos ponemos la camiseta”, dice Daniela sobre la intervención de la sociedad civil que no logra paliar la situación.
Ante el riesgo de contagios, la incertidumbre y el temor, el gobierno trató de curar a contrarreloj las heridas abiertas en la infraestructura educativa. Pero no alcanzó ni el tiempo ni los recursos: miles de colegios siguen a la espera de los servicios más básicos y de la inversión prometida.
El Jardín de Niños Cuicuicani saldrá de la lista de rezago, a medias. Tendrá ya una bomba que permita distribuir el agua, las tuberías ya no están rotas, las paredes agrietadas ya son seguras, ahora sólo falta que el suministro de la red garantice que sus alumnos puedan lavarse las manos todos los días para prevenir el covid.
Y como eso aún no se cumple, Asiel se queda en casa, en este nuevo ciclo escolar tampoco conocerá su escuela//.
¡Gracias!
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Este lunes 25 millones de niños regresan a las aulas. En un colegio de Iztapalapa, se planteó que los niños llevaran veinte litros de agua cada uno, cubrebocas para cada hora de clase y gel antibacterial. Son las propuestas que surgen de la sociedad civil y que intentan solventar las carencias. Porque al gobierno no le alcanzó el tiempo ni los recursos para remediar el abandono histórico de la infraestructura educativa.
Detrás del cubrebocas a Diego no se le ve la sonrisa. Pero su madre, Violeta Rivas, lo nota más alegre que en los últimos dieciocho meses de pandemia. Su hijo tiene cuatro años y es la primera vez que asiste a la escuela. Durante tres horas estuvo en contacto con otros seis niños de su edad, aprendió sobre los colores, brincó y jugó. Llevó su propio sándwich y siguió la indicación de su mamá: no lo compartió con nadie.
En las vísperas del banderazo oficial para el regreso a clases presenciales –que ordenó el gobierno mexicano– la escuela preescolar Carlos Espinoza Romero, en Torreón, Coahuila, recibió a Diego y a sus compañeros el miércoles 25 de agosto para ayudarles a familiarizarse con las nuevas normas escolares: lavado de manos constante, no abrazos, no intercambio de comida y juegos sin contacto. Los papás, en vez de útiles, gastaron en tapetes sanitizantes, gel antibacterial, jabón, alcohol, escobas y trapeadores que la escuela pidió como apoyo. “En julio todavía tenía dudas porque temía que mi hijo se quitara el cubrebocas y tocara a sus compañeros, pero empecé a practicar las nuevas normas en casa y vi que sí era posible su regreso. Optamos por el modelo híbrido”, cuenta Violeta.
A mil kilómetros de distancia, Asiel, también de cuatro, nunca ha pisado su escuela. La primera interacción que tuvo con sus compañeritos y la maestra fue a través de una pantalla de celular. No ha jugado en el patio de cemento del Jardín de Niños Cuicuicani, tampoco en el arenero repleto de pelotas, palitas y cubetas de plástico. Y no lo hará en este nuevo ciclo escolar. Aunque más de 25 millones de estudiantes volverán a las aulas, Asiel vivirá su segundo año de kínder, desde casa.
Su madre, Victoria Acevedo, tomó la decisión porque considera que no hay las condiciones para garantizar la seguridad de su hijo. Principalmente, porque su pequeño es epiléptico y teme que un contagio de covid-19 pueda ser mortal, aunque hasta ahora no hay evidencia científica de que pueda pasar. Segundo, porque la escuela se encuentra en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, una de las zonas de este país donde el acceso al agua más que un derecho, es un lujo.
La red pública de la alcaldía sólo abastece a los hogares, negocios y escuelas durante tres días a la semana. Quien tiene cisterna puede almacenar y racionar el agua para el resto de los días; quien no, debe dar una buena propina a los “piperos” para garantizar el acceso al servicio gratuito, o bien, organizarse con sus vecinos para comprar el agua de una pipa entera entre todos.
La historia se repite en los colegios de la zona. El año pasado, cuando los contagios bajaron a nivel nacional, y el gobierno insinuó que el regreso a clases podría concretarse para el ciclo escolar 2020-2021, en la escuela de Asiel se estableció un protocolo para solventar la falta de agua y de otros servicios básicos que no había: que cada alumno acudiera con un bote de veinte litros de agua para lavarse las manos y usar el baño; llevara toallitas húmedas para reducir el uso de agua, además de su propio gel antibacterial y cuatro mascarillas para reemplazarse al inicio de cada clase.
“Me fui para atrás”, dice Victoria.
Aunque la falta de agua es una realidad en su colonia, no se esperaba que la escuela tuviera tantas dificultades después de dieciocho meses en el abandono por el confinamiento. Después supo que, encima, había una zanja abierta en el patio porque en los últimos sismos –aquellos del 19 de marzo y del 23 de junio, de 5.9 y 7.5 grados de magnitud respectivamente–, se rompieron las tuberías del colegio.
“La mayoría de los papás rechazamos el regreso a aulas en esas condiciones porque nos dijeron que los niños no podían salir al patio por el daño que dejó el sismo. En mi caso el medicamento que toma mi hijo baja su sistema inmunológico y eso lo convierte en un niño de alto riesgo”, detalla.
Terminó ese ciclo escolar a distancia y, en medio de la tercera ola del covid, el gobierno apostó por, ahora sí, “llueva, truene o relampaguee”, regresar a las clases presenciales. Pero pasó por alto las singularidades de escuelas, sobre todo públicas y comunitarias, como el Jardín de Niños Cuicuicani.
Según las estadísticas más recientes sobre infraestructura escolar –el gobierno no ha censado la realidad de las escuelas en los últimos ocho años–, a nivel nacional, apenas 68.6% de las escuelas públicas de educación básica y comunitarias (pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo) consigue de la red pública el abastecimiento de agua.
El resto la obtienen de pipas, por acarreo, pozos, o bien, no disponen de ninguna fuente, según un análisis de la base de datos abiertos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial (Cemabe, 2013), realizado por Gatopardo.
Además hay estados que no llegan ni a la media nacional.
En Guerrero sólo 46% de las escuelas públicas está conectado a la red y, si nos enfocamos en las escuelas comunitarias, apenas 18% tiene este servicio. Un panorama similar se presenta en otros estados con altos grados de marginación como Chiapas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca.
De hecho, no hay un solo estado que pueda presumir que todas sus escuelas tienen acceso al agua. Incluso en Tlaxcala, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima y Quintana Roo, que tienen la mayor cantidad de escuelas conectadas a la red pública, hay instituciones a las que el líquido no les llega.
DEUDAS HISTÓRICAS
De un portón color gris salen dos hombres que sostienen una bomba de agua. La alcaldía los envió al Jardín de Niños Cuicuicani, a tan sólo cuatro días de la fecha programada para el regreso a clases presenciales, como parte de la orden gubernamental de subsanar las deficiencias históricas de las escuelas públicas del país. Desde ahí, la directora Lilia del Valle dice que la bomba ya no servía y que el edificio de una sola planta se construyó encima de una grieta y, por eso, en cada temblor, las tuberías terminan rotas.
“Enviamos los reportes y se solicitó el apoyo de la alcaldía. Si nos están pidiendo regresar debe haber las condiciones porque aquí son puros niños preescolares y sin agua, es más complicado cuidarlos. Nos atendieron, fuimos de los afortunados”, detalla la educadora. Sólo en medio de una pandemia, y con las clases en puerta, fueron atendidos los viejos problemas que se fueron acumulando en el colegio. Pero como las composturas no resuelven de fondo la falta constante de agua, los padres de los poco más de 180 preescolares inscritos votaron mayoritariamente por no regresar a la escuela.
Apenas el 12 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un decálogo para el regreso a clases y entre esas medidas recalcó que las escuelas impulsarán el lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial. “También estamos conscientes de que hay escuelas que todavía no tienen al 100% el servicio de agua”, confesó, al tiempo que aplaudió el esfuerzo de gobiernos estatales y municipales por trabajar para subsanar esa falta de servicio.
Días más tarde, reconoció que tenían ubicadas diecisiete mil escuelas en todo el país con falta de agua, algunas que nunca habían tenido el servicio y otras debido a daños en sus tuberías, principalmente en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México. Anunció que habría además recursos para trabajar en ello.
La SEP no ahondó, sin embargo, en que el acceso al agua es apenas una de tantas carencias de las instituciones educativas. Otra arista es la falta de drenaje, 54.6% de las escuelas públicas y comunitarias del país no cuentan con este servicio básico. La media nacional tiene sus matices, en estados como Oaxaca ocho de cada diez escuelas están en esta misma situación. La falta de estos servicios coadyuva al incremento de problemas gastrointestinales y respiratorios entre los estudiantes, explica Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas públicas y en gobernanza del agua, saneamiento y política de aguas residuales.
En su llamado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno limpio y con acceso al agua potable, UNICEF afirma que “cuando las escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas, esto provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende, del rendimiento académico”.
Es un problema añejo. Las administraciones priistas –detalla el especialista– tenían una visión infraestructural, se hicieron carreteras y grandes obras, pero esto no permeó en el sector educación. Con el último cambio de gobierno el panorama no mejoró, por el contrario. “La pandemia llegó en el contexto de un país que implementó una política de austeridad aún teniendo una infraestructura debilitada. Si fuéramos un país de infraestructura rica, podríamos permitirnos la austeridad, pero no lo somos”, asegura Pacheco-Vega.
La inversión para subsanar estas insuficiencias no fluye. De hecho ha disminuido en los últimos ocho años. Según analizó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, los recursos asignados para infraestructura educativa este 2021 fueron de 15.4 millones de pesos, un monto menor a lo que se ejerció en 2020. Además, tampoco termina por cubrir estas necesidades el programa La Escuela es Nuestra, que se instauró en 2019 y que cede dinero al Comité Escolar de Administración Participativa (conformado por docentes, tutores y alumnos de cada institución educativa) para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar, aunque recibió más dinero este 2021, respecto al primer año de pandemia.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria encontró que los cambios que hizo esta administración, en las reglas de operación para el destino de los recursos de infraestructura educativa, no permiten dar un seguimiento puntual al gasto, pues son considerados subsidios. Con las nuevas pautas, el gasto en infraestructura educativa representa apenas el 0.03% del gasto en educación este 2021.
SOLUCIONES DE EMERGENCIA
Crecer en Iztapalapa es aprender, de forma natural, a vivir con agua limitada. Santiago Vargas, un joven de 35 años, creó la página de Facebook de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que sirve de contacto a la comunidad y también es una ventana para quejas y denuncias, sobre todo en temas de inseguridad. Cuenta que sus padres, de los primeros que habitaron la colonia, solían acumular agua en tinacos que obtenían de pipas y que, ya en los noventa, se colocaron las primeras tuberías que prometían abastecer a los habitantes. Pero aún con la infraestructura las cosas no cambiaron. Entonces se instauró una política de chiquiteo: tres días con agua y el resto, nada, ni una sola gota. “Es lo normal, nos enseñamos a cuidar el agua entre todos y a buscar soluciones cuando la situación se agrava”, dice vía telefónica.
Al igual que en los hogares, las cisternas en las instituciones educativas son la única posibilidad para tener agua aún en los días de sequía, pero si el depósito se agota, entonces lavarse las manos o bajar la palanca al retrete es imposible. Las pipas de la delegación entran entonces al quite.
Con el covid-19 acechando, escuelas como Cuicuicani tuvieron que buscar alternativas para solventar la carencia. Esto se replica en otras zonas del país y en escuelas de todo grado de estudios. La escuela de Bellas Artes Chimalhuacán 1, en el barrio Fundidores, Estado de México, no está conectada a la red de distribución de agua potable municipal. En Oaxaca, la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública rechazaron el regreso por la falta de agua y por tener los baños en mal estado de cientos de inmuebles. En San Luis Potosí se contabilizaron al menos 126 colegios sin acceso, la mayoría por fallas en la red de distribución y por falta de equipamiento.
Daniela Martínez, madre de Regina y Renata, de cinco y nueve años respectivamente, asegura que la desatención en infraestructura escolar aumenta cuando se trata de poblaciones vulnerables. No lo dice al tanteo. Su hija mayor tiene autismo y es alumna del Centro de Atención Múltiple 87, en la colonia Doctores en la Ciudad de México. “Me avisaron que ya no van a dar clases a distancia porque en la escuela no hay computadoras para que los maestros puedan dar las clases desde ahí, entonces tuvimos que ir a limpiar la escuela para preparar el regreso y al llegar nos encontramos con que ni siquiera había agua”, relata.
El inmueble de paredes blancas y detalles azules recibe a niñas y niños con alguna discapacidad o trastornos graves del desarrollo, sin costo alguno. Aquí, una de las fallas más constantes es la falta de agua. Los directivos suelen pedir ayuda a la SEP, quien promete revisar y atender, pero pasa el tiempo y nada cambia. El agua va y viene. Para cuando Daniela y el resto de los padres llegaron, ni una gota salió de la llave, tuvieron que comprar garrafones para poder limpiar las aulas. “Cuando esto ocurre, nos llaman a los papás y nos piden cooperar para comprar los garrafones y abastecer el edificio y que nuestros niños estén bien. Aquí no hay agua ni inversión, es también un tema de discriminación”, afirma.
“En política pública esto se llama sustitución de responsabilidad. Un gobierno que deja en los ciudadanos responsabilidades que le competen exclusivamente a él. Entonces la ciudadanía termina por encontrar soluciones temporales –que a veces se alargan indefinidamente–, soluciones privadas a problemas públicos que debe resolver el Estado”, explica Pacheco-Vega.
“Somos siempre los papás quienes nos ponemos la camiseta”, dice Daniela sobre la intervención de la sociedad civil que no logra paliar la situación.
Ante el riesgo de contagios, la incertidumbre y el temor, el gobierno trató de curar a contrarreloj las heridas abiertas en la infraestructura educativa. Pero no alcanzó ni el tiempo ni los recursos: miles de colegios siguen a la espera de los servicios más básicos y de la inversión prometida.
El Jardín de Niños Cuicuicani saldrá de la lista de rezago, a medias. Tendrá ya una bomba que permita distribuir el agua, las tuberías ya no están rotas, las paredes agrietadas ya son seguras, ahora sólo falta que el suministro de la red garantice que sus alumnos puedan lavarse las manos todos los días para prevenir el covid.
Y como eso aún no se cumple, Asiel se queda en casa, en este nuevo ciclo escolar tampoco conocerá su escuela//.
¡Gracias!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Este lunes 25 millones de niños regresan a las aulas. En un colegio de Iztapalapa, se planteó que los niños llevaran veinte litros de agua cada uno, cubrebocas para cada hora de clase y gel antibacterial. Son las propuestas que surgen de la sociedad civil y que intentan solventar las carencias. Porque al gobierno no le alcanzó el tiempo ni los recursos para remediar el abandono histórico de la infraestructura educativa.
Detrás del cubrebocas a Diego no se le ve la sonrisa. Pero su madre, Violeta Rivas, lo nota más alegre que en los últimos dieciocho meses de pandemia. Su hijo tiene cuatro años y es la primera vez que asiste a la escuela. Durante tres horas estuvo en contacto con otros seis niños de su edad, aprendió sobre los colores, brincó y jugó. Llevó su propio sándwich y siguió la indicación de su mamá: no lo compartió con nadie.
En las vísperas del banderazo oficial para el regreso a clases presenciales –que ordenó el gobierno mexicano– la escuela preescolar Carlos Espinoza Romero, en Torreón, Coahuila, recibió a Diego y a sus compañeros el miércoles 25 de agosto para ayudarles a familiarizarse con las nuevas normas escolares: lavado de manos constante, no abrazos, no intercambio de comida y juegos sin contacto. Los papás, en vez de útiles, gastaron en tapetes sanitizantes, gel antibacterial, jabón, alcohol, escobas y trapeadores que la escuela pidió como apoyo. “En julio todavía tenía dudas porque temía que mi hijo se quitara el cubrebocas y tocara a sus compañeros, pero empecé a practicar las nuevas normas en casa y vi que sí era posible su regreso. Optamos por el modelo híbrido”, cuenta Violeta.
A mil kilómetros de distancia, Asiel, también de cuatro, nunca ha pisado su escuela. La primera interacción que tuvo con sus compañeritos y la maestra fue a través de una pantalla de celular. No ha jugado en el patio de cemento del Jardín de Niños Cuicuicani, tampoco en el arenero repleto de pelotas, palitas y cubetas de plástico. Y no lo hará en este nuevo ciclo escolar. Aunque más de 25 millones de estudiantes volverán a las aulas, Asiel vivirá su segundo año de kínder, desde casa.
Su madre, Victoria Acevedo, tomó la decisión porque considera que no hay las condiciones para garantizar la seguridad de su hijo. Principalmente, porque su pequeño es epiléptico y teme que un contagio de covid-19 pueda ser mortal, aunque hasta ahora no hay evidencia científica de que pueda pasar. Segundo, porque la escuela se encuentra en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, una de las zonas de este país donde el acceso al agua más que un derecho, es un lujo.
La red pública de la alcaldía sólo abastece a los hogares, negocios y escuelas durante tres días a la semana. Quien tiene cisterna puede almacenar y racionar el agua para el resto de los días; quien no, debe dar una buena propina a los “piperos” para garantizar el acceso al servicio gratuito, o bien, organizarse con sus vecinos para comprar el agua de una pipa entera entre todos.
La historia se repite en los colegios de la zona. El año pasado, cuando los contagios bajaron a nivel nacional, y el gobierno insinuó que el regreso a clases podría concretarse para el ciclo escolar 2020-2021, en la escuela de Asiel se estableció un protocolo para solventar la falta de agua y de otros servicios básicos que no había: que cada alumno acudiera con un bote de veinte litros de agua para lavarse las manos y usar el baño; llevara toallitas húmedas para reducir el uso de agua, además de su propio gel antibacterial y cuatro mascarillas para reemplazarse al inicio de cada clase.
“Me fui para atrás”, dice Victoria.
Aunque la falta de agua es una realidad en su colonia, no se esperaba que la escuela tuviera tantas dificultades después de dieciocho meses en el abandono por el confinamiento. Después supo que, encima, había una zanja abierta en el patio porque en los últimos sismos –aquellos del 19 de marzo y del 23 de junio, de 5.9 y 7.5 grados de magnitud respectivamente–, se rompieron las tuberías del colegio.
“La mayoría de los papás rechazamos el regreso a aulas en esas condiciones porque nos dijeron que los niños no podían salir al patio por el daño que dejó el sismo. En mi caso el medicamento que toma mi hijo baja su sistema inmunológico y eso lo convierte en un niño de alto riesgo”, detalla.
Terminó ese ciclo escolar a distancia y, en medio de la tercera ola del covid, el gobierno apostó por, ahora sí, “llueva, truene o relampaguee”, regresar a las clases presenciales. Pero pasó por alto las singularidades de escuelas, sobre todo públicas y comunitarias, como el Jardín de Niños Cuicuicani.
Según las estadísticas más recientes sobre infraestructura escolar –el gobierno no ha censado la realidad de las escuelas en los últimos ocho años–, a nivel nacional, apenas 68.6% de las escuelas públicas de educación básica y comunitarias (pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo) consigue de la red pública el abastecimiento de agua.
El resto la obtienen de pipas, por acarreo, pozos, o bien, no disponen de ninguna fuente, según un análisis de la base de datos abiertos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de educación básica y especial (Cemabe, 2013), realizado por Gatopardo.
Además hay estados que no llegan ni a la media nacional.
En Guerrero sólo 46% de las escuelas públicas está conectado a la red y, si nos enfocamos en las escuelas comunitarias, apenas 18% tiene este servicio. Un panorama similar se presenta en otros estados con altos grados de marginación como Chiapas, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca.
De hecho, no hay un solo estado que pueda presumir que todas sus escuelas tienen acceso al agua. Incluso en Tlaxcala, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima y Quintana Roo, que tienen la mayor cantidad de escuelas conectadas a la red pública, hay instituciones a las que el líquido no les llega.
DEUDAS HISTÓRICAS
De un portón color gris salen dos hombres que sostienen una bomba de agua. La alcaldía los envió al Jardín de Niños Cuicuicani, a tan sólo cuatro días de la fecha programada para el regreso a clases presenciales, como parte de la orden gubernamental de subsanar las deficiencias históricas de las escuelas públicas del país. Desde ahí, la directora Lilia del Valle dice que la bomba ya no servía y que el edificio de una sola planta se construyó encima de una grieta y, por eso, en cada temblor, las tuberías terminan rotas.
“Enviamos los reportes y se solicitó el apoyo de la alcaldía. Si nos están pidiendo regresar debe haber las condiciones porque aquí son puros niños preescolares y sin agua, es más complicado cuidarlos. Nos atendieron, fuimos de los afortunados”, detalla la educadora. Sólo en medio de una pandemia, y con las clases en puerta, fueron atendidos los viejos problemas que se fueron acumulando en el colegio. Pero como las composturas no resuelven de fondo la falta constante de agua, los padres de los poco más de 180 preescolares inscritos votaron mayoritariamente por no regresar a la escuela.
Apenas el 12 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un decálogo para el regreso a clases y entre esas medidas recalcó que las escuelas impulsarán el lavado de manos con agua y jabón, así como el uso de gel antibacterial. “También estamos conscientes de que hay escuelas que todavía no tienen al 100% el servicio de agua”, confesó, al tiempo que aplaudió el esfuerzo de gobiernos estatales y municipales por trabajar para subsanar esa falta de servicio.
Días más tarde, reconoció que tenían ubicadas diecisiete mil escuelas en todo el país con falta de agua, algunas que nunca habían tenido el servicio y otras debido a daños en sus tuberías, principalmente en Veracruz, Guerrero, Chiapas y Estado de México. Anunció que habría además recursos para trabajar en ello.
La SEP no ahondó, sin embargo, en que el acceso al agua es apenas una de tantas carencias de las instituciones educativas. Otra arista es la falta de drenaje, 54.6% de las escuelas públicas y comunitarias del país no cuentan con este servicio básico. La media nacional tiene sus matices, en estados como Oaxaca ocho de cada diez escuelas están en esta misma situación. La falta de estos servicios coadyuva al incremento de problemas gastrointestinales y respiratorios entre los estudiantes, explica Raúl Pacheco-Vega, especialista en políticas públicas y en gobernanza del agua, saneamiento y política de aguas residuales.
En su llamado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en un entorno limpio y con acceso al agua potable, UNICEF afirma que “cuando las escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas, esto provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende, del rendimiento académico”.
Es un problema añejo. Las administraciones priistas –detalla el especialista– tenían una visión infraestructural, se hicieron carreteras y grandes obras, pero esto no permeó en el sector educación. Con el último cambio de gobierno el panorama no mejoró, por el contrario. “La pandemia llegó en el contexto de un país que implementó una política de austeridad aún teniendo una infraestructura debilitada. Si fuéramos un país de infraestructura rica, podríamos permitirnos la austeridad, pero no lo somos”, asegura Pacheco-Vega.
La inversión para subsanar estas insuficiencias no fluye. De hecho ha disminuido en los últimos ocho años. Según analizó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de México Evalúa, los recursos asignados para infraestructura educativa este 2021 fueron de 15.4 millones de pesos, un monto menor a lo que se ejerció en 2020. Además, tampoco termina por cubrir estas necesidades el programa La Escuela es Nuestra, que se instauró en 2019 y que cede dinero al Comité Escolar de Administración Participativa (conformado por docentes, tutores y alumnos de cada institución educativa) para mejorar la infraestructura y equipamiento escolar, aunque recibió más dinero este 2021, respecto al primer año de pandemia.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria encontró que los cambios que hizo esta administración, en las reglas de operación para el destino de los recursos de infraestructura educativa, no permiten dar un seguimiento puntual al gasto, pues son considerados subsidios. Con las nuevas pautas, el gasto en infraestructura educativa representa apenas el 0.03% del gasto en educación este 2021.
SOLUCIONES DE EMERGENCIA
Crecer en Iztapalapa es aprender, de forma natural, a vivir con agua limitada. Santiago Vargas, un joven de 35 años, creó la página de Facebook de la Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, que sirve de contacto a la comunidad y también es una ventana para quejas y denuncias, sobre todo en temas de inseguridad. Cuenta que sus padres, de los primeros que habitaron la colonia, solían acumular agua en tinacos que obtenían de pipas y que, ya en los noventa, se colocaron las primeras tuberías que prometían abastecer a los habitantes. Pero aún con la infraestructura las cosas no cambiaron. Entonces se instauró una política de chiquiteo: tres días con agua y el resto, nada, ni una sola gota. “Es lo normal, nos enseñamos a cuidar el agua entre todos y a buscar soluciones cuando la situación se agrava”, dice vía telefónica.
Al igual que en los hogares, las cisternas en las instituciones educativas son la única posibilidad para tener agua aún en los días de sequía, pero si el depósito se agota, entonces lavarse las manos o bajar la palanca al retrete es imposible. Las pipas de la delegación entran entonces al quite.
Con el covid-19 acechando, escuelas como Cuicuicani tuvieron que buscar alternativas para solventar la carencia. Esto se replica en otras zonas del país y en escuelas de todo grado de estudios. La escuela de Bellas Artes Chimalhuacán 1, en el barrio Fundidores, Estado de México, no está conectada a la red de distribución de agua potable municipal. En Oaxaca, la Coordinadora de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Educación Pública rechazaron el regreso por la falta de agua y por tener los baños en mal estado de cientos de inmuebles. En San Luis Potosí se contabilizaron al menos 126 colegios sin acceso, la mayoría por fallas en la red de distribución y por falta de equipamiento.
Daniela Martínez, madre de Regina y Renata, de cinco y nueve años respectivamente, asegura que la desatención en infraestructura escolar aumenta cuando se trata de poblaciones vulnerables. No lo dice al tanteo. Su hija mayor tiene autismo y es alumna del Centro de Atención Múltiple 87, en la colonia Doctores en la Ciudad de México. “Me avisaron que ya no van a dar clases a distancia porque en la escuela no hay computadoras para que los maestros puedan dar las clases desde ahí, entonces tuvimos que ir a limpiar la escuela para preparar el regreso y al llegar nos encontramos con que ni siquiera había agua”, relata.
El inmueble de paredes blancas y detalles azules recibe a niñas y niños con alguna discapacidad o trastornos graves del desarrollo, sin costo alguno. Aquí, una de las fallas más constantes es la falta de agua. Los directivos suelen pedir ayuda a la SEP, quien promete revisar y atender, pero pasa el tiempo y nada cambia. El agua va y viene. Para cuando Daniela y el resto de los padres llegaron, ni una gota salió de la llave, tuvieron que comprar garrafones para poder limpiar las aulas. “Cuando esto ocurre, nos llaman a los papás y nos piden cooperar para comprar los garrafones y abastecer el edificio y que nuestros niños estén bien. Aquí no hay agua ni inversión, es también un tema de discriminación”, afirma.
“En política pública esto se llama sustitución de responsabilidad. Un gobierno que deja en los ciudadanos responsabilidades que le competen exclusivamente a él. Entonces la ciudadanía termina por encontrar soluciones temporales –que a veces se alargan indefinidamente–, soluciones privadas a problemas públicos que debe resolver el Estado”, explica Pacheco-Vega.
“Somos siempre los papás quienes nos ponemos la camiseta”, dice Daniela sobre la intervención de la sociedad civil que no logra paliar la situación.
Ante el riesgo de contagios, la incertidumbre y el temor, el gobierno trató de curar a contrarreloj las heridas abiertas en la infraestructura educativa. Pero no alcanzó ni el tiempo ni los recursos: miles de colegios siguen a la espera de los servicios más básicos y de la inversión prometida.
El Jardín de Niños Cuicuicani saldrá de la lista de rezago, a medias. Tendrá ya una bomba que permita distribuir el agua, las tuberías ya no están rotas, las paredes agrietadas ya son seguras, ahora sólo falta que el suministro de la red garantice que sus alumnos puedan lavarse las manos todos los días para prevenir el covid.
Y como eso aún no se cumple, Asiel se queda en casa, en este nuevo ciclo escolar tampoco conocerá su escuela//.
¡Gracias!
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