La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos vuelve a dar un golpe duro contra la humanidad después del caso Roe vs. Wade, pero ahora relacionado con el cambio climático. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) se verá fuertemente limitada en su capacidad de obligar a las centrales eléctricas a reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases que contribuyen al cambio climático. En pocas palabras, se destruye el poder federal de luchar.

El jueves 30 de junio recibimos la noticia decepcionante, más no sorprendente, de que la Suprema Corte restringió la autoridad de la EPA tras una demanda interpuesta por ciertos estados productores de combustibles fósiles. Como resultado, la EPA ya no puede dictar reglas generales para obligar a las centrales de carbono de todo el país a reducir sus emisiones, aunque estas producen el 20% de la electricidad de Estados Unidos, con efectos devastadores tanto en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como en la salud de las personas. La decisión es preocupante pues debilita el poder de una agencia clave como la EPA en su tarea titánica de luchar contra el cambio climático y en favor de la calidad del aire que respiramos: de ahora en adelante, cada regulación que emita dicha agencia se presume inválida a menos de que el Congreso la autorice y hay mucha probabilidad de que, al final, el Legislativo no las apruebe.

Para entender por qué llegamos a este punto, debemos retroceder medio siglo, cuando la EPA interpretó la Ley de Aire Limpio de 1970. En ese momento, el cambio climático y la calidad del aire apenas ocupaban un lugar en la agenda pública por lo que, durante más de cincuenta años, la EPA se limitó a supervisar que las centrales no pusieran en riesgo la salud de las poblaciones. En 2015, con el Plan de Energía Limpia, Barack Obama trató de extender ese mecanismo. Fue su esfuerzo más ambicioso: que los estados dependieran cada vez menos del carbón y más de energías alternativas. Aquel plan establecía que para 2030 las centrales eléctricas redujeran en un tercio sus emisiones de GEI, en comparación con sus emisiones de 2005. Como era de esperarse, hubo mucha resistencia, principalmente de parte de la industria del carbón.

Como resultado, el plan nunca entró en vigor y, un año después, fue anulado por la Suprema Corte, poniendo fin a estos objetivos de descarbonización. Sin embargo, en 2019 el sector energético de Estados Unidos alcanzó los mismos objetivos de reducción de emisiones a los que apuntaba aquel plan para el año 2030. Eso evidenció lo poco ambicioso que era y mostró que, al menos en ese país, las mayores reducciones de GEI son producto del mercado más que de la regulación. El carbón simplemente no es competitivo frente a las energías renovables y se está volviendo cada vez más caro.

La historia podría haber quedado ahí. Sin embargo, un pequeño grupo de litigantes se agarró de ese poco ambicioso Plan de Energía Limpia de Obama para pedir que se echara abajo, el cual –repito– no solo no está vigente en la actualidad, sino que nunca lo estuvo y la presidencia de Joe Biden no planeaba reinstalarlo. Sin embargo, su esencia era que la EPA podía emitir regulaciones para toda una industria de los Estados Unidos y lograr así transformaciones sistémicas en ella. Hoy en día, con el anuncio de la Suprema Corte, ese tipo de decisiones tendrá que pasar por el Congreso.

Hacia adelante hay un futuro que se antoja desesperanzador para un gobierno como el de Biden, que había vuelto a meter a Estados Unidos a las negociaciones internacionales climáticas de la COP, que se había comprometido a utilizar toda la maquinaria para luchar contra el cambio climático. La realidad es que el objetivo que había planteado Biden de alcanzar una electricidad neutra en carbono de aquí a 2035 se ve cada vez más improbable. No es exagerado temer ante la posibilidad de que se multipliquen los fracasos climáticos, como la llegada de Estados Unidos a la COP de Glasgow en 2021 con las manos vacías o la inmovilidad de su plan social y ambiental Build Back Better, que no se ha podido aprobar.

En un momento en el que urgen medidas ambiciosas para reducir a la mitad las emisiones de CO2 para 2030, alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y limitar el calentamiento global a 1.5 ºC para el final de este siglo, esta decisión es preocupante por donde la veamos. Es preocupante porque Estados Unidos es el segundo país que más GEI emite. Es preocupante desde el punto de vista político, con un Congreso paralizado por divisiones internas y una Suprema Corte que decide en contra de derechos y metas que ya se habían conseguido. Es preocupante pues deja ver un problema socioeconómico importante ante la incapacidad cada vez mayor del Estado de regular la economía y la sociedad por medio de agencias como la EPA. Finalmente, es preocupante que la última palabra sobre decisiones tan técnicas, como aquellas en materia climática, se queden en el Congreso y no en una agencia regulatoria que cuenta con todo el expertise necesario para decidir y regular.