Tiempo de lectura: 4 minutosMéxico es un país de paraísos naturales. Desgraciadamente, en los últimos años, su explotación ha incrementado poniendo en riesgo no solo al ecosistema sino también a aquellas personas que intentan protegerlo. Tan solo en 2018, 21 personas fueron asesinadas por su labor de defensa del medio ambiente, dato que sitúa a México en el cuarto lugar de los países con más asesinatos de este tipo. Ahora, un nuevo gobierno llegó al país y con éste una serie de megaproyectos que podrían poner en riesgo grandes espacios, dañando por completo los ecosistemas que ahí sobreviven. Estamos en un país, en donde cada vez es más común que se autoricen proyecto inmobiliarios y comerciales a costa del deterioro ambiental.
¿Qué relevancia mundial —así como validaciones internacionales— tiene la biodiversidad mexicana y por qué es relevante su protección?
México es uno de los 17 países megadiversos a nivel mundial, con un alto grado de áreas geográficas con especies únicas a nivel mundial, como la vaquita marina en el Alto Golfo de California, el lobo mexicano al norte del país, o el ajolote de Xochimilco. Y no dejemos fuera a otras especies de distribución internacional, pero en peligro de extinción, como el jaguar, el manatí o la tortuga caguama.
La relevancia de la biodiversidad no solo radica en su riqueza endémica y belleza sin igual, sino también en los servicios ecosistémicos que brindan estas especies y que contribuyen a un ambiente en equilibrio. Por ejemplo, existen especies de peces herbívoros, como los peces loro y cirujanos, que favorecen la salud de los arrecifes en los trópicos frente a los impactos actuales de la crisis climática. O bien especies que cumplen con la función de polinizar, como abejas, aves y murciélagos. Esa función es vital para la producción de nuestros alimentos.
De frente a un gobierno en donde los megaproyectos son una de las principales promesas, ¿qué alcance tiene la legislación mexicana para proteger el medio ambiente?
Las obligaciones de México para cumplir con la protección del ambiente son muy amplias. Las autoridades están obligadas a cumplir con la Constitución. En ella se prevé la salvaguarda de derechos humanos y el cumplimiento del marco jurídico convencional. Por ello, tanto las autoridades de los tres niveles de gobierno como los legisladores y autoridades de impartición de justicia deben velar por los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal y al ambiente sano.
Las políticas y programas de gobierno, sean estos de energía, infraestructura o desarrollo social, deben ser congruentes con las necesidades del ambiente y basarse en los principios de progresividad, equidad intergeneracional, distribución equitativa de los recursos y sustentabilidad. Todo proyecto está obligado a cumplir con las regulaciones ambientales.
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¿En qué medida son las políticas gubernamentales las que facilitan daño o impunidad respecto al medio ambiente? ¿Qué otros jugadores existen en este sistema?
En los procesos de desarrollo e implementación de políticas de gobierno existen diversas dimensiones que producen daños y amenazas al ambiente. Por un lado tenemos el reduccionismo de los impactos al fragmentar los megaproyectos de infraestructura. Por ejemplo, no se abordan los impactos acumulativos y sinérgicos de megaobras turísticas y de desarrollo urbano en la ecorregión del Mar del Caribe. Se requiere una evaluación ambiental estratégica, que considere la totalidad de los posibles impactos en una región, para definir si las obras son viables o no. Actualmente se ha perdido cerca del 60% de los humedales costeros (manglares, pastos marinos, estuarios y otros) de la región del Caribe a causa de los cambios de uso de suelo, desarrollo urbano y actividades extractivas. En este sentido, se debe tener una visión del Sistema Ambiental Regional, considerando a todos los actores involucrados, ya que los impactos pueden ocurrir a nivel cuenca hidrográfica, acuíferos, cenotes, cuenca marina o cuenca atmosférica.
Otra dimensión es el estado actual de crisis climática. Organismos internacionales, como el IPBES y el IPCC, han previsto la pérdida masiva de biodiversidad a causa del calentamiento global. En este sentido, tanto el gobierno como el poder legislativo y judicial, y la población de México, deben de actuar de forma rápida y congruente. Siguiendo el ejemplo de los arrecifes, éstos son los ecosistemas que más están sufriendo a nivel mundial por la acidificación de los océanos, el incremento de las temperaturas y los huracanes cada vez más intensos. Pero también están sufriendo por enfermedades regionales que se recrudecen con la contaminación del agua, el exceso de nutrientes y la destrucción de los hábitats costeros. En lo que va del año se han reducido más del 30% de los arrecifes del Caribe mexicano, de acuerdo a estudios recientes. A pesar de esto, se prevén más desarrollos turísticos y urbanos, incluso en áreas naturales protegidas como Yum Balam, o en las zonas costeras de Tulum.
Considero que los actores más perjudicados son los niños y niñas que viven y que vivirán cada día en México, generaciones presentes y futuras supeditadas al legado que les dejemos.
¿Cómo se le pueden brindar mejores apoyos a las personas que, de forma independiente, luchan a favor del medio ambiente contra organismos gubernamentales o criminales?
El primer paso es no criminalizar ni subestimar su labor. Muchas de las personas que de forma independiente deciden proteger el ambiente pertenecen a pueblos indígenas o comunidades locales que viven de actividades productivas tradicionales. Sus luchas están relacionadas con la protección de su territorio y sus recursos naturales. Estas personas alternan la defensa ambiental con sus actividades diarias, pues son tareas interconectadas.
Además, urge que las autoridades garanticen la seguridad de las personas defensoras del ambiente y de los derechos humanos, haciendo cumplir las normas que los protegen, tomando seriamente sus denuncias antes de que sus vidas corran peligro, y brindándoles protección efectiva. Como ciudadanos de a pie, podemos comenzar por analizar de dónde vienen nuestros alimentos, exigiendo un origen ético y sostenible.
¿Qué acciones puede tomar la sociedad civil para prevenir el daño o mal uso de territorios nacionales?
Existe una gran brecha de información entre los gobiernos, empresas y financiadoras que desarrollan proyectos inadecuadamente planificados y las comunidades se ven afectadas por los mismos. Entonces una de las principales acciones que la sociedad civil puede tomar es mantenerse informada de las normas y regulaciones que amparan la protección ambiental y de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, de la evidencia científica que sustenta la gravedad de los daños que ciertos proyectos implican; y, con base en lo anterior, de las acciones legales, de incidencia y de comunicación que están a su disposición para evitar el mal uso de los territorios y, en general, del patrimonio natural de México.
– Camilo Thompson, abogado del programa marino de Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), México