El IFT pone en riesgo neutralidad de la red

Todos los usuarios de Internet en México se verán afectados si avanza este anteproyecto del IFT que pone en riesgo la libertad de expresión, la privacidad y la neutralidad de la red. Especialistas nos dan su opinión al respecto.

Todos los usuarios de Internet e incluso aquellos sin conectividad en México se verán afectados por un anteproyecto del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que pone en riesgo la libertad de expresión, la privacidad y la neutralidad de la red.

Se trata de los Lineamientos de Gestión de Tráfico que sometió a consulta pública el instituto hasta el seis de marzo de 2020. El anteproyecto faculta a los proveedores de acceso a internet o PAI (empresas como Telmex, AT&T, Movistar y más) a dar un trato preferencial a socios con acuerdos comerciales. Esto los convierte en una especie “cadeneros” de internet. El IFT tiene la obligación de proteger la neutralidad de la red, de modo que los PAI no bloqueen, perjudiquen ni favorezcan aplicaciones, contenidos o servicios por origen, destino o tipo de datos.

“Para llegar del punto A al punto B, ¿qué es más lucrativo? ¿Que haya solo un camino y me tengan que pagar para pasar o que haya 10 caminos para llegar al mismo punto? Por supuesto que la primera opción”, explicó Luis Fernando García, director de R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) al presentar la campaña Salvemos Internet.

La neutralidad de la red, explica García, es un círculo virtuoso en el que las aplicaciones generan demanda y las empresas o PAI invierten en infraestructura para satisfacer esa demanda. Sin embargo, no es obligación de la iniciativa privada garantizar esta conectividad, sino del Estado. Si se da prioridad a ciertos servicios o contenidos, esto puede afectar el interés de otras empresas en invertir en infraestructura que conecte a más personas en áreas marginadas. En consecuencia, para las personas sin conectividad o con poco acceso a la red, será cada vez más difícil pagar por estos servicios, dejándolos fuera de su alcance.

Las prácticas de priorización pagada elevan considerablemente los costos de acceso a aplicaciones, contenidos y servicios no priorizados, por lo que atentan contra la libertad de elección de los usuarios, quienes pagan más por un menor acceso a Internet, explica R3D.

“Muchas compañías de Internet sí invierten en infraestructura, invierten a veces más que las empresas del PAI. Sin embargo, el argumento de que las empresas de Internet necesitan ganar más dinero para poder invertir en infraestructura es un mito, una manera de ganar más dinero extorsionando a los usuarios”, aclara Luis Fernando García.

“La neutralidad de la red es una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión, que está estrechamente vinculada a la libertad del acceso y a la capacidad de elección que tiene la comunidad en la red para decidir cómo y cuándo quiere disponer de un contenido”, recordó Vladimir Cortés, Oficial del Programa de Derechos Digitales de Article 19. “Que se aprueben los lineamientos de la LFT implica que se fragmente el Internet”.

“Buena parte de los debates que se dan en el país y el mundo ocurren en en ese espacio cívico. Lo preocupante es que (el anteproyecto) no tiene un enfoque de Derechos Humanos, sino de negocios, sobre un espacio plural en donde convergen expresiones artísticas, educativas y no solo personas físicas o morales”, advierte Vladimir Cortés.

En palabras de Irene Sorias, directora del capítulo México de Creative Commons, que los PAI tengan la facultad de priorizar el acceso a una creación cultural sobre otra, desarticula la horizontalidad.

“Las reglas del IFT impulsan un panorama en donde las personas generadoras de contenido y sus obras dejan de estar en igualdad de circunstancias, generando una intermediación innecesaria en los proveedores de servicio”, explica.

Privacidad e impacto social

Los lineamientos también abren la puerta para el bloqueo gubernamental de aplicaciones, contenidos y servicios por “situaciones de emergencia y seguridad nacional” o “a petición expresa de una autoridad competente”, a pesar de que ninguna ley faculta a ninguna institución o autoridad para ordenar el bloqueo de aplicaciones, contenidos o servicios en Internet; por el contrario, está prohibido por la Constitución.

Luis Fernando García, director de R3D.

“A partir de la Reforma en Telecomunicaciones que entró en vigor en 2014, el Internet es un derecho constitucional que además amplifica otros derechos”, dice Alex Argüelles, encargada de comunicaciones en Derechos Digitales América Latina.

Si este proyecto sigue adelante, la privacidad de información quedará en peligro, pues los PAI tendrían que monitorear las actividades en línea de los internautas, para poder distinguir entre el tráfico de las aplicaciones, contenidos y servicios priorizados y los no priorizados.

El anteproyecto contempla Internet como si fuera un mercado, como un lugar en el que las empresas ofrecen servicios y los usuarios son simples consumidores pasivos, pero es mucho más que eso.

“Compartimos información, participamos en la discusión pública, mantenemos relaciones afectivas; trabajamos, jugamos y protestamos en línea”, concluyó Luis Fernando García.

Hasta el 6 de marzo, los mexicanos pueden enviar un mensaje al IFT a través de la plataforma salvemosinternet.mx para defender la neutralidad de la red. A la campaña se suman varias organizaciones de la sociedad civil, empresas, start-ups y activistas, como Social Tic, Wikimedia México, Mozilla, Tierra Común, Cencos y más.

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