Karen de la Torre, Fernando Montes de Oca e Irene Larraz / Verificado 2018 – En esta campaña electoral, al menos tres grupos empresariales –Herdez, Grupo México y Vasconia– se han pronunciado sobre los candidatos y sus propuestas y han criticado “la tentación del populismo”, pero a otras -como Grupo Lala y Sanborns– le han adjudicado declaraciones que no han hecho.

En una cadena difundida en redes sociales se señala que “Lala ofreció a todos sus trabajadores $500 pesos si el lunes siguiente a las elecciones demuestran con su marca en el dedo que fueron a votar” y 500 pesos más “si López Obrador no resulta ganador”. La publicación fue compartida en Facebook y Twitter y ya cuenta con más de mil 750 interacciones.

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José Trejo, líder sindical del cuarto distrito que agrupa a 10 mil trabajadores sindicados, aseguró que no había recibido ninguna denuncia por parte de los empleados a los que representa. “Tenemos la mitad de los agremiados y ninguno se ha quejado. No ha habido ningún comentario en lo absoluto, ni en un sentido ni en otro”, señaló.

Verificado 2018 consultó a tres empleados de esta empresa y dijeron que no habían recibido esa información.

Lea aquí la respuesta del Grupo Lala.

Sanborns también negó que fuera suyo un comunicado que circuló a su nombre en el que se informa de un supuesto cierre inminente de tiendas “ante la posible llegada de un gobierno socialista encabezado por Andrés Manuel López Obrador”. En la carta, que lleva el logo de la empresa, se añade: “Grupo Sanborns no va a arriesgarse a los saqueos o afectaciones que se han visto en otros países sudamericanos ante la instauración de gobierno que rompen con la armonía de las familias».

La página de Facebook Campañando Colima compartió una información similar: “Ante posible llegada de AMLO a la presidencia de la República, Grupo Sanborns inicia con cierre de sucursales, entre ellas la ubicada en Colima”.

El comunicado atribuido a Sanborns es falso. – Imagen: Twitter

Verificado 2018 consultó al coordinador de comunicación corporativa de Grupo Carso, quien confirmó que la unidad de Sanborns Colima sí cierra, pero por “razones estrictamente comerciales”. El vocero también informó que hasta el momento solo esta sucursal está cerrando en el país.

El departamento de Mercadotecnia de Zentralia Colima, centro comercial que alberga Sanborns en la capital de ese estado, confirmó que el último día de operaciones será el jueves 31 de mayo de 2018.

La empresa compartió en sus redes un mensaje informando de la falsedad del comunicado.

Lo que sí pasó: Vasconia, Herdez y Grupo México

José Ramón Elizondo, presidente de Grupo Vasconia, envió un mensaje de video para prevenir el voto “al populismo”. En el video, el presidente del grupo comercial dice: “Somos optimistas, pero tenemos la responsabilidad de estar preparados, por si desafortunadamente el primero de julio gana la opción populista, con todas sus consecuencias. Contra todos nuestros deseos hemos limitado contrataciones y gastos”.

Las empresas Herdez y Grupo México difundieron entre sus empleados misivas para que razonaran su voto frente a la posibilidad de consecuencias económicas adversas, aunque sin hacer referencia directa al candidato de Morena. La autoría de las cartas se atribuye directamente a Héctor Hernández Pons Torres, director general de Herdez, y a Germán Larrea, presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de Grupo México, respectivamente.

En la carta de Héctor Hernández Pons Torres, la justificación fue “compartir un Plan de Ahorros y de búsqueda de eficiencias operativas”, y en ella detalla que el grupo comercial será más cauteloso en inversiones, y que por ahora se limitará a conservar sus activos como consecuencia de los resultados de las próximas elecciones.

En ésta se hace referencia a los periodos presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo por las devaluaciones que trajo la nacionalización de varias industrias.

La carta firmada por Germán Larrea a su vez, dice: “Recientemente hemos escuchado con preocupación, propuestas de estatización de empresas, la derogación de las reformas energética y educativa, entre otras ideas que significan un retroceso de décadas y el regreso a un modelo económico que está más que probado que no ha funcionado en varios países”.

Respuesta a la carta de Germán Larrea.https://t.co/vqmWainX01

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 30 de mayo de 2018

El periodista Miguel Pallares de El Universal consultó a la agencia de relaciones públicas de Herdez, la cual confirmó la autenticidad del mensaje.

¿Es legal?

German Castillo, director de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales expresó que “en principio no hay invitación expresa a votar por nadie solo a reflexionar bien su voto y prepararse por si hay tiempos difíciles. Y pensar que se trata de meter miedo es subjetivo y tendría que probarse la intención. Ellos dirán q es libertad de expresión y derecho a dirigirse a sus empleados”.

Paula Sofía Vásquez, experta en temas electorales de Strategia Electoral, explica que la presión en el ejercicio del voto podría tratarse de un delito electoral, sin embargo, sería un reto probar que los comunicados efectivamente incidieron en la preferencia de los empleados.

“Todos los delitos tienen ciertos elementos, en este caso —aunque los empresarios quieran fingir que no—, la intencionalidad del acto es evidente: incidir en la contienda electoral a través de la influencia del voto de sus empleados. Sin embargo, faltan elementos, como la causalidad. Claramente están muy bien asesorados, no dicen específicamente «vota por x» o «no votes por y», y tratan de incidir por vía indirecta. Jurídicamente, veo muy difícil la configuración de un delito”, dice la experta de Strategia Electoral.

Se sanciona de 50 a 100 días de multa y prisión de 3 meses a 3 años a quien solicite votos por paga, promesa, dinero u otra contraprestación. #Denuncia #FEPADE pic.twitter.com/knnwoj6eVj

— FEPADE_MX (@FEPADE_Mex) 30 de mayo de 2018

Paula Sofía detalla que si bien no se configura un delito, una denuncia de este tipo podría proceder por un procedimiento sancionador, al ser una conducta sistemática que busca influir en el electorado.

Pese a su difusión en redes, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) asegura que no ha registrado ninguna denuncia formal.