Lula da Silva condenado a prisión
Tres presidentes consecutivos y tres escándalos por corrupción en Brasil: Lula da Silva, Rousseff y Temer.
ACTUALIZACIÓN 24 de enero de 2018
El ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, perdió una apelación a la sentencia por corrupción pasiva y lavado de dinero que le fue imputada en julio de 2017. Lula da Silva no ha ido a prisión por esta condena, ya que le queda un recurso disponible para evitarlo: llevar su apelación a la Suprema Corte. En caso de volver a perder, el ex mandatario brasileño no podría contender por un tercer periodo presidencial en las elecciones de 2018, en las que era favorito.
La condena ha sido ratificada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, del que dos de sus tres jueces han fallado de la misma manera. En caso de que el tercer juez falle a favor de Lula da Silva, podría evitar ser enviado a prisión con otros recursos legales como una revisión del fallo.
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Luiz Inácio Lula da Silva, quien fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2011, ha sido condenado a nueve años y medio en prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Esto se suma a la serie de acusaciones que han alcanzado a la alta esfera política brasileña en los últimos años. Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva fue destituida en agosto de 2016 por malos manejos del presupuesto público. Este año, el congreso brasileño busca llevar a juicio al presidente actual, Michel Temer, también por cargos de corrupción pasiva.
El ex presidente Lula da Silva fue acusado de recibir un apartamento frente al mar, así como renovaciones al inmueble y un pago para almacenar sus pertenencias, como soborno por parte de la constructora OAS a cambio de su ayuda para ganar contratos con la empresa petrolera semiestatal, Petrobras.
Este caso forma parte de Lava Jato (“autolavado” en Portugués) una enorme operación anticorrupción liderada por el juez Sergio Moro y llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. Anunciada en marzo de 2014, tenía como propósito investigar un esquema de lavado de dinero que involucraba 10,000 millones de reales brasileños (aproximadamente 3,200 millones de dólares) y a cientos de personas: El sitio oficial del operativo señala que se iniciaron 1,765 procesos legales.
Al momento, Lula da Silva era visto como el principal contendiente rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, en las que el Partido de los Trabajadores buscaba retomar el control del país más grande de América Latina. Si su condena es ratificada durante la apelación –la cual será enfrentada en libertad por el expresidente–, no será elegible para competir, cambiando por completo el panorama electoral.
Después de la sentencia de hoy, el caso pasará a las manos de ministros. Además, Lula da Silva debe enfrentarse a otros cuatro juicios por tráfico de influencias, y otros sobornos a cambio de ayuda para obtener contratos con empresas estatales. El ex presidente ha negado los cargos en repetidas ocasiones y afirma que se trata de una campaña para desprestigiarlos a él y a su partido, una de las fuerzas de izquierda más representativas de América Latina.
Temer, por su parte, fue acusado de corrupción a finales de junio por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot. De acuerdo con el New York Times, su porcentaje de aprobación entre la población de su país es de apenas 7%, la más baja en tres décadas. Según Janot, el presidente recibió 152,000 dólares. Su futuro ahora depende del Congreso de Brasil. Si al menos dos tercios de éste acepta los cargos, el mandatario podría ser suspendido y llevado a juicio. A diferencia de Lula da Silva y Rousseff, Temer pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño.
El presidente podría tener un destino parecido al de su predecesora. Dilma Rousseff fue destituida hace menos de un año tras una petición hecha a la Cámara de Diputados en 2015. La primer mujer en ocupar la presidencia brasileña fue acusada de violar la ley presupuestaria, así como de estar relacionada con las redes de corrupción dentro de Petrobras. Así, los últimos tres gobernantes de Brasil han sido señalados por el sistema de justicia de su país, sentando un precedente singular en el continente.
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