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Este texto es un adelanto de Anatomías del desastre, de Fernando Montiel, ITESM-Transcend University Press, 2017.

Un peligro real
Existe un peligro real que se asoma en la crisis en México. El peligro no es que el gobierno de Enrique Peña Nieto permanezca incólume –tal y como lo apuntan sus detractores– ni de que caiga –como dicen sus defensores. Lo primero ya es sólo un sueño en el que se regodean los ciegos, los sordos y los insensibles mientras que lo segundo –la caída del presidente– es un anhelo que está más lejos de lo que la protesta exaltada quisiera reconocer.

No. El peligro no estriba en ninguna de las estas dos posibilidades sino en otro fenómeno del que pareciera los grandes núcleos de población no están del todo conscientes: el peligro de la militarización.

El proceso como tal no es nuevo y ha evolucionado de diferentes formas en respuesta a diferentes momentos históricos. Así, una fue la acción militar dentro de los marcos de la contrainsurgencia de los años sesenta, setenta y principios de los ochenta; otra fue la participación de las fuerzas armadas como respuesta al movimiento zapatista de finales de los años noventa; y diferentes son hoy los alcances, visiones y procesos que ha detonado la participación del Ejército y la Marina Armada en el combate al narcotráfico.[1]

La militarización es una cadena de múltiples eslabones articulados sin cesar de un régimen a otro: con diferentes acentos y discursos, el proceso ha sido continuo y continuado del viejo régimen del Partido Revolucionario Institucional al nuevo del Partido Acción Nacional y de vuelta al nuevo viejo régimen.

En la recta final del régimen y del siglo, fue en el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) cuando la Suprema Corte de Justicia abandonó vergonzosamente su misión –en tanto equilibrio del poder ejecutivo– al legitimar la participación militar en tareas de seguridad pública.[2]

La tendencia continuó ya con el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) con el desarrollo de la Policía Federal Preventiva –aprobada en el gobierno anterior– y una fuerte participación militar desde su inicio[3], y no se detuvo en el gobierno siguiente: en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) el Ejército tuvo un incremento presupuestal dramático pasando de 26 mil millones de pesos en 2006 a 50 mil millones en 2011.[4] Y en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) llegó la Gendarmería Nacional, cuerpo armado cuya característica específica es que se trata, precisamente, de una policía militarizada.

Fue así como ya en la segunda década del siglo XXI, de manera real las fuerzas armadas tienen ya el control de buena parte de los cuerpos de policía municipales con militares con licencia fungiendo como encargados de la seguridad pública.[5]

Sin embargo existen matices que en esta ocasión, en lugar de atenuar los hechos, los agravan.

El fenómeno de la militarización en México puede estudiarse desde tres ángulos. Todos los hechos aquí descritos pertenecen a un proceso de militarización de la seguridad pública. Éste es obvio, abierto e innegable. Por fuerza de costumbre y al paso de los años ha tenido lugar un segundo proceso que se construye sobre la base del anterior: la militarización del pensamiento.[6] Hoy muchas de las discusiones informales y no especializadas sobre los problemas de la violencia y la seguridad en el país recurren a argumentos sencillos: los cuerpos de seguridad son corruptos, por eso entraron los militares. Luego llegó el cable del embajador de los Estados Unidos en México –liberado por Wikileaks en diciembre de 2010– en el que explicaba que las autoridades estadounidenses desconfían del Ejército Mexicano pues consideran que –literalmente– es “lento y tiene aversión al riesgo.”[7]

“Contra el pueblo muy chingones, contra el narco maricones” –se les grita a policías y militares en las marchas.

Y así, aquello de lo que se acusaba a la policía –corrupción, incompetencia– terminó contaminando también al Ejército. ¿Y luego? Se responde con más de lo mismo: entra la Marina.

Sobre la Marina Armada el embajador Pascual decía que tiene un “emergente papel en la lucha contra el narcotráfico” y que “ha mostrado su capacidad para responder con rapidez a las acciones de inteligencia.” ¿Qué no se dijo lo mismo en su momento para justificar la entrada del Ejército al problema? El punto aquí es que gradualmente –y contra todo estudio y lógica– se legitimó en el espacio público y de manera popular la participación de las fuerzas armadas militares –Ejército y Marina– en tareas de seguridad pública. Una paradoja: prácticamente existe un consenso absoluto entre los especialistas en estudios de seguridad de que eso –militarizar la seguridad pública– es exactamente lo que no se debe hacer.[8]

Pero no importa: así es como funciona la militarización del pensamiento.

Luego, el tercer ángulo y el riesgo de verdad: la militarización de la política.

Los excesos del régimen, su corrupción, su violencia, su inoperancia, su cinismo, su desdén –su imbecilidad en general– fracturaron las estructuras del poder que las movilizaciones populares, las protestas callejeras, las consignas críticas, las tomas de casetas, la ocupación física de instalaciones y el descrédito público nacional e internacional se han encargado de ahondar. Esta situación no tiene solución con decretos y declaraciones. Salvo para los ciegos, los sordos y los insensibles, no hay vuelta atrás. ¿Pero entonces qué es lo que hay enfrente?

Lo que tenemos enfrente es un vacío. Un vacío de poder que amenaza a los unos, que es un logro histórico de los otros y que representa una oportunidad y un riesgo para todos: he ahí la naturaleza dual de cualquier crisis.

Es exactamente ahí donde estamos en México.

Ni el poder popular ha mostrado todo su potencial de acción, ni el régimen toda su capacidad de reacción. Tras la tragedia de Iguala, la efervescencia del descontento y el aturdimiento inicial se instrumentaron tres estrategias. La primera fue una apuesta al tiempo (la indignación nace, crece, se desarrolla y muere); fracasó. La segunda fue una apuesta al sistema (persecución, arresto, investigación, peritaje, pésame y mea culpa); fracasó. La tercera fue una apuesta al olvido (“Superar esta etapa” y “dar un paso adelante”) que murió en la cuna.

Cara a cara el sistema y sus críticos se observan, se miden y calculan obviando el hecho de que no son los únicos con intereses en la contienda. El 8 de noviembre de 2014, durante la cuarta marcha de repudio al crimen de Iguala, encapuchados prendieron fuego a la puerta de Palacio Nacional. El 20 de noviembre, horas antes del arribo de la marcha hacia el zócalo de la ciudad de México, vehículos militares trasladando personas vestidas de civil fueron documentados fotográficamente y el 28 de noviembre la prensa reportó que:

“Elementos del Ejército Mexicano asignados a la XI Región Militar con sede en Torreón, irrumpieron en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila con la intención de identificar a estudiantes y profesores que participaron en manifestaciones de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.”[9]

Enmarcados por los hechos en Tlatlaya[10] y por la situación en Guerrero –donde en los hechos la 35 Zona Militar y no la oficina del gobernador funge de mandamás en el estado[11]– todas estas acciones no pueden ser interpretadas sino como un cobro militar al poder civil de facturas políticas. El Ejército está tratando de llenar los vacíos dejados por el desgaste de la figura presidencial. En este curso de acción, el Ejército –que no la Marina Armada– es ya un actor que pesa políticamente de forma cada vez más independiente al proyecto del Comandante en Jefe.

¿Están listos para gobernar? no, ¿están conscientes de ello? tampoco, pero no parece importarles mucho, aunque la tarea no es fácil. ¿Cómo insertarse activamente en la vida política cuando no hay guerra contra Estados Unidos, Cuba, Guatemala o Belice, cuando su participación en tareas de seguridad es exactamente la que les ha traído el desplome de un prestigio fundado históricamente en la propaganda, la distancia, el desconocimiento y el miedo y cuando las acciones humanitarias son esporádicas?[12]

No, no es fácil, pero tampoco imposible. ¿Vamos a un golpe de Estado? No, pero el cobro –reclamo o incluso arrebato– militar de cuotas políticas al poder civil se está traduciendo, por la vía de los hechos, en una redefinición de las relaciones cívico–militares de forma abierta, soterrada o secreta, afectando a la sociedad, pero al margen de ella.

II. La encrucijada militar
De las acciones guerrilleras clásicas –cuyo epítome fue el asalto al Cuartel Madera en 1965[13]– pasando por las versátiles estrategias insurgentes del EZLN –que iban de la captura de un ex gobernador en 1994 y la una declaración de guerra, a la redacción de cuentos para niños[14]– hasta la irrupción a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala[15], una cosa se perfilaba con claridad: las relaciones entre las fuerzas armadas militares y la sociedad estaban cambiando.

La violencia es decreciente de parte de los protestantes y su éxito cada vez mayor: el asalto al Cuartel Madera –y la guerra sucia que le siguió– fue un proceso más violento que cualquier acción del EZLN y las reacciones del régimen al respecto (incluyendo la aberrante Operación Arcoíris[16] y su resultado natural: la matanza de Acteal en 1997 por grupos paramilitares). En esta misma lógica, el enfrentamiento entre los padres de los normalistas desaparecidos con los custodios de las instalaciones del 27 Batallón, fue menos clandestino, menos violento –saldo de una veintena de heridos entre soldados, padres y estudiantes[17]– y aunque igual de beligerante, más efectivo: apenas unas horas después del episodio, el Secretario de Gobernación, cedió:

“a través de mi conducto se ha informado que en las próximas horas hará formalmente una invitación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para acudir a recorrer las instalaciones del cuartel de Iguala.”[18]

Es así como, con todo y su atraso doctrinal de al menos un siglo, las fuerzas armadas en México están siendo orilladas por el sector civil –gobierno y sociedad organizada, a entrar al siglo XXI. ¿Cómo se explica que el Presidente y el Secretario de Gobernación tomaran una decisión histórica –como es la apertura de instalaciones militares– sin consultarla con el Secretario de la Defensa, General Cienfuegos?[19] Lo que se estaba perfilando era un viraje fundamental en las relaciones cívico–militares en México.

Diversas fuerzas competían: por una parte, el régimen sacrificaba autonomía militar (independencia, autarquía, solipsismo o lo que sea) para distender la presión social; por su parte la sociedad presionaba para desmantelar una política militarista, y el Ejército –o al menos una facción del mismo– buscaba a manotazos y arrebatos hacerse de una cuota y un lugar político que iba más allá del margen histórico que tenía asignado. En otras palabras: el histórico pacto cívico–militar (“Los civiles fuera de cuestiones militares y los militares fuera de cuestiones civiles”) había entrado en declive de manera gradual.

El resultado del proceso era entonces –como sigue siendo– incierto.

Las protestas frente a sedes castrenses, que antaño eran de excepción, ocurren ahora con mayor facilidad y sin distinción geográfica.[20] La sociedad exige apertura no sólo en un cuartel militar sino en todos. ¿Qué hay en ellos? ¿cuántos de los 30 mil desaparecidos están ahí? El trabajo de autores como John Gibler[21] entre otros tantos que han documentado lo dañino de la opacidad ofrece una ilustración de por qué es necesario transparentar las estructuras castrenses. Una redefinición de las relaciones cívico–militares en el México del siglo XXI es fundamental si lo que se busca es construir la paz.

Por el bien de todos, militares incluidos.

III. Loas huecas
Pero la inercia institucional es fuerte. En 2015, el presidente Enrique Peña Nieto dijo a las altas jerarquías militares en el día del Ejército:

“Quiero expresarles mi mayor reconocimiento por su entrega, leal compromiso y servicio a la nación.”[22]

No queda claro si el origen de estas palabras se localiza en el miedo, la tradición o el hábito compulsivo de la mentira, pero no es sinceridad: no puede serlo a menos que el gobierno acuse ceguera, sordera o estupidez.

“Se nos ha señalado sin pruebas serias para tratar de desprestigiarnos y dañar la confianza en nosotros” señaló el general Salvador Cienfuegos al hacer uso de la voz, quien además dijo “mantenemos el compromiso irrenunciable de cumplir con transparencia.”

¿Qué de verdad al titular del ejecutivo y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional no les dicen nada las recomendaciones que se acumulan, una tras otra, en los archivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?[23] ¿qué no significan nada las marchas con la participación de miles, una tras otra en diferentes puntos de la república, por los abusos castrenses, sus torturas, amenazas y asesinatos? ¿de verdad todos los que reclaman al Ejército responsabilidad en la desaparición de los suyos viven una especie de delirio colectivo? ¿su dolor no cuenta? ¿su desesperación es fingida?

No, tal vez no sea ceguera, sordera ni estupidez, tal vez sea analfabetismo, insensibilidad o desprecio puro, pero no es sinceridad. O tal vez sí lo sea si por la “confianza” de la que habló el General Cienfuegos entendemos miedo y si por la “transparencia” referida entendemos cerrazón, distancia y opacidad.

¿Cómo puede una sociedad como la mexicana confiar de forma legítima y sana en una institución que ha hecho de su doctrina más torcida –el DN II– práctica cotidiana?[24] Esta es la doctrina que permite que en los marcos operativos del Ejército se contemple como posibilidad la calificación de segmentos de la población –que en teoría debería proteger– como enemigos. ¿A quiénes? A quién sea que no le parezca al régimen: periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos, quien sea. Es esta la doctrina que en el Cono Sur produjo memorias infames: Stroessner, Banzer, Pinochet, Ríos Montt. Allá, tras el holocausto del fascismo del tercer mundo, la doctrina fue desmontada, y, en algunos casos, incluso despareció –como en el caso de Haití, país que incluso abolió al Ejército.

Pero no en México.

¿Por qué no desapareció con aquellos otros horrores? No lo sabemos: el Ejército no da explicaciones, nunca, de nada. ¿Por qué habría de darlas cuando obedecen los caprichos de arriba sin ver el sufrimiento que provocan hacia abajo? Su dignidad en este sentido ha sido víctima no de sus críticos, sino de la clase política a la que han servido. Es esa clase política ruin y no sus críticos quienes han manchado el lustre que todavía hoy presumen las fuerzas armadas de forma hueca. Son ellos –los políticos que usaron a las filas castrenses para intereses mezquinos– quienes traicionaron a la patria y quienes en su miseria ética y moral, arrastraron a la infamia a una institución que con el potencial de ser un orgullo y un bastión de la seguridad y la confianza para su pueblo, no lo es ya –si es que alguna vez lo fue.

IV. Algo debe cambiar
En cualquier caso la violencia en el país no cesa y evidentemente la solución no pasa por la militarización: no existe una sola estadística o medida pertinente producto de alguna investigación seria que indique lo contrario.

Los defensores de la militarización dicen que las fuerzas armadas van ahí a donde las cosas se han salido de control para reestablecerlo. ¿Sí? ¿Cómo exactamente? Los horrores que se desataron con el Operativo Conjunto Michoacán –y que continuarán ahora en el marco del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad– no son “excepciones” o “equivocaciones en el diseño y/o aplicación de la política pública” –como dicen algunos de sus defensores– sino consecuencias naturales, obvias y perfectamente predecibles de enviar soldados que por siglos han sido educados con la idea anacrónica, militarista y xenófoba– de que “en tiempos de guerra por la patria hay que matar y morir” en una cultura que legitima cualquier atrocidad con frases del tipo en tiempos de guerra todo se vale.

Los soldados efectivamente están matando y están muriendo. ¿Por qué? por nada.[25] En una ilusión colectiva están en guerra –o al menos eso les dijeron– están “haciendo patria” –o al menos eso les dijeron– sin haberles informado que existe otro modo de cumplir con la misión; nadie les enseñó que hay otras formas, además de las operaciones consagradas en el DN–III[26], menos violentas, más dignas y más honorables y que les pueden ganar el cariño, la gratitud y la admiración de la sociedad que les han encomendado proteger.

La misma lógica opaca y equivocada que se tiene con los presupuestos militares (“más dinero equivale a más seguridad”) se tiene también en lo referente a la capacitación de las fuerzas armadas. De manera continua desde años se ha impulsado su capacitación de manera intensa, sostenida y creciente –como lo presumen las autoridades cada determinado tiempo– pero sin dar cuenta de exactamente en qué se les está capacitando. ¿Han sido modificadas acaso las currículas militares para incluir de manera regular cursos en Educación para la Paz? ¿No? Entonces ¿de dónde viene esa visión ingenua de que fuerzas armadas van a Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y otros tantos puntos a “establecer la paz” cuando han sido educados para la guerra? En este sentido ellos –militares y marinos– son también víctimas del mismo del discurso engañoso que tiene hoy al país ensombrecido: aquella de que se necesita la guerra para ganar la paz.

No existe tal cosa como una “solución militar” a la crisis de seguridad. Ese baño último de sangre tras el cual habrá de llegar la tranquilidad que tantos esperan y al que se aferran los defensores del militarismo es una mentira, un engaño: no habrá de llegar aquí no ha llegado nunca en ningún lado.

¿Pero qué pasaría si un día las fuerzas armadas hicieran suyos los argumentos de los especialistas, esos que dicen que la delincuencia se combate con sistemas de inteligencia y no con medidas militares? ¿qué ocurriría si un día la Educación para la Paz entrara en los cuarteles como ha ocurrido desde hace muchos en países desarrollados y como ocurre cada vez más en naciones que han salido de dictaduras, guerras, o que se encuentran actualizando sus doctrinas con enfoques y conocimientos de última generación? Ahí está el reconocimiento de la inadecuación por boca de una voz autorizada –la del Secretario de la Defensa Nacional– diciendo:

“Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales… No nos sentimos a gusto, no estudiaos para perseguir delincuentes, nuestra función es otra y se está desnaturalizando”[27]

Y de inmediato vino la crítica política y civil de quienes sacian su propia sed de violencia con el envío de los otros –los soldados– al peligro de una muerte perfectamente prevenible e innecesaria. Así le respondió el presidente Enrique Peña Nieto:

“…no obstante, no siendo la misión que tienen confiada, nuestras fuerzas armadas, con lealtad a la Patria, con sentido del deber y de gran institucionalidad, se han incorporado, han apoyado y están, además, decididas a seguir haciéndolo para asegurar, en tanto logramos el objetivo de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país.”[28]

En otras palabras: tiene razón el general, pero no importa: los militares se quedan.

V. Transformación militar al autoritarismo
El general Cienfuegos tenía razón. La evolución del Ejército mexicano, históricamente conservador y distante, ha cambiado de rol en los últimos años.

Antaño era un garante simbólico del poder en turno, pero con el tiempo, devino en remedio armado de la incompetencia civil en el control de la delincuencia organizada. Y hoy van más allá: las fuerzas armadas han asumido su politización de forma pública y abierta.

Imágenes del pasado
En el pasado, el hermetismo histórico de las fuerzas armadas se traducía en respeto y hasta veneración. Nadie sabía nada de lo que pasaba dentro de los cuarteles y ese desconocimiento alimentaba leyendas que terminaban por enaltecer el mito y el prestigio militar. A los militares se les admiraba más por lo que se decía de ellos que por lo que se conocía a ciencia cierta.

En la tranquilidad de ese enigma las fuerzas armadas vivían en una ambigua cercana lejanía respecto de la sociedad[29], el 16 de septiembre y el 5 de mayo no eran más que fechas para hacer acto de presencia y dejarse admira; esas fechas eran –y tal vez siguen siendo– ventanas a un mundo que para cualquier otro fin resultaba ajeno a la sociedad.

¿Y cuando no era así? La experiencia no era buena: ahí están la matanza del 2 de octubre del 68, la del 10 de junio del 71, la guerra sucia en los años ochenta, los torturados en el Campo Militar No. 1, la formación de grupos paramilitares en Chiapas en los noventa, el gradual control que ha adquirido en Ejército de las estructuras de seguridad pública en a nivel municipal desde el año 2000 y la militarización rampante del combate a la delincuencia organizada desde 2006.

Todo esto ocurrió siempre al amparo del poder civil. Y por su parte los militares alegaban –no sin verdad– que sólo obedecían[30]. En cualquier caso, si la responsabilidad operativa por la violación a derechos humanos era suya, la responsabilidad política y pública era –y sigue siendo– de los gobernantes.

Pero esto era el pasado.

Imágenes del presente
¿Y el presente? No es muy diferente, aunque hay variaciones que vale destacar. La descomposición del sector seguridad que la clase política presentaba como excepcional –en el sentido de que “sólo ese sector” estaba podrido– ha evidenciado que en realidad la podredumbre es sistémica. No es que las instituciones hayan perdido el control de la seguridad: es que las instituciones mismas están cayéndose a pedazos.[31] La corrupción ha dejado de ser un acto/pacto individual, secreto y vergonzante entre el corrupto y el corruptor para convertirse en una industria en la que participa el estado ya de forma abierta, pública y permanente. El resultado es fácil de adivinar: el suicidio social.

En este contexto el Ejército ha caído en la cuenta de que se ha perdido la vergüenza y el pudor público. El país pues, está gobernado –literalmente– por sinvergüenzas, quienes no son otros que sus jefes, después de todo, el Presidente de la República sigue siendo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Así las cosas ¿cómo podría la institución castrense no hacer un análisis de las credenciales de aquellos a los que debe obedecer? ¿cómo evitar que saque la conclusión obvia de que, mientras que ellos –los militares– han perdido el prestigio y el respeto público del que históricamente –con o sin fundamento– gozaban de parte de la sociedad, los responsables de tal descrédito –los políticos– medran a sus costillas? Es imposible: el Ejército ha comenzado a sacar sus propias conclusiones ya muy al margen de los que los civiles dicen o hacen: saben que están pagando un costo que no les correspondía; saben del estatus perdido; saben de la dependencia que tiene el gobierno de ello; y saben del miedo que inspiran –ahora sí con conocimiento de causa– en la población.

El general Salvador Cienfuegos se negó –transmisión en cadena nacional– a la apertura de los cuarteles el 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, para la búsqueda de los 43 muchachos desaparecidos después de que fueran atacados por fuerzas municipales, estatales y federales. La negativa del General Secretario fue leída dentro y fuera del país ya no como parte de ese misterio del que en el pasado derivaban las fuerzas armadas parte del respeto que se les tenía sino como opacidad, cerrazón, distancia, insensibilidad, sospecha y autoritarismo.

Semanas más tarde, el mismo Cienfuegos ofreció una disculpa ante la evidencia en video, irrebatible, de que el Ejército, vaya novedad, tortura.[32] Si el alto mando militar necesitaba pruebas en video circulando de forma masiva en medios de comunicación para saber que los elementos bajo su mando violan de forma sistemática derechos humanos para poder pedir la disculpa respectiva entonces sólo hay dos posibilidades: o está pésimamente mal informado, o su tolerancia a los delitos –incluso crímenes– ejecutado por sus fuerzas es innegable.

La primera opción es imposible, y la segunda y última colocaría al Ejército en el mismo lugar en el que se encuentra el poder político civil: en el estercolero del cinismo y la deshonra.

Imágenes del futuro
¿Qué viene? Malas noticias. El endurecimiento de la política civil –que incluso el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral– llamó “a un paso del autoritarismo”[33] empata bien con la agenda política militar[34], agenda que ya está muy lejos de cualquier vinculación con la supeditación y obediencia al poder civil.

La agenda política militar se construye en sus propios términos, y busca diversas metas: 1) la supervivencia, 2) el cobro de facturas por el desgaste público, 3) la activación del potencial político castrense –ya presente, incrustado en diversas instituciones de la vida civil en los tres niveles de gobierno, 4) ampliación de sus márgenes de acción y 5) cambiar la relación cívico–militar: de la supeditación al control.

Aquí nos encontramos en la antesala, si bien no de un golpe de estado militar –en el sentido en el que se practicaron en todo América Latina en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta[35]– sí de un escenario en el que los militares se mantienen fuera de los cuarteles ya por iniciativa propia, en donde el incremento de sus presupuestos y la modernización de su equipo ya no son suficientes para apaciguar los agravios sufridos, y en el que la conservación de la opacidad de sus operaciones y la impunidad de sus faltas no tienen visos de desaparecer para dejar paso a la institución moderna, transparente y profesional que debería ser.

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TW: @FMontielT

*Fotografías: Presidencia de la República, Licencia Creative Commons BY 2.0. Disponibles en Flickr.

NOTAS
Pero hay esperanza. El Ejército, por la razón que fuera, efectivamente se disculpó por el abuso y la tortura –tal y como lo hizo posteriormente el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia[36]– y el General Secretario Salvador Cienfuegos ha expresado la voluntad de la institución que dirige de regresar a los cuarteles y salir de las tareas de seguridad pública. Si pasos como estos se emprendieran con mayor frecuencia y con la misma sinceridad e inteligencia, otra sería la historia del poder militar: si existiera la posibilidad de que el Secretario de la Defensa fuera un civil, más aún, mujer y civil; si desapareciera el Plan DN–II –que permite que el Ejército vea a un sector de la población como enemiga; si el Procurador de Justicia Militar fuera un civil; si se desmilitarizara el combate al narcotráfico y si cambiaran las currículas del Colegio de la Defensa para incluir materias como Educación para la Paz, Cultura de Paz y doctrinas de defensa defensiva[37], otro sería el prestigio, otra la cercanía y otra la dignidad de las fuerzas armadas.

[1] Sobre la militarización dentro de los marcos de la guerra sucia ver el libro de Laura Castellanos México Armado: 1943–1981 (Era. México, 2007); sobre la militarización como respuesta al movimiento zapatista de 1994 ver de Carlos Fazio El tercer vínculo: De la teoría del caos a la teoría de la militarización. (Joaquín Mortiz, 1997); sobre la militarización en el marco de la guerra contra el narcotráfico ver de Luis Astorga Seguridad, traficantes y militares: El poder y la sombra (Tusquets. México, 2007) entre muchos otros.

[2] Primero en 1996 y luego otra vez en el año 2000 al validar jurídicamente la participación militar en tareas de seguridad pública. Para algunos de los puntos discutidos al respecto ver: La seguridad pública y la suprema corte (Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas en la XXI Semana Académica “La seguridad pública, reto del siglo XXI”. Universidad Anáhuac. Oct. 22, 2001) y de Moloeznik, Marcos Pablo y Suárez de Garay, María Eugenia. “El proceso de militarización de la seguridad pública en México (2006–2010).” Frontera Norte. Vol. 24. No. 48. Jul–Dic. 2012. El Colegio de la Frontera Norte. P. 121–144.

[3] Reportó la prensa en su momento que “Pese a la negativa de la SSP, desde 1999 a la fecha [Sept. 10, 2007] se han signado 17 acuerdos entre las dependencias citadas, mediante los cuales la SEDENA ha ´prestado´ personal sobre todo de la tercera brigada de policía militar para la conformación y fortalecimiento de la PFP. Según el convenio firmado en abril pasado por la SEDENA y la SSP federal, el Ejército envió en apoyo de la PFP 7 mil 588 elementos, y la SEMAR comisionó en este año 278 marinos: en suma, 7 mil 866 miembros de las fuerzas armadas participan en esa corporación. La cifra corresponde a 60.4% del estado de fuerza de la PFP, ya, que la SSP federal informó que este año esa corporación tiene 13 mil 12 elementos en activo.” El reporte cierra recordando que: “En 1999 se anunció la creación de esa policía y en un principio estuvo integrada exclusivamente por personal castrense.” (Ver: Castillo G., Gustavo “SSP federal afirma que los efectivos de la PFP no son del Ejército ni de la Marina”. La Jornada. Sept. 10, 2007).

[4] Aranda, Jesús “En la lucha de Calderón contra el narco, Sedena y Semar duplicaron su presupuesto.” La Jornada, sept. 6, 2011.

[5] Galán, Marcelo. “Militares, a cargo de la seguridad en 17 entidades.” El Universal. Feb. 28, 2011.

[6] Tal vez uno de los mejores enfoques para estudiar este proceso es a partir del concepto de Violencia Estructural del sociólogo noruego, Johan Galtung. (Ver de ese autor: Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización. Gernika–Gogoratuz. Bilbao, 2003).

[7] “EU dice que el Ejército de México “es lento y tiene aversión al riesgo”. CNN México. Dic. 2, 2010.

[8] Al respecto se pueden revisar los trabajos y estudios de centros como el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE) (www.insyde.org.mx).

[9] Sobre los hechos del 8 de noviembre ver “Violentos prenden fuego a puerta de Palacio Nacional” (Milenio. Nov. 9, 2014); sobre los del 20 de noviembre ver “Exhiben en redes a presuntos militares vestidos de civil.” (El Universal. Nov. 20, 2014) y sobre la presencia militar en la universidad ver “Elementos del Ejército irrumpen en la Universidad Autónoma de Coahuila” (La Jornada. Nov. 28, 2014).

[10] Donde el 30 de junio soldados ejecutaron extrajudicialmente a 22 personas, según la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ver al respecto el informe de Sergio Aguayo (referencia en la bibliografía).

[11] Una muy buena radiografía del poder militar en Guerrero puede verse en el documental Mirar Morir: El Ejército en la noche de Iguala (Director: Coizta Grecko, 2015).

[12] Los ejemplos responden a cada uno de los planes operativos de las fuerzas armadas: Plan DN–I: Operaciones contra un enemigo externo; Plan DN–II: Operaciones contra un enemigo interno y Plan DN–III: Operaciones de asistencia en casos de desastre. (Ver al respecto el libro Siempre Cerca, Siempre Lejos: Las fuerzas armadas en México. (CENCOS–Global Exchange. México, 2000).

[13] El 23 de septiembre de 1965 un comando del Grupo Popular Guerrillero (GPG) atacó un cuartel del Ejército Mexicano en la localidad de Madera, Chihuahua. Para honrar este evento es que posteriormente otro grupo guerrillero se nombró Liga Comunista 23 de septiembre. Para una historia del episodio ver el libro de Laura Castellanos (referencia en la bibliografía).

[14] Para una revisión documental ver la colección de tomos publicada por Editorial Era EZLN: Documentos y comunicados, entre otras fuentes.

[15] Ver la cuarta sección del capítulo 3.

[16] Ver Marín, Carlos. “Plan del Ejército en Chiapas desde 1994: Crear bandas paramilitares, desplazar a la población, destruir las bases de apoyo del EZLN…” Proceso. Ene. 8, 1998.

[17] Reyes, Laura. “Padres de normalistas se enfrentan con militares en Iguala.” CNNMéxico–Expansión. Ene. 12, 2015.

[18] “Invitan a CNDH a visitar cuarteles; Osorio condena “intentos de provocación.” Excélsior. Ene. 15, 2015.

[19] Aranda, Jesús. “Milicia y Justicia / Revisión de cuartel militar.” La Jornada. Ene. 16, 2015.

[20] “En respuesta a una solicitud de información, la Sedena señaló que del 17 de diciembre al 16 de enero pasado se registraron manifestaciones en demanda de la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa frente a 28 instalaciones castrenses… Las manifestaciones para exigir la presentación de los jóvenes estudiantes se realizaron en los cuarteles ubicados en el Campo Militar número uno y en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal, así como en las ciudades de Cuernavaca, Morelos; Tijuana, Baja California; San Luis Potosí, SLP; Orizaba y El Lencero, Veracruz; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Huajuapan de León y San Juan Bautista La Raya, Ixtepec e Ixcotel, Oaxaca; Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Chilpancingo, Iguala y Petatlán, Guerrero, además de Mérida, Yucatán.” (Aranda, Jesús. “Las protestas frente a cuarteles son “provocaciones”, afirma Cienfuegos.” La Jornada. Mar. 19, 2015).

[21] Tzompaxtle: La fuga de un guerrillero (Tusquets, 2014)

[22] “Peña conmemora el Día del Ejército Mexicano.” Azteca Noticias. Feb. 19, 2015.

[23] Según el sitio web de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 1990 y 2016, CNDH contaba con 123 recomendaciones en las que la Secretaría de la Defensa aparecía como autoridad destinataria. De este número total, salvo por 7 recomendaciones, (4–1990; 70–1991; 126–1991; 143–1993; 8–2000; 20–2000 y la 48–2003) todas las 116 restantes fueron emitidas en el marco de la guerra contra el narcotráfico.

[24] Para más sobre este tema ver el libro colectivo Siempre Cerca, Siempre Lejos (referencia en la bibliografía).

[25] Ver mi libro Morir por nada (referencia en la bibliografía).

[26] Desde 1966 se viene instrumentando el Plan DN–III–R mediante el cual las fuerzas armadas participan en tareas de prevención, manejo de crisis y asistencia humanitaria en casos de desastres meteorológicos. En general, ahí cuándo y dónde ha sido activado, el cariño, respeto y admiración popular ha surgido de manera espontánea y duradera.

[27] Alzaga, Ignacio. “Militares no estudian para perseguir a delincuentes: Cienfuegos.” Milenio. Dic. 8, 2016.

[28] Castillo G., Gustavo. “Las fuerzas armadas seguirán en labores de seguridad pública: EPN.” La Jornada. Dic. 10, 2016.

[29] Precisamente es esta ambigüedad a la que debe su título la obra Siempre Cerca, Siempre Lejos: Las fuerzas armadas en México mencionada arriba (ver referencia en la bibliografía).

[30] Argumento hoy inválido según el derecho internacional de los derechos humanos. Ver el Estatuto de Roma de 1998 con el que se da origen a la Corte Penal Internacional.

[31] La bancarrota en la que se encuentran sumidos varios estados, la nula credibilidad que tienen los poderes legislativos en las entidades y a nivel federal y la incapacidad institucional para contener y sofocar la violencia, erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad así lo indican.

[32] El 4 de febrero de 2015 una mujer fue torturada por un policía federal y dos militares en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. (Ver: “Ejército pide perdón por caso de tortura a mujer en Guerrero.” Milenio. Mar. 16, 2016.

[33] López, Lorena. “Ese desencanto abre paso al autoritarismo: Córdova”. Milenio. Oct. 15, 2016.

[34] Montalvo, Tania. “Catear, detener y tomar declaraciones, nuevas tareas de los militares si se aprueba la nueva ley.” Animal Político. Dic. 13, 2016.

[35] El analista John Ackerman sostiene que eso es exactamente lo que está en curso. Ver Ackerman, John. “Golpe de estado silencioso.” Proceso. Nov. 27, 2016.

[36] “Renato Sales ofreció una disculpa por caso de tortura.” El Economista. Abr. 18, 2016.

[37] Los tres son apenas una muestra de los tópicos que podrían incluirse en un diseño curricular que haga compatible la función de las fuerzas armadas con la construcción de paz. Para más al respecto ver mi texto Educación para la paz: Una propuesta en 5 pasos. (FES. México, 2013) y de Galtung, Johan los volúmenes Essays in Peace Research (Vol. 1–6) entre muchos otros.