Miles de mexicanos están en la cárcel sin haber sido sentenciados. A veces pasan más de 10 años privados de la libertad, aunque su culpabilidad no haya sido probada. Israel Vallarta tiene el récord absoluto en esa particular categoría: lleva más de 18 años en prisión preventiva, sin sentencia. Su familia ha sido especialmente golpeada por la crueldad del sistema de justicia mexicano. Israel, su hermano y su sobrino suman 42 años en la cárcel, sin condena. Cuatro décadas que no incluyen los más de 20 años pasados injustamente en la cárcel por otros tres miembros de la familia que pudieron demostrar su inocencia y fueron liberados en 2016.

El caso de los Vallarta, por sí solo, es un concentrado de todo lo que el sistema de justicia en México es capaz de producir en términos de podredumbre, perversión y falsedad. Sin embargo, incluso para esa maquinaría de injusticia crónica, en la que los abusos y la negación al debido proceso son inherentes al sistema, este escándalo es singular.

A pesar de la ausencia flagrante de pruebas, a pesar de la detención de Genaro García Luna —mente maestra del sonado montaje del 9 de diciembre de 2005—, a pesar del éxito del documental Presunto culpable —que abrió los ojos de los mexicanos sobre los casos de delitos fabricados—, y a pesar de la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador a su favor, Israel Vallarta no ha logrado quitarse la etiqueta de secuestrador que le impuso el tribunal mediático, el único en haberlo juzgado hasta ahora.

Esposado al lado de la francesa Florence Cassez y cabizbajo, el hombre de entonces 35 años en 2005 —hoy tiene 53—, fue presentado como el líder de una banda de secuestradores. La imagen es tenaz: lo llaman culpable; en consecuencia, luce culpable. Sin embargo, su rostro ostenta huellas visibles de tortura.

El operativo que llevó a su detención —se sabrá unas semanas después— no se desarrolló como lo afirmaron las autoridades. Fue una puesta en escena: Vallarta y Cassez no fueron detenidos en ese lugar ni tampoco en ese momento. Con el tiempo nos enteraríamos de que policías corruptos se esmeraron en fabricar una banda de secuestradores ficticia, deteniendo y torturando a varios hombres de la familia Vallarta. Todo se vale para legitimar su montaje de aquel diciembre de 2005. Ahora la justicia, que ha guardado silencio durante casi dos décadas, está a punto de hablar.

En mayo de 2024, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó el cierre del proceso. Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó sus conclusiones acusatorias —lo hizo a mediados de julio— y de que la defensa presentó sus argumentos, le toca al juez dictar sentencia. ¿Se inclinará por la imagen de Vallarta culpable proyectada en las pantallas de televisión?, ¿seguirá el criterio de la FGR, aferrada a su puesta en escena hasta las últimas consecuencias? o ¿abrirá el expediente, que consta hoy en día de más de 40 tomos, para rendirse ante el vacío abismal de elementos  para condenar a Vallarta? ¿Se impondrá finalmente la justicia o predominarán, como desde hace 18 años, las imágenes de un culpable fabricado? Al parecer, el elefante reumático de la justicia finalmente se mueve.

El infierno en el que está sumida la familia Vallarta se desató el 8 de diciembre de 2005. Israel y Florence fueron detenidos al mediodía mientras viajaban a bordo de un vehículo, sobre la carretera libre a Cuernavaca, después de salir del domicilio de Vallarta en Topilejo, al sur de la Ciudad de México. Al día siguiente, las autoridades presentaron como un golpe espectacular al crimen organizado la captura «en vivo» de la dupla de secuestradores (Israel y Florence) dentro de la casa de Israel, donde supuestamente tenían a tres víctimas retenidas. Al día de hoy la FGR sigue sosteniendo que la pareja fue detenida «en flagrancia», ateniéndose a la versión mediática y desconociendo de manera aberrante su propia versión oficial que valida la detención fuera del domicilio.

Uno de los elementos más sorprendentes del caso tiene que ver con la cronología de los hechos, el telón de fondo en el que se proyecta. A principios de diciembre de 2005, los lazos entre el narco mexicano con el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, y su colaborador más cercano, Luis Cárdenas Palomino, ya se despliega en los medios. Tendrán que pasar 13 años más para presenciar la detención del exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón en Estados Unidos, donde a García Luna se le juzgó y declaró culpable de narcotráfico. De vuelta en 2005, en diciembre, la prensa mexicana publicó titulares sobre la extraña entrega de unos sicarios del cartel del Golfo al cartel de Sinaloa por parte de la AFI. Urge desviar la atención; es así como García Luna y Cárdenas Palomino orquestan su montaje mediático más conocido con la captura de la pareja.

La sociedad mexicana está harta de los secuestros. Quiere culpables: ahí están Vallarta y Cassez. Sus víctimas atemorizadas estremecen a los televidentes. ¿Cómo no odiarlos?

García Luna y su fiel colaborador son los artífices de un plan que pretende simular la lucha contra el crimen organizado. Constantemente invitan a los medios de comunicación a filmar sus operativos. Durante más de una década, sus maniobras engañosas les retribuyen. Son venerados como unos heroicos policías que derrotan al crimen.

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En realidad, la detención de Vallarta y Cassez es un favor que le hacen García Luna y Cárdenas Palomino a Eduardo Margolis, empresario en el ámbito de la seguridad privada, exsocio de Sébastien Cassez, el hermano de Florence, a quien acusa de haberlo estafado. Los dos jefes policiacos colaboran de manera regular con Margolis, jefe de seguridad de la comunidad judía de Polanco, y fundador de una milicia de resolución de secuestros que imparte justicia a su manera. Después de su altercado con Sébastien Cassez, el poderoso empresario juró venganza. Unos meses más tarde, Margolis ayudaría a la AFI a fabricar la «Banda de los Zodiaco», una fantasía policiaca en la cual los secuestradores llevaban apodos de los signos astrológicos y eran liderados por una atractiva pareja, con la francesa en el papel de la mujer malvada que torturaba a las víctimas. Las televisoras están embobadas con la historia.

En mayo de 2009, la Policía Federal, ansiosa por engrosar las filas de la raquítica banda, entonces formada tan solo por la pareja Cassez-Vallarta como únicos secuestradores, se lanza contra el blanco perfecto: la numerosa familia Vallarta. René, un hermano mayor de Israel, y dos de sus sobrinos, Juan Carlos y Alejandro, son detenidos, torturados y encarcelados. El sexenio de Calderón cobrará un siniestro tributo a la familia Vallarta. Pero las acusaciones contra los tres hombres son tan grotescas que saldrán de la cárcel en 2016. La justicia los declaró inocentes de todas las acusaciones.

En su caso, el operativo responde también a un interés político. A partir de marzo de 2009, la intervención del presidente francés Nicolas Sarkozy en defensa de Florence Cassez desata la furia de Calderón. «El objetivo del operativo era convencer a la opinión pública y a Sarkozy que la banda de los Zodiaco existía y que éramos parte de ella», relata Alejandro Cortez Vallarta, uno de los sobrinos liberados de Israel. La historia se repite en 2012 cuando el caso de Cassez llega a la Suprema Corte. En abril de ese mismo año, la Policía Federal bajo las órdenes de García Luna y su leal escudero Cárdenas Palomino, sorprende «en flagrancia» a Mario y Sergio, otro hermano y otro sobrino de Israel, cuando supuestamente mantenían secuestrada a una persona en una casa de seguridad de la entonces delegación Iztapalapa. La víctima nunca se presentó a las audiencias judiciales que tuvieron lugar, cada cierto tiempo, en el penal federal de alta seguridad conocido popularmente como “El Altiplano”, en donde Mario y Sergio están encarcelados junto con Israel.

Doce años después aún no existe ningún elemento probatorio, ningún testimonio que justifique la prisión preventiva Rehenes de la presión política, social y mediática, los jueces no se atreven a tomar decisiones valientes en casos de secuestro, aunque sean fabricados.

Sin embargo, en 2013 Florence Cassez fue liberada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció que hubo un «efecto corruptor» que afectó el proceso penal y, por ende, la totalidad del expediente: la investigación está contaminada con las mentiras de la policía y la manipulación y tortura infligida a las víctimas. Pero los mexicanos no corren con la misma suerte de la francesa. Los Vallarta siempre han sido y serán los actores secundarios del sombrío «caso Cassez». Por este expediente, el sistema de justicia en México es quien debería estar en el banquillo de los acusados. En lugar de eso, se ensaña con una familia de clase media sin influencias políticas que tuvo que aprender a defenderse en una asfixiante arena mediática, frente a todo un país que la considera culpable.

Varios libros y un documental en Netflix, El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal (2022), dirigieron los reflectores sobre esta injusticia. «Contribuyeron a quitarnos el estigma de las acusaciones», concede Alejandro, quien vive con las huellas sicológicas de la tortura. En 2016, cuando fue liberado, tenía 39 años y dos hijos pequeños a los que apenas había tenido tiempo de conocer antes de que el yugo despiadado de la justicia se abatiera sobre su vida. Hoy reconstruye su vida, pedazo por pedazo. En ese sentido, la lenta evolución de la narrativa mediática le ayuda un poco.

En 2020, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob) envió al Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales un informe de 92 páginas llamado Irregularidades en el proceso de Israel Vallarta, al que tuve acceso. En ese análisis del caso, Segob llama la atención del juez sobre la ilegalidad de las confesiones obtenidas bajo tortura, la violación al debido proceso, la ausencia de pruebas, las innumerables inconsistencias que invalidan los testimonios de las víctimas, además de recordar la existencia de testigos de descargo (personas llamadas a declarar en un juicio por la defensa para presentar pruebas o testimonios que puedan exonerar o favorecer al acusado) y pruebas de la inocencia de Vallarta.

En 2021, Cárdenas Palomino, el verdugo de la familia Vallarta, es detenido junto a cuatro policías federales, todos acusados de tortura en contra de los Vallarta. La opinión pública, tan rabiosa hacia los Vallarta en el pasado, ahora es favorablemente amnésica. De pronto, los Vallarta se vuelven símbolo de los abusos cometidos en los tiempos de Calderón y García Luna. Informes oficiales defienden su causa: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un órgano federal, los reconoce como víctimas de tortura, y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano adoptar medidas en su caso para evitar un prejuicio irreparable.

El presidente López Obrador ha dedicado varias conferencias mañaneras a Israel Vallarta y al montaje de su detención. Para él, se trata de un caso emblemático de la corrupción que imperaba «en el pasado». El presidente apeló a que la FGR se desistiera de las acusaciones en contra de Vallarta.

En diciembre de 2022, la FGR le contestó, negándose, mediante un informe público de 13 páginas plagado de inconsistencias, errores garrafales y mentiras desvergonzadas sobre el expediente. El documento, que lleva por título Información de los procesos seguidos a Israel “V”, es una de las últimas maniobras de desinformación de la FGR, que se ha dedicado a desplegar un amplio abanico de argucias y artimañas para retrasar sin justificación el proceso durante 18 años, alegando engañosamente que se trataba de una dilación atribuible a la defensa de Israel.

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López Obrador llegó a afirmar que le otorgaría un indulto a Vallarta después de que fuera sentenciado. Con su proclamada intervención, el presidente puso en la mira a la FGR, que hizo todo lo posible para evitar un cierre del proceso. Habría que llamar nuevamente a las víctimas a rendir testimonio, aseguró la FGR. Dieciocho años después de los hechos, esas audiencias no tendrían mucho sentido. Además, las víctimas se han negado a comparecer desde 2006. Pero los jueces que se pasan la papa caliente del inacabable expediente caen en la trampa: los testigos no se presentan y las audiencias se posponen. Corren meses, años de inercia. La FGR blande espejismos; promete nuevas pruebas. Las complicidades de García Luna y Cárdenas Palomino dentro de la FGR se activan: hay que salvar el montaje. El expediente de Israel se hunde en un papeleo titánico y se atora en los aplazamientos procesales, en las vacaciones de jueces, fiscales y secretarios. Mientras tanto Vallarta cumple 18 navidades detrás de las rejas.

«Desde que el presidente quiere ayudarme, la fiscalía [FGR] se moviliza contra mí», asegura Israel Vallarta, en un mensaje transmitido por su abogado Arturo Robles Feria. «Es incomprensible que se siga sosteniendo acusaciones fabricadas por funcionarios que hoy están perseguidos por actos de corrupción y tortura», denuncia Vallarta.

Si este sexenio significó el fin del oprobio mediático para la familia Vallarta, no supuso todavía ningún avance al nivel judicial. Al contrario, los pronunciamientos muy públicos del presidente en defensa de Vallarta parecen desencadenar una ola de represalias en la oscuridad: En 2022, esbirros de Eduardo Margolis me siguen y me filman caminando por las calles de la Ciudad de México y sentada en la terraza de un café. Envían las imágenes a otra periodista que investiga el caso Cassez-Vallarta.

Para mí, ese caso sigue siendo el escándalo judicial más conocido y a la vez desconocido en México. Existe un violento contraste entre la fantasía popular y la realidad: todo el mundo tiene una opinión sobre esta historia, aunque nadie sabe lo que realmente ocurrió.

En febrero de 2020, Israel Vallarta me envió una carta. Es la única forma que encontró para comunicarse conmigo, ya que las autoridades penitenciarias me impusieron un procedimiento kafkiano para solicitar la autorización de visitarlo en El Altiplano. Cumplía con todos los requisitos, pero no fue posible. En su carta de 16 páginas, agradece mi trabajo por buscar la verdad: «No mi verdad, sino la única que no es posible ocultar». En sus propias palabras, así vivió la conmoción de la detención y los años de encarcelamiento:

Los momentos más difíciles, amargos y dolorosos han estado presentes a lo largo de los últimos catorce años de mi vida en prisión porque siempre he estado inmerso en las injusticias y el abuso y he tratado de defender el atisbo de dignidad que el exceso de poder utilizado en mi contra me ha dejado. Pero desde luego, mi infame detención y la de Florence es la primera gran impresión fuerte: ver cómo tratan a quien amas y estar imposibilitado para defenderla. Luego la humillación y las torturas, propinadas sin entender en un principio ¿por qué? Ver la aflicción de mis ancianos padres y la de mis hermanos, que los llevó a consumir sus energías, su salud, sus recursos… ¡Eso es muy triste, muy fuerte!

Después de vivir tales torturas, y tras las amenazas, ver y constatar que acaban cumpliendo y van haciendo las mismas a mis hermanos y sobrinos: detención arbitraria, tortura, fabricación de delitos y testigos, cárcel. No niego que, en esa experiencia en prisión, logré también conocer mis fortalezas y las de toda mi increíble familia, que son como un amor en el que me he apoyado para intentar seguir adelante luchando por mi libertad.

Israel Vallarta expresa su confianza en que la opinión pública tenga acceso a la verdad, algún día. Incluso considerando que hace pocas semanas la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró como su futuro secretario de Seguridad Pública a Omar García Harfuch, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, expolicía federal (2008-2012) y colaborador cercano de Luis Cárdenas Palomino durante su cargo como coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012); y a pesar de que en enero de 2022 —tan solo cinco meses después de la detención de Cárdenas Palomino, en julio de 2021—, policías bajo el mando de García Harfuch en la SSC intentaron secuestrar a René Vallarta, hermano de Israel. Una detención ilegal por la que dos de los policías fueron condenados a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado. Sobre este caso en particular, la futura presidenta no hizo declaración alguna, pero sí ha reiterado su confianza en García Harfuch en el área de seguridad, ahora del país entero.

Ahora parece que la justicia en el caso de Israel Vallarta y su familia finalmente ha logrado abrirse paso, pero la corrupción ejercida por la pandilla policial que lo ha mantenido en la cárcel durante 18 años podría impedirlo y seguir trazando una ruta de abuso de autoridad e impunidad en las altas esferas del poder.

EMMANUELLE STEELS es una periodista belga independiente que vive en México. Nació en Bruselas en 1976. Sus artículos, reportajes y análisis sobre política, cambios sociales, narcotráfico, migración y vida cotidiana han sido publicados en distintos medios internacionales y mexicanos. Es corresponsal de varios periódicos y radios de Francia, Canadá, Bélgica y Suiza. Sus temas de predilección son los movimientos sociales, los derechos humanos y el sistema de justicia. Entre 2009 y 2014, realizó una intensa investigación sobre el caso de la banda de los Zodiaco.