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Fotografía de Henry Romero/REUTERS. Migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, descansan afuera de sus tiendas de campaña en el parque Giordano Bruno mientras esperan un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que les permitiría continuar su viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos, en México. Ciudad, México 4 de abril de 2023.
En la frontera de Tijuana el muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. En este fragmento del libro Vidas desplazadas (Debate, 2023), además de la barrera física, analiza el enfrentamiento de los migrantes a los muros burocráticos, la violencia, la exclusión y la discriminación.
Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las invasiones de inmigrantes. Este es un discurso que vale la pena detenerse a desmenuzar. Nos demuestra la visión actual de la gestión migratoria en nuestra región que tiene un enfoque de seguridad nacional y que tristemente ha permeado en la opinión pública como si fuera el adecuado. Esta visión es consistente con lo que implica la protección de un territorio de una amenaza enemiga, de una invasión, de una agresión o de un atentado terrorista, y se fraguó los últimos años, agudizándose y evidenciándose después de los atentados del 11 de septiembre.
A partir de entonces se materializó una visión de seguridad nacional sobre la migración que se sostiene y toma forma mediante diversas barreras o muros que, observados en conjunto, obstaculizan la movilidad de las personas más desfavorecidas desde el enfoque político, social y económico.
La realidad es que vivimos en un mundo desigual. Para ejemplificar, tomemos en cuenta dos datos: 1) el ingreso per cápita y 2) la tasa de homicidios per cápita por cada 100 000 habitantes de algunos países. Este análisis superficial es útil para darnos una idea de cuán desigual es la realidad en países expulsores de nuestro continente y aquellos receptores de las personas en movilidad. Por ejemplo, tomemos los datos de Honduras, México, Venezuela y Haití:
Países por producto interno bruto per cápita (en dólares) de acuerdo con el Banco Mundial (2021).
- Honduras 2,771
- México 10,045
- Venezuela 3,965 [1]
- Haití 1,829
- Estados Unidos 70,240
Países por tasa de homicidio intencional de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2021).
- Honduras 37.6
- México 21.6
- Venezuela 41.6
- Haití 13.0
- Estados Unidos 7.8
Como vemos, la diferencia es abismal y podemos considerar que la situación descrita es similar a la que viven los países del Sur Global con respecto al Norte. Esta brutal desigualdad, combinada con las barreras o muros que pretendo mostrar, es la causa de las tragedias que aquejan a las personas en movilidad y que vemos tan frecuentemente. Basta voltear a ver las llamadas pateras, balsas improvisadas en donde las personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde las costas del norte de África.
Esos viajes peligrosos también suceden en las Américas. Las tragedias son cosa de todos los días, aunque nos detenemos en ellas cuando, por su magnitud o contundencia, nos recuerdan que se trata de seres humanos, de familias o de niñas o niños pequeños. Quien la haya visto sabrá que es imposible borrar de la mente la imagen de Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años ahogado en la playa de Turquía; igual que la de Óscar y Valeria Martínez, padre e hija salvadoreños flotando boca abajo en el lodo de la margen del río Bravo a unos cuantos metros de la frontera.
Estas imágenes nos sacuden, así como lo hacen las terribles tragedias de las muertes masivas de personas como consecuencia de viajar en las cajas metálicas de los tráileres, como las que vimos en Chiapas en diciembre de 2021 o en San Antonio, Texas, en junio de 2022, casos en los que perdió la vida más de un ciento de personas.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto. Es frecuente escuchar frases que juzgan a estas personas como irresponsables, como tontas, o considerarlas insensatas por arriesgar a sus hijos e hijas. Esas afirmaciones ignoran la realidad de los países expulsores y no ven la evidente falta de opciones. Justamente por esta situación, el derecho internacional de los refugiados considera la importancia de asegurar el acceso al territorio y del principio de no devolución (ACNUR, 1951). También toma en cuenta el hecho de que las personas en desplazamiento forzoso no llevan documentos consigo.
La situación de una persona que huye de un peligro inminente, como la amenaza de una pandilla o la falta de acceso a insulina padeciendo diabetes, no es muy distinta de las personas que perdieron sus medios de vida por efectos del cambio climático, o que se encuentran en la extrema pobreza, al grado de no tener acceso a alimentos para sobrevivir. Es una línea imposible de trazar, por más que las leyes exijan distinguir a las personas refugiadas de las migrantes.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto.
Dos niñas haitianas cerca de la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, luego de que más personas intentaran realizar un trámite en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que les permitiría permanecer más tiempo en México ante las dificultades que están teniendo sus compatriotas para ingresar a Estados Unidos, además, se encuentran a la espera de un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permita acceder a servicios de salud y oportunidades de empleo en México mientras son atendidos y poder continuar su viaje hasta la frontera.
Resulta muy complejo separar las situaciones por las que migran las personas, pues se trata de factores multicausales. A estos flujos masivos se les ha denominado flujos mixtos, ya que están compuestos de personas víctimas de desplazamientos internacionales forzados provocados por la persecución, la violencia, el crimen, los desastres naturales, la violencia intrafamiliar, la de género, o bien la pobreza extrema, la falta de oportunidades y las expectativas o la intención de reunificarse con sus familiares: en suma, por la necesidad de sobrevivir dignamente. Además de los desplazamientos forzosos, tenemos que considerar la migración económica, impulsada por los precarios salarios en los lugares de origen y las enormes brechas salariales marcadas entre el Sur y el Norte.
Ante la cobertura mediática y la percepción que generan las personas en movilidad, la reacción ha sido levantar o reforzar barreras que generen la sensación de separación, de protección. Recordemos los desafortunados tuitazos del entonces presidente Trump en abril de 2018 que ocasionaron un giro de 180 grados en la construcción de la política migratoria del presidente López Obrador apenas llegado al cargo (Linthicum, 2018). A partir de ese momento, vimos un endurecimiento evidente que ha generado la preocupación unánime de las agencias de las Naciones Unidas con presencia en nuestro país y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con múltiples acciones de este gobierno se pretende “controlar” la migración, y es evidente que se trata de una misión imposible. La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía, es inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve en un problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Ante esa realidad, la respuesta gubernamental ha sido obligar, presionar a las personas a permanecer en el sureste del país, básicamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hoy sabemos que en esa ciudad hay más de 60 000 personas migrantes y solicitantes de asilo —se calcula que 40% son niños, niñas y adolescentes— en situación de calle, sin permiso para trabajar, sin acceso a salud, educación o servicios básicos. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la tasa de informalidad laboral es de 74.2% en ese estado sureño del país (2022).
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se aprobó en 2011, junto con la reforma de derechos humanos. Si bien es una ley de avanzada en varios aspectos, como muchas de las leyes en México, fue concebida con base en la experiencia de las guerras de Centroamérica, en particular a partir de la recepción de las personas que llegaron a raíz de la guerra civil en Guatemala. Pero la situación actual es radicalmente diferente y el texto de la ley es el mismo, al igual que su reglamento, que no se ha modificado en los últimos diez años.
La autoridad competente para procesar las solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Una de las disposiciones en la ley establece que el procedimiento para solicitar la condición de refugiado se tendrá por abandonado en caso de que las personas dejen de residir en la entidad donde se inició el trámite. La mayor parte de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se presentan en la ciudad de Tapachula, por lo que, si las personas quieren continuar con su trámite, deben esperar a su resolución en el estado de Chiapas con limitadas oportunidades laborales que las condenan a vivir en condiciones precarias.
La espera de la resolución de la solicitud de asilo puede durar meses o incluso años. El rezago de la Comar es enorme, al grado de que 7 de cada 10 solicitudes están pendientes de resolución (Rojas, 2023). Además, hay que reconocer que la situación de la Comar podría ser aún más precaria si no contara con el respaldo presupuestal y técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Así, con este muro burocrático se pretende hacer esperar a las personas durante meses por trámites interminables. Esta espera ha provocado que recientemente las personas se organicen desde esa ciudad sureña para avanzar en caravanas, por lo menos para moverse con la intención de sortear ese primer muro y llegar a la Ciudad de México o a ciudades con mejores oportunidades laborales (VOA, 2023).
La migración es una característica de la sociedad, motor para la economía, inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Las personas que salen desde la ciudad de Tapachula hacia el centro de país lo hacen orilladas por la desesperación provocada por los meses de espera para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución rebasada y regida por un reglamento que no responde a la realidad actual. [2] Se trata de un organismo que cuenta actualmente con alrededor de 56 millones de pesos de presupuesto y que ha visto aumentar exponencialmente la demanda de sus servicios y, en cambio, reducirse su presupuesto los últimos dos años.
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país se encuentran con la situación normativa del abandono del procedimiento iniciado ante la Comar, o bien que las autoridades migratorias hacen caso omiso de dicha constancia que, incluso, les es retirada o destruida ante la incredulidad de las personas solicitantes de la condición de refugiado.
A la par, y contraviniendo lo que señala el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, impulsado y suscrito por México, que en su objetivo 5 establece que los Estados deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (ONU, 2018), la realidad es que las vías de regularización migratoria que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) son inaccesibles para la mayoría de las personas.
Según la Ley de Migración, aprobada también en 2011, el año de la gran reforma de derechos humanos del sistema jurídico mexicano, hay varios supuestos para lograr una situación migratoria regular en el país (Secretaría de Gobernación, 2011). Por ejemplo, una posibilidad es contar con una oferta de trabajo, hipótesis que solo se puede materializar —según la interpretación del INM— si dicha oferta se informa al ingresar en el país. Esta interpretación no se actualiza, generalmente, para las personas migrantes que ya se encuentran en México. Aclaro que utilizo la palabra “generalmente” porque el INM aplica excepciones a sus prácticas e interpretaciones a conveniencia. Esta posibilidad de regularización migratoria por oferta laboral es alcanzable para personas que cuentan con recursos para salir y entrar al país, además de contar con pasaporte vigente o alguna otra documentación que les permita cruzar una frontera internacional. Sumado a lo anterior, no podemos ignorar que se trata de un documento para cuya obtención se requiere hacer un pago de derechos bastante oneroso cada periodo de vigencia (INM, 2023). Así implementada la regularización migratoria, las limitaciones para obtener esa condición impactan de manera adversa y desproporcionada a las personas de escasos recursos y sin documentos. [3]
Otra posibilidad de regularización que contempla la Ley de Migración es la de visitante por razones humanitarias, la cual se puede obtener por ser víctima, ofendido o testigo de un delito grave; ser niño, niña o adolescente; ser solicitante de asilo, ya sea político, de la condición de refugiado o solicitante de protección complementaria, e incluso se puede otorgar, de acuerdo con el texto de la ley, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria la internación o regularización en el país de una persona (Secretaría de Gobernación, 2011). La realidad es que su emisión está vinculada a la solicitud de asilo acreditada mediante constancia emitida por la Comar, o bien, a total discreción del INM.
La emisión amplia de documentos a quienes cumplan los supuestos de la ley, además de avanzar los compromisos de los objetivos 4, 5 y 6 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, serviría para generar un control migratorio a través de mecanismos administrativos que permitan que las personas migrantes puedan acceder a derechos, contar con mejores oportunidades laborales y de desarrollo y no caer en riesgos de extorsión, deportación o trata; es decir, acceder a una vida digna en nuestro país. Pero en contra de los compromisos internacionales y de nuestras propias leyes, estas vías siguen estando restringidas y limitadas por la política migratoria y la corrupción de los operadores.
Este es un verdadero muro burocrático y económico que desgasta y frustra a las personas que quedan sin documentos en México. Ante la ineficacia del control administrativo, se erige el muro militar con el despliegue de la Guardia Nacional como resultado de un compromiso suscrito por ambos países en 2019 (Becerra, 2020).
Así, de conformidad con el compromiso, la administración del presidente López Obrador empezó a recibir solicitantes de asilo para esperar la resolución de sus procesos bajo el programa Quédate en México o Migrant Protection Protocols, además de desplegar a por lo menos 21 000 elementos de la Guardia Nacional en el sur del país, con la encomienda de hacer labores de contención migratoria (Guerra, 2019; Arista, 2019).
Este acuerdo mantuvo a las personas a la espera de su cita en las ciudades fronterizas del norte de México, y al mismo tiempo atrapó a las personas en el sur mediante esperas interminables para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución que, como ya se explicó, se encuentra rebasada y sin financiamiento suficiente para hacer frente al reto que implica recibir más de 140,000 solicitudes en 2023 (Rodríguez, 2023).
Al inicio de la pandemia por covid-19, los Estados Unidos de Norteamérica aplicaron una vieja regulación conocida como el Título 42, pretextando razones de salud para regresar inmediatamente a las personas que cruzaban de manera indocumentada desde México hacia ese país. Bajo esta práctica, México recibió a más de dos millones de personas, gran parte de ellas mexicanas, alrededor de 35% (Isacson, 2022). Esta norma se utilizó a la par del Título 8, directriz que siguió vigente y que implica la limitación de volver a entrar a Estados Unidos en ciertos años después de que la persona entró sin documentos e incluso implica sanciones de carácter penal y menor acceso al derecho a solicitar asilo (Seisdedos, 2023).
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país.
Todas las políticas migratorias que se implementan en Estados Unidos repercuten de manera importante en gran parte de México, así como lo hacen, de forma simultánea y dramática, en las fronteras norte y sur. Con la finalidad de evitar las concentraciones de personas en su frontera y desincentivar el cruce de personas sin documentos, desde el 12 de octubre de 2022 se implementó, en colaboración con el gobierno mexicano, una opción para personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, ciudadanos de países con los que no tiene buenas relaciones diplomáticas, para solicitar una estancia temporal de dos años a través de requisitos tales como iniciar el trámite fuera de territorio estadounidense, no haber ingresado de manera indocumentada, contar con un patrocinador en ese país y cumplir con requisitos de elegibilidad (USCIS, 2023).
A partir del 12 de enero de 2023 se dio el siguiente paso, que fue la implementación de la aplicación CBP One para agendar una cita para solicitar asilo desde fuera del territorio estadounidense. Aunque gracias a este mecanismo se logra recibir alrededor de mil personas al día en ocho puntos fronterizos, sin duda el mecanismo empleado vía internet y a través de un teléfono inteligente representa un muro tecnológico y económico para muchas de las personas más desfavorecidas y que además pueden tener necesidades de protección internacional (Martínez, 2023).
Las personas venezolanas fueron afectadas con estas nuevas disposiciones, ya que desde hace algunos años hay un desplazamiento constante, incluso caminando a través de la selva del Darién, con la finalidad de avanzar hacia el norte, casi siempre hacia Estados Unidos. Por si fueran pocas las barreras, desde el 21 de enero de 2022 el gobierno de México impuso la necesidad de visa para dicha población, edificando así otro muro difícil de sortear, debido a que muchas de ellas ni siquiera pueden aspirar a tener un pasaporte de su propio país. Según cifras del ACNUR, hay más de siete millones de personas originarias de Venezuela desplazadas por el continente.
También vale la pena detenernos en la migración de origen haitiano, que está siendo particularmente afectada por la aplicación de las políticas de contención y la falta de opciones para obtener un estatus regular en México. Acorralada sin más opciones que presentar solicitudes de asilo ante la Comar, dicha población representa 34% de las solicitudes de asilo presentadas en Tapachula (Silva, 2023). Esperando meses y meses sin respuesta ante una institución sobrepasada y sin muchas perspectivas de obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, ya que muchos de ellos no vienen directamente de Haití, sino que, después de años en movilidad, llegan desde Brasil y Chile. Varios de ellos tienen doble nacionalidad, calidad que también dificulta el reconocimiento de la Comar. Como sabemos, son originarios de un país devastado y sin posibilidades, al que, por razones humanitarias, no pueden ser retornados. Para la gran mayoría de estas personas México representa una nueva oportunidad, significa estar con sus familiares y amigos ya establecidos desde hace años en nuestro país. [4]
Así, hemos sido testigos del uso de la violencia institucional por parte del INM y también de la violencia física en contra de personas migrantes, incluso de grupos familiares con bebés y niños pequeños. El uso, con todo el rigor, de la fuerza por parte de la Guardia Nacional se ha justificado incluso desde la tribuna presidencial bajo el argumento de protegerlos de los peligros que representa seguir avanzando hacia el norte (INM, 2021). Resulta paradójica la justificación en el discurso de protección al notar los uniformes de asalto y las armas largas de los elementos desplegados.
Las detenciones y deportaciones han continuado, incluso durante los momentos más intensos de la pandemia. El INM implementó operativos a lo largo del país. Llevó a cabo deportaciones masivas sin detectar las necesidades de protección internacional de personas vulnerables, y privó de la libertad a las personas en las estaciones migratorias y las estancias provisionales.
La detención migratoria en México se ha practicado por años como la regla y no como la excepción. Sin Fronteras ha hecho un esfuerzo sostenido por denunciar y documentar esta práctica desde hace más de una década y ha emitido varios informes que vale la pena consultar para entender las condiciones inhumanas que prevalecen en esas instalaciones (Sin Fronteras, 2023). A pesar de las múltiples denuncias de riesgos y abusos, incluso después de que han acontecido desgracias como motines e incluso la muerte de 40 personas en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, el INM continúa deteniendo a las personas sin considerar que en México estar en situación migratoria no es un delito, sino una falta administrativa.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática (Fernández de la Reguera, 2021). Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal disponible y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo. La práctica es que sean devueltas a sus países de origen sin importar si su vida, salud o integridad corren riesgo y sin oportunidad de solicitar asilo.
Da la impresión de que, más que personas, son objetos para el INM, que los mueve a conveniencia, sin individualizarlos. Resulta una práctica frecuente trasladarlas de una estación a otra, o bien dejarlas abandonadas en parajes desolados o en algunos puntos fronterizos menos transitados, en la madrugada. Cuando su presencia resulta incómoda en alguna plaza pública, el INM se encarga de subirlas a autobuses y llevarlas a otra entidad federativa, de dejarlas a su suerte a la intemperie sin importar si son mujeres embarazadas o niños.
El INM ejecuta una contención violenta de las personas migrantes y refugiadas escondiéndose detrás del título del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sin tomar en cuenta el contenido del instrumento internacional. Las cláusulas a las que México se comprometió, como abrir vías regulares para migrar y hacer de la detención migratoria una excepción y no una regla, entre otras, no dejan de ser una ilusión. El costo de estas políticas migratorias que violan los derechos humanos ha sido muy elevado.
Nadie puede negar la necesidad de atender las llamadas causas raíz de la migración, que se refieren a fenómenos multicausales y complejos. No podemos reducir la problemática de los países expulsores a una falta de oportunidades laborales, tenemos que observar también la falta de un Estado de derecho, de acceso a la justicia y democracia. Sin embargo, estas soluciones son proyectos de largo plazo. Hoy la realidad es que las personas están en el México de los muros.
Hemos llenado México de muros, unos más visibles que otros. Por ejemplo, en Tijuana el muro es parte del paisaje y está presente y visible de manera constante en muchas partes de la ciudad hasta clavarse dentro del mar. Una de las cosas que más atrae mi atención es ver el contraste: mientras que del lado de México hay muchas construcciones, de todo tipo y categoría, del otro lado, junto a los enormes barrotes de metal, solo se ve el desierto y no hay ninguna construcción cercana. Ello es aún más notorio en la noche, pues del lado mexicano se aprecian las luces de las casas y los edificios, mientras que la luminosidad urbana de San Ysidro se ve a lo lejos. Da la impresión de que Tijuana también quiere pasar a San Diego.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática. Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo.
Más allá de lo que se observa, sabemos que en Tijuana se concentran miles de personas desplazadas internas, muchas de ellas originarias de Michoacán y Guerrero. Más de la mitad de los albergues están ocupados por nuestros connacionales que están huyendo de las amenazas del crimen organizado y de las persecuciones por razón de género. Madres con niños pequeños, personas adultas mayores, familias completas tratando de abrir un pequeño hueco en el muro para pedir asilo en Estados Unidos.
Así también, buscando rendijas en esa gran muralla, están las personas refugiadas que vienen desde otros países. Enrique Chiu, el artista que ha dedicado años a pintar —o, mejor dicho, a borrar con su arte— el muro de Tijuana, me compartió un dato interesante: el muro está construido un metro dentro del territorio estadounidense. Se hizo así para tener control sobre él. Paradójicamente, cuando te paras justo a un lado de las enormes columnas de metal estás en Estados Unidos. Y ese metro de tierra es a lo más que puede aspirar la gran mayoría de esos miles de personas desesperadas.
El muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. Pero además de esa barrera de metal están los muros que representa el sistema de visas, que discrimina por nivel económico y por color de piel; están los muros burocráticos de México, los muros que violentan con militares, cárceles y prácticas de exclusión y discriminación.
Resulta impostergable atender de manera regional las causas de la migración económica abriendo vías para la migración laboral que permitan la circularidad y la temporalidad, el acceso a visas de trabajo equitativas, sin discriminación por razón de género, dando acceso a salarios justos, a protección de derechos laborales, a condiciones dignas de trabajo e incluso acceso a sistemas de seguridad social.
Con respecto a la migración forzada, la atención debe ser distinta. En primer término, se deben respetar los tratados internacionales y las obligaciones que tiene cada país, fortalecer los sistemas de asilo en nuestra región y abordar la emergencia humanitaria en la que están las familias que ya se encuentran en nuestro territorio. Se debe exigir la aplicación de la ley sin diferencias ni discriminación, porque se trata de vidas que no pueden esperar décadas a enderezar los rumbos de países enteros, que sufren los estragos provocados por el cambio climático, los gobiernos corruptos y la operación de las pandillas transnacionales.
México tiene a su alcance soluciones viables desde el punto de vista legal, social, económico y político. Sin dejar de atender de manera regional las causas estructurales, que podrían verse corregidas en décadas, hoy debemos prestar atención a la coyuntura respetando los derechos humanos. Instituciones y personas de vasta experiencia en movilidad humana han puesto opciones sobre la mesa: vías factibles de regularización migratoria por razones humanitarias que se han hecho públicas (Comisión de Asuntos Migratorios, 2021). Y, sin embargo, nuestras autoridades se empeñan en seguir levantando muros.
La solución está en la ley, la política, el sentido común y la solidaridad. Las personas en movilidad son usadas como monedas de cambio, como elementos de negociación. Existen varias posibilidades y ejemplos exitosos en la historia reciente que nos muestran otras alternativas: regularización migratoria por razones humanitarias, [5] programas de regularización específicos [6] y programas de reubicación (ACNUR, 2021). Por todo esto, los muros no son la solución, pues separan, segregan y lastiman, y porque, de una u otra manera, las personas que buscan vivir dignamente seguirán intentando derrumbarlos sin descanso (Saiz, 2021).
1 Datos obtenidos del sitio web de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
2 Para más información, véase el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
3 Para más información, véase la Ley de Migración, art. 52, fracción VII, condición de visitante temporal.
4 Según el último Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven más de 5,000 personas haitianas.
5 Como atestiguamos que se otorgó a mujeres afganas.
6 Para más información, véase el informe “Programas de Regularización Migratoria en México”, de Sin Fronteras.
¡Gracias!
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En la frontera de Tijuana el muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. En este fragmento del libro Vidas desplazadas (Debate, 2023), además de la barrera física, analiza el enfrentamiento de los migrantes a los muros burocráticos, la violencia, la exclusión y la discriminación.
Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las invasiones de inmigrantes. Este es un discurso que vale la pena detenerse a desmenuzar. Nos demuestra la visión actual de la gestión migratoria en nuestra región que tiene un enfoque de seguridad nacional y que tristemente ha permeado en la opinión pública como si fuera el adecuado. Esta visión es consistente con lo que implica la protección de un territorio de una amenaza enemiga, de una invasión, de una agresión o de un atentado terrorista, y se fraguó los últimos años, agudizándose y evidenciándose después de los atentados del 11 de septiembre.
A partir de entonces se materializó una visión de seguridad nacional sobre la migración que se sostiene y toma forma mediante diversas barreras o muros que, observados en conjunto, obstaculizan la movilidad de las personas más desfavorecidas desde el enfoque político, social y económico.
La realidad es que vivimos en un mundo desigual. Para ejemplificar, tomemos en cuenta dos datos: 1) el ingreso per cápita y 2) la tasa de homicidios per cápita por cada 100 000 habitantes de algunos países. Este análisis superficial es útil para darnos una idea de cuán desigual es la realidad en países expulsores de nuestro continente y aquellos receptores de las personas en movilidad. Por ejemplo, tomemos los datos de Honduras, México, Venezuela y Haití:
Países por producto interno bruto per cápita (en dólares) de acuerdo con el Banco Mundial (2021).
- Honduras 2,771
- México 10,045
- Venezuela 3,965 [1]
- Haití 1,829
- Estados Unidos 70,240
Países por tasa de homicidio intencional de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2021).
- Honduras 37.6
- México 21.6
- Venezuela 41.6
- Haití 13.0
- Estados Unidos 7.8
Como vemos, la diferencia es abismal y podemos considerar que la situación descrita es similar a la que viven los países del Sur Global con respecto al Norte. Esta brutal desigualdad, combinada con las barreras o muros que pretendo mostrar, es la causa de las tragedias que aquejan a las personas en movilidad y que vemos tan frecuentemente. Basta voltear a ver las llamadas pateras, balsas improvisadas en donde las personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde las costas del norte de África.
Esos viajes peligrosos también suceden en las Américas. Las tragedias son cosa de todos los días, aunque nos detenemos en ellas cuando, por su magnitud o contundencia, nos recuerdan que se trata de seres humanos, de familias o de niñas o niños pequeños. Quien la haya visto sabrá que es imposible borrar de la mente la imagen de Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años ahogado en la playa de Turquía; igual que la de Óscar y Valeria Martínez, padre e hija salvadoreños flotando boca abajo en el lodo de la margen del río Bravo a unos cuantos metros de la frontera.
Estas imágenes nos sacuden, así como lo hacen las terribles tragedias de las muertes masivas de personas como consecuencia de viajar en las cajas metálicas de los tráileres, como las que vimos en Chiapas en diciembre de 2021 o en San Antonio, Texas, en junio de 2022, casos en los que perdió la vida más de un ciento de personas.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto. Es frecuente escuchar frases que juzgan a estas personas como irresponsables, como tontas, o considerarlas insensatas por arriesgar a sus hijos e hijas. Esas afirmaciones ignoran la realidad de los países expulsores y no ven la evidente falta de opciones. Justamente por esta situación, el derecho internacional de los refugiados considera la importancia de asegurar el acceso al territorio y del principio de no devolución (ACNUR, 1951). También toma en cuenta el hecho de que las personas en desplazamiento forzoso no llevan documentos consigo.
La situación de una persona que huye de un peligro inminente, como la amenaza de una pandilla o la falta de acceso a insulina padeciendo diabetes, no es muy distinta de las personas que perdieron sus medios de vida por efectos del cambio climático, o que se encuentran en la extrema pobreza, al grado de no tener acceso a alimentos para sobrevivir. Es una línea imposible de trazar, por más que las leyes exijan distinguir a las personas refugiadas de las migrantes.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto.
Dos niñas haitianas cerca de la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, luego de que más personas intentaran realizar un trámite en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que les permitiría permanecer más tiempo en México ante las dificultades que están teniendo sus compatriotas para ingresar a Estados Unidos, además, se encuentran a la espera de un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permita acceder a servicios de salud y oportunidades de empleo en México mientras son atendidos y poder continuar su viaje hasta la frontera.
Resulta muy complejo separar las situaciones por las que migran las personas, pues se trata de factores multicausales. A estos flujos masivos se les ha denominado flujos mixtos, ya que están compuestos de personas víctimas de desplazamientos internacionales forzados provocados por la persecución, la violencia, el crimen, los desastres naturales, la violencia intrafamiliar, la de género, o bien la pobreza extrema, la falta de oportunidades y las expectativas o la intención de reunificarse con sus familiares: en suma, por la necesidad de sobrevivir dignamente. Además de los desplazamientos forzosos, tenemos que considerar la migración económica, impulsada por los precarios salarios en los lugares de origen y las enormes brechas salariales marcadas entre el Sur y el Norte.
Ante la cobertura mediática y la percepción que generan las personas en movilidad, la reacción ha sido levantar o reforzar barreras que generen la sensación de separación, de protección. Recordemos los desafortunados tuitazos del entonces presidente Trump en abril de 2018 que ocasionaron un giro de 180 grados en la construcción de la política migratoria del presidente López Obrador apenas llegado al cargo (Linthicum, 2018). A partir de ese momento, vimos un endurecimiento evidente que ha generado la preocupación unánime de las agencias de las Naciones Unidas con presencia en nuestro país y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con múltiples acciones de este gobierno se pretende “controlar” la migración, y es evidente que se trata de una misión imposible. La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía, es inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve en un problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Ante esa realidad, la respuesta gubernamental ha sido obligar, presionar a las personas a permanecer en el sureste del país, básicamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hoy sabemos que en esa ciudad hay más de 60 000 personas migrantes y solicitantes de asilo —se calcula que 40% son niños, niñas y adolescentes— en situación de calle, sin permiso para trabajar, sin acceso a salud, educación o servicios básicos. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la tasa de informalidad laboral es de 74.2% en ese estado sureño del país (2022).
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se aprobó en 2011, junto con la reforma de derechos humanos. Si bien es una ley de avanzada en varios aspectos, como muchas de las leyes en México, fue concebida con base en la experiencia de las guerras de Centroamérica, en particular a partir de la recepción de las personas que llegaron a raíz de la guerra civil en Guatemala. Pero la situación actual es radicalmente diferente y el texto de la ley es el mismo, al igual que su reglamento, que no se ha modificado en los últimos diez años.
La autoridad competente para procesar las solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Una de las disposiciones en la ley establece que el procedimiento para solicitar la condición de refugiado se tendrá por abandonado en caso de que las personas dejen de residir en la entidad donde se inició el trámite. La mayor parte de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se presentan en la ciudad de Tapachula, por lo que, si las personas quieren continuar con su trámite, deben esperar a su resolución en el estado de Chiapas con limitadas oportunidades laborales que las condenan a vivir en condiciones precarias.
La espera de la resolución de la solicitud de asilo puede durar meses o incluso años. El rezago de la Comar es enorme, al grado de que 7 de cada 10 solicitudes están pendientes de resolución (Rojas, 2023). Además, hay que reconocer que la situación de la Comar podría ser aún más precaria si no contara con el respaldo presupuestal y técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Así, con este muro burocrático se pretende hacer esperar a las personas durante meses por trámites interminables. Esta espera ha provocado que recientemente las personas se organicen desde esa ciudad sureña para avanzar en caravanas, por lo menos para moverse con la intención de sortear ese primer muro y llegar a la Ciudad de México o a ciudades con mejores oportunidades laborales (VOA, 2023).
La migración es una característica de la sociedad, motor para la economía, inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Las personas que salen desde la ciudad de Tapachula hacia el centro de país lo hacen orilladas por la desesperación provocada por los meses de espera para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución rebasada y regida por un reglamento que no responde a la realidad actual. [2] Se trata de un organismo que cuenta actualmente con alrededor de 56 millones de pesos de presupuesto y que ha visto aumentar exponencialmente la demanda de sus servicios y, en cambio, reducirse su presupuesto los últimos dos años.
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país se encuentran con la situación normativa del abandono del procedimiento iniciado ante la Comar, o bien que las autoridades migratorias hacen caso omiso de dicha constancia que, incluso, les es retirada o destruida ante la incredulidad de las personas solicitantes de la condición de refugiado.
A la par, y contraviniendo lo que señala el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, impulsado y suscrito por México, que en su objetivo 5 establece que los Estados deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (ONU, 2018), la realidad es que las vías de regularización migratoria que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) son inaccesibles para la mayoría de las personas.
Según la Ley de Migración, aprobada también en 2011, el año de la gran reforma de derechos humanos del sistema jurídico mexicano, hay varios supuestos para lograr una situación migratoria regular en el país (Secretaría de Gobernación, 2011). Por ejemplo, una posibilidad es contar con una oferta de trabajo, hipótesis que solo se puede materializar —según la interpretación del INM— si dicha oferta se informa al ingresar en el país. Esta interpretación no se actualiza, generalmente, para las personas migrantes que ya se encuentran en México. Aclaro que utilizo la palabra “generalmente” porque el INM aplica excepciones a sus prácticas e interpretaciones a conveniencia. Esta posibilidad de regularización migratoria por oferta laboral es alcanzable para personas que cuentan con recursos para salir y entrar al país, además de contar con pasaporte vigente o alguna otra documentación que les permita cruzar una frontera internacional. Sumado a lo anterior, no podemos ignorar que se trata de un documento para cuya obtención se requiere hacer un pago de derechos bastante oneroso cada periodo de vigencia (INM, 2023). Así implementada la regularización migratoria, las limitaciones para obtener esa condición impactan de manera adversa y desproporcionada a las personas de escasos recursos y sin documentos. [3]
Otra posibilidad de regularización que contempla la Ley de Migración es la de visitante por razones humanitarias, la cual se puede obtener por ser víctima, ofendido o testigo de un delito grave; ser niño, niña o adolescente; ser solicitante de asilo, ya sea político, de la condición de refugiado o solicitante de protección complementaria, e incluso se puede otorgar, de acuerdo con el texto de la ley, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria la internación o regularización en el país de una persona (Secretaría de Gobernación, 2011). La realidad es que su emisión está vinculada a la solicitud de asilo acreditada mediante constancia emitida por la Comar, o bien, a total discreción del INM.
La emisión amplia de documentos a quienes cumplan los supuestos de la ley, además de avanzar los compromisos de los objetivos 4, 5 y 6 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, serviría para generar un control migratorio a través de mecanismos administrativos que permitan que las personas migrantes puedan acceder a derechos, contar con mejores oportunidades laborales y de desarrollo y no caer en riesgos de extorsión, deportación o trata; es decir, acceder a una vida digna en nuestro país. Pero en contra de los compromisos internacionales y de nuestras propias leyes, estas vías siguen estando restringidas y limitadas por la política migratoria y la corrupción de los operadores.
Este es un verdadero muro burocrático y económico que desgasta y frustra a las personas que quedan sin documentos en México. Ante la ineficacia del control administrativo, se erige el muro militar con el despliegue de la Guardia Nacional como resultado de un compromiso suscrito por ambos países en 2019 (Becerra, 2020).
Así, de conformidad con el compromiso, la administración del presidente López Obrador empezó a recibir solicitantes de asilo para esperar la resolución de sus procesos bajo el programa Quédate en México o Migrant Protection Protocols, además de desplegar a por lo menos 21 000 elementos de la Guardia Nacional en el sur del país, con la encomienda de hacer labores de contención migratoria (Guerra, 2019; Arista, 2019).
Este acuerdo mantuvo a las personas a la espera de su cita en las ciudades fronterizas del norte de México, y al mismo tiempo atrapó a las personas en el sur mediante esperas interminables para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución que, como ya se explicó, se encuentra rebasada y sin financiamiento suficiente para hacer frente al reto que implica recibir más de 140,000 solicitudes en 2023 (Rodríguez, 2023).
Al inicio de la pandemia por covid-19, los Estados Unidos de Norteamérica aplicaron una vieja regulación conocida como el Título 42, pretextando razones de salud para regresar inmediatamente a las personas que cruzaban de manera indocumentada desde México hacia ese país. Bajo esta práctica, México recibió a más de dos millones de personas, gran parte de ellas mexicanas, alrededor de 35% (Isacson, 2022). Esta norma se utilizó a la par del Título 8, directriz que siguió vigente y que implica la limitación de volver a entrar a Estados Unidos en ciertos años después de que la persona entró sin documentos e incluso implica sanciones de carácter penal y menor acceso al derecho a solicitar asilo (Seisdedos, 2023).
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país.
Todas las políticas migratorias que se implementan en Estados Unidos repercuten de manera importante en gran parte de México, así como lo hacen, de forma simultánea y dramática, en las fronteras norte y sur. Con la finalidad de evitar las concentraciones de personas en su frontera y desincentivar el cruce de personas sin documentos, desde el 12 de octubre de 2022 se implementó, en colaboración con el gobierno mexicano, una opción para personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, ciudadanos de países con los que no tiene buenas relaciones diplomáticas, para solicitar una estancia temporal de dos años a través de requisitos tales como iniciar el trámite fuera de territorio estadounidense, no haber ingresado de manera indocumentada, contar con un patrocinador en ese país y cumplir con requisitos de elegibilidad (USCIS, 2023).
A partir del 12 de enero de 2023 se dio el siguiente paso, que fue la implementación de la aplicación CBP One para agendar una cita para solicitar asilo desde fuera del territorio estadounidense. Aunque gracias a este mecanismo se logra recibir alrededor de mil personas al día en ocho puntos fronterizos, sin duda el mecanismo empleado vía internet y a través de un teléfono inteligente representa un muro tecnológico y económico para muchas de las personas más desfavorecidas y que además pueden tener necesidades de protección internacional (Martínez, 2023).
Las personas venezolanas fueron afectadas con estas nuevas disposiciones, ya que desde hace algunos años hay un desplazamiento constante, incluso caminando a través de la selva del Darién, con la finalidad de avanzar hacia el norte, casi siempre hacia Estados Unidos. Por si fueran pocas las barreras, desde el 21 de enero de 2022 el gobierno de México impuso la necesidad de visa para dicha población, edificando así otro muro difícil de sortear, debido a que muchas de ellas ni siquiera pueden aspirar a tener un pasaporte de su propio país. Según cifras del ACNUR, hay más de siete millones de personas originarias de Venezuela desplazadas por el continente.
También vale la pena detenernos en la migración de origen haitiano, que está siendo particularmente afectada por la aplicación de las políticas de contención y la falta de opciones para obtener un estatus regular en México. Acorralada sin más opciones que presentar solicitudes de asilo ante la Comar, dicha población representa 34% de las solicitudes de asilo presentadas en Tapachula (Silva, 2023). Esperando meses y meses sin respuesta ante una institución sobrepasada y sin muchas perspectivas de obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, ya que muchos de ellos no vienen directamente de Haití, sino que, después de años en movilidad, llegan desde Brasil y Chile. Varios de ellos tienen doble nacionalidad, calidad que también dificulta el reconocimiento de la Comar. Como sabemos, son originarios de un país devastado y sin posibilidades, al que, por razones humanitarias, no pueden ser retornados. Para la gran mayoría de estas personas México representa una nueva oportunidad, significa estar con sus familiares y amigos ya establecidos desde hace años en nuestro país. [4]
Así, hemos sido testigos del uso de la violencia institucional por parte del INM y también de la violencia física en contra de personas migrantes, incluso de grupos familiares con bebés y niños pequeños. El uso, con todo el rigor, de la fuerza por parte de la Guardia Nacional se ha justificado incluso desde la tribuna presidencial bajo el argumento de protegerlos de los peligros que representa seguir avanzando hacia el norte (INM, 2021). Resulta paradójica la justificación en el discurso de protección al notar los uniformes de asalto y las armas largas de los elementos desplegados.
Las detenciones y deportaciones han continuado, incluso durante los momentos más intensos de la pandemia. El INM implementó operativos a lo largo del país. Llevó a cabo deportaciones masivas sin detectar las necesidades de protección internacional de personas vulnerables, y privó de la libertad a las personas en las estaciones migratorias y las estancias provisionales.
La detención migratoria en México se ha practicado por años como la regla y no como la excepción. Sin Fronteras ha hecho un esfuerzo sostenido por denunciar y documentar esta práctica desde hace más de una década y ha emitido varios informes que vale la pena consultar para entender las condiciones inhumanas que prevalecen en esas instalaciones (Sin Fronteras, 2023). A pesar de las múltiples denuncias de riesgos y abusos, incluso después de que han acontecido desgracias como motines e incluso la muerte de 40 personas en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, el INM continúa deteniendo a las personas sin considerar que en México estar en situación migratoria no es un delito, sino una falta administrativa.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática (Fernández de la Reguera, 2021). Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal disponible y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo. La práctica es que sean devueltas a sus países de origen sin importar si su vida, salud o integridad corren riesgo y sin oportunidad de solicitar asilo.
Da la impresión de que, más que personas, son objetos para el INM, que los mueve a conveniencia, sin individualizarlos. Resulta una práctica frecuente trasladarlas de una estación a otra, o bien dejarlas abandonadas en parajes desolados o en algunos puntos fronterizos menos transitados, en la madrugada. Cuando su presencia resulta incómoda en alguna plaza pública, el INM se encarga de subirlas a autobuses y llevarlas a otra entidad federativa, de dejarlas a su suerte a la intemperie sin importar si son mujeres embarazadas o niños.
El INM ejecuta una contención violenta de las personas migrantes y refugiadas escondiéndose detrás del título del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sin tomar en cuenta el contenido del instrumento internacional. Las cláusulas a las que México se comprometió, como abrir vías regulares para migrar y hacer de la detención migratoria una excepción y no una regla, entre otras, no dejan de ser una ilusión. El costo de estas políticas migratorias que violan los derechos humanos ha sido muy elevado.
Nadie puede negar la necesidad de atender las llamadas causas raíz de la migración, que se refieren a fenómenos multicausales y complejos. No podemos reducir la problemática de los países expulsores a una falta de oportunidades laborales, tenemos que observar también la falta de un Estado de derecho, de acceso a la justicia y democracia. Sin embargo, estas soluciones son proyectos de largo plazo. Hoy la realidad es que las personas están en el México de los muros.
Hemos llenado México de muros, unos más visibles que otros. Por ejemplo, en Tijuana el muro es parte del paisaje y está presente y visible de manera constante en muchas partes de la ciudad hasta clavarse dentro del mar. Una de las cosas que más atrae mi atención es ver el contraste: mientras que del lado de México hay muchas construcciones, de todo tipo y categoría, del otro lado, junto a los enormes barrotes de metal, solo se ve el desierto y no hay ninguna construcción cercana. Ello es aún más notorio en la noche, pues del lado mexicano se aprecian las luces de las casas y los edificios, mientras que la luminosidad urbana de San Ysidro se ve a lo lejos. Da la impresión de que Tijuana también quiere pasar a San Diego.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática. Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo.
Más allá de lo que se observa, sabemos que en Tijuana se concentran miles de personas desplazadas internas, muchas de ellas originarias de Michoacán y Guerrero. Más de la mitad de los albergues están ocupados por nuestros connacionales que están huyendo de las amenazas del crimen organizado y de las persecuciones por razón de género. Madres con niños pequeños, personas adultas mayores, familias completas tratando de abrir un pequeño hueco en el muro para pedir asilo en Estados Unidos.
Así también, buscando rendijas en esa gran muralla, están las personas refugiadas que vienen desde otros países. Enrique Chiu, el artista que ha dedicado años a pintar —o, mejor dicho, a borrar con su arte— el muro de Tijuana, me compartió un dato interesante: el muro está construido un metro dentro del territorio estadounidense. Se hizo así para tener control sobre él. Paradójicamente, cuando te paras justo a un lado de las enormes columnas de metal estás en Estados Unidos. Y ese metro de tierra es a lo más que puede aspirar la gran mayoría de esos miles de personas desesperadas.
El muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. Pero además de esa barrera de metal están los muros que representa el sistema de visas, que discrimina por nivel económico y por color de piel; están los muros burocráticos de México, los muros que violentan con militares, cárceles y prácticas de exclusión y discriminación.
Resulta impostergable atender de manera regional las causas de la migración económica abriendo vías para la migración laboral que permitan la circularidad y la temporalidad, el acceso a visas de trabajo equitativas, sin discriminación por razón de género, dando acceso a salarios justos, a protección de derechos laborales, a condiciones dignas de trabajo e incluso acceso a sistemas de seguridad social.
Con respecto a la migración forzada, la atención debe ser distinta. En primer término, se deben respetar los tratados internacionales y las obligaciones que tiene cada país, fortalecer los sistemas de asilo en nuestra región y abordar la emergencia humanitaria en la que están las familias que ya se encuentran en nuestro territorio. Se debe exigir la aplicación de la ley sin diferencias ni discriminación, porque se trata de vidas que no pueden esperar décadas a enderezar los rumbos de países enteros, que sufren los estragos provocados por el cambio climático, los gobiernos corruptos y la operación de las pandillas transnacionales.
México tiene a su alcance soluciones viables desde el punto de vista legal, social, económico y político. Sin dejar de atender de manera regional las causas estructurales, que podrían verse corregidas en décadas, hoy debemos prestar atención a la coyuntura respetando los derechos humanos. Instituciones y personas de vasta experiencia en movilidad humana han puesto opciones sobre la mesa: vías factibles de regularización migratoria por razones humanitarias que se han hecho públicas (Comisión de Asuntos Migratorios, 2021). Y, sin embargo, nuestras autoridades se empeñan en seguir levantando muros.
La solución está en la ley, la política, el sentido común y la solidaridad. Las personas en movilidad son usadas como monedas de cambio, como elementos de negociación. Existen varias posibilidades y ejemplos exitosos en la historia reciente que nos muestran otras alternativas: regularización migratoria por razones humanitarias, [5] programas de regularización específicos [6] y programas de reubicación (ACNUR, 2021). Por todo esto, los muros no son la solución, pues separan, segregan y lastiman, y porque, de una u otra manera, las personas que buscan vivir dignamente seguirán intentando derrumbarlos sin descanso (Saiz, 2021).
1 Datos obtenidos del sitio web de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
2 Para más información, véase el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
3 Para más información, véase la Ley de Migración, art. 52, fracción VII, condición de visitante temporal.
4 Según el último Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven más de 5,000 personas haitianas.
5 Como atestiguamos que se otorgó a mujeres afganas.
6 Para más información, véase el informe “Programas de Regularización Migratoria en México”, de Sin Fronteras.
¡Gracias!
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Fotografía de Henry Romero/REUTERS. Migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, descansan afuera de sus tiendas de campaña en el parque Giordano Bruno mientras esperan un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que les permitiría continuar su viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos, en México. Ciudad, México 4 de abril de 2023.
En la frontera de Tijuana el muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. En este fragmento del libro Vidas desplazadas (Debate, 2023), además de la barrera física, analiza el enfrentamiento de los migrantes a los muros burocráticos, la violencia, la exclusión y la discriminación.
Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las invasiones de inmigrantes. Este es un discurso que vale la pena detenerse a desmenuzar. Nos demuestra la visión actual de la gestión migratoria en nuestra región que tiene un enfoque de seguridad nacional y que tristemente ha permeado en la opinión pública como si fuera el adecuado. Esta visión es consistente con lo que implica la protección de un territorio de una amenaza enemiga, de una invasión, de una agresión o de un atentado terrorista, y se fraguó los últimos años, agudizándose y evidenciándose después de los atentados del 11 de septiembre.
A partir de entonces se materializó una visión de seguridad nacional sobre la migración que se sostiene y toma forma mediante diversas barreras o muros que, observados en conjunto, obstaculizan la movilidad de las personas más desfavorecidas desde el enfoque político, social y económico.
La realidad es que vivimos en un mundo desigual. Para ejemplificar, tomemos en cuenta dos datos: 1) el ingreso per cápita y 2) la tasa de homicidios per cápita por cada 100 000 habitantes de algunos países. Este análisis superficial es útil para darnos una idea de cuán desigual es la realidad en países expulsores de nuestro continente y aquellos receptores de las personas en movilidad. Por ejemplo, tomemos los datos de Honduras, México, Venezuela y Haití:
Países por producto interno bruto per cápita (en dólares) de acuerdo con el Banco Mundial (2021).
- Honduras 2,771
- México 10,045
- Venezuela 3,965 [1]
- Haití 1,829
- Estados Unidos 70,240
Países por tasa de homicidio intencional de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2021).
- Honduras 37.6
- México 21.6
- Venezuela 41.6
- Haití 13.0
- Estados Unidos 7.8
Como vemos, la diferencia es abismal y podemos considerar que la situación descrita es similar a la que viven los países del Sur Global con respecto al Norte. Esta brutal desigualdad, combinada con las barreras o muros que pretendo mostrar, es la causa de las tragedias que aquejan a las personas en movilidad y que vemos tan frecuentemente. Basta voltear a ver las llamadas pateras, balsas improvisadas en donde las personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde las costas del norte de África.
Esos viajes peligrosos también suceden en las Américas. Las tragedias son cosa de todos los días, aunque nos detenemos en ellas cuando, por su magnitud o contundencia, nos recuerdan que se trata de seres humanos, de familias o de niñas o niños pequeños. Quien la haya visto sabrá que es imposible borrar de la mente la imagen de Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años ahogado en la playa de Turquía; igual que la de Óscar y Valeria Martínez, padre e hija salvadoreños flotando boca abajo en el lodo de la margen del río Bravo a unos cuantos metros de la frontera.
Estas imágenes nos sacuden, así como lo hacen las terribles tragedias de las muertes masivas de personas como consecuencia de viajar en las cajas metálicas de los tráileres, como las que vimos en Chiapas en diciembre de 2021 o en San Antonio, Texas, en junio de 2022, casos en los que perdió la vida más de un ciento de personas.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto. Es frecuente escuchar frases que juzgan a estas personas como irresponsables, como tontas, o considerarlas insensatas por arriesgar a sus hijos e hijas. Esas afirmaciones ignoran la realidad de los países expulsores y no ven la evidente falta de opciones. Justamente por esta situación, el derecho internacional de los refugiados considera la importancia de asegurar el acceso al territorio y del principio de no devolución (ACNUR, 1951). También toma en cuenta el hecho de que las personas en desplazamiento forzoso no llevan documentos consigo.
La situación de una persona que huye de un peligro inminente, como la amenaza de una pandilla o la falta de acceso a insulina padeciendo diabetes, no es muy distinta de las personas que perdieron sus medios de vida por efectos del cambio climático, o que se encuentran en la extrema pobreza, al grado de no tener acceso a alimentos para sobrevivir. Es una línea imposible de trazar, por más que las leyes exijan distinguir a las personas refugiadas de las migrantes.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto.
Dos niñas haitianas cerca de la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, luego de que más personas intentaran realizar un trámite en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que les permitiría permanecer más tiempo en México ante las dificultades que están teniendo sus compatriotas para ingresar a Estados Unidos, además, se encuentran a la espera de un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permita acceder a servicios de salud y oportunidades de empleo en México mientras son atendidos y poder continuar su viaje hasta la frontera.
Resulta muy complejo separar las situaciones por las que migran las personas, pues se trata de factores multicausales. A estos flujos masivos se les ha denominado flujos mixtos, ya que están compuestos de personas víctimas de desplazamientos internacionales forzados provocados por la persecución, la violencia, el crimen, los desastres naturales, la violencia intrafamiliar, la de género, o bien la pobreza extrema, la falta de oportunidades y las expectativas o la intención de reunificarse con sus familiares: en suma, por la necesidad de sobrevivir dignamente. Además de los desplazamientos forzosos, tenemos que considerar la migración económica, impulsada por los precarios salarios en los lugares de origen y las enormes brechas salariales marcadas entre el Sur y el Norte.
Ante la cobertura mediática y la percepción que generan las personas en movilidad, la reacción ha sido levantar o reforzar barreras que generen la sensación de separación, de protección. Recordemos los desafortunados tuitazos del entonces presidente Trump en abril de 2018 que ocasionaron un giro de 180 grados en la construcción de la política migratoria del presidente López Obrador apenas llegado al cargo (Linthicum, 2018). A partir de ese momento, vimos un endurecimiento evidente que ha generado la preocupación unánime de las agencias de las Naciones Unidas con presencia en nuestro país y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con múltiples acciones de este gobierno se pretende “controlar” la migración, y es evidente que se trata de una misión imposible. La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía, es inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve en un problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Ante esa realidad, la respuesta gubernamental ha sido obligar, presionar a las personas a permanecer en el sureste del país, básicamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hoy sabemos que en esa ciudad hay más de 60 000 personas migrantes y solicitantes de asilo —se calcula que 40% son niños, niñas y adolescentes— en situación de calle, sin permiso para trabajar, sin acceso a salud, educación o servicios básicos. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la tasa de informalidad laboral es de 74.2% en ese estado sureño del país (2022).
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se aprobó en 2011, junto con la reforma de derechos humanos. Si bien es una ley de avanzada en varios aspectos, como muchas de las leyes en México, fue concebida con base en la experiencia de las guerras de Centroamérica, en particular a partir de la recepción de las personas que llegaron a raíz de la guerra civil en Guatemala. Pero la situación actual es radicalmente diferente y el texto de la ley es el mismo, al igual que su reglamento, que no se ha modificado en los últimos diez años.
La autoridad competente para procesar las solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Una de las disposiciones en la ley establece que el procedimiento para solicitar la condición de refugiado se tendrá por abandonado en caso de que las personas dejen de residir en la entidad donde se inició el trámite. La mayor parte de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se presentan en la ciudad de Tapachula, por lo que, si las personas quieren continuar con su trámite, deben esperar a su resolución en el estado de Chiapas con limitadas oportunidades laborales que las condenan a vivir en condiciones precarias.
La espera de la resolución de la solicitud de asilo puede durar meses o incluso años. El rezago de la Comar es enorme, al grado de que 7 de cada 10 solicitudes están pendientes de resolución (Rojas, 2023). Además, hay que reconocer que la situación de la Comar podría ser aún más precaria si no contara con el respaldo presupuestal y técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Así, con este muro burocrático se pretende hacer esperar a las personas durante meses por trámites interminables. Esta espera ha provocado que recientemente las personas se organicen desde esa ciudad sureña para avanzar en caravanas, por lo menos para moverse con la intención de sortear ese primer muro y llegar a la Ciudad de México o a ciudades con mejores oportunidades laborales (VOA, 2023).
La migración es una característica de la sociedad, motor para la economía, inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Las personas que salen desde la ciudad de Tapachula hacia el centro de país lo hacen orilladas por la desesperación provocada por los meses de espera para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución rebasada y regida por un reglamento que no responde a la realidad actual. [2] Se trata de un organismo que cuenta actualmente con alrededor de 56 millones de pesos de presupuesto y que ha visto aumentar exponencialmente la demanda de sus servicios y, en cambio, reducirse su presupuesto los últimos dos años.
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país se encuentran con la situación normativa del abandono del procedimiento iniciado ante la Comar, o bien que las autoridades migratorias hacen caso omiso de dicha constancia que, incluso, les es retirada o destruida ante la incredulidad de las personas solicitantes de la condición de refugiado.
A la par, y contraviniendo lo que señala el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, impulsado y suscrito por México, que en su objetivo 5 establece que los Estados deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (ONU, 2018), la realidad es que las vías de regularización migratoria que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) son inaccesibles para la mayoría de las personas.
Según la Ley de Migración, aprobada también en 2011, el año de la gran reforma de derechos humanos del sistema jurídico mexicano, hay varios supuestos para lograr una situación migratoria regular en el país (Secretaría de Gobernación, 2011). Por ejemplo, una posibilidad es contar con una oferta de trabajo, hipótesis que solo se puede materializar —según la interpretación del INM— si dicha oferta se informa al ingresar en el país. Esta interpretación no se actualiza, generalmente, para las personas migrantes que ya se encuentran en México. Aclaro que utilizo la palabra “generalmente” porque el INM aplica excepciones a sus prácticas e interpretaciones a conveniencia. Esta posibilidad de regularización migratoria por oferta laboral es alcanzable para personas que cuentan con recursos para salir y entrar al país, además de contar con pasaporte vigente o alguna otra documentación que les permita cruzar una frontera internacional. Sumado a lo anterior, no podemos ignorar que se trata de un documento para cuya obtención se requiere hacer un pago de derechos bastante oneroso cada periodo de vigencia (INM, 2023). Así implementada la regularización migratoria, las limitaciones para obtener esa condición impactan de manera adversa y desproporcionada a las personas de escasos recursos y sin documentos. [3]
Otra posibilidad de regularización que contempla la Ley de Migración es la de visitante por razones humanitarias, la cual se puede obtener por ser víctima, ofendido o testigo de un delito grave; ser niño, niña o adolescente; ser solicitante de asilo, ya sea político, de la condición de refugiado o solicitante de protección complementaria, e incluso se puede otorgar, de acuerdo con el texto de la ley, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria la internación o regularización en el país de una persona (Secretaría de Gobernación, 2011). La realidad es que su emisión está vinculada a la solicitud de asilo acreditada mediante constancia emitida por la Comar, o bien, a total discreción del INM.
La emisión amplia de documentos a quienes cumplan los supuestos de la ley, además de avanzar los compromisos de los objetivos 4, 5 y 6 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, serviría para generar un control migratorio a través de mecanismos administrativos que permitan que las personas migrantes puedan acceder a derechos, contar con mejores oportunidades laborales y de desarrollo y no caer en riesgos de extorsión, deportación o trata; es decir, acceder a una vida digna en nuestro país. Pero en contra de los compromisos internacionales y de nuestras propias leyes, estas vías siguen estando restringidas y limitadas por la política migratoria y la corrupción de los operadores.
Este es un verdadero muro burocrático y económico que desgasta y frustra a las personas que quedan sin documentos en México. Ante la ineficacia del control administrativo, se erige el muro militar con el despliegue de la Guardia Nacional como resultado de un compromiso suscrito por ambos países en 2019 (Becerra, 2020).
Así, de conformidad con el compromiso, la administración del presidente López Obrador empezó a recibir solicitantes de asilo para esperar la resolución de sus procesos bajo el programa Quédate en México o Migrant Protection Protocols, además de desplegar a por lo menos 21 000 elementos de la Guardia Nacional en el sur del país, con la encomienda de hacer labores de contención migratoria (Guerra, 2019; Arista, 2019).
Este acuerdo mantuvo a las personas a la espera de su cita en las ciudades fronterizas del norte de México, y al mismo tiempo atrapó a las personas en el sur mediante esperas interminables para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución que, como ya se explicó, se encuentra rebasada y sin financiamiento suficiente para hacer frente al reto que implica recibir más de 140,000 solicitudes en 2023 (Rodríguez, 2023).
Al inicio de la pandemia por covid-19, los Estados Unidos de Norteamérica aplicaron una vieja regulación conocida como el Título 42, pretextando razones de salud para regresar inmediatamente a las personas que cruzaban de manera indocumentada desde México hacia ese país. Bajo esta práctica, México recibió a más de dos millones de personas, gran parte de ellas mexicanas, alrededor de 35% (Isacson, 2022). Esta norma se utilizó a la par del Título 8, directriz que siguió vigente y que implica la limitación de volver a entrar a Estados Unidos en ciertos años después de que la persona entró sin documentos e incluso implica sanciones de carácter penal y menor acceso al derecho a solicitar asilo (Seisdedos, 2023).
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país.
Todas las políticas migratorias que se implementan en Estados Unidos repercuten de manera importante en gran parte de México, así como lo hacen, de forma simultánea y dramática, en las fronteras norte y sur. Con la finalidad de evitar las concentraciones de personas en su frontera y desincentivar el cruce de personas sin documentos, desde el 12 de octubre de 2022 se implementó, en colaboración con el gobierno mexicano, una opción para personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, ciudadanos de países con los que no tiene buenas relaciones diplomáticas, para solicitar una estancia temporal de dos años a través de requisitos tales como iniciar el trámite fuera de territorio estadounidense, no haber ingresado de manera indocumentada, contar con un patrocinador en ese país y cumplir con requisitos de elegibilidad (USCIS, 2023).
A partir del 12 de enero de 2023 se dio el siguiente paso, que fue la implementación de la aplicación CBP One para agendar una cita para solicitar asilo desde fuera del territorio estadounidense. Aunque gracias a este mecanismo se logra recibir alrededor de mil personas al día en ocho puntos fronterizos, sin duda el mecanismo empleado vía internet y a través de un teléfono inteligente representa un muro tecnológico y económico para muchas de las personas más desfavorecidas y que además pueden tener necesidades de protección internacional (Martínez, 2023).
Las personas venezolanas fueron afectadas con estas nuevas disposiciones, ya que desde hace algunos años hay un desplazamiento constante, incluso caminando a través de la selva del Darién, con la finalidad de avanzar hacia el norte, casi siempre hacia Estados Unidos. Por si fueran pocas las barreras, desde el 21 de enero de 2022 el gobierno de México impuso la necesidad de visa para dicha población, edificando así otro muro difícil de sortear, debido a que muchas de ellas ni siquiera pueden aspirar a tener un pasaporte de su propio país. Según cifras del ACNUR, hay más de siete millones de personas originarias de Venezuela desplazadas por el continente.
También vale la pena detenernos en la migración de origen haitiano, que está siendo particularmente afectada por la aplicación de las políticas de contención y la falta de opciones para obtener un estatus regular en México. Acorralada sin más opciones que presentar solicitudes de asilo ante la Comar, dicha población representa 34% de las solicitudes de asilo presentadas en Tapachula (Silva, 2023). Esperando meses y meses sin respuesta ante una institución sobrepasada y sin muchas perspectivas de obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, ya que muchos de ellos no vienen directamente de Haití, sino que, después de años en movilidad, llegan desde Brasil y Chile. Varios de ellos tienen doble nacionalidad, calidad que también dificulta el reconocimiento de la Comar. Como sabemos, son originarios de un país devastado y sin posibilidades, al que, por razones humanitarias, no pueden ser retornados. Para la gran mayoría de estas personas México representa una nueva oportunidad, significa estar con sus familiares y amigos ya establecidos desde hace años en nuestro país. [4]
Así, hemos sido testigos del uso de la violencia institucional por parte del INM y también de la violencia física en contra de personas migrantes, incluso de grupos familiares con bebés y niños pequeños. El uso, con todo el rigor, de la fuerza por parte de la Guardia Nacional se ha justificado incluso desde la tribuna presidencial bajo el argumento de protegerlos de los peligros que representa seguir avanzando hacia el norte (INM, 2021). Resulta paradójica la justificación en el discurso de protección al notar los uniformes de asalto y las armas largas de los elementos desplegados.
Las detenciones y deportaciones han continuado, incluso durante los momentos más intensos de la pandemia. El INM implementó operativos a lo largo del país. Llevó a cabo deportaciones masivas sin detectar las necesidades de protección internacional de personas vulnerables, y privó de la libertad a las personas en las estaciones migratorias y las estancias provisionales.
La detención migratoria en México se ha practicado por años como la regla y no como la excepción. Sin Fronteras ha hecho un esfuerzo sostenido por denunciar y documentar esta práctica desde hace más de una década y ha emitido varios informes que vale la pena consultar para entender las condiciones inhumanas que prevalecen en esas instalaciones (Sin Fronteras, 2023). A pesar de las múltiples denuncias de riesgos y abusos, incluso después de que han acontecido desgracias como motines e incluso la muerte de 40 personas en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, el INM continúa deteniendo a las personas sin considerar que en México estar en situación migratoria no es un delito, sino una falta administrativa.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática (Fernández de la Reguera, 2021). Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal disponible y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo. La práctica es que sean devueltas a sus países de origen sin importar si su vida, salud o integridad corren riesgo y sin oportunidad de solicitar asilo.
Da la impresión de que, más que personas, son objetos para el INM, que los mueve a conveniencia, sin individualizarlos. Resulta una práctica frecuente trasladarlas de una estación a otra, o bien dejarlas abandonadas en parajes desolados o en algunos puntos fronterizos menos transitados, en la madrugada. Cuando su presencia resulta incómoda en alguna plaza pública, el INM se encarga de subirlas a autobuses y llevarlas a otra entidad federativa, de dejarlas a su suerte a la intemperie sin importar si son mujeres embarazadas o niños.
El INM ejecuta una contención violenta de las personas migrantes y refugiadas escondiéndose detrás del título del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sin tomar en cuenta el contenido del instrumento internacional. Las cláusulas a las que México se comprometió, como abrir vías regulares para migrar y hacer de la detención migratoria una excepción y no una regla, entre otras, no dejan de ser una ilusión. El costo de estas políticas migratorias que violan los derechos humanos ha sido muy elevado.
Nadie puede negar la necesidad de atender las llamadas causas raíz de la migración, que se refieren a fenómenos multicausales y complejos. No podemos reducir la problemática de los países expulsores a una falta de oportunidades laborales, tenemos que observar también la falta de un Estado de derecho, de acceso a la justicia y democracia. Sin embargo, estas soluciones son proyectos de largo plazo. Hoy la realidad es que las personas están en el México de los muros.
Hemos llenado México de muros, unos más visibles que otros. Por ejemplo, en Tijuana el muro es parte del paisaje y está presente y visible de manera constante en muchas partes de la ciudad hasta clavarse dentro del mar. Una de las cosas que más atrae mi atención es ver el contraste: mientras que del lado de México hay muchas construcciones, de todo tipo y categoría, del otro lado, junto a los enormes barrotes de metal, solo se ve el desierto y no hay ninguna construcción cercana. Ello es aún más notorio en la noche, pues del lado mexicano se aprecian las luces de las casas y los edificios, mientras que la luminosidad urbana de San Ysidro se ve a lo lejos. Da la impresión de que Tijuana también quiere pasar a San Diego.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática. Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo.
Más allá de lo que se observa, sabemos que en Tijuana se concentran miles de personas desplazadas internas, muchas de ellas originarias de Michoacán y Guerrero. Más de la mitad de los albergues están ocupados por nuestros connacionales que están huyendo de las amenazas del crimen organizado y de las persecuciones por razón de género. Madres con niños pequeños, personas adultas mayores, familias completas tratando de abrir un pequeño hueco en el muro para pedir asilo en Estados Unidos.
Así también, buscando rendijas en esa gran muralla, están las personas refugiadas que vienen desde otros países. Enrique Chiu, el artista que ha dedicado años a pintar —o, mejor dicho, a borrar con su arte— el muro de Tijuana, me compartió un dato interesante: el muro está construido un metro dentro del territorio estadounidense. Se hizo así para tener control sobre él. Paradójicamente, cuando te paras justo a un lado de las enormes columnas de metal estás en Estados Unidos. Y ese metro de tierra es a lo más que puede aspirar la gran mayoría de esos miles de personas desesperadas.
El muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. Pero además de esa barrera de metal están los muros que representa el sistema de visas, que discrimina por nivel económico y por color de piel; están los muros burocráticos de México, los muros que violentan con militares, cárceles y prácticas de exclusión y discriminación.
Resulta impostergable atender de manera regional las causas de la migración económica abriendo vías para la migración laboral que permitan la circularidad y la temporalidad, el acceso a visas de trabajo equitativas, sin discriminación por razón de género, dando acceso a salarios justos, a protección de derechos laborales, a condiciones dignas de trabajo e incluso acceso a sistemas de seguridad social.
Con respecto a la migración forzada, la atención debe ser distinta. En primer término, se deben respetar los tratados internacionales y las obligaciones que tiene cada país, fortalecer los sistemas de asilo en nuestra región y abordar la emergencia humanitaria en la que están las familias que ya se encuentran en nuestro territorio. Se debe exigir la aplicación de la ley sin diferencias ni discriminación, porque se trata de vidas que no pueden esperar décadas a enderezar los rumbos de países enteros, que sufren los estragos provocados por el cambio climático, los gobiernos corruptos y la operación de las pandillas transnacionales.
México tiene a su alcance soluciones viables desde el punto de vista legal, social, económico y político. Sin dejar de atender de manera regional las causas estructurales, que podrían verse corregidas en décadas, hoy debemos prestar atención a la coyuntura respetando los derechos humanos. Instituciones y personas de vasta experiencia en movilidad humana han puesto opciones sobre la mesa: vías factibles de regularización migratoria por razones humanitarias que se han hecho públicas (Comisión de Asuntos Migratorios, 2021). Y, sin embargo, nuestras autoridades se empeñan en seguir levantando muros.
La solución está en la ley, la política, el sentido común y la solidaridad. Las personas en movilidad son usadas como monedas de cambio, como elementos de negociación. Existen varias posibilidades y ejemplos exitosos en la historia reciente que nos muestran otras alternativas: regularización migratoria por razones humanitarias, [5] programas de regularización específicos [6] y programas de reubicación (ACNUR, 2021). Por todo esto, los muros no son la solución, pues separan, segregan y lastiman, y porque, de una u otra manera, las personas que buscan vivir dignamente seguirán intentando derrumbarlos sin descanso (Saiz, 2021).
1 Datos obtenidos del sitio web de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
2 Para más información, véase el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
3 Para más información, véase la Ley de Migración, art. 52, fracción VII, condición de visitante temporal.
4 Según el último Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven más de 5,000 personas haitianas.
5 Como atestiguamos que se otorgó a mujeres afganas.
6 Para más información, véase el informe “Programas de Regularización Migratoria en México”, de Sin Fronteras.
¡Gracias!
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En la frontera de Tijuana el muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. En este fragmento del libro Vidas desplazadas (Debate, 2023), además de la barrera física, analiza el enfrentamiento de los migrantes a los muros burocráticos, la violencia, la exclusión y la discriminación.
Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las invasiones de inmigrantes. Este es un discurso que vale la pena detenerse a desmenuzar. Nos demuestra la visión actual de la gestión migratoria en nuestra región que tiene un enfoque de seguridad nacional y que tristemente ha permeado en la opinión pública como si fuera el adecuado. Esta visión es consistente con lo que implica la protección de un territorio de una amenaza enemiga, de una invasión, de una agresión o de un atentado terrorista, y se fraguó los últimos años, agudizándose y evidenciándose después de los atentados del 11 de septiembre.
A partir de entonces se materializó una visión de seguridad nacional sobre la migración que se sostiene y toma forma mediante diversas barreras o muros que, observados en conjunto, obstaculizan la movilidad de las personas más desfavorecidas desde el enfoque político, social y económico.
La realidad es que vivimos en un mundo desigual. Para ejemplificar, tomemos en cuenta dos datos: 1) el ingreso per cápita y 2) la tasa de homicidios per cápita por cada 100 000 habitantes de algunos países. Este análisis superficial es útil para darnos una idea de cuán desigual es la realidad en países expulsores de nuestro continente y aquellos receptores de las personas en movilidad. Por ejemplo, tomemos los datos de Honduras, México, Venezuela y Haití:
Países por producto interno bruto per cápita (en dólares) de acuerdo con el Banco Mundial (2021).
- Honduras 2,771
- México 10,045
- Venezuela 3,965 [1]
- Haití 1,829
- Estados Unidos 70,240
Países por tasa de homicidio intencional de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2021).
- Honduras 37.6
- México 21.6
- Venezuela 41.6
- Haití 13.0
- Estados Unidos 7.8
Como vemos, la diferencia es abismal y podemos considerar que la situación descrita es similar a la que viven los países del Sur Global con respecto al Norte. Esta brutal desigualdad, combinada con las barreras o muros que pretendo mostrar, es la causa de las tragedias que aquejan a las personas en movilidad y que vemos tan frecuentemente. Basta voltear a ver las llamadas pateras, balsas improvisadas en donde las personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde las costas del norte de África.
Esos viajes peligrosos también suceden en las Américas. Las tragedias son cosa de todos los días, aunque nos detenemos en ellas cuando, por su magnitud o contundencia, nos recuerdan que se trata de seres humanos, de familias o de niñas o niños pequeños. Quien la haya visto sabrá que es imposible borrar de la mente la imagen de Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años ahogado en la playa de Turquía; igual que la de Óscar y Valeria Martínez, padre e hija salvadoreños flotando boca abajo en el lodo de la margen del río Bravo a unos cuantos metros de la frontera.
Estas imágenes nos sacuden, así como lo hacen las terribles tragedias de las muertes masivas de personas como consecuencia de viajar en las cajas metálicas de los tráileres, como las que vimos en Chiapas en diciembre de 2021 o en San Antonio, Texas, en junio de 2022, casos en los que perdió la vida más de un ciento de personas.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto. Es frecuente escuchar frases que juzgan a estas personas como irresponsables, como tontas, o considerarlas insensatas por arriesgar a sus hijos e hijas. Esas afirmaciones ignoran la realidad de los países expulsores y no ven la evidente falta de opciones. Justamente por esta situación, el derecho internacional de los refugiados considera la importancia de asegurar el acceso al territorio y del principio de no devolución (ACNUR, 1951). También toma en cuenta el hecho de que las personas en desplazamiento forzoso no llevan documentos consigo.
La situación de una persona que huye de un peligro inminente, como la amenaza de una pandilla o la falta de acceso a insulina padeciendo diabetes, no es muy distinta de las personas que perdieron sus medios de vida por efectos del cambio climático, o que se encuentran en la extrema pobreza, al grado de no tener acceso a alimentos para sobrevivir. Es una línea imposible de trazar, por más que las leyes exijan distinguir a las personas refugiadas de las migrantes.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto.
Dos niñas haitianas cerca de la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, luego de que más personas intentaran realizar un trámite en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que les permitiría permanecer más tiempo en México ante las dificultades que están teniendo sus compatriotas para ingresar a Estados Unidos, además, se encuentran a la espera de un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permita acceder a servicios de salud y oportunidades de empleo en México mientras son atendidos y poder continuar su viaje hasta la frontera.
Resulta muy complejo separar las situaciones por las que migran las personas, pues se trata de factores multicausales. A estos flujos masivos se les ha denominado flujos mixtos, ya que están compuestos de personas víctimas de desplazamientos internacionales forzados provocados por la persecución, la violencia, el crimen, los desastres naturales, la violencia intrafamiliar, la de género, o bien la pobreza extrema, la falta de oportunidades y las expectativas o la intención de reunificarse con sus familiares: en suma, por la necesidad de sobrevivir dignamente. Además de los desplazamientos forzosos, tenemos que considerar la migración económica, impulsada por los precarios salarios en los lugares de origen y las enormes brechas salariales marcadas entre el Sur y el Norte.
Ante la cobertura mediática y la percepción que generan las personas en movilidad, la reacción ha sido levantar o reforzar barreras que generen la sensación de separación, de protección. Recordemos los desafortunados tuitazos del entonces presidente Trump en abril de 2018 que ocasionaron un giro de 180 grados en la construcción de la política migratoria del presidente López Obrador apenas llegado al cargo (Linthicum, 2018). A partir de ese momento, vimos un endurecimiento evidente que ha generado la preocupación unánime de las agencias de las Naciones Unidas con presencia en nuestro país y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con múltiples acciones de este gobierno se pretende “controlar” la migración, y es evidente que se trata de una misión imposible. La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía, es inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve en un problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Ante esa realidad, la respuesta gubernamental ha sido obligar, presionar a las personas a permanecer en el sureste del país, básicamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hoy sabemos que en esa ciudad hay más de 60 000 personas migrantes y solicitantes de asilo —se calcula que 40% son niños, niñas y adolescentes— en situación de calle, sin permiso para trabajar, sin acceso a salud, educación o servicios básicos. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la tasa de informalidad laboral es de 74.2% en ese estado sureño del país (2022).
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se aprobó en 2011, junto con la reforma de derechos humanos. Si bien es una ley de avanzada en varios aspectos, como muchas de las leyes en México, fue concebida con base en la experiencia de las guerras de Centroamérica, en particular a partir de la recepción de las personas que llegaron a raíz de la guerra civil en Guatemala. Pero la situación actual es radicalmente diferente y el texto de la ley es el mismo, al igual que su reglamento, que no se ha modificado en los últimos diez años.
La autoridad competente para procesar las solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Una de las disposiciones en la ley establece que el procedimiento para solicitar la condición de refugiado se tendrá por abandonado en caso de que las personas dejen de residir en la entidad donde se inició el trámite. La mayor parte de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se presentan en la ciudad de Tapachula, por lo que, si las personas quieren continuar con su trámite, deben esperar a su resolución en el estado de Chiapas con limitadas oportunidades laborales que las condenan a vivir en condiciones precarias.
La espera de la resolución de la solicitud de asilo puede durar meses o incluso años. El rezago de la Comar es enorme, al grado de que 7 de cada 10 solicitudes están pendientes de resolución (Rojas, 2023). Además, hay que reconocer que la situación de la Comar podría ser aún más precaria si no contara con el respaldo presupuestal y técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Así, con este muro burocrático se pretende hacer esperar a las personas durante meses por trámites interminables. Esta espera ha provocado que recientemente las personas se organicen desde esa ciudad sureña para avanzar en caravanas, por lo menos para moverse con la intención de sortear ese primer muro y llegar a la Ciudad de México o a ciudades con mejores oportunidades laborales (VOA, 2023).
La migración es una característica de la sociedad, motor para la economía, inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Las personas que salen desde la ciudad de Tapachula hacia el centro de país lo hacen orilladas por la desesperación provocada por los meses de espera para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución rebasada y regida por un reglamento que no responde a la realidad actual. [2] Se trata de un organismo que cuenta actualmente con alrededor de 56 millones de pesos de presupuesto y que ha visto aumentar exponencialmente la demanda de sus servicios y, en cambio, reducirse su presupuesto los últimos dos años.
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país se encuentran con la situación normativa del abandono del procedimiento iniciado ante la Comar, o bien que las autoridades migratorias hacen caso omiso de dicha constancia que, incluso, les es retirada o destruida ante la incredulidad de las personas solicitantes de la condición de refugiado.
A la par, y contraviniendo lo que señala el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, impulsado y suscrito por México, que en su objetivo 5 establece que los Estados deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (ONU, 2018), la realidad es que las vías de regularización migratoria que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) son inaccesibles para la mayoría de las personas.
Según la Ley de Migración, aprobada también en 2011, el año de la gran reforma de derechos humanos del sistema jurídico mexicano, hay varios supuestos para lograr una situación migratoria regular en el país (Secretaría de Gobernación, 2011). Por ejemplo, una posibilidad es contar con una oferta de trabajo, hipótesis que solo se puede materializar —según la interpretación del INM— si dicha oferta se informa al ingresar en el país. Esta interpretación no se actualiza, generalmente, para las personas migrantes que ya se encuentran en México. Aclaro que utilizo la palabra “generalmente” porque el INM aplica excepciones a sus prácticas e interpretaciones a conveniencia. Esta posibilidad de regularización migratoria por oferta laboral es alcanzable para personas que cuentan con recursos para salir y entrar al país, además de contar con pasaporte vigente o alguna otra documentación que les permita cruzar una frontera internacional. Sumado a lo anterior, no podemos ignorar que se trata de un documento para cuya obtención se requiere hacer un pago de derechos bastante oneroso cada periodo de vigencia (INM, 2023). Así implementada la regularización migratoria, las limitaciones para obtener esa condición impactan de manera adversa y desproporcionada a las personas de escasos recursos y sin documentos. [3]
Otra posibilidad de regularización que contempla la Ley de Migración es la de visitante por razones humanitarias, la cual se puede obtener por ser víctima, ofendido o testigo de un delito grave; ser niño, niña o adolescente; ser solicitante de asilo, ya sea político, de la condición de refugiado o solicitante de protección complementaria, e incluso se puede otorgar, de acuerdo con el texto de la ley, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria la internación o regularización en el país de una persona (Secretaría de Gobernación, 2011). La realidad es que su emisión está vinculada a la solicitud de asilo acreditada mediante constancia emitida por la Comar, o bien, a total discreción del INM.
La emisión amplia de documentos a quienes cumplan los supuestos de la ley, además de avanzar los compromisos de los objetivos 4, 5 y 6 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, serviría para generar un control migratorio a través de mecanismos administrativos que permitan que las personas migrantes puedan acceder a derechos, contar con mejores oportunidades laborales y de desarrollo y no caer en riesgos de extorsión, deportación o trata; es decir, acceder a una vida digna en nuestro país. Pero en contra de los compromisos internacionales y de nuestras propias leyes, estas vías siguen estando restringidas y limitadas por la política migratoria y la corrupción de los operadores.
Este es un verdadero muro burocrático y económico que desgasta y frustra a las personas que quedan sin documentos en México. Ante la ineficacia del control administrativo, se erige el muro militar con el despliegue de la Guardia Nacional como resultado de un compromiso suscrito por ambos países en 2019 (Becerra, 2020).
Así, de conformidad con el compromiso, la administración del presidente López Obrador empezó a recibir solicitantes de asilo para esperar la resolución de sus procesos bajo el programa Quédate en México o Migrant Protection Protocols, además de desplegar a por lo menos 21 000 elementos de la Guardia Nacional en el sur del país, con la encomienda de hacer labores de contención migratoria (Guerra, 2019; Arista, 2019).
Este acuerdo mantuvo a las personas a la espera de su cita en las ciudades fronterizas del norte de México, y al mismo tiempo atrapó a las personas en el sur mediante esperas interminables para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución que, como ya se explicó, se encuentra rebasada y sin financiamiento suficiente para hacer frente al reto que implica recibir más de 140,000 solicitudes en 2023 (Rodríguez, 2023).
Al inicio de la pandemia por covid-19, los Estados Unidos de Norteamérica aplicaron una vieja regulación conocida como el Título 42, pretextando razones de salud para regresar inmediatamente a las personas que cruzaban de manera indocumentada desde México hacia ese país. Bajo esta práctica, México recibió a más de dos millones de personas, gran parte de ellas mexicanas, alrededor de 35% (Isacson, 2022). Esta norma se utilizó a la par del Título 8, directriz que siguió vigente y que implica la limitación de volver a entrar a Estados Unidos en ciertos años después de que la persona entró sin documentos e incluso implica sanciones de carácter penal y menor acceso al derecho a solicitar asilo (Seisdedos, 2023).
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país.
Todas las políticas migratorias que se implementan en Estados Unidos repercuten de manera importante en gran parte de México, así como lo hacen, de forma simultánea y dramática, en las fronteras norte y sur. Con la finalidad de evitar las concentraciones de personas en su frontera y desincentivar el cruce de personas sin documentos, desde el 12 de octubre de 2022 se implementó, en colaboración con el gobierno mexicano, una opción para personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, ciudadanos de países con los que no tiene buenas relaciones diplomáticas, para solicitar una estancia temporal de dos años a través de requisitos tales como iniciar el trámite fuera de territorio estadounidense, no haber ingresado de manera indocumentada, contar con un patrocinador en ese país y cumplir con requisitos de elegibilidad (USCIS, 2023).
A partir del 12 de enero de 2023 se dio el siguiente paso, que fue la implementación de la aplicación CBP One para agendar una cita para solicitar asilo desde fuera del territorio estadounidense. Aunque gracias a este mecanismo se logra recibir alrededor de mil personas al día en ocho puntos fronterizos, sin duda el mecanismo empleado vía internet y a través de un teléfono inteligente representa un muro tecnológico y económico para muchas de las personas más desfavorecidas y que además pueden tener necesidades de protección internacional (Martínez, 2023).
Las personas venezolanas fueron afectadas con estas nuevas disposiciones, ya que desde hace algunos años hay un desplazamiento constante, incluso caminando a través de la selva del Darién, con la finalidad de avanzar hacia el norte, casi siempre hacia Estados Unidos. Por si fueran pocas las barreras, desde el 21 de enero de 2022 el gobierno de México impuso la necesidad de visa para dicha población, edificando así otro muro difícil de sortear, debido a que muchas de ellas ni siquiera pueden aspirar a tener un pasaporte de su propio país. Según cifras del ACNUR, hay más de siete millones de personas originarias de Venezuela desplazadas por el continente.
También vale la pena detenernos en la migración de origen haitiano, que está siendo particularmente afectada por la aplicación de las políticas de contención y la falta de opciones para obtener un estatus regular en México. Acorralada sin más opciones que presentar solicitudes de asilo ante la Comar, dicha población representa 34% de las solicitudes de asilo presentadas en Tapachula (Silva, 2023). Esperando meses y meses sin respuesta ante una institución sobrepasada y sin muchas perspectivas de obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, ya que muchos de ellos no vienen directamente de Haití, sino que, después de años en movilidad, llegan desde Brasil y Chile. Varios de ellos tienen doble nacionalidad, calidad que también dificulta el reconocimiento de la Comar. Como sabemos, son originarios de un país devastado y sin posibilidades, al que, por razones humanitarias, no pueden ser retornados. Para la gran mayoría de estas personas México representa una nueva oportunidad, significa estar con sus familiares y amigos ya establecidos desde hace años en nuestro país. [4]
Así, hemos sido testigos del uso de la violencia institucional por parte del INM y también de la violencia física en contra de personas migrantes, incluso de grupos familiares con bebés y niños pequeños. El uso, con todo el rigor, de la fuerza por parte de la Guardia Nacional se ha justificado incluso desde la tribuna presidencial bajo el argumento de protegerlos de los peligros que representa seguir avanzando hacia el norte (INM, 2021). Resulta paradójica la justificación en el discurso de protección al notar los uniformes de asalto y las armas largas de los elementos desplegados.
Las detenciones y deportaciones han continuado, incluso durante los momentos más intensos de la pandemia. El INM implementó operativos a lo largo del país. Llevó a cabo deportaciones masivas sin detectar las necesidades de protección internacional de personas vulnerables, y privó de la libertad a las personas en las estaciones migratorias y las estancias provisionales.
La detención migratoria en México se ha practicado por años como la regla y no como la excepción. Sin Fronteras ha hecho un esfuerzo sostenido por denunciar y documentar esta práctica desde hace más de una década y ha emitido varios informes que vale la pena consultar para entender las condiciones inhumanas que prevalecen en esas instalaciones (Sin Fronteras, 2023). A pesar de las múltiples denuncias de riesgos y abusos, incluso después de que han acontecido desgracias como motines e incluso la muerte de 40 personas en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, el INM continúa deteniendo a las personas sin considerar que en México estar en situación migratoria no es un delito, sino una falta administrativa.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática (Fernández de la Reguera, 2021). Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal disponible y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo. La práctica es que sean devueltas a sus países de origen sin importar si su vida, salud o integridad corren riesgo y sin oportunidad de solicitar asilo.
Da la impresión de que, más que personas, son objetos para el INM, que los mueve a conveniencia, sin individualizarlos. Resulta una práctica frecuente trasladarlas de una estación a otra, o bien dejarlas abandonadas en parajes desolados o en algunos puntos fronterizos menos transitados, en la madrugada. Cuando su presencia resulta incómoda en alguna plaza pública, el INM se encarga de subirlas a autobuses y llevarlas a otra entidad federativa, de dejarlas a su suerte a la intemperie sin importar si son mujeres embarazadas o niños.
El INM ejecuta una contención violenta de las personas migrantes y refugiadas escondiéndose detrás del título del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sin tomar en cuenta el contenido del instrumento internacional. Las cláusulas a las que México se comprometió, como abrir vías regulares para migrar y hacer de la detención migratoria una excepción y no una regla, entre otras, no dejan de ser una ilusión. El costo de estas políticas migratorias que violan los derechos humanos ha sido muy elevado.
Nadie puede negar la necesidad de atender las llamadas causas raíz de la migración, que se refieren a fenómenos multicausales y complejos. No podemos reducir la problemática de los países expulsores a una falta de oportunidades laborales, tenemos que observar también la falta de un Estado de derecho, de acceso a la justicia y democracia. Sin embargo, estas soluciones son proyectos de largo plazo. Hoy la realidad es que las personas están en el México de los muros.
Hemos llenado México de muros, unos más visibles que otros. Por ejemplo, en Tijuana el muro es parte del paisaje y está presente y visible de manera constante en muchas partes de la ciudad hasta clavarse dentro del mar. Una de las cosas que más atrae mi atención es ver el contraste: mientras que del lado de México hay muchas construcciones, de todo tipo y categoría, del otro lado, junto a los enormes barrotes de metal, solo se ve el desierto y no hay ninguna construcción cercana. Ello es aún más notorio en la noche, pues del lado mexicano se aprecian las luces de las casas y los edificios, mientras que la luminosidad urbana de San Ysidro se ve a lo lejos. Da la impresión de que Tijuana también quiere pasar a San Diego.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática. Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo.
Más allá de lo que se observa, sabemos que en Tijuana se concentran miles de personas desplazadas internas, muchas de ellas originarias de Michoacán y Guerrero. Más de la mitad de los albergues están ocupados por nuestros connacionales que están huyendo de las amenazas del crimen organizado y de las persecuciones por razón de género. Madres con niños pequeños, personas adultas mayores, familias completas tratando de abrir un pequeño hueco en el muro para pedir asilo en Estados Unidos.
Así también, buscando rendijas en esa gran muralla, están las personas refugiadas que vienen desde otros países. Enrique Chiu, el artista que ha dedicado años a pintar —o, mejor dicho, a borrar con su arte— el muro de Tijuana, me compartió un dato interesante: el muro está construido un metro dentro del territorio estadounidense. Se hizo así para tener control sobre él. Paradójicamente, cuando te paras justo a un lado de las enormes columnas de metal estás en Estados Unidos. Y ese metro de tierra es a lo más que puede aspirar la gran mayoría de esos miles de personas desesperadas.
El muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. Pero además de esa barrera de metal están los muros que representa el sistema de visas, que discrimina por nivel económico y por color de piel; están los muros burocráticos de México, los muros que violentan con militares, cárceles y prácticas de exclusión y discriminación.
Resulta impostergable atender de manera regional las causas de la migración económica abriendo vías para la migración laboral que permitan la circularidad y la temporalidad, el acceso a visas de trabajo equitativas, sin discriminación por razón de género, dando acceso a salarios justos, a protección de derechos laborales, a condiciones dignas de trabajo e incluso acceso a sistemas de seguridad social.
Con respecto a la migración forzada, la atención debe ser distinta. En primer término, se deben respetar los tratados internacionales y las obligaciones que tiene cada país, fortalecer los sistemas de asilo en nuestra región y abordar la emergencia humanitaria en la que están las familias que ya se encuentran en nuestro territorio. Se debe exigir la aplicación de la ley sin diferencias ni discriminación, porque se trata de vidas que no pueden esperar décadas a enderezar los rumbos de países enteros, que sufren los estragos provocados por el cambio climático, los gobiernos corruptos y la operación de las pandillas transnacionales.
México tiene a su alcance soluciones viables desde el punto de vista legal, social, económico y político. Sin dejar de atender de manera regional las causas estructurales, que podrían verse corregidas en décadas, hoy debemos prestar atención a la coyuntura respetando los derechos humanos. Instituciones y personas de vasta experiencia en movilidad humana han puesto opciones sobre la mesa: vías factibles de regularización migratoria por razones humanitarias que se han hecho públicas (Comisión de Asuntos Migratorios, 2021). Y, sin embargo, nuestras autoridades se empeñan en seguir levantando muros.
La solución está en la ley, la política, el sentido común y la solidaridad. Las personas en movilidad son usadas como monedas de cambio, como elementos de negociación. Existen varias posibilidades y ejemplos exitosos en la historia reciente que nos muestran otras alternativas: regularización migratoria por razones humanitarias, [5] programas de regularización específicos [6] y programas de reubicación (ACNUR, 2021). Por todo esto, los muros no son la solución, pues separan, segregan y lastiman, y porque, de una u otra manera, las personas que buscan vivir dignamente seguirán intentando derrumbarlos sin descanso (Saiz, 2021).
1 Datos obtenidos del sitio web de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
2 Para más información, véase el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
3 Para más información, véase la Ley de Migración, art. 52, fracción VII, condición de visitante temporal.
4 Según el último Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven más de 5,000 personas haitianas.
5 Como atestiguamos que se otorgó a mujeres afganas.
6 Para más información, véase el informe “Programas de Regularización Migratoria en México”, de Sin Fronteras.
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Fotografía de Henry Romero/REUTERS. Migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, descansan afuera de sus tiendas de campaña en el parque Giordano Bruno mientras esperan un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) que les permitiría continuar su viaje hacia la frontera entre México y Estados Unidos, en México. Ciudad, México 4 de abril de 2023.
En la frontera de Tijuana el muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. En este fragmento del libro Vidas desplazadas (Debate, 2023), además de la barrera física, analiza el enfrentamiento de los migrantes a los muros burocráticos, la violencia, la exclusión y la discriminación.
Una de las promesas de campaña del presidente Donald Trump fue la construcción de un gran muro fronterizo para proteger a esa nación de las invasiones de inmigrantes. Este es un discurso que vale la pena detenerse a desmenuzar. Nos demuestra la visión actual de la gestión migratoria en nuestra región que tiene un enfoque de seguridad nacional y que tristemente ha permeado en la opinión pública como si fuera el adecuado. Esta visión es consistente con lo que implica la protección de un territorio de una amenaza enemiga, de una invasión, de una agresión o de un atentado terrorista, y se fraguó los últimos años, agudizándose y evidenciándose después de los atentados del 11 de septiembre.
A partir de entonces se materializó una visión de seguridad nacional sobre la migración que se sostiene y toma forma mediante diversas barreras o muros que, observados en conjunto, obstaculizan la movilidad de las personas más desfavorecidas desde el enfoque político, social y económico.
La realidad es que vivimos en un mundo desigual. Para ejemplificar, tomemos en cuenta dos datos: 1) el ingreso per cápita y 2) la tasa de homicidios per cápita por cada 100 000 habitantes de algunos países. Este análisis superficial es útil para darnos una idea de cuán desigual es la realidad en países expulsores de nuestro continente y aquellos receptores de las personas en movilidad. Por ejemplo, tomemos los datos de Honduras, México, Venezuela y Haití:
Países por producto interno bruto per cápita (en dólares) de acuerdo con el Banco Mundial (2021).
- Honduras 2,771
- México 10,045
- Venezuela 3,965 [1]
- Haití 1,829
- Estados Unidos 70,240
Países por tasa de homicidio intencional de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2021).
- Honduras 37.6
- México 21.6
- Venezuela 41.6
- Haití 13.0
- Estados Unidos 7.8
Como vemos, la diferencia es abismal y podemos considerar que la situación descrita es similar a la que viven los países del Sur Global con respecto al Norte. Esta brutal desigualdad, combinada con las barreras o muros que pretendo mostrar, es la causa de las tragedias que aquejan a las personas en movilidad y que vemos tan frecuentemente. Basta voltear a ver las llamadas pateras, balsas improvisadas en donde las personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa desde las costas del norte de África.
Esos viajes peligrosos también suceden en las Américas. Las tragedias son cosa de todos los días, aunque nos detenemos en ellas cuando, por su magnitud o contundencia, nos recuerdan que se trata de seres humanos, de familias o de niñas o niños pequeños. Quien la haya visto sabrá que es imposible borrar de la mente la imagen de Alan Kurdi, el niño sirio de apenas tres años ahogado en la playa de Turquía; igual que la de Óscar y Valeria Martínez, padre e hija salvadoreños flotando boca abajo en el lodo de la margen del río Bravo a unos cuantos metros de la frontera.
Estas imágenes nos sacuden, así como lo hacen las terribles tragedias de las muertes masivas de personas como consecuencia de viajar en las cajas metálicas de los tráileres, como las que vimos en Chiapas en diciembre de 2021 o en San Antonio, Texas, en junio de 2022, casos en los que perdió la vida más de un ciento de personas.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto. Es frecuente escuchar frases que juzgan a estas personas como irresponsables, como tontas, o considerarlas insensatas por arriesgar a sus hijos e hijas. Esas afirmaciones ignoran la realidad de los países expulsores y no ven la evidente falta de opciones. Justamente por esta situación, el derecho internacional de los refugiados considera la importancia de asegurar el acceso al territorio y del principio de no devolución (ACNUR, 1951). También toma en cuenta el hecho de que las personas en desplazamiento forzoso no llevan documentos consigo.
La situación de una persona que huye de un peligro inminente, como la amenaza de una pandilla o la falta de acceso a insulina padeciendo diabetes, no es muy distinta de las personas que perdieron sus medios de vida por efectos del cambio climático, o que se encuentran en la extrema pobreza, al grado de no tener acceso a alimentos para sobrevivir. Es una línea imposible de trazar, por más que las leyes exijan distinguir a las personas refugiadas de las migrantes.
Las personas víctimas de la migración forzada emprenden estos viajes riesgosos porque no tienen otra opción. El cálculo se reduce a morir en sus lugares de origen o salir para sobrevivir, aunque eso implique morir en el trayecto.
Dos niñas haitianas cerca de la Plaza Giordano Bruno en la Ciudad de México, luego de que más personas intentaran realizar un trámite en las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que les permitiría permanecer más tiempo en México ante las dificultades que están teniendo sus compatriotas para ingresar a Estados Unidos, además, se encuentran a la espera de un permiso o Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias que les permita acceder a servicios de salud y oportunidades de empleo en México mientras son atendidos y poder continuar su viaje hasta la frontera.
Resulta muy complejo separar las situaciones por las que migran las personas, pues se trata de factores multicausales. A estos flujos masivos se les ha denominado flujos mixtos, ya que están compuestos de personas víctimas de desplazamientos internacionales forzados provocados por la persecución, la violencia, el crimen, los desastres naturales, la violencia intrafamiliar, la de género, o bien la pobreza extrema, la falta de oportunidades y las expectativas o la intención de reunificarse con sus familiares: en suma, por la necesidad de sobrevivir dignamente. Además de los desplazamientos forzosos, tenemos que considerar la migración económica, impulsada por los precarios salarios en los lugares de origen y las enormes brechas salariales marcadas entre el Sur y el Norte.
Ante la cobertura mediática y la percepción que generan las personas en movilidad, la reacción ha sido levantar o reforzar barreras que generen la sensación de separación, de protección. Recordemos los desafortunados tuitazos del entonces presidente Trump en abril de 2018 que ocasionaron un giro de 180 grados en la construcción de la política migratoria del presidente López Obrador apenas llegado al cargo (Linthicum, 2018). A partir de ese momento, vimos un endurecimiento evidente que ha generado la preocupación unánime de las agencias de las Naciones Unidas con presencia en nuestro país y de diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con múltiples acciones de este gobierno se pretende “controlar” la migración, y es evidente que se trata de una misión imposible. La migración es una característica de la sociedad, un motor para la economía, es inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve en un problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Ante esa realidad, la respuesta gubernamental ha sido obligar, presionar a las personas a permanecer en el sureste del país, básicamente en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hoy sabemos que en esa ciudad hay más de 60 000 personas migrantes y solicitantes de asilo —se calcula que 40% son niños, niñas y adolescentes— en situación de calle, sin permiso para trabajar, sin acceso a salud, educación o servicios básicos. Cabe mencionar que, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la tasa de informalidad laboral es de 74.2% en ese estado sureño del país (2022).
La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se aprobó en 2011, junto con la reforma de derechos humanos. Si bien es una ley de avanzada en varios aspectos, como muchas de las leyes en México, fue concebida con base en la experiencia de las guerras de Centroamérica, en particular a partir de la recepción de las personas que llegaron a raíz de la guerra civil en Guatemala. Pero la situación actual es radicalmente diferente y el texto de la ley es el mismo, al igual que su reglamento, que no se ha modificado en los últimos diez años.
La autoridad competente para procesar las solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Una de las disposiciones en la ley establece que el procedimiento para solicitar la condición de refugiado se tendrá por abandonado en caso de que las personas dejen de residir en la entidad donde se inició el trámite. La mayor parte de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se presentan en la ciudad de Tapachula, por lo que, si las personas quieren continuar con su trámite, deben esperar a su resolución en el estado de Chiapas con limitadas oportunidades laborales que las condenan a vivir en condiciones precarias.
La espera de la resolución de la solicitud de asilo puede durar meses o incluso años. El rezago de la Comar es enorme, al grado de que 7 de cada 10 solicitudes están pendientes de resolución (Rojas, 2023). Además, hay que reconocer que la situación de la Comar podría ser aún más precaria si no contara con el respaldo presupuestal y técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Así, con este muro burocrático se pretende hacer esperar a las personas durante meses por trámites interminables. Esta espera ha provocado que recientemente las personas se organicen desde esa ciudad sureña para avanzar en caravanas, por lo menos para moverse con la intención de sortear ese primer muro y llegar a la Ciudad de México o a ciudades con mejores oportunidades laborales (VOA, 2023).
La migración es una característica de la sociedad, motor para la economía, inherente a los seres humanos. La migración no es un problema, se vuelve problema al tratar de controlarla violando los derechos humanos y al ser un tema politizado que convierte a las personas en moneda de cambio.
Las personas que salen desde la ciudad de Tapachula hacia el centro de país lo hacen orilladas por la desesperación provocada por los meses de espera para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución rebasada y regida por un reglamento que no responde a la realidad actual. [2] Se trata de un organismo que cuenta actualmente con alrededor de 56 millones de pesos de presupuesto y que ha visto aumentar exponencialmente la demanda de sus servicios y, en cambio, reducirse su presupuesto los últimos dos años.
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país se encuentran con la situación normativa del abandono del procedimiento iniciado ante la Comar, o bien que las autoridades migratorias hacen caso omiso de dicha constancia que, incluso, les es retirada o destruida ante la incredulidad de las personas solicitantes de la condición de refugiado.
A la par, y contraviniendo lo que señala el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, impulsado y suscrito por México, que en su objetivo 5 establece que los Estados deben aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (ONU, 2018), la realidad es que las vías de regularización migratoria que otorga el Instituto Nacional de Migración (INM) son inaccesibles para la mayoría de las personas.
Según la Ley de Migración, aprobada también en 2011, el año de la gran reforma de derechos humanos del sistema jurídico mexicano, hay varios supuestos para lograr una situación migratoria regular en el país (Secretaría de Gobernación, 2011). Por ejemplo, una posibilidad es contar con una oferta de trabajo, hipótesis que solo se puede materializar —según la interpretación del INM— si dicha oferta se informa al ingresar en el país. Esta interpretación no se actualiza, generalmente, para las personas migrantes que ya se encuentran en México. Aclaro que utilizo la palabra “generalmente” porque el INM aplica excepciones a sus prácticas e interpretaciones a conveniencia. Esta posibilidad de regularización migratoria por oferta laboral es alcanzable para personas que cuentan con recursos para salir y entrar al país, además de contar con pasaporte vigente o alguna otra documentación que les permita cruzar una frontera internacional. Sumado a lo anterior, no podemos ignorar que se trata de un documento para cuya obtención se requiere hacer un pago de derechos bastante oneroso cada periodo de vigencia (INM, 2023). Así implementada la regularización migratoria, las limitaciones para obtener esa condición impactan de manera adversa y desproporcionada a las personas de escasos recursos y sin documentos. [3]
Otra posibilidad de regularización que contempla la Ley de Migración es la de visitante por razones humanitarias, la cual se puede obtener por ser víctima, ofendido o testigo de un delito grave; ser niño, niña o adolescente; ser solicitante de asilo, ya sea político, de la condición de refugiado o solicitante de protección complementaria, e incluso se puede otorgar, de acuerdo con el texto de la ley, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria la internación o regularización en el país de una persona (Secretaría de Gobernación, 2011). La realidad es que su emisión está vinculada a la solicitud de asilo acreditada mediante constancia emitida por la Comar, o bien, a total discreción del INM.
La emisión amplia de documentos a quienes cumplan los supuestos de la ley, además de avanzar los compromisos de los objetivos 4, 5 y 6 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, serviría para generar un control migratorio a través de mecanismos administrativos que permitan que las personas migrantes puedan acceder a derechos, contar con mejores oportunidades laborales y de desarrollo y no caer en riesgos de extorsión, deportación o trata; es decir, acceder a una vida digna en nuestro país. Pero en contra de los compromisos internacionales y de nuestras propias leyes, estas vías siguen estando restringidas y limitadas por la política migratoria y la corrupción de los operadores.
Este es un verdadero muro burocrático y económico que desgasta y frustra a las personas que quedan sin documentos en México. Ante la ineficacia del control administrativo, se erige el muro militar con el despliegue de la Guardia Nacional como resultado de un compromiso suscrito por ambos países en 2019 (Becerra, 2020).
Así, de conformidad con el compromiso, la administración del presidente López Obrador empezó a recibir solicitantes de asilo para esperar la resolución de sus procesos bajo el programa Quédate en México o Migrant Protection Protocols, además de desplegar a por lo menos 21 000 elementos de la Guardia Nacional en el sur del país, con la encomienda de hacer labores de contención migratoria (Guerra, 2019; Arista, 2019).
Este acuerdo mantuvo a las personas a la espera de su cita en las ciudades fronterizas del norte de México, y al mismo tiempo atrapó a las personas en el sur mediante esperas interminables para la resolución de sus trámites ante la Comar, institución que, como ya se explicó, se encuentra rebasada y sin financiamiento suficiente para hacer frente al reto que implica recibir más de 140,000 solicitudes en 2023 (Rodríguez, 2023).
Al inicio de la pandemia por covid-19, los Estados Unidos de Norteamérica aplicaron una vieja regulación conocida como el Título 42, pretextando razones de salud para regresar inmediatamente a las personas que cruzaban de manera indocumentada desde México hacia ese país. Bajo esta práctica, México recibió a más de dos millones de personas, gran parte de ellas mexicanas, alrededor de 35% (Isacson, 2022). Esta norma se utilizó a la par del Título 8, directriz que siguió vigente y que implica la limitación de volver a entrar a Estados Unidos en ciertos años después de que la persona entró sin documentos e incluso implica sanciones de carácter penal y menor acceso al derecho a solicitar asilo (Seisdedos, 2023).
A pesar de la situación normativa e institucional del sistema de asilo mexicano, las personas que logran obtener una constancia de inicio de trámite y deciden moverse hacia el norte buscando ya sea llegar a la frontera con Estados Unidos o bien, como ya se ha descrito, conseguir trabajo en el centro u occidente del país.
Todas las políticas migratorias que se implementan en Estados Unidos repercuten de manera importante en gran parte de México, así como lo hacen, de forma simultánea y dramática, en las fronteras norte y sur. Con la finalidad de evitar las concentraciones de personas en su frontera y desincentivar el cruce de personas sin documentos, desde el 12 de octubre de 2022 se implementó, en colaboración con el gobierno mexicano, una opción para personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, ciudadanos de países con los que no tiene buenas relaciones diplomáticas, para solicitar una estancia temporal de dos años a través de requisitos tales como iniciar el trámite fuera de territorio estadounidense, no haber ingresado de manera indocumentada, contar con un patrocinador en ese país y cumplir con requisitos de elegibilidad (USCIS, 2023).
A partir del 12 de enero de 2023 se dio el siguiente paso, que fue la implementación de la aplicación CBP One para agendar una cita para solicitar asilo desde fuera del territorio estadounidense. Aunque gracias a este mecanismo se logra recibir alrededor de mil personas al día en ocho puntos fronterizos, sin duda el mecanismo empleado vía internet y a través de un teléfono inteligente representa un muro tecnológico y económico para muchas de las personas más desfavorecidas y que además pueden tener necesidades de protección internacional (Martínez, 2023).
Las personas venezolanas fueron afectadas con estas nuevas disposiciones, ya que desde hace algunos años hay un desplazamiento constante, incluso caminando a través de la selva del Darién, con la finalidad de avanzar hacia el norte, casi siempre hacia Estados Unidos. Por si fueran pocas las barreras, desde el 21 de enero de 2022 el gobierno de México impuso la necesidad de visa para dicha población, edificando así otro muro difícil de sortear, debido a que muchas de ellas ni siquiera pueden aspirar a tener un pasaporte de su propio país. Según cifras del ACNUR, hay más de siete millones de personas originarias de Venezuela desplazadas por el continente.
También vale la pena detenernos en la migración de origen haitiano, que está siendo particularmente afectada por la aplicación de las políticas de contención y la falta de opciones para obtener un estatus regular en México. Acorralada sin más opciones que presentar solicitudes de asilo ante la Comar, dicha población representa 34% de las solicitudes de asilo presentadas en Tapachula (Silva, 2023). Esperando meses y meses sin respuesta ante una institución sobrepasada y sin muchas perspectivas de obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, ya que muchos de ellos no vienen directamente de Haití, sino que, después de años en movilidad, llegan desde Brasil y Chile. Varios de ellos tienen doble nacionalidad, calidad que también dificulta el reconocimiento de la Comar. Como sabemos, son originarios de un país devastado y sin posibilidades, al que, por razones humanitarias, no pueden ser retornados. Para la gran mayoría de estas personas México representa una nueva oportunidad, significa estar con sus familiares y amigos ya establecidos desde hace años en nuestro país. [4]
Así, hemos sido testigos del uso de la violencia institucional por parte del INM y también de la violencia física en contra de personas migrantes, incluso de grupos familiares con bebés y niños pequeños. El uso, con todo el rigor, de la fuerza por parte de la Guardia Nacional se ha justificado incluso desde la tribuna presidencial bajo el argumento de protegerlos de los peligros que representa seguir avanzando hacia el norte (INM, 2021). Resulta paradójica la justificación en el discurso de protección al notar los uniformes de asalto y las armas largas de los elementos desplegados.
Las detenciones y deportaciones han continuado, incluso durante los momentos más intensos de la pandemia. El INM implementó operativos a lo largo del país. Llevó a cabo deportaciones masivas sin detectar las necesidades de protección internacional de personas vulnerables, y privó de la libertad a las personas en las estaciones migratorias y las estancias provisionales.
La detención migratoria en México se ha practicado por años como la regla y no como la excepción. Sin Fronteras ha hecho un esfuerzo sostenido por denunciar y documentar esta práctica desde hace más de una década y ha emitido varios informes que vale la pena consultar para entender las condiciones inhumanas que prevalecen en esas instalaciones (Sin Fronteras, 2023). A pesar de las múltiples denuncias de riesgos y abusos, incluso después de que han acontecido desgracias como motines e incluso la muerte de 40 personas en una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, el INM continúa deteniendo a las personas sin considerar que en México estar en situación migratoria no es un delito, sino una falta administrativa.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática (Fernández de la Reguera, 2021). Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal disponible y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo. La práctica es que sean devueltas a sus países de origen sin importar si su vida, salud o integridad corren riesgo y sin oportunidad de solicitar asilo.
Da la impresión de que, más que personas, son objetos para el INM, que los mueve a conveniencia, sin individualizarlos. Resulta una práctica frecuente trasladarlas de una estación a otra, o bien dejarlas abandonadas en parajes desolados o en algunos puntos fronterizos menos transitados, en la madrugada. Cuando su presencia resulta incómoda en alguna plaza pública, el INM se encarga de subirlas a autobuses y llevarlas a otra entidad federativa, de dejarlas a su suerte a la intemperie sin importar si son mujeres embarazadas o niños.
El INM ejecuta una contención violenta de las personas migrantes y refugiadas escondiéndose detrás del título del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, sin tomar en cuenta el contenido del instrumento internacional. Las cláusulas a las que México se comprometió, como abrir vías regulares para migrar y hacer de la detención migratoria una excepción y no una regla, entre otras, no dejan de ser una ilusión. El costo de estas políticas migratorias que violan los derechos humanos ha sido muy elevado.
Nadie puede negar la necesidad de atender las llamadas causas raíz de la migración, que se refieren a fenómenos multicausales y complejos. No podemos reducir la problemática de los países expulsores a una falta de oportunidades laborales, tenemos que observar también la falta de un Estado de derecho, de acceso a la justicia y democracia. Sin embargo, estas soluciones son proyectos de largo plazo. Hoy la realidad es que las personas están en el México de los muros.
Hemos llenado México de muros, unos más visibles que otros. Por ejemplo, en Tijuana el muro es parte del paisaje y está presente y visible de manera constante en muchas partes de la ciudad hasta clavarse dentro del mar. Una de las cosas que más atrae mi atención es ver el contraste: mientras que del lado de México hay muchas construcciones, de todo tipo y categoría, del otro lado, junto a los enormes barrotes de metal, solo se ve el desierto y no hay ninguna construcción cercana. Ello es aún más notorio en la noche, pues del lado mexicano se aprecian las luces de las casas y los edificios, mientras que la luminosidad urbana de San Ysidro se ve a lo lejos. Da la impresión de que Tijuana también quiere pasar a San Diego.
Ser privadas de la libertad es uno de los mayores riesgos para las personas migrantes y refugiadas, que implica una experiencia humillante y traumática. Es otro muro casi imposible de superar, ya que las personas se encuentran incomunicadas y sin información, es escaso el apoyo legal y muchas de las veces por desesperación se desisten de recursos legales o de su intención de solicitar asilo.
Más allá de lo que se observa, sabemos que en Tijuana se concentran miles de personas desplazadas internas, muchas de ellas originarias de Michoacán y Guerrero. Más de la mitad de los albergues están ocupados por nuestros connacionales que están huyendo de las amenazas del crimen organizado y de las persecuciones por razón de género. Madres con niños pequeños, personas adultas mayores, familias completas tratando de abrir un pequeño hueco en el muro para pedir asilo en Estados Unidos.
Así también, buscando rendijas en esa gran muralla, están las personas refugiadas que vienen desde otros países. Enrique Chiu, el artista que ha dedicado años a pintar —o, mejor dicho, a borrar con su arte— el muro de Tijuana, me compartió un dato interesante: el muro está construido un metro dentro del territorio estadounidense. Se hizo así para tener control sobre él. Paradójicamente, cuando te paras justo a un lado de las enormes columnas de metal estás en Estados Unidos. Y ese metro de tierra es a lo más que puede aspirar la gran mayoría de esos miles de personas desesperadas.
El muro es cruel a la vista: representa el obstáculo más evidente y visible de la dificultad de alcanzar un lugar seguro, un trabajo mejor pagado o una vida digna para miles de personas. Pero además de esa barrera de metal están los muros que representa el sistema de visas, que discrimina por nivel económico y por color de piel; están los muros burocráticos de México, los muros que violentan con militares, cárceles y prácticas de exclusión y discriminación.
Resulta impostergable atender de manera regional las causas de la migración económica abriendo vías para la migración laboral que permitan la circularidad y la temporalidad, el acceso a visas de trabajo equitativas, sin discriminación por razón de género, dando acceso a salarios justos, a protección de derechos laborales, a condiciones dignas de trabajo e incluso acceso a sistemas de seguridad social.
Con respecto a la migración forzada, la atención debe ser distinta. En primer término, se deben respetar los tratados internacionales y las obligaciones que tiene cada país, fortalecer los sistemas de asilo en nuestra región y abordar la emergencia humanitaria en la que están las familias que ya se encuentran en nuestro territorio. Se debe exigir la aplicación de la ley sin diferencias ni discriminación, porque se trata de vidas que no pueden esperar décadas a enderezar los rumbos de países enteros, que sufren los estragos provocados por el cambio climático, los gobiernos corruptos y la operación de las pandillas transnacionales.
México tiene a su alcance soluciones viables desde el punto de vista legal, social, económico y político. Sin dejar de atender de manera regional las causas estructurales, que podrían verse corregidas en décadas, hoy debemos prestar atención a la coyuntura respetando los derechos humanos. Instituciones y personas de vasta experiencia en movilidad humana han puesto opciones sobre la mesa: vías factibles de regularización migratoria por razones humanitarias que se han hecho públicas (Comisión de Asuntos Migratorios, 2021). Y, sin embargo, nuestras autoridades se empeñan en seguir levantando muros.
La solución está en la ley, la política, el sentido común y la solidaridad. Las personas en movilidad son usadas como monedas de cambio, como elementos de negociación. Existen varias posibilidades y ejemplos exitosos en la historia reciente que nos muestran otras alternativas: regularización migratoria por razones humanitarias, [5] programas de regularización específicos [6] y programas de reubicación (ACNUR, 2021). Por todo esto, los muros no son la solución, pues separan, segregan y lastiman, y porque, de una u otra manera, las personas que buscan vivir dignamente seguirán intentando derrumbarlos sin descanso (Saiz, 2021).
1 Datos obtenidos del sitio web de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas.
2 Para más información, véase el Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
3 Para más información, véase la Ley de Migración, art. 52, fracción VII, condición de visitante temporal.
4 Según el último Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven más de 5,000 personas haitianas.
5 Como atestiguamos que se otorgó a mujeres afganas.
6 Para más información, véase el informe “Programas de Regularización Migratoria en México”, de Sin Fronteras.
¡Gracias!
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