La violencia, el debilitamiento de las fuerzas de seguridad pública y la disputa de cárteles que buscan el control del huachicoleo conforman la narrativa de una década en Guanajuato. El debilitamiento del gobierno ha generado un cúmulo de dudas, sospechas y cuestionamientos sobre la eficacia en el combate a estos grupos criminales.
El estado de Guanajuato está por cumplir una década sumido en una espiral de violencia que no deja de crecer tras el empoderamiento de una suerte de “zares” anticrimen en el área de seguridad, y el fortalecimiento de los cárteles dedicados al robo de combustible y al tráfico y venta de droga. A la par, las policías locales y estatales se han ido debilitando.
El año 2014 quedará marcado como el año en el que el robo de combustible y la violencia dieron la primera estocada al estado; desde entonces, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta febrero de este año revelan un saldo demoledor: más de 22 400 víctimas asesinadas, junto con más de cuatro mil personas desaparecidas y un número aún indeterminado de personas desplazadas.
Esta ola de violencia se ha exacerbado durante los últimos tres procesos electorales, cobrando la vida de dos candidatas y un candidato: en 2018, José Remedios Aguirre Sánchez de Apaseo el Alto; en 2021, Alma Rosa Barragán Santiago de Moroleón y, el caso más reciente de Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. Todas fueron acribilladas durante la campaña y en plena luz del día.
El huachicol que desató el infierno
El 5 de mayo de 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció una “estrategia integral” para combatir el robo de hidrocarburos en todo el país. En ese marco, el general del Ejército Mexicano, Arturo Velázquez Bravo, fue nombrado jefe de la 16 Zona Militar en Guanajuato, y fue quien reveló por primera vez el nombre de José Antonio Yepez Ortiz, que más tarde sería popularmente reconocido como “El Marro”, líder del llamado Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
“Es el principal objetivo del Estado y me extraña que no lo conozcan”, expresó ese mismo día Velázquez Bravo —quien después sería Subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex de 2019 a 2020—. El jefe militar no dejó lugar a dudas: Yepez Ortiz habría comenzado a concentrarse en el robo de hidrocarburos desde 2009.
Explicó que en aquel entonces, en la región comprendida entre las ciudades de Celaya y Salamanca, tan solo “El Marro” habría extraído un promedio de millón y medio de litros de hidrocarburo por mes, y que la Procuraduría [de Guanajuato] había reportado alrededor de cien propiedades vinculadas con él.
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El año 2009 marcó un punto de inflexión en la escalada de violencia en Guanajuato, provocada por dos acontecimientos puntuales: el inicio de operaciones de “El Marro”, y porque en febrero de ese año, el entonces gobernador panista Juan Manuel Oliva colocó a Carlos Zamarripa Aguirre como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG).
El contexto era el de un estado cuya preocupación principal era evitar el llamado “efecto cucaracha” en medio de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El “Escudo” que no sirvió
Con el argumento de proteger a Guanajuato de la creciente violencia, que en 2012 arrojaba un saldo de 771 víctimas, el gobernador también panista Miguel Márquez Márquez (2012-2018) ordenó la contratación directa y sin licitación de un sistema de videovigilancia y comunicación a la empresa Seguritech, propiedad de Ariel Picker Schatz, por un monto que superaba los 2 700 millones de pesos. La multimillonaria apuesta, a juzgar por los acontecimientos y el transcurso de los años, no cumplió con su propósito. Aún así, el gobierno siguiente no solo mantuvo la contratación, sino que amplió su campo de trabajo para que se ocupara del mantenimiento y la actualización del sistema utilizado en la actualidad por el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i). Esta decisión discrecional, tomada en plena temporada vacacional decembrina, solo cobra sentido por la influencia de Álvar Cabeza de Vaca Appendini, designado como Secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y del propio Carlos Zamarripa, ratificado nuevamente como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJEG).
En 2013, tanto el gobierno federal como el estatal registraron una reducción en los homicidios, con un total de 641 víctimas reportadas, pero no sucedió lo mismo con el robo de combustible. En Guanajuato, la cifra aumentó a 166 puntos de extracción ilegal, colocando al estado en el séptimo lugar a nivel nacional.
De acuerdo a los informes de seguridad documentados por la organización Insight Crime, fue en 2014 cuando “El Marro” habría intensificado el robo de combustible. Esta versión indica que hasta ese momento había operado como lugarteniente de David Figueroa, alias “El Güero”, exdirector de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas, quien más tarde fue identificado como cofundador del CSRL. Las cifras respaldan estas afirmaciones, ya que en 2014 el robo de combustible en la entidad se disparó: se registraron oficialmente 411 puntos de extracción ilegal de combustible, colocando a Guanajuato en segundo lugar nacional, mientras que los homicidios dolosos aumentaron nuevamente llegando a 778 víctimas en ese año, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La fase de emergencia de la crisis había comenzado.
En 2015, Guanajuato volvió a ocupar el segundo lugar con 844 puntos de huachicol, y los asesinatos alcanzaron oficialmente las 957 víctimas. Para entonces, la Procuraduría General de la República (PGR) ya había acumulado 1 341 averiguaciones por robo de combustible en Guanajuato desde enero de 2006, con solo 281 personas detenidas. Una de las detenciones más importantes en 2015 fue la de Carlos Alberto Fernández Montejo, exagente federal al que se le atribuyó el título de “zar del robo de combustible” en Guanajuato. Su organización llegó a sustraer hasta tres millones de litros de combustible con ganancias mensuales de más de treinta millones de pesos. Pero lejos de debilitarse, la violencia y el robo de combustible se intensificaron.
En 2016, Guanajuato ocupó el segundo lugar a nivel nacional con 1 309 tomas clandestinas y, por primera vez, lideró en homicidios dolosos con 1 096 víctimas. Para 2017 ya ocupaba el primer lugar en ambos rubros con 1 843 tomas clandestinas, lo que terminó de configurar una nueva coyuntura que culminó ese año con 1 423 asesinatos.
Tan solo cinco meses después de que Arturo Velázquez Bravo revelara el nombre de “El Marro”, el emergente líder criminal difundió un video en redes sociales en un campo abierto, en donde está acompañado de un grupo de cerca de cien hombres fuertemente armados y que disparan al cielo. “Somos el Cártel de Guanajuato”, exclamaron en aquella secuencia que sin duda marcó un antes y después en el conflicto.
De acuerdo al analista especializado en seguridad David Saucedo, en 2017 comenzó la guerra del CSRL contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que un intento de negociación para asociarse en la actividad del robo de combustible terminara con el asesinato del emisario del CJNG, quien, se aseguró, era sobrino de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En los últimos meses del gobierno de Miguel Márquez Márquez, el descrédito sobre los titulares de la SSPE y la PGJEG ya habían generado un cúmulo de dudas y sospechas, debido al silencio que mantuvieron sobre las operaciones de José Antonio Yepez y por las insuficientes explicaciones sobre el incremento exacerbado de la violencia que no fueron capaces de parar con la tecnología contratada ni con el control de las direcciones de seguridad de los municipios.
“Golpe de Timón”
En 2018, el PAN nuevamente ganó la gubernatura del Estado con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien recibió a Guanajuato en crisis con un saldo de 3 290 personas asesinadas. Sin embargo, decidió ratificar a Álvar Cabeza de Vaca como Secretario de Seguridad Pública por otros seis años y apoyó la ratificación de Carlos Zamarripa Aguirre como el primer fiscal autónomo de Guanajuato para otros nueve años más.
La decisión fue acompañada por otro nuevo intento de enfrentar la crisis de violencia y la disputa por el territorio estatal entre los grupos criminales, con el operativo llamado “Golpe de Timón” [que forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana 2018-2024] puesto en marcha en los municipios de Salamanca, Celaya, Villagrán y Cortazar, estos últimos tres señalados como territorios dominados por el CSRL.
El “Golpe de Timón” operó paralelamente al Plan Nacional contra el Robo de Combustible, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre de 2018, y cuyo principal propósito ha sido, hasta la fecha, resguardar la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) ubicada en Salamanca, con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
Con el cierre de ductos de Pemex, en enero de 2019, se puso en marcha el Plan del presidente, lo que provocó un desabasto de gasolina sin precedentes en buena parte del centro de México. El robo de combustible se redujo a niveles mínimos pero no sucedió lo mismo con la violencia; ese año el estado registró 3 540 asesinatos y en 2020 llegó al punto más alto con 4 490 víctimas oficialmente reportadas.
Esta espiral de violencia se intensificó con la búsqueda de “El Marro” como una tarea compartida entre la Fiscalía General del Estado (FGE), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), el Ejército y la Guardia Nacional. Esta labor cayó en una serie de intentos fallidos por el nivel de riesgo, la descoordinación entre las corporaciones estatales y federales e incluso filtraciones de información, hasta que finalmente fue capturado el 2 de agosto de 2020 en una operación que incluyó la liberación de una empresaria local secuestrada.
Tanto el gobierno federal como el estatal realizaron esfuerzos discursivos para atribuirse el logro, pero una serie de videos difundidos en redes sociales por presuntos integrantes del CJNG, en el que hicieron alarde de su equipamiento, armamento y personal para celebrar la caída de su rival, tuvieron mayor resonancia. De esta forma, la promesa de una pronta pacificación en Guanajuato nuevamente se vislumbró lejana y resultó incumplida cuando en 2021 se sumaron otros 3 516 homicidios a las estadísticas.
A estas alturas, otros delitos de alto impacto exacerbaron la crisis de violencia en Guanajuato, permeando en la vida cotidiana del estado, a pesar de ser ignorados e incluso negados por el gobierno estatal.
La desaparición de personas emergió en la escena pública gracias a la formación y movilización de colectivos de búsqueda, que desde 2020 se mantienen en pie de lucha, con al menos veintidós agrupaciones activas. Actualmente se estima que hay al menos 4 119 personas desaparecidas, una cifra oficial que suma 3 951 víctimas desde 2012 y 168 casos de larga data registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda.
La extorsión, en su modalidad de cobro de piso, se ha exhibido con toda su crueldad en municipios como Salamanca y Celaya, convirtiéndose en el delito con mayor crecimiento en el estado al cerrar 2023 con 801 denuncias, en comparación con apenas trece casos en 2018.
Los ojos puestos en el Fiscal
A partir de 2019 se impuso un nuevo paradigma en materia de seguridad en el país con la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional. El despliegue de la nueva corporación, bajo el mando de la Sedena, comenzó en Guanajuato hasta mediados de 2020, con un contingente que oscilaba entre los seis mil y los nueve mil elementos. Sin embargo, sus resultados han sido cuestionados, y para finales de 2022 ya se habían presentado más de noventa denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Desde el inicio del sexenio, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador centró sus críticas en la dupla de los responsables de la seguridad en Guanajuato, pero señaló especialmente al fiscal Carlos Zamarripa como el principal responsable del deterioro de la seguridad en la región.
Tanto la entonces secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, como el exsecretario de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño lanzaron fuertes acusaciones sobre la presunta manipulación de los índices de violencia por parte del Fiscal y sus supuestos vínculos criminales. Sin embargo, estas acusaciones no pasaron de meras declaraciones, a pesar de la advertencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de que investigaría al funcionario guanajuatense.
Pero el presidente López Obrador no le ha quitado los ojos de encima y ha mantenido el mismo señalamiento sobre él, incluso ventiló que le “aconsejó” al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que promoviera su cese.
Del interior de la estructura estatal también han habido voces críticas hacia el Fiscal y el secretario de seguridad; una de ellas ha sido la de Sophia Huett López, quien fue reclutada como vocera del Eje de Seguridad al inicio del gobierno de Rodríguez Vallejo, luego de desempeñarse como Directora Adjunta en la Coordinación de Asesores de la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En 2021, la funcionaria federal con licencia fue nombrada titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), coyuntura que la funcionaria estatal aprovechó para lograr el aval del gobernador y promover entre los nuevos alcaldes la contratación de perfiles provenientes de la extinta Policía Federal como sus directores de seguridad, principalmente en la ciudad de Celaya y municipios de la región Laja Bajío como Salvatierra, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.
Con esta decisión, el gobierno de Diego Sinhue avivó una rivalidad entre Cabeza de Vaca y Huett López, lo que resultó en un distanciamiento entre la estructura estatal de seguridad y la conformada por los popularmente llamados “fedepales”, a quienes se les ha reconocido su capacidad investigadora, que logró reducir los delitos patrimoniales en Celaya, pero también se les ha señalado su tendencia a violar los derechos humanos.
Pero la violencia no cesó en el bajío guanajuatense. De 2018 a la fecha, al menos 377 policías han sido asesinados en Guanajuato, de los cuales ochenta y seis eran de Celaya, ciudad que en lo que va de 2024 concentra diez de los veinte agentes asesinados que se han registrado hasta el momento.
A los ataques a policías se le sumaron los recurrentes bloqueos carreteros, que en momentos se han llegado a extender hasta en once municipios; las masacres, como la del 17 de diciembre de 2023 en Salvatierra, en la que sicarios armados asesinaron a once personas e hirieron a veinticuatro durante una convivencia han cimbrado a la opinión pública. En ese contexto, el 2022 cerró con 3 260 asesinatos y el 2023 con 3 104. Una reducción aún marginal ante los niveles de violencia alcanzados en Guanajuato.
El segundo punto de inflexión
El 19 de marzo pasado, se dictó una sentencia de veintinueve años de prisión a Adán González Ochoa, conocido como “el Azul”, señalado como sucesor de “El Marro”. Los cargos incluyen delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de armas de uso del Ejército y narcotráfico. Esta es la primera sentencia en el fuero federal que confirma la existencia del cártel guanajuatense, pero esta vez no hubo celebraciones oficiales. La violencia sigue su curso.
El presente nos coloca en un proceso electoral donde la promesa de implementar cambios profundos en la política de seguridad interior y no permitir la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre son promesas en común de las tres candidatas a la gubernatura: Libia Dennise García Muñoz Ledo, de la alianza entre PAN, PRI y PRD; Alma Alcaraz Hernández, de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde; y Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano. Esta elección representa, por tanto, un nuevo punto de inflexión.
En cuanto al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, este ha anunciado su retiro temporal de la política una vez concluido su mandato, una postura que también ha adoptado el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca. Decisiones que contrastan con la del exgobernador Miguel Márquez Márquez, quien sin mayor aflicción compite actualmente como candidato del PAN al Senado de la República.
Carlos Zamarripa se cuece aparte. Después de quince años a cargo de la procuración de justicia en Guanajuato, una situación sin precedentes a nivel nacional, las promesas de las tres candidatas lo han hecho apuntar a la renuncia anticipada a un cargo cuya vigencia legal está fijada hasta el año 2028. Cambios, acomodos, ascensos y una que otra operación política marcan esta recta final que podrían garantizar el cambio de nombre al frente de la Fiscalía General del Estado, pero no necesariamente la pacificación de Guanajuato.
