Una estancia que aparentemente iba a ser de poco tiempo en Tapachula, Chiapas, se convirtió en una permanencia incierta para cientos de personas originarias de distintos países; en su mayoría, quieren llegar a Estados Unidos y, en menor medida, buscan alguna ciudad mexicana donde puedan conseguir trabajo. La inmovilidad forzada es la situación que hoy viven quienes están retenidos en esta ciudad próxima a la frontera con Guatemala. Pero ¿desde cuándo se produce este tipo de inmovilización en Tapachula y por qué ocurre? ¿Quiénes son las personas migrantes que están atrapadas en esa ciudad?

La inmovilidad forzada comenzó a hacerse notoria ante la opinión pública cuando el gobierno mexicano actual quiso “ordenar” y contener la llegada de personas originarias de los países del norte de Centroamérica que se estaban movilizando en las llamadas caravanas migrantes. En enero de 2019 se implementó un operativo de “acogida” para su registro individual y un Programa de Expedición de Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) para quienes venían en la caravana de mediados de aquel mes. Sin embargo, a finales de enero se restringió su entrada a México y se canceló el programa de las TVRH, limitando su expedición. El creciente número de solicitantes, la poca capacidad institucional para darles respuesta, así como las presiones que ya ejercía el gobierno de Donald Trump para detener la migración por México, incidieron en que el régimen migratorio mexicano retomara el curso de los sexenios anteriores, esto es, volvió a ser restrictivo y a centrarse en las preocupaciones por la seguridad nacional y la ejecución de acciones de contención de migrantes.

A partir de febrero de 2019 se implementaron distintas medidas que provocaron el inicio de este proceso de estancamiento o permanencia incierta, por ejemplo: i) la expedición de TVRH para las personas de los países del norte centroamericano se restringió y, en cambio, se ofrecieron permisos de visitantes regionales y de trabajadores fronterizos con movilidad restringida a los estados que colindan con Guatemala y Belice; ii) la oficina de Tapachula para los trámites de regularización migratoria cerró durante varias semanas; iii) los procesos de solicitud de la condición de refugio se volvieron más exigentes y lentos, con varias consecuencias, como el rezago en las resoluciones, la baja tasa de aceptación y los casos de abandono y desistimiento; iv) la expedición de “oficios de salida de la Estación Migratoria” para distintas nacionalidades también se restringió; y v) los operativos de verificación migratoria se reforzaron para impedir la salida de migrantes de la ciudad de Tapachula, entre otras medidas.

La interminable espera de una cita para presentar una solicitud de protección internacional y para obtener una respuesta, los días de espera para quienes optaban por solicitar un oficio de salida, la falta de trabajo, la precarización de sus condiciones de vida en Tapachula, la negación de servicios básicos, el cansancio, entre muchos otros factores, motivaron, en abril de 2019, la organización de la primera caravana de migrantes desde Tapachula que buscaba moverse a otros lugares de México para hacer sus trámites de regularización, presentar solicitudes de protección internacional y buscar trabajo.

El 29 de agosto de 2019 la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula, que representaba aproximadamente a 3 mil personas,[1] emitió un comunicado para exponer la crítica situación en la que se encontraban en Tapachula, en espera de oficios de salida o de TRVH, tanto quienes querían continuar hacia Estados Unidos y Canadá como quienes consideraban solicitar refugio en México. Durante semanas mantuvieron un plantón frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI y también se manifestaron por la calles de la ciudad para demandar respuesta a sus solicitudes. En el comunicado pidieron al gobierno mexicano trato digno, alto a la violencia en su contra y a la discriminación, así como asistencia humanitaria urgente. El 12 de octubre de 2019 otra caravana que se movía por las mismas razones fue detenida en Tuzantán, municipio de la región del Soconusco, por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).

Señalo estas tres fechas de 2019 porque expresan las luchas migrantes para poder salir de una ciudad donde las personas fueron obligadas a permanecer debido al tipo de trámite que realizan –si no firman cada semana el libro de registro, su caso se considera abandonado– y porque las autoridades migratorias impiden que se movilicen a otras regiones, incluso en la misma frontera sur. Esta inmovilidad forzada se agravó con la pandemia de covid-19, pues se acentuó la precariedad de sus condiciones de vida y la incertidumbre sobre su situación como migrantes. Las medidas sanitarias se usaron como argumento para prolongar los plazos, imponer un sistema de citas y obligarles a hacer trámites por medio de internet, lo que, a su vez, propició la intervención de una gama de “gestores” de todo tipo.

Según las personas migrantes, las dificultades con el idioma –para quienes no son hablantes de español–, no contar con un celular, más la lista de requisitos, les obligó a acudir a estos intermediarios; algunos sí los apoyan en la resolución de trámites, pero otros les cobran sumas exorbitantes o les entregan papeles falsos. Además, las personas migrantes señalan la corrupción de los oficiales de migración.

A esto hay que sumar las distintas formas de racismo de las que son víctimas. Se les discrimina por ser migrantes, por su origen nacional, por su color de piel y por ser pobres. No sólo se enfrentan al racismo institucional, sino también al racismo de algunos sectores de la población, que se ha exacerbado. En algunas colonias de la ciudad de Tapachula, por ejemplo, les cobran dos o tres veces más de lo que normalmente cuesta el pago de la renta por cuarto, departamento o casa. En algunas zonas les cobran el uso de un terreno donde improvisan un techo y algunas paredes, sin servicios básicos. Hay taxistas que les cobran cien dólares por un viaje dentro de la propia ciudad, que regularmente cuesta cuatro o cinco dólares.

Al no contar con documentos, no consiguen trabajo, por lo que compran con pocos recursos algunos productos para revenderlos. Al respecto, las personas de Haití se apoyan entre sí; se consideran una familia extensa y en el centro de la ciudad han improvisado puestos semifijos de venta. Pero no sólo tienen que pagar el derecho de piso, sino recibir numerosas críticas y expresiones de rechazo de ciertos sectores de la población local y de algunas y algunos comerciantes, que piden que sean reubicados.

Por si fuera poco, recientemente se distribuyeron panfletos incitando a la violencia en contra de ellos y ellas. Podemos identificar tres grupos: i) quienes expresan un odio abierto hacia la población migrante, exigen su deportación y aplauden la actuación de la GN y el INM, ii) personas que no quieren su presencia en la ciudad, pero que abogan por dejarlos seguir su camino y iii) personas que se manifiestan por el respeto de los derechos humanos y por la agilización de sus trámites.

Es incierto el número de personas migrantes que se encuentran en Tapachula; al respecto, se manejan distintas cantidades. Aun con las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), no es posible afirmar con certeza el volumen. Hay personas que llegaron desde hace varios meses, para las que aún no se cumple la fecha de su primera cita; otras todavía no han solicitado esa cita; pero también hay personas cuyas solicitudes fueron rechazadas y permanecen en Tapachula porque no pueden regresar a los lugares de los que salieron; además, siguen llegando personas en búsqueda de protección. Los datos de la COMAR permiten una aproximación a esta presencia. Según sus registros, 45,763 personas en 2019, 26,640 en 2020 y 45,072 entre enero y julio de 2021 solicitaron protección internacional en su oficina de Tapachula; esto equivale al 65% en 2019 y 2020 y al 70% en 2021 del monto total de solicitudes en todo el país. Además, estos volúmenes son atendidos por “casos”: los hay de una sola persona, pero muchas solicitudes provienen de grupos familiares; por ejemplo, las 45,072 personas solicitantes entre enero y julio de 2021 en Tapachula equivalen a 25,929 casos de distintas nacionalidades. Finalmente, muchas de las solicitudes en esta oficina están rezagadas.

En este texto me he referido deliberadamente a personas migrantes, sin diferenciar entre migración forzada y no forzada porque considero que esta distinción ha llevado a rechazar solicitudes y a no considerar alternativas de protección complementaria o de regularización de su estatus migratorio en México. En este momento (septiembre de 2021), hay solicitudes de personas de origen haitiano que la COMAR no considera solicitudes de refugio, argumentando que sus razones son económicas (el desempleo en Brasil y en Chile, los países de donde proceden). El mismo argumento se ha usado en casos de las personas del norte centroamericano, a pesar de que sus condiciones de vida sean críticas y estén en riesgo de volver a sus lugares de origen.

Las recientes caravanas y las manifestaciones en la ciudad de Tapachula son dos formas de las luchas migrantes. Desde hace dos años, sus voces claman por ser escuchadas y por recibir un trato digno. Sin una respuesta clara y sin opciones para sobrevivir, buscan alternativas para vivir en otros lugares. Lo seguirán intentando. En este contexto, es urgente el diálogo en vez de la imposición unilateral de medidas y el uso de la violencia en sus múltiples formas. En otros países, donde el número de personas que busca protección internacional es alto, se ha recurrido a distintas estrategias para acogerlas. México debe aprender de las llamadas buenas prácticas y no imponer soluciones costosas sin medir las implicaciones de mediano y largo plazo.

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[1] Se encontraban retenidos en Tapachula originarios de Angola, Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Etiopía, Ghana, Guinea-Conakry (o República de Guinea), Liberia, Mali, Mauritania, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República del Congo, Senegal, Sierra Leona y Togo.

Martha Luz Rojas Wiesner es investigadora de El Colegio de la Frontera Sur en México (mrojas@ecosur.mx).