Hoy, miércoles 20 de julio, la tensión comercial entre México y Estados Unidos llegó a una nueva escala. El gobierno norteamericano solicitó una consulta de resolución de disputas bajo el T-MEC porque considera que varias acciones y reformas provenientes de la política energética del gobierno mexicano contravienen el tratado. Las consecuencias comerciales tardarán en reflejarse, pero este anuncio aumenta la incertidumbre para las inversiones y la economía nacional que, además, se encuentra en un contexto global poco favorable.

Que haya disputas en el marco del T-MEC no es extraño ni sorprendente, sin embargo, la relevancia de este asunto es mayor porque el energético es un sector crucial para cualquier economía y porque la disputa se dirige contra la política sectorial completa del gobierno mexicano, es decir: no se trata de un desacuerdo sobre las especificaciones de un producto que favorezcan o afecten a alguna de las partes o a un grupo de empresas, sino de una serie de decisiones que han tenido como objetivo modificar una política de Estado.

El contenido de la solicitud de aquel país se concentra, entonces, en que la política energética del nuestro se ha dirigido a beneficiar a Pemex y a la CFE en detrimento de otras compañías que operan en este territorio y de la energía que se produce en Estados Unidos.

De manera general, la queja se desarrolla en cuatro ejes. En primer lugar, advierte que la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo de 2021, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló en abril de 2022, mediante la cual se modifica en los hechos el orden del despacho eléctrico, favorece a las centrales de la CFE.

En segundo lugar, la solicitud señala la inacción, los retrasos, las negativas y las revocaciones de permisos para las empresas privadas del sector, en particular, para operar centrales de generación renovable, importar, almacenar, transportar y comercializar combustibles. Como tercer eje se menciona que el gobierno extendió el plazo que tiene Pemex para cumplir con la norma oficial mexicana que establece los límites máximos de contenido de azufre en el diésel automotriz: en esto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) actuó de forma parcial.

Por último, como cuarto eje, en junio de este año la Secretaría de Energía envió una carta a la CRE y al Centro Nacional de Control de Gas Natural, en la que anunció una política y una estrategia nuevas para garantizar el abastecimiento de gas natural. Estas obligan a los usuarios del servicio de transporte de gas natural a tener contratos vigentes con la CFE, lo que implica tratar de una manera menos favorable a las importaciones que no provengan de esta empresa del Estado.

Con estas medidas de política energética se ha estado afectando lo que se definió en los capítulos del T-MEC acerca del trato nacional y el acceso al mercado (capítulo 2), porque se está dando un trato menos favorable a las mercancías de una de las partes o se inhiben sus importaciones. También se ha contravenido el capítulo sobre la inversión (el 14) porque México está dando un trato diferenciado y menos favorable a las inversiones extranjeras.

A la vez, el gobierno se ha apartado del T-MEC en lo concerniente a las empresas estatales y los monopolios designados (capítulo 22). Entre otras cosas, el tratado requiere que los reguladores —como la CRE— actúen con imparcialidad ante las empresas, sin importar si son de propiedad pública o privada. Por último está el capítulo 29, que contiene acuerdos sobre los procedimientos administrativos. Al respecto, Estados Unidos apunta que México no ha aplicado la regulación correspondiente de manera uniforme, imparcial y razonable.

La embajadora Katherine Tai, representante comercial y principal consejera, negociadora y vocera de dicha política en Estados Unidos, comentó que han expresado estas preocupaciones varias veces, pero que las empresas de su país siguen recibiendo un trato injusto. Si bien alguien podría argumentar que cada nación debe proteger a sus empresas y que a los mexicanos no tendría que preocuparnos que a las compañías norteamericanas les vaya bien, en los hechos esta postura tiene dos problemas.

En primer lugar, debido a las condiciones tecnológicas y comerciales que tenemos y a la interdependencia entre México y Estados Unidos (por ejemplo, en el comercio de gas natural, petróleo y combustibles), las trabas en el sector energético —que, como ya mencioné, es estratégico para la economía— implican una pérdida de competitividad para nuestro país y para la región, porque México no tiene forma de producir toda la energía que consume y, aun si pudiera, no sería la más barata (pensemos, por ejemplo, en el costo de producción del gas natural estadounidense, que es bastante más bajo que el mexicano); también porque Estados Unidos es el cliente principal de las exportaciones mexicanas, que requieren de energía para producirse, y si la energía es más cara, todo lo que se produce es más costoso. Además, la transición energética y el nearshoring —la transferencia de operaciones productivas lejanas, por ejemplo, en Asia, a localidades más cercanas, como México— necesitarán inversiones, infraestructura y certidumbre jurídica, de lo contrario, no se llevarán a cabo.

En segundo lugar, tanto la solicitud de consultas en el marco del T-MEC como la probable instalación de un panel de solución de controversias se traducen en el mensaje de que México es un destino menos atractivo para las inversiones. En un contexto global tan desafiante como el actual, que muy probablemente traiga menos crecimiento económico en los próximos años, y con una economía nacional que todavía no recupera sus niveles previos a la pandemia, y cuyos niveles de inversión están un 9% debajo de los niveles de junio de 2018, la cuesta hacia arriba será más inclinada, en particular, para las familias de menores ingresos, quienes siempre padecen más los golpes macroeconómicos.

Respecto al procedimiento que el país tiene enfrente, el capítulo 31 del T-MEC establece las reglas para la solución de controversias entre las partes. Las consultas —como la que ya pidió Estados Unidos— pueden durar hasta 75 días. Si en ese plazo no se logra un acuerdo, se podría instalar un panel de solución de controversias, integrado por tres o cinco panelistas elegidos a partir de una lista preaprobada por los firmantes, que tendrá un nuevo plazo de 150 días para emitir un reporte inicial y luego otros treinta para presentar el reporte final, a partir del cual los países acordarán una solución a la controversia. Tras este panel, México podría enfrentar represalias comerciales impuestas unilateralmente por los demás.

Frecuentemente se escucha a los funcionarios del gobierno mexicano —también al presidente— decir que la soberanía energética está incluida en el T-MEC. Son declaraciones que quizá sirvan a la comunicación política de esta administración, pero la realidad es que el capítulo 8 del tratado tiene apenas media página de extensión y solo reconoce el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de la nación mexicana sobre los hidrocarburos mediante un par de obviedades, a saber: que México se reserva el derecho de reformar su Constitución y que esta define dicho dominio y propiedad. Pero nada dice el T-MEC sobre el sector eléctrico, la cadena de valor de los hidrocarburos, la exportación e importación de petrolíferos y gas natural ni sobre la regulación de las empresas que están en el sector.

Por si fuera poco, la política energética nacional ha causado presiones fiscales por su insistencia en centralizar tantos recursos en dos empresas —la CFE y Pemex—, desplazando no solo la competencia, sino también los recursos privados que podrían aprovecharse y generar una derrama económica que ayude a ambas compañías estatales en los segmentos donde tienen dominio legal o económico y también un mejor desempeño, como en la transmisión eléctrica y la producción de petróleo crudo. Esos recursos y empresas ayudarían, además, a andar el camino hacia la transición energética que, por ahora, ha sido abandonado. Sin embargo, las disputas comerciales, como la que se presenta ahora, solo elevarán este costo fiscal y de oportunidad, ya sea directamente, mediante las sanciones impuestas dentro del T-MEC, o por la desconfianza que se produzca en contra de México.

Con todo, en su conferencia de hoy, el presidente aseguró que no va a pasar nada. Pidió que le pusieran la canción Uy, qué miedo, de Chico Ché, y dijo: “Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes”. Pero, en este caso, el reclamo es que una ley mexicana y diversas prácticas del gobierno contradicen lo que se acordó en el T-MEC. La despreocupación del mandatario no es nada graciosa.