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La ley para regular el cannabis en México contiene múltiples defectos: la sustancia continúa siendo ilegal, los permisos para cultivarla favorecen a las empresas de gran capital y a los consumidores en el extranjero.
Hace un año, la diputada independiente Lucía Riojas le obsequió un cigarro de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para recordarle aquella iniciativa que presentó en noviembre de 2018 para legalizar el cannabis. “Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas”, le dijo en el podio de la Cámara de Diputados.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis tendría que haber pasado por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalizara la legislatura el 15 de diciembre, cosa que no sucedió, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió extender una cuarta prórroga al Congreso de la Unión. Lucía Riojas, en entrevista con Gatopardo, señaló que durante los últimos años “el proceso dentro de la Cámara ha sido opaco, sesgado y bastante prejuicioso. Se está abordando desde la moralidad y, en ese sentido, sí ha costado darle seguimiento al tema con el nivel de discusión que requiere y merece”.
¿Qué se aprobó en el Senado exactamente? Según Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), “un galimatías”. En entrevista, explica que la ley crearía un mercado legal de marihuana que permitiría la siembra, cultivo, transformación, distribución, comercialización y venta para uso adulto y lúdico a través de tres esquemas de aprovisionamiento.
El primero, la venta al menudeo en puntos autorizados, haría posible que personas físicas o morales privadas soliciten algún tipo de licencia para participar en la producción, distribución y venta de la marihuana (en esos puntos de venta y en cantidades no mayores a 28 gramos por individuo). Existirían cinco tipos de licencias, cada una con requisitos específicos.
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El segundo esquema de abastecimiento sería la creación de asociaciones de cultivo compartido; se conocen como “clubes cannábicos” y los constituyen entre 2 y 20 individuos. Su fin es poder sembrar, cultivar y cosechar cierto número de plantas (máximo seis por persona) en un terreno común, sin fines de lucro. Los miembros obtendrían a cambio lo que produzcan esas plantas, dividido entre el número de socios, sin tener que cultivarlas en su propia casa. Una de las primeras críticas que hizo Sánchez a este sistema es que los requisitos para las instalaciones de los clubes son demasiado minuciosos, por lo tanto, es probable que pocos puedan cumplir con ellos: “Podrían tener el efecto de que nadie quiera consumir así porque tienen que tener unas instalaciones muy profesionales con extractores de humo y no puedes estar a 500 metros de ninguna casa habitación”.
El tercer y último esquema sería el autocultivo sin fines comerciales, el cual permitiría hasta seis plantas por persona, aunque, en una casa de dos o más adultos, el límite de plantas sería ocho. Sánchez critica este esquema porque exige que las personas que habitan con un consumidor den su conocimiento libre e informado para que este pueda consumir.
“Uno pensaría que si autorizaron todo eso, la marihuana ya no es ilegal; el problema es que nuestros legisladores son tan cavernícolas que no hicieron eso y, por lo tanto, la marihuana sigue estando en la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud”, agrega.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos. Sin embargo, sería equivocado pensar que tener 28 gramos de marihuana es legal porque la sustancia sigue estando prohibida por la Ley General de Salud; la policía todavía puede detener a una persona con esas cantidades y presentarla ante el Ministerio Público, el cual tendría la obligación de desistirse de la acción penal. “Eso queda en la autoridad, donde hay muchos espacios de extorsión y siembra ilegal de sustancias para poder configurar otros delitos”, advierte.
El segundo umbral que habilitaron quedó definido entre 28 y 200 gramos. Aplica lo mismo: “Te pueden detener y presentar ante la autoridad ministerial, pero, ojo, aquí se suma una sanción administrativa, [son] multas de hasta 10 mil pesos, porque para ese tipo de posesión tendrías que tramitar un permiso ante la autoridad sanitaria”.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
Sánchez explica que la ley no eliminaría el delito de posesión simple del Código Penal Federal. Formalmente, se darían licencias de cultivo mientras mantienen esta actividad como un delito. Y las contradicciones no terminan ahí. “La cereza del pastel es que terminaron sancionando con más años de cárcel; la posesión de más de 28 kilogramos de marihuana tiene una pena total de 10 años, la posesión de entre 200 gramos y 28 kilos quedó con una pena de hasta 15 años”, detalla.
Las críticas son numerosas, pero ¿por qué tuvo tantas fallas este dictamen cuando existen varios ejemplos de buenas prácticas para la regulación a nivel internacional?
Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador de tiempo completo en el CIDE y fundador del Programa de Política de Drogas, dice que esta es la primera legalización en el mundo que legaliza prohibiendo y multando. Añade que contiene demasiados requisitos que podrían ocasionar un mercado al que solo puedan entrar empresas de gran capital. “Esta es una ley que fue hecha por y para las empresas extranjeras, ya que ellas tuvieron una enorme incidencia, incluso redactaron la iniciativa del senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Yo tuve acceso a los documentos preparatorios y había claramente un desconocimiento del derecho mexicano; estaba diseñado por alguien que usó conceptos del derecho anglosajón sin traducirlos”, dice Madrazo Lajous. Agrega: “Esto de que legaliza pero criminaliza solo se explica si lo que estás haciendo es buscando labrar un nicho para las empresas con inversión de capital suficiente para cumplir con los requisitos de trazabilidad y legalidad de semillas, pero, al mismo tiempo, tratando de asegurar que no les vayan a competir los campesinos mexicanos”.
Gatopardo intentó conversar con el senador Menchaca para conocer su perspectiva sobre el proceso dentro del Senado, pero no estuvo disponible para entrevista. Sin embargo, en noviembre declaró lo siguiente en El Universal: “Este es un dictamen polémico, va a ser muy complicado quedar bien con todos los interesados en el tema, pero lo estamos haciendo con una gran convicción”.
Al respecto, Sánchez menciona que “hubo un cabildeo muy interesante de parte de actores privados y un desinterés absoluto en legislar para corregir los problemas de México, ya que seguimos siendo un país que cree que todo se soluciona con cárcel”, y concluye: “Hay una parte que fue descuido, otra que fue negligencia y otra más que fue interés económico y desinterés social”.
¿Qué significaría todo esto para los cultivadores locales? Para las licencias de producción se consiguió una acción afirmativa que establece que 40% de ellas tienen que entregarse a pequeños y medianos productores mexicanos, sin embargo, MUCD critica que esa cuota, sin un acompañamiento legal, financiero y técnico, es letra muerta. Así lo plantea la diputada Riojas: “De nuevo, las personas marginadas quedan negadas y puestas al margen por el propio Estado, y en lugar de avanzar en la resolución de conflicto en el tema de la guerra contra las drogas, creamos nuevos conflictos”.
Madrazo Lajous resume que esta legislación endurecería la penalización tanto para campesinos como para usuarios y, en cambio, labraría un nicho para un mercado lícito pero muy caro, al que solo tendrán acceso los mexicanos ricos, los turistas y, por supuesto, los usuarios extranjeros, quienes serán los destinatarios de la exportación del grueso de la producción que harán las empresas extranjeras. Con todo, rescata algo positivo: el hito histórico de la regulación para el autocultivo; aunque es mínimamente funcional, abriría por primera vez un nicho accesible a los usuarios para consumir cannabis de forma lícita sin tener que incurrir en el mercado negro.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos.
Aunque ya es muy tarde para hablar del hubiera, lo que sí podría haber hecho la Cámara es no aprobar la recriminalización, habría sido una ganancia enorme. Si hubiesen querido eliminar los delitos, los hubieran eliminado desde el Senado, opina Sánchez. “El diálogo está, los documentos están, los insumos están, la voluntad política de la sociedad civil está, de los especialistas y colectivos también, sin embargo, esto está pendiendo de la voluntad de un solo hombre”.
Así lo resume la diputada Riojas y agrega: “¿Por qué permitimos que la SCJN esté dando y dando prórrogas, solapando un berrinche presidencial basado nada más en creencias personales? No en evidencia, porque la evidencia apunta hacia el otro lado, pero de nuevo vemos esta necedad por ignorarla y seguir construyendo políticas que afectan a un país entero y de manera diferenciada a las poblaciones más marginadas históricamente por el Estado, tomando decisiones solamente basadas en qué creo yo que es bueno o malo, además en esa dicotomía”.
Ahora la mayor preocupación que tienen estas tres voces, que han hecho y siguen haciendo múltiples esfuerzos para consolidar esta ley, es que con la nueva prórroga el tiempo que tendrá la Cámara de Diputados para legislar se cruzará con el periodo electoral de 2021. No debería sorprendernos que en ese contexto regular el cannabis deje de ser prioridad.
Detrás de la propuesta que se revisó en el Senado se esconde una ley que no busca justicia social ni paz. Los recursos que podrían utilizarse para resolver los asuntos más urgentes de inseguridad en el país seguirán siendo desperdiciados en perseguir un delito menor y el nuevo mercado favorecerá a aquellos que ya nadan en privilegio, dándole la espalda a una oportunidad histórica. Detrás de la cuarta prórroga concedida, se esconde una pregunta más amplia, ¿qué tipo de democracia es esta?
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¡Gracias!
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La ley para regular el cannabis en México contiene múltiples defectos: la sustancia continúa siendo ilegal, los permisos para cultivarla favorecen a las empresas de gran capital y a los consumidores en el extranjero.
Hace un año, la diputada independiente Lucía Riojas le obsequió un cigarro de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para recordarle aquella iniciativa que presentó en noviembre de 2018 para legalizar el cannabis. “Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas”, le dijo en el podio de la Cámara de Diputados.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis tendría que haber pasado por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalizara la legislatura el 15 de diciembre, cosa que no sucedió, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió extender una cuarta prórroga al Congreso de la Unión. Lucía Riojas, en entrevista con Gatopardo, señaló que durante los últimos años “el proceso dentro de la Cámara ha sido opaco, sesgado y bastante prejuicioso. Se está abordando desde la moralidad y, en ese sentido, sí ha costado darle seguimiento al tema con el nivel de discusión que requiere y merece”.
¿Qué se aprobó en el Senado exactamente? Según Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), “un galimatías”. En entrevista, explica que la ley crearía un mercado legal de marihuana que permitiría la siembra, cultivo, transformación, distribución, comercialización y venta para uso adulto y lúdico a través de tres esquemas de aprovisionamiento.
El primero, la venta al menudeo en puntos autorizados, haría posible que personas físicas o morales privadas soliciten algún tipo de licencia para participar en la producción, distribución y venta de la marihuana (en esos puntos de venta y en cantidades no mayores a 28 gramos por individuo). Existirían cinco tipos de licencias, cada una con requisitos específicos.
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El segundo esquema de abastecimiento sería la creación de asociaciones de cultivo compartido; se conocen como “clubes cannábicos” y los constituyen entre 2 y 20 individuos. Su fin es poder sembrar, cultivar y cosechar cierto número de plantas (máximo seis por persona) en un terreno común, sin fines de lucro. Los miembros obtendrían a cambio lo que produzcan esas plantas, dividido entre el número de socios, sin tener que cultivarlas en su propia casa. Una de las primeras críticas que hizo Sánchez a este sistema es que los requisitos para las instalaciones de los clubes son demasiado minuciosos, por lo tanto, es probable que pocos puedan cumplir con ellos: “Podrían tener el efecto de que nadie quiera consumir así porque tienen que tener unas instalaciones muy profesionales con extractores de humo y no puedes estar a 500 metros de ninguna casa habitación”.
El tercer y último esquema sería el autocultivo sin fines comerciales, el cual permitiría hasta seis plantas por persona, aunque, en una casa de dos o más adultos, el límite de plantas sería ocho. Sánchez critica este esquema porque exige que las personas que habitan con un consumidor den su conocimiento libre e informado para que este pueda consumir.
“Uno pensaría que si autorizaron todo eso, la marihuana ya no es ilegal; el problema es que nuestros legisladores son tan cavernícolas que no hicieron eso y, por lo tanto, la marihuana sigue estando en la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud”, agrega.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos. Sin embargo, sería equivocado pensar que tener 28 gramos de marihuana es legal porque la sustancia sigue estando prohibida por la Ley General de Salud; la policía todavía puede detener a una persona con esas cantidades y presentarla ante el Ministerio Público, el cual tendría la obligación de desistirse de la acción penal. “Eso queda en la autoridad, donde hay muchos espacios de extorsión y siembra ilegal de sustancias para poder configurar otros delitos”, advierte.
El segundo umbral que habilitaron quedó definido entre 28 y 200 gramos. Aplica lo mismo: “Te pueden detener y presentar ante la autoridad ministerial, pero, ojo, aquí se suma una sanción administrativa, [son] multas de hasta 10 mil pesos, porque para ese tipo de posesión tendrías que tramitar un permiso ante la autoridad sanitaria”.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
Sánchez explica que la ley no eliminaría el delito de posesión simple del Código Penal Federal. Formalmente, se darían licencias de cultivo mientras mantienen esta actividad como un delito. Y las contradicciones no terminan ahí. “La cereza del pastel es que terminaron sancionando con más años de cárcel; la posesión de más de 28 kilogramos de marihuana tiene una pena total de 10 años, la posesión de entre 200 gramos y 28 kilos quedó con una pena de hasta 15 años”, detalla.
Las críticas son numerosas, pero ¿por qué tuvo tantas fallas este dictamen cuando existen varios ejemplos de buenas prácticas para la regulación a nivel internacional?
Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador de tiempo completo en el CIDE y fundador del Programa de Política de Drogas, dice que esta es la primera legalización en el mundo que legaliza prohibiendo y multando. Añade que contiene demasiados requisitos que podrían ocasionar un mercado al que solo puedan entrar empresas de gran capital. “Esta es una ley que fue hecha por y para las empresas extranjeras, ya que ellas tuvieron una enorme incidencia, incluso redactaron la iniciativa del senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Yo tuve acceso a los documentos preparatorios y había claramente un desconocimiento del derecho mexicano; estaba diseñado por alguien que usó conceptos del derecho anglosajón sin traducirlos”, dice Madrazo Lajous. Agrega: “Esto de que legaliza pero criminaliza solo se explica si lo que estás haciendo es buscando labrar un nicho para las empresas con inversión de capital suficiente para cumplir con los requisitos de trazabilidad y legalidad de semillas, pero, al mismo tiempo, tratando de asegurar que no les vayan a competir los campesinos mexicanos”.
Gatopardo intentó conversar con el senador Menchaca para conocer su perspectiva sobre el proceso dentro del Senado, pero no estuvo disponible para entrevista. Sin embargo, en noviembre declaró lo siguiente en El Universal: “Este es un dictamen polémico, va a ser muy complicado quedar bien con todos los interesados en el tema, pero lo estamos haciendo con una gran convicción”.
Al respecto, Sánchez menciona que “hubo un cabildeo muy interesante de parte de actores privados y un desinterés absoluto en legislar para corregir los problemas de México, ya que seguimos siendo un país que cree que todo se soluciona con cárcel”, y concluye: “Hay una parte que fue descuido, otra que fue negligencia y otra más que fue interés económico y desinterés social”.
¿Qué significaría todo esto para los cultivadores locales? Para las licencias de producción se consiguió una acción afirmativa que establece que 40% de ellas tienen que entregarse a pequeños y medianos productores mexicanos, sin embargo, MUCD critica que esa cuota, sin un acompañamiento legal, financiero y técnico, es letra muerta. Así lo plantea la diputada Riojas: “De nuevo, las personas marginadas quedan negadas y puestas al margen por el propio Estado, y en lugar de avanzar en la resolución de conflicto en el tema de la guerra contra las drogas, creamos nuevos conflictos”.
Madrazo Lajous resume que esta legislación endurecería la penalización tanto para campesinos como para usuarios y, en cambio, labraría un nicho para un mercado lícito pero muy caro, al que solo tendrán acceso los mexicanos ricos, los turistas y, por supuesto, los usuarios extranjeros, quienes serán los destinatarios de la exportación del grueso de la producción que harán las empresas extranjeras. Con todo, rescata algo positivo: el hito histórico de la regulación para el autocultivo; aunque es mínimamente funcional, abriría por primera vez un nicho accesible a los usuarios para consumir cannabis de forma lícita sin tener que incurrir en el mercado negro.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos.
Aunque ya es muy tarde para hablar del hubiera, lo que sí podría haber hecho la Cámara es no aprobar la recriminalización, habría sido una ganancia enorme. Si hubiesen querido eliminar los delitos, los hubieran eliminado desde el Senado, opina Sánchez. “El diálogo está, los documentos están, los insumos están, la voluntad política de la sociedad civil está, de los especialistas y colectivos también, sin embargo, esto está pendiendo de la voluntad de un solo hombre”.
Así lo resume la diputada Riojas y agrega: “¿Por qué permitimos que la SCJN esté dando y dando prórrogas, solapando un berrinche presidencial basado nada más en creencias personales? No en evidencia, porque la evidencia apunta hacia el otro lado, pero de nuevo vemos esta necedad por ignorarla y seguir construyendo políticas que afectan a un país entero y de manera diferenciada a las poblaciones más marginadas históricamente por el Estado, tomando decisiones solamente basadas en qué creo yo que es bueno o malo, además en esa dicotomía”.
Ahora la mayor preocupación que tienen estas tres voces, que han hecho y siguen haciendo múltiples esfuerzos para consolidar esta ley, es que con la nueva prórroga el tiempo que tendrá la Cámara de Diputados para legislar se cruzará con el periodo electoral de 2021. No debería sorprendernos que en ese contexto regular el cannabis deje de ser prioridad.
Detrás de la propuesta que se revisó en el Senado se esconde una ley que no busca justicia social ni paz. Los recursos que podrían utilizarse para resolver los asuntos más urgentes de inseguridad en el país seguirán siendo desperdiciados en perseguir un delito menor y el nuevo mercado favorecerá a aquellos que ya nadan en privilegio, dándole la espalda a una oportunidad histórica. Detrás de la cuarta prórroga concedida, se esconde una pregunta más amplia, ¿qué tipo de democracia es esta?
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Oops! Something went wrong while submitting the form.
La ley para regular el cannabis en México contiene múltiples defectos: la sustancia continúa siendo ilegal, los permisos para cultivarla favorecen a las empresas de gran capital y a los consumidores en el extranjero.
Hace un año, la diputada independiente Lucía Riojas le obsequió un cigarro de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para recordarle aquella iniciativa que presentó en noviembre de 2018 para legalizar el cannabis. “Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas”, le dijo en el podio de la Cámara de Diputados.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis tendría que haber pasado por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalizara la legislatura el 15 de diciembre, cosa que no sucedió, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió extender una cuarta prórroga al Congreso de la Unión. Lucía Riojas, en entrevista con Gatopardo, señaló que durante los últimos años “el proceso dentro de la Cámara ha sido opaco, sesgado y bastante prejuicioso. Se está abordando desde la moralidad y, en ese sentido, sí ha costado darle seguimiento al tema con el nivel de discusión que requiere y merece”.
¿Qué se aprobó en el Senado exactamente? Según Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), “un galimatías”. En entrevista, explica que la ley crearía un mercado legal de marihuana que permitiría la siembra, cultivo, transformación, distribución, comercialización y venta para uso adulto y lúdico a través de tres esquemas de aprovisionamiento.
El primero, la venta al menudeo en puntos autorizados, haría posible que personas físicas o morales privadas soliciten algún tipo de licencia para participar en la producción, distribución y venta de la marihuana (en esos puntos de venta y en cantidades no mayores a 28 gramos por individuo). Existirían cinco tipos de licencias, cada una con requisitos específicos.
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El segundo esquema de abastecimiento sería la creación de asociaciones de cultivo compartido; se conocen como “clubes cannábicos” y los constituyen entre 2 y 20 individuos. Su fin es poder sembrar, cultivar y cosechar cierto número de plantas (máximo seis por persona) en un terreno común, sin fines de lucro. Los miembros obtendrían a cambio lo que produzcan esas plantas, dividido entre el número de socios, sin tener que cultivarlas en su propia casa. Una de las primeras críticas que hizo Sánchez a este sistema es que los requisitos para las instalaciones de los clubes son demasiado minuciosos, por lo tanto, es probable que pocos puedan cumplir con ellos: “Podrían tener el efecto de que nadie quiera consumir así porque tienen que tener unas instalaciones muy profesionales con extractores de humo y no puedes estar a 500 metros de ninguna casa habitación”.
El tercer y último esquema sería el autocultivo sin fines comerciales, el cual permitiría hasta seis plantas por persona, aunque, en una casa de dos o más adultos, el límite de plantas sería ocho. Sánchez critica este esquema porque exige que las personas que habitan con un consumidor den su conocimiento libre e informado para que este pueda consumir.
“Uno pensaría que si autorizaron todo eso, la marihuana ya no es ilegal; el problema es que nuestros legisladores son tan cavernícolas que no hicieron eso y, por lo tanto, la marihuana sigue estando en la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud”, agrega.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos. Sin embargo, sería equivocado pensar que tener 28 gramos de marihuana es legal porque la sustancia sigue estando prohibida por la Ley General de Salud; la policía todavía puede detener a una persona con esas cantidades y presentarla ante el Ministerio Público, el cual tendría la obligación de desistirse de la acción penal. “Eso queda en la autoridad, donde hay muchos espacios de extorsión y siembra ilegal de sustancias para poder configurar otros delitos”, advierte.
El segundo umbral que habilitaron quedó definido entre 28 y 200 gramos. Aplica lo mismo: “Te pueden detener y presentar ante la autoridad ministerial, pero, ojo, aquí se suma una sanción administrativa, [son] multas de hasta 10 mil pesos, porque para ese tipo de posesión tendrías que tramitar un permiso ante la autoridad sanitaria”.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
Sánchez explica que la ley no eliminaría el delito de posesión simple del Código Penal Federal. Formalmente, se darían licencias de cultivo mientras mantienen esta actividad como un delito. Y las contradicciones no terminan ahí. “La cereza del pastel es que terminaron sancionando con más años de cárcel; la posesión de más de 28 kilogramos de marihuana tiene una pena total de 10 años, la posesión de entre 200 gramos y 28 kilos quedó con una pena de hasta 15 años”, detalla.
Las críticas son numerosas, pero ¿por qué tuvo tantas fallas este dictamen cuando existen varios ejemplos de buenas prácticas para la regulación a nivel internacional?
Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador de tiempo completo en el CIDE y fundador del Programa de Política de Drogas, dice que esta es la primera legalización en el mundo que legaliza prohibiendo y multando. Añade que contiene demasiados requisitos que podrían ocasionar un mercado al que solo puedan entrar empresas de gran capital. “Esta es una ley que fue hecha por y para las empresas extranjeras, ya que ellas tuvieron una enorme incidencia, incluso redactaron la iniciativa del senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Yo tuve acceso a los documentos preparatorios y había claramente un desconocimiento del derecho mexicano; estaba diseñado por alguien que usó conceptos del derecho anglosajón sin traducirlos”, dice Madrazo Lajous. Agrega: “Esto de que legaliza pero criminaliza solo se explica si lo que estás haciendo es buscando labrar un nicho para las empresas con inversión de capital suficiente para cumplir con los requisitos de trazabilidad y legalidad de semillas, pero, al mismo tiempo, tratando de asegurar que no les vayan a competir los campesinos mexicanos”.
Gatopardo intentó conversar con el senador Menchaca para conocer su perspectiva sobre el proceso dentro del Senado, pero no estuvo disponible para entrevista. Sin embargo, en noviembre declaró lo siguiente en El Universal: “Este es un dictamen polémico, va a ser muy complicado quedar bien con todos los interesados en el tema, pero lo estamos haciendo con una gran convicción”.
Al respecto, Sánchez menciona que “hubo un cabildeo muy interesante de parte de actores privados y un desinterés absoluto en legislar para corregir los problemas de México, ya que seguimos siendo un país que cree que todo se soluciona con cárcel”, y concluye: “Hay una parte que fue descuido, otra que fue negligencia y otra más que fue interés económico y desinterés social”.
¿Qué significaría todo esto para los cultivadores locales? Para las licencias de producción se consiguió una acción afirmativa que establece que 40% de ellas tienen que entregarse a pequeños y medianos productores mexicanos, sin embargo, MUCD critica que esa cuota, sin un acompañamiento legal, financiero y técnico, es letra muerta. Así lo plantea la diputada Riojas: “De nuevo, las personas marginadas quedan negadas y puestas al margen por el propio Estado, y en lugar de avanzar en la resolución de conflicto en el tema de la guerra contra las drogas, creamos nuevos conflictos”.
Madrazo Lajous resume que esta legislación endurecería la penalización tanto para campesinos como para usuarios y, en cambio, labraría un nicho para un mercado lícito pero muy caro, al que solo tendrán acceso los mexicanos ricos, los turistas y, por supuesto, los usuarios extranjeros, quienes serán los destinatarios de la exportación del grueso de la producción que harán las empresas extranjeras. Con todo, rescata algo positivo: el hito histórico de la regulación para el autocultivo; aunque es mínimamente funcional, abriría por primera vez un nicho accesible a los usuarios para consumir cannabis de forma lícita sin tener que incurrir en el mercado negro.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos.
Aunque ya es muy tarde para hablar del hubiera, lo que sí podría haber hecho la Cámara es no aprobar la recriminalización, habría sido una ganancia enorme. Si hubiesen querido eliminar los delitos, los hubieran eliminado desde el Senado, opina Sánchez. “El diálogo está, los documentos están, los insumos están, la voluntad política de la sociedad civil está, de los especialistas y colectivos también, sin embargo, esto está pendiendo de la voluntad de un solo hombre”.
Así lo resume la diputada Riojas y agrega: “¿Por qué permitimos que la SCJN esté dando y dando prórrogas, solapando un berrinche presidencial basado nada más en creencias personales? No en evidencia, porque la evidencia apunta hacia el otro lado, pero de nuevo vemos esta necedad por ignorarla y seguir construyendo políticas que afectan a un país entero y de manera diferenciada a las poblaciones más marginadas históricamente por el Estado, tomando decisiones solamente basadas en qué creo yo que es bueno o malo, además en esa dicotomía”.
Ahora la mayor preocupación que tienen estas tres voces, que han hecho y siguen haciendo múltiples esfuerzos para consolidar esta ley, es que con la nueva prórroga el tiempo que tendrá la Cámara de Diputados para legislar se cruzará con el periodo electoral de 2021. No debería sorprendernos que en ese contexto regular el cannabis deje de ser prioridad.
Detrás de la propuesta que se revisó en el Senado se esconde una ley que no busca justicia social ni paz. Los recursos que podrían utilizarse para resolver los asuntos más urgentes de inseguridad en el país seguirán siendo desperdiciados en perseguir un delito menor y el nuevo mercado favorecerá a aquellos que ya nadan en privilegio, dándole la espalda a una oportunidad histórica. Detrás de la cuarta prórroga concedida, se esconde una pregunta más amplia, ¿qué tipo de democracia es esta?
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La ley para regular el cannabis en México contiene múltiples defectos: la sustancia continúa siendo ilegal, los permisos para cultivarla favorecen a las empresas de gran capital y a los consumidores en el extranjero.
Hace un año, la diputada independiente Lucía Riojas le obsequió un cigarro de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para recordarle aquella iniciativa que presentó en noviembre de 2018 para legalizar el cannabis. “Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas”, le dijo en el podio de la Cámara de Diputados.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis tendría que haber pasado por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalizara la legislatura el 15 de diciembre, cosa que no sucedió, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió extender una cuarta prórroga al Congreso de la Unión. Lucía Riojas, en entrevista con Gatopardo, señaló que durante los últimos años “el proceso dentro de la Cámara ha sido opaco, sesgado y bastante prejuicioso. Se está abordando desde la moralidad y, en ese sentido, sí ha costado darle seguimiento al tema con el nivel de discusión que requiere y merece”.
¿Qué se aprobó en el Senado exactamente? Según Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), “un galimatías”. En entrevista, explica que la ley crearía un mercado legal de marihuana que permitiría la siembra, cultivo, transformación, distribución, comercialización y venta para uso adulto y lúdico a través de tres esquemas de aprovisionamiento.
El primero, la venta al menudeo en puntos autorizados, haría posible que personas físicas o morales privadas soliciten algún tipo de licencia para participar en la producción, distribución y venta de la marihuana (en esos puntos de venta y en cantidades no mayores a 28 gramos por individuo). Existirían cinco tipos de licencias, cada una con requisitos específicos.
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El segundo esquema de abastecimiento sería la creación de asociaciones de cultivo compartido; se conocen como “clubes cannábicos” y los constituyen entre 2 y 20 individuos. Su fin es poder sembrar, cultivar y cosechar cierto número de plantas (máximo seis por persona) en un terreno común, sin fines de lucro. Los miembros obtendrían a cambio lo que produzcan esas plantas, dividido entre el número de socios, sin tener que cultivarlas en su propia casa. Una de las primeras críticas que hizo Sánchez a este sistema es que los requisitos para las instalaciones de los clubes son demasiado minuciosos, por lo tanto, es probable que pocos puedan cumplir con ellos: “Podrían tener el efecto de que nadie quiera consumir así porque tienen que tener unas instalaciones muy profesionales con extractores de humo y no puedes estar a 500 metros de ninguna casa habitación”.
El tercer y último esquema sería el autocultivo sin fines comerciales, el cual permitiría hasta seis plantas por persona, aunque, en una casa de dos o más adultos, el límite de plantas sería ocho. Sánchez critica este esquema porque exige que las personas que habitan con un consumidor den su conocimiento libre e informado para que este pueda consumir.
“Uno pensaría que si autorizaron todo eso, la marihuana ya no es ilegal; el problema es que nuestros legisladores son tan cavernícolas que no hicieron eso y, por lo tanto, la marihuana sigue estando en la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud”, agrega.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos. Sin embargo, sería equivocado pensar que tener 28 gramos de marihuana es legal porque la sustancia sigue estando prohibida por la Ley General de Salud; la policía todavía puede detener a una persona con esas cantidades y presentarla ante el Ministerio Público, el cual tendría la obligación de desistirse de la acción penal. “Eso queda en la autoridad, donde hay muchos espacios de extorsión y siembra ilegal de sustancias para poder configurar otros delitos”, advierte.
El segundo umbral que habilitaron quedó definido entre 28 y 200 gramos. Aplica lo mismo: “Te pueden detener y presentar ante la autoridad ministerial, pero, ojo, aquí se suma una sanción administrativa, [son] multas de hasta 10 mil pesos, porque para ese tipo de posesión tendrías que tramitar un permiso ante la autoridad sanitaria”.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
Sánchez explica que la ley no eliminaría el delito de posesión simple del Código Penal Federal. Formalmente, se darían licencias de cultivo mientras mantienen esta actividad como un delito. Y las contradicciones no terminan ahí. “La cereza del pastel es que terminaron sancionando con más años de cárcel; la posesión de más de 28 kilogramos de marihuana tiene una pena total de 10 años, la posesión de entre 200 gramos y 28 kilos quedó con una pena de hasta 15 años”, detalla.
Las críticas son numerosas, pero ¿por qué tuvo tantas fallas este dictamen cuando existen varios ejemplos de buenas prácticas para la regulación a nivel internacional?
Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador de tiempo completo en el CIDE y fundador del Programa de Política de Drogas, dice que esta es la primera legalización en el mundo que legaliza prohibiendo y multando. Añade que contiene demasiados requisitos que podrían ocasionar un mercado al que solo puedan entrar empresas de gran capital. “Esta es una ley que fue hecha por y para las empresas extranjeras, ya que ellas tuvieron una enorme incidencia, incluso redactaron la iniciativa del senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Yo tuve acceso a los documentos preparatorios y había claramente un desconocimiento del derecho mexicano; estaba diseñado por alguien que usó conceptos del derecho anglosajón sin traducirlos”, dice Madrazo Lajous. Agrega: “Esto de que legaliza pero criminaliza solo se explica si lo que estás haciendo es buscando labrar un nicho para las empresas con inversión de capital suficiente para cumplir con los requisitos de trazabilidad y legalidad de semillas, pero, al mismo tiempo, tratando de asegurar que no les vayan a competir los campesinos mexicanos”.
Gatopardo intentó conversar con el senador Menchaca para conocer su perspectiva sobre el proceso dentro del Senado, pero no estuvo disponible para entrevista. Sin embargo, en noviembre declaró lo siguiente en El Universal: “Este es un dictamen polémico, va a ser muy complicado quedar bien con todos los interesados en el tema, pero lo estamos haciendo con una gran convicción”.
Al respecto, Sánchez menciona que “hubo un cabildeo muy interesante de parte de actores privados y un desinterés absoluto en legislar para corregir los problemas de México, ya que seguimos siendo un país que cree que todo se soluciona con cárcel”, y concluye: “Hay una parte que fue descuido, otra que fue negligencia y otra más que fue interés económico y desinterés social”.
¿Qué significaría todo esto para los cultivadores locales? Para las licencias de producción se consiguió una acción afirmativa que establece que 40% de ellas tienen que entregarse a pequeños y medianos productores mexicanos, sin embargo, MUCD critica que esa cuota, sin un acompañamiento legal, financiero y técnico, es letra muerta. Así lo plantea la diputada Riojas: “De nuevo, las personas marginadas quedan negadas y puestas al margen por el propio Estado, y en lugar de avanzar en la resolución de conflicto en el tema de la guerra contra las drogas, creamos nuevos conflictos”.
Madrazo Lajous resume que esta legislación endurecería la penalización tanto para campesinos como para usuarios y, en cambio, labraría un nicho para un mercado lícito pero muy caro, al que solo tendrán acceso los mexicanos ricos, los turistas y, por supuesto, los usuarios extranjeros, quienes serán los destinatarios de la exportación del grueso de la producción que harán las empresas extranjeras. Con todo, rescata algo positivo: el hito histórico de la regulación para el autocultivo; aunque es mínimamente funcional, abriría por primera vez un nicho accesible a los usuarios para consumir cannabis de forma lícita sin tener que incurrir en el mercado negro.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos.
Aunque ya es muy tarde para hablar del hubiera, lo que sí podría haber hecho la Cámara es no aprobar la recriminalización, habría sido una ganancia enorme. Si hubiesen querido eliminar los delitos, los hubieran eliminado desde el Senado, opina Sánchez. “El diálogo está, los documentos están, los insumos están, la voluntad política de la sociedad civil está, de los especialistas y colectivos también, sin embargo, esto está pendiendo de la voluntad de un solo hombre”.
Así lo resume la diputada Riojas y agrega: “¿Por qué permitimos que la SCJN esté dando y dando prórrogas, solapando un berrinche presidencial basado nada más en creencias personales? No en evidencia, porque la evidencia apunta hacia el otro lado, pero de nuevo vemos esta necedad por ignorarla y seguir construyendo políticas que afectan a un país entero y de manera diferenciada a las poblaciones más marginadas históricamente por el Estado, tomando decisiones solamente basadas en qué creo yo que es bueno o malo, además en esa dicotomía”.
Ahora la mayor preocupación que tienen estas tres voces, que han hecho y siguen haciendo múltiples esfuerzos para consolidar esta ley, es que con la nueva prórroga el tiempo que tendrá la Cámara de Diputados para legislar se cruzará con el periodo electoral de 2021. No debería sorprendernos que en ese contexto regular el cannabis deje de ser prioridad.
Detrás de la propuesta que se revisó en el Senado se esconde una ley que no busca justicia social ni paz. Los recursos que podrían utilizarse para resolver los asuntos más urgentes de inseguridad en el país seguirán siendo desperdiciados en perseguir un delito menor y el nuevo mercado favorecerá a aquellos que ya nadan en privilegio, dándole la espalda a una oportunidad histórica. Detrás de la cuarta prórroga concedida, se esconde una pregunta más amplia, ¿qué tipo de democracia es esta?
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La ley para regular el cannabis en México contiene múltiples defectos: la sustancia continúa siendo ilegal, los permisos para cultivarla favorecen a las empresas de gran capital y a los consumidores en el extranjero.
Hace un año, la diputada independiente Lucía Riojas le obsequió un cigarro de marihuana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para recordarle aquella iniciativa que presentó en noviembre de 2018 para legalizar el cannabis. “Un paso para construir la paz es legalizar el consumo de las drogas”, le dijo en el podio de la Cámara de Diputados.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis tendría que haber pasado por la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación antes de que finalizara la legislatura el 15 de diciembre, cosa que no sucedió, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió extender una cuarta prórroga al Congreso de la Unión. Lucía Riojas, en entrevista con Gatopardo, señaló que durante los últimos años “el proceso dentro de la Cámara ha sido opaco, sesgado y bastante prejuicioso. Se está abordando desde la moralidad y, en ese sentido, sí ha costado darle seguimiento al tema con el nivel de discusión que requiere y merece”.
¿Qué se aprobó en el Senado exactamente? Según Lisa Sánchez, directora general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), “un galimatías”. En entrevista, explica que la ley crearía un mercado legal de marihuana que permitiría la siembra, cultivo, transformación, distribución, comercialización y venta para uso adulto y lúdico a través de tres esquemas de aprovisionamiento.
El primero, la venta al menudeo en puntos autorizados, haría posible que personas físicas o morales privadas soliciten algún tipo de licencia para participar en la producción, distribución y venta de la marihuana (en esos puntos de venta y en cantidades no mayores a 28 gramos por individuo). Existirían cinco tipos de licencias, cada una con requisitos específicos.
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El segundo esquema de abastecimiento sería la creación de asociaciones de cultivo compartido; se conocen como “clubes cannábicos” y los constituyen entre 2 y 20 individuos. Su fin es poder sembrar, cultivar y cosechar cierto número de plantas (máximo seis por persona) en un terreno común, sin fines de lucro. Los miembros obtendrían a cambio lo que produzcan esas plantas, dividido entre el número de socios, sin tener que cultivarlas en su propia casa. Una de las primeras críticas que hizo Sánchez a este sistema es que los requisitos para las instalaciones de los clubes son demasiado minuciosos, por lo tanto, es probable que pocos puedan cumplir con ellos: “Podrían tener el efecto de que nadie quiera consumir así porque tienen que tener unas instalaciones muy profesionales con extractores de humo y no puedes estar a 500 metros de ninguna casa habitación”.
El tercer y último esquema sería el autocultivo sin fines comerciales, el cual permitiría hasta seis plantas por persona, aunque, en una casa de dos o más adultos, el límite de plantas sería ocho. Sánchez critica este esquema porque exige que las personas que habitan con un consumidor den su conocimiento libre e informado para que este pueda consumir.
“Uno pensaría que si autorizaron todo eso, la marihuana ya no es ilegal; el problema es que nuestros legisladores son tan cavernícolas que no hicieron eso y, por lo tanto, la marihuana sigue estando en la lista de sustancias prohibidas de la Ley General de Salud”, agrega.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos. Sin embargo, sería equivocado pensar que tener 28 gramos de marihuana es legal porque la sustancia sigue estando prohibida por la Ley General de Salud; la policía todavía puede detener a una persona con esas cantidades y presentarla ante el Ministerio Público, el cual tendría la obligación de desistirse de la acción penal. “Eso queda en la autoridad, donde hay muchos espacios de extorsión y siembra ilegal de sustancias para poder configurar otros delitos”, advierte.
El segundo umbral que habilitaron quedó definido entre 28 y 200 gramos. Aplica lo mismo: “Te pueden detener y presentar ante la autoridad ministerial, pero, ojo, aquí se suma una sanción administrativa, [son] multas de hasta 10 mil pesos, porque para ese tipo de posesión tendrías que tramitar un permiso ante la autoridad sanitaria”.
El 19 de noviembre del 2020, dos años después, el Senado aprobó la marihuana para uso recreativo, científico, médico e industrial, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
Sánchez explica que la ley no eliminaría el delito de posesión simple del Código Penal Federal. Formalmente, se darían licencias de cultivo mientras mantienen esta actividad como un delito. Y las contradicciones no terminan ahí. “La cereza del pastel es que terminaron sancionando con más años de cárcel; la posesión de más de 28 kilogramos de marihuana tiene una pena total de 10 años, la posesión de entre 200 gramos y 28 kilos quedó con una pena de hasta 15 años”, detalla.
Las críticas son numerosas, pero ¿por qué tuvo tantas fallas este dictamen cuando existen varios ejemplos de buenas prácticas para la regulación a nivel internacional?
Alejandro Madrazo Lajous, profesor-investigador de tiempo completo en el CIDE y fundador del Programa de Política de Drogas, dice que esta es la primera legalización en el mundo que legaliza prohibiendo y multando. Añade que contiene demasiados requisitos que podrían ocasionar un mercado al que solo puedan entrar empresas de gran capital. “Esta es una ley que fue hecha por y para las empresas extranjeras, ya que ellas tuvieron una enorme incidencia, incluso redactaron la iniciativa del senador Julio Ramón Menchaca Salazar. Yo tuve acceso a los documentos preparatorios y había claramente un desconocimiento del derecho mexicano; estaba diseñado por alguien que usó conceptos del derecho anglosajón sin traducirlos”, dice Madrazo Lajous. Agrega: “Esto de que legaliza pero criminaliza solo se explica si lo que estás haciendo es buscando labrar un nicho para las empresas con inversión de capital suficiente para cumplir con los requisitos de trazabilidad y legalidad de semillas, pero, al mismo tiempo, tratando de asegurar que no les vayan a competir los campesinos mexicanos”.
Gatopardo intentó conversar con el senador Menchaca para conocer su perspectiva sobre el proceso dentro del Senado, pero no estuvo disponible para entrevista. Sin embargo, en noviembre declaró lo siguiente en El Universal: “Este es un dictamen polémico, va a ser muy complicado quedar bien con todos los interesados en el tema, pero lo estamos haciendo con una gran convicción”.
Al respecto, Sánchez menciona que “hubo un cabildeo muy interesante de parte de actores privados y un desinterés absoluto en legislar para corregir los problemas de México, ya que seguimos siendo un país que cree que todo se soluciona con cárcel”, y concluye: “Hay una parte que fue descuido, otra que fue negligencia y otra más que fue interés económico y desinterés social”.
¿Qué significaría todo esto para los cultivadores locales? Para las licencias de producción se consiguió una acción afirmativa que establece que 40% de ellas tienen que entregarse a pequeños y medianos productores mexicanos, sin embargo, MUCD critica que esa cuota, sin un acompañamiento legal, financiero y técnico, es letra muerta. Así lo plantea la diputada Riojas: “De nuevo, las personas marginadas quedan negadas y puestas al margen por el propio Estado, y en lugar de avanzar en la resolución de conflicto en el tema de la guerra contra las drogas, creamos nuevos conflictos”.
Madrazo Lajous resume que esta legislación endurecería la penalización tanto para campesinos como para usuarios y, en cambio, labraría un nicho para un mercado lícito pero muy caro, al que solo tendrán acceso los mexicanos ricos, los turistas y, por supuesto, los usuarios extranjeros, quienes serán los destinatarios de la exportación del grueso de la producción que harán las empresas extranjeras. Con todo, rescata algo positivo: el hito histórico de la regulación para el autocultivo; aunque es mínimamente funcional, abriría por primera vez un nicho accesible a los usuarios para consumir cannabis de forma lícita sin tener que incurrir en el mercado negro.
Las únicas modificaciones que se hicieron se concentraron en los umbrales de posesión para el consumo personal. El primero aumentó la cantidad de 5 a 28 gramos.
Aunque ya es muy tarde para hablar del hubiera, lo que sí podría haber hecho la Cámara es no aprobar la recriminalización, habría sido una ganancia enorme. Si hubiesen querido eliminar los delitos, los hubieran eliminado desde el Senado, opina Sánchez. “El diálogo está, los documentos están, los insumos están, la voluntad política de la sociedad civil está, de los especialistas y colectivos también, sin embargo, esto está pendiendo de la voluntad de un solo hombre”.
Así lo resume la diputada Riojas y agrega: “¿Por qué permitimos que la SCJN esté dando y dando prórrogas, solapando un berrinche presidencial basado nada más en creencias personales? No en evidencia, porque la evidencia apunta hacia el otro lado, pero de nuevo vemos esta necedad por ignorarla y seguir construyendo políticas que afectan a un país entero y de manera diferenciada a las poblaciones más marginadas históricamente por el Estado, tomando decisiones solamente basadas en qué creo yo que es bueno o malo, además en esa dicotomía”.
Ahora la mayor preocupación que tienen estas tres voces, que han hecho y siguen haciendo múltiples esfuerzos para consolidar esta ley, es que con la nueva prórroga el tiempo que tendrá la Cámara de Diputados para legislar se cruzará con el periodo electoral de 2021. No debería sorprendernos que en ese contexto regular el cannabis deje de ser prioridad.
Detrás de la propuesta que se revisó en el Senado se esconde una ley que no busca justicia social ni paz. Los recursos que podrían utilizarse para resolver los asuntos más urgentes de inseguridad en el país seguirán siendo desperdiciados en perseguir un delito menor y el nuevo mercado favorecerá a aquellos que ya nadan en privilegio, dándole la espalda a una oportunidad histórica. Detrás de la cuarta prórroga concedida, se esconde una pregunta más amplia, ¿qué tipo de democracia es esta?
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