De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de 2006 a la fecha se ha acumulado una cifra de 40,000 desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar. Detrás de estas personas hay familias rotas que ponen en pausa sus vidas para tratar de encontrarlos, vivos o muertos, ante la ineficiencia de un gobierno corrupto y rebasado por la violencia y sus consecuencias.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se fundó 2015 como parte de una lucha contra la desaparición en materia legislativa, política, social e individual. Está formado por 40 organizaciones que ayudan a los familiares en su búsqueda de justicia. Una de ellas es la Red Eslabones por los Derechos Humanos, que compartió con Gatopardo sus gritos de denuncia.
En un país en donde hay más de 40 mil desaparecidos ¿cuáles son las principales demandas al gobierno mexicano?
La primera es la búsqueda, la cuál se divide en dos grandes bloques. Una enfocada a la búsqueda en vida, esto implica verificar en todos los espacios donde pudieran estar contra su voluntad: cárceles, centros de rehabilitación, e incluso las calles. En segundo lugar, está la búsqueda sin vida, misma que se realiza en todos los espacios donde se encuentran cuerpos sin identidad. Por ejemplo, los servicios médicos forenses y las fosas clandestinas, pero sobre todo, las fosas comunes que son las fosas del Estado y que se niegan a abrir. El estos seres humanos va a ser responsabilidad de ellos.
Otra petición es la prevención para evitar, por un lado, que esto le pase a otras familias y por otro lado, un llamado a la no repetición, una constante que va de la mano con la cero tolerancia a la impunidad. Es sabido que la gente que recurre a este tipo de violencia, no solo hace una sola vez, por lo que, cada vez que las investigaciones sobre desaparición forzada no soy eficientes, lo que las autoridades están haciendo es dejar en la calle a personas con un potencial a repetir sus acciones y por ende habría un aumento en los índices de violencia.
¿Qué opinión merecen las acciones que el gobierno actual ha puesto en marcha en materia de desaparecidos?
Actualmente se está poniendo en marcha nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, por lo que es temprano para hablar positivamente de las nuevas acciones como acciones tangibles. Lo que sí podemos decir es que son esperanzadoras los signos que están empezando a mostrar y las palabras. Sin embargo también dicen que cualquier política sin suficiente presupuesto detrás no es más que un discurso.
Un elemento importante es que ahora ya han aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pues previo a eso existía una petición permanente, tanto de familias de las víctimas, como de organizaciones nacionales e internacionales para que esto se lograra. Era necesario que el Gobierno aceptara su participación. Sin embargo, desde hace 12 años, las administraciones pasadas habían cancelado toda posibilidad de que fuera una realidad.
Hasta ahora, hay otros esfuerzos en torno a la desaparición, desde la Secretaría de Gobernación, el cual se consolida en un mecanismo extraordinario de identificación forense. Este hecho fue insólito, pues nunca antes se había planteado como una posibilidad durante los gobiernos anteriores.
¿Cuál es el papel que juega la sociedad civil en la búsqueda de estas personas?
El papel que tiene la sociedad civil, los colectivos y los grupos de familiares de las víctimas, es fundamental. De hecho, es el lubricante que hace que esta maquinaria funcione y camine. Siendo realistas, sin este impulso, la determinación y la constancia, esto no sería posible echar a andar una solución a la problemática, que desde mi punto de vista es el reto más importante al que se está enfrentando este Gobierno.
La misma Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda establecen, dentro de sus disposiciones, que debe existir la participación directa de las familias de las víctimas, al ser ellas víctimas indirectas de la violencia. Además abre una puerta de manera permanente para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar con todo derecho. No es nada más una concesión graciosa de las autoridades. Está dentro de la estructura de la ley, porque es importante resaltar que esa ley fue construida por la sociedad civil, por lo tanto está contemplada la participación como un derecho y no como una especie de visión humanitaria.
¿Cuáles son los principales retos que la Ley en materia de Desaparición Forzada, enfrenta para su correcta aplicación?
Esta ley tiene como parte central el Sistema Nacional de Búsqueda y se contempla también el programa Nacional de exhumaciones, que a su vez necesitaría muchísimo dinero para poderse llevar a cabo. Hay que construir desde espacios forenses, el resguardo temporal de los cuerpos, de las personas no identificadas que son casi 40,000. Entonces todos los procesos periciales así como una gran cantidad de personas de tecnología de recursos para poderse llevar a cabo. El principal reto es conseguir que el presupuesto suficiente para ello.
- Valentina Peralta, acompañante y defensora de derechos humanos. Directora de la Red eslabones por los Derechos Humanos.
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de 2006 a la fecha se ha acumulado una cifra de 40,000 desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar. Detrás de estas personas hay familias rotas que ponen en pausa sus vidas para tratar de encontrarlos, vivos o muertos, ante la ineficiencia de un gobierno corrupto y rebasado por la violencia y sus consecuencias.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se fundó 2015 como parte de una lucha contra la desaparición en materia legislativa, política, social e individual. Está formado por 40 organizaciones que ayudan a los familiares en su búsqueda de justicia. Una de ellas es la Red Eslabones por los Derechos Humanos, que compartió con Gatopardo sus gritos de denuncia.
En un país en donde hay más de 40 mil desaparecidos ¿cuáles son las principales demandas al gobierno mexicano?
La primera es la búsqueda, la cuál se divide en dos grandes bloques. Una enfocada a la búsqueda en vida, esto implica verificar en todos los espacios donde pudieran estar contra su voluntad: cárceles, centros de rehabilitación, e incluso las calles. En segundo lugar, está la búsqueda sin vida, misma que se realiza en todos los espacios donde se encuentran cuerpos sin identidad. Por ejemplo, los servicios médicos forenses y las fosas clandestinas, pero sobre todo, las fosas comunes que son las fosas del Estado y que se niegan a abrir. El estos seres humanos va a ser responsabilidad de ellos.
Otra petición es la prevención para evitar, por un lado, que esto le pase a otras familias y por otro lado, un llamado a la no repetición, una constante que va de la mano con la cero tolerancia a la impunidad. Es sabido que la gente que recurre a este tipo de violencia, no solo hace una sola vez, por lo que, cada vez que las investigaciones sobre desaparición forzada no soy eficientes, lo que las autoridades están haciendo es dejar en la calle a personas con un potencial a repetir sus acciones y por ende habría un aumento en los índices de violencia.
¿Qué opinión merecen las acciones que el gobierno actual ha puesto en marcha en materia de desaparecidos?
Actualmente se está poniendo en marcha nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, por lo que es temprano para hablar positivamente de las nuevas acciones como acciones tangibles. Lo que sí podemos decir es que son esperanzadoras los signos que están empezando a mostrar y las palabras. Sin embargo también dicen que cualquier política sin suficiente presupuesto detrás no es más que un discurso.
Un elemento importante es que ahora ya han aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pues previo a eso existía una petición permanente, tanto de familias de las víctimas, como de organizaciones nacionales e internacionales para que esto se lograra. Era necesario que el Gobierno aceptara su participación. Sin embargo, desde hace 12 años, las administraciones pasadas habían cancelado toda posibilidad de que fuera una realidad.
Hasta ahora, hay otros esfuerzos en torno a la desaparición, desde la Secretaría de Gobernación, el cual se consolida en un mecanismo extraordinario de identificación forense. Este hecho fue insólito, pues nunca antes se había planteado como una posibilidad durante los gobiernos anteriores.
¿Cuál es el papel que juega la sociedad civil en la búsqueda de estas personas?
El papel que tiene la sociedad civil, los colectivos y los grupos de familiares de las víctimas, es fundamental. De hecho, es el lubricante que hace que esta maquinaria funcione y camine. Siendo realistas, sin este impulso, la determinación y la constancia, esto no sería posible echar a andar una solución a la problemática, que desde mi punto de vista es el reto más importante al que se está enfrentando este Gobierno.
La misma Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda establecen, dentro de sus disposiciones, que debe existir la participación directa de las familias de las víctimas, al ser ellas víctimas indirectas de la violencia. Además abre una puerta de manera permanente para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar con todo derecho. No es nada más una concesión graciosa de las autoridades. Está dentro de la estructura de la ley, porque es importante resaltar que esa ley fue construida por la sociedad civil, por lo tanto está contemplada la participación como un derecho y no como una especie de visión humanitaria.
¿Cuáles son los principales retos que la Ley en materia de Desaparición Forzada, enfrenta para su correcta aplicación?
Esta ley tiene como parte central el Sistema Nacional de Búsqueda y se contempla también el programa Nacional de exhumaciones, que a su vez necesitaría muchísimo dinero para poderse llevar a cabo. Hay que construir desde espacios forenses, el resguardo temporal de los cuerpos, de las personas no identificadas que son casi 40,000. Entonces todos los procesos periciales así como una gran cantidad de personas de tecnología de recursos para poderse llevar a cabo. El principal reto es conseguir que el presupuesto suficiente para ello.
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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se fundó 2015 como parte de una lucha contra la desaparición en materia legislativa, política, social e individual. Está formado por 40 organizaciones que ayudan a los familiares en su búsqueda de justicia. Una de ellas es la Red Eslabones por los Derechos Humanos, que compartió con Gatopardo sus gritos de denuncia.
En un país en donde hay más de 40 mil desaparecidos ¿cuáles son las principales demandas al gobierno mexicano?
La primera es la búsqueda, la cuál se divide en dos grandes bloques. Una enfocada a la búsqueda en vida, esto implica verificar en todos los espacios donde pudieran estar contra su voluntad: cárceles, centros de rehabilitación, e incluso las calles. En segundo lugar, está la búsqueda sin vida, misma que se realiza en todos los espacios donde se encuentran cuerpos sin identidad. Por ejemplo, los servicios médicos forenses y las fosas clandestinas, pero sobre todo, las fosas comunes que son las fosas del Estado y que se niegan a abrir. El estos seres humanos va a ser responsabilidad de ellos.
Otra petición es la prevención para evitar, por un lado, que esto le pase a otras familias y por otro lado, un llamado a la no repetición, una constante que va de la mano con la cero tolerancia a la impunidad. Es sabido que la gente que recurre a este tipo de violencia, no solo hace una sola vez, por lo que, cada vez que las investigaciones sobre desaparición forzada no soy eficientes, lo que las autoridades están haciendo es dejar en la calle a personas con un potencial a repetir sus acciones y por ende habría un aumento en los índices de violencia.
¿Qué opinión merecen las acciones que el gobierno actual ha puesto en marcha en materia de desaparecidos?
Actualmente se está poniendo en marcha nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, por lo que es temprano para hablar positivamente de las nuevas acciones como acciones tangibles. Lo que sí podemos decir es que son esperanzadoras los signos que están empezando a mostrar y las palabras. Sin embargo también dicen que cualquier política sin suficiente presupuesto detrás no es más que un discurso.
Un elemento importante es que ahora ya han aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pues previo a eso existía una petición permanente, tanto de familias de las víctimas, como de organizaciones nacionales e internacionales para que esto se lograra. Era necesario que el Gobierno aceptara su participación. Sin embargo, desde hace 12 años, las administraciones pasadas habían cancelado toda posibilidad de que fuera una realidad.
Hasta ahora, hay otros esfuerzos en torno a la desaparición, desde la Secretaría de Gobernación, el cual se consolida en un mecanismo extraordinario de identificación forense. Este hecho fue insólito, pues nunca antes se había planteado como una posibilidad durante los gobiernos anteriores.
¿Cuál es el papel que juega la sociedad civil en la búsqueda de estas personas?
El papel que tiene la sociedad civil, los colectivos y los grupos de familiares de las víctimas, es fundamental. De hecho, es el lubricante que hace que esta maquinaria funcione y camine. Siendo realistas, sin este impulso, la determinación y la constancia, esto no sería posible echar a andar una solución a la problemática, que desde mi punto de vista es el reto más importante al que se está enfrentando este Gobierno.
La misma Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda establecen, dentro de sus disposiciones, que debe existir la participación directa de las familias de las víctimas, al ser ellas víctimas indirectas de la violencia. Además abre una puerta de manera permanente para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar con todo derecho. No es nada más una concesión graciosa de las autoridades. Está dentro de la estructura de la ley, porque es importante resaltar que esa ley fue construida por la sociedad civil, por lo tanto está contemplada la participación como un derecho y no como una especie de visión humanitaria.
¿Cuáles son los principales retos que la Ley en materia de Desaparición Forzada, enfrenta para su correcta aplicación?
Esta ley tiene como parte central el Sistema Nacional de Búsqueda y se contempla también el programa Nacional de exhumaciones, que a su vez necesitaría muchísimo dinero para poderse llevar a cabo. Hay que construir desde espacios forenses, el resguardo temporal de los cuerpos, de las personas no identificadas que son casi 40,000. Entonces todos los procesos periciales así como una gran cantidad de personas de tecnología de recursos para poderse llevar a cabo. El principal reto es conseguir que el presupuesto suficiente para ello.
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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se fundó 2015 como parte de una lucha contra la desaparición en materia legislativa, política, social e individual. Está formado por 40 organizaciones que ayudan a los familiares en su búsqueda de justicia. Una de ellas es la Red Eslabones por los Derechos Humanos, que compartió con Gatopardo sus gritos de denuncia.
En un país en donde hay más de 40 mil desaparecidos ¿cuáles son las principales demandas al gobierno mexicano?
La primera es la búsqueda, la cuál se divide en dos grandes bloques. Una enfocada a la búsqueda en vida, esto implica verificar en todos los espacios donde pudieran estar contra su voluntad: cárceles, centros de rehabilitación, e incluso las calles. En segundo lugar, está la búsqueda sin vida, misma que se realiza en todos los espacios donde se encuentran cuerpos sin identidad. Por ejemplo, los servicios médicos forenses y las fosas clandestinas, pero sobre todo, las fosas comunes que son las fosas del Estado y que se niegan a abrir. El estos seres humanos va a ser responsabilidad de ellos.
Otra petición es la prevención para evitar, por un lado, que esto le pase a otras familias y por otro lado, un llamado a la no repetición, una constante que va de la mano con la cero tolerancia a la impunidad. Es sabido que la gente que recurre a este tipo de violencia, no solo hace una sola vez, por lo que, cada vez que las investigaciones sobre desaparición forzada no soy eficientes, lo que las autoridades están haciendo es dejar en la calle a personas con un potencial a repetir sus acciones y por ende habría un aumento en los índices de violencia.
¿Qué opinión merecen las acciones que el gobierno actual ha puesto en marcha en materia de desaparecidos?
Actualmente se está poniendo en marcha nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, por lo que es temprano para hablar positivamente de las nuevas acciones como acciones tangibles. Lo que sí podemos decir es que son esperanzadoras los signos que están empezando a mostrar y las palabras. Sin embargo también dicen que cualquier política sin suficiente presupuesto detrás no es más que un discurso.
Un elemento importante es que ahora ya han aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pues previo a eso existía una petición permanente, tanto de familias de las víctimas, como de organizaciones nacionales e internacionales para que esto se lograra. Era necesario que el Gobierno aceptara su participación. Sin embargo, desde hace 12 años, las administraciones pasadas habían cancelado toda posibilidad de que fuera una realidad.
Hasta ahora, hay otros esfuerzos en torno a la desaparición, desde la Secretaría de Gobernación, el cual se consolida en un mecanismo extraordinario de identificación forense. Este hecho fue insólito, pues nunca antes se había planteado como una posibilidad durante los gobiernos anteriores.
¿Cuál es el papel que juega la sociedad civil en la búsqueda de estas personas?
El papel que tiene la sociedad civil, los colectivos y los grupos de familiares de las víctimas, es fundamental. De hecho, es el lubricante que hace que esta maquinaria funcione y camine. Siendo realistas, sin este impulso, la determinación y la constancia, esto no sería posible echar a andar una solución a la problemática, que desde mi punto de vista es el reto más importante al que se está enfrentando este Gobierno.
La misma Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda establecen, dentro de sus disposiciones, que debe existir la participación directa de las familias de las víctimas, al ser ellas víctimas indirectas de la violencia. Además abre una puerta de manera permanente para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar con todo derecho. No es nada más una concesión graciosa de las autoridades. Está dentro de la estructura de la ley, porque es importante resaltar que esa ley fue construida por la sociedad civil, por lo tanto está contemplada la participación como un derecho y no como una especie de visión humanitaria.
¿Cuáles son los principales retos que la Ley en materia de Desaparición Forzada, enfrenta para su correcta aplicación?
Esta ley tiene como parte central el Sistema Nacional de Búsqueda y se contempla también el programa Nacional de exhumaciones, que a su vez necesitaría muchísimo dinero para poderse llevar a cabo. Hay que construir desde espacios forenses, el resguardo temporal de los cuerpos, de las personas no identificadas que son casi 40,000. Entonces todos los procesos periciales así como una gran cantidad de personas de tecnología de recursos para poderse llevar a cabo. El principal reto es conseguir que el presupuesto suficiente para ello.
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De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de 2006 a la fecha se ha acumulado una cifra de 40,000 desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar. Detrás de estas personas hay familias rotas que ponen en pausa sus vidas para tratar de encontrarlos, vivos o muertos, ante la ineficiencia de un gobierno corrupto y rebasado por la violencia y sus consecuencias.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, se fundó 2015 como parte de una lucha contra la desaparición en materia legislativa, política, social e individual. Está formado por 40 organizaciones que ayudan a los familiares en su búsqueda de justicia. Una de ellas es la Red Eslabones por los Derechos Humanos, que compartió con Gatopardo sus gritos de denuncia.
En un país en donde hay más de 40 mil desaparecidos ¿cuáles son las principales demandas al gobierno mexicano?
La primera es la búsqueda, la cuál se divide en dos grandes bloques. Una enfocada a la búsqueda en vida, esto implica verificar en todos los espacios donde pudieran estar contra su voluntad: cárceles, centros de rehabilitación, e incluso las calles. En segundo lugar, está la búsqueda sin vida, misma que se realiza en todos los espacios donde se encuentran cuerpos sin identidad. Por ejemplo, los servicios médicos forenses y las fosas clandestinas, pero sobre todo, las fosas comunes que son las fosas del Estado y que se niegan a abrir. El estos seres humanos va a ser responsabilidad de ellos.
Otra petición es la prevención para evitar, por un lado, que esto le pase a otras familias y por otro lado, un llamado a la no repetición, una constante que va de la mano con la cero tolerancia a la impunidad. Es sabido que la gente que recurre a este tipo de violencia, no solo hace una sola vez, por lo que, cada vez que las investigaciones sobre desaparición forzada no soy eficientes, lo que las autoridades están haciendo es dejar en la calle a personas con un potencial a repetir sus acciones y por ende habría un aumento en los índices de violencia.
¿Qué opinión merecen las acciones que el gobierno actual ha puesto en marcha en materia de desaparecidos?
Actualmente se está poniendo en marcha nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, por lo que es temprano para hablar positivamente de las nuevas acciones como acciones tangibles. Lo que sí podemos decir es que son esperanzadoras los signos que están empezando a mostrar y las palabras. Sin embargo también dicen que cualquier política sin suficiente presupuesto detrás no es más que un discurso.
Un elemento importante es que ahora ya han aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, pues previo a eso existía una petición permanente, tanto de familias de las víctimas, como de organizaciones nacionales e internacionales para que esto se lograra. Era necesario que el Gobierno aceptara su participación. Sin embargo, desde hace 12 años, las administraciones pasadas habían cancelado toda posibilidad de que fuera una realidad.
Hasta ahora, hay otros esfuerzos en torno a la desaparición, desde la Secretaría de Gobernación, el cual se consolida en un mecanismo extraordinario de identificación forense. Este hecho fue insólito, pues nunca antes se había planteado como una posibilidad durante los gobiernos anteriores.
¿Cuál es el papel que juega la sociedad civil en la búsqueda de estas personas?
El papel que tiene la sociedad civil, los colectivos y los grupos de familiares de las víctimas, es fundamental. De hecho, es el lubricante que hace que esta maquinaria funcione y camine. Siendo realistas, sin este impulso, la determinación y la constancia, esto no sería posible echar a andar una solución a la problemática, que desde mi punto de vista es el reto más importante al que se está enfrentando este Gobierno.
La misma Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda establecen, dentro de sus disposiciones, que debe existir la participación directa de las familias de las víctimas, al ser ellas víctimas indirectas de la violencia. Además abre una puerta de manera permanente para que cualquier ciudadano y ciudadana pueda participar con todo derecho. No es nada más una concesión graciosa de las autoridades. Está dentro de la estructura de la ley, porque es importante resaltar que esa ley fue construida por la sociedad civil, por lo tanto está contemplada la participación como un derecho y no como una especie de visión humanitaria.
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Esta ley tiene como parte central el Sistema Nacional de Búsqueda y se contempla también el programa Nacional de exhumaciones, que a su vez necesitaría muchísimo dinero para poderse llevar a cabo. Hay que construir desde espacios forenses, el resguardo temporal de los cuerpos, de las personas no identificadas que son casi 40,000. Entonces todos los procesos periciales así como una gran cantidad de personas de tecnología de recursos para poderse llevar a cabo. El principal reto es conseguir que el presupuesto suficiente para ello.
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