El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes 22 de noviembre 2021 un acuerdo con el que busca blindar con la etiqueta de “seguridad nacional” los megaproyectos que ha colocado al centro de su gobierno. Esto, dijo, “con el objetivo de agilizar trámites burocráticos”, pero que es una decisión que en nada se le parece a un atentado a la transparencia.

“Es un acuerdo para que por los tramites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les de también tiempo para presentar toda la documentación”, apuntó en la conferencia matutina.

Para el señor presidente sería muy cómodo tener total autoridad para que nada ni nadie le estorbe a sus obras favoritas: el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y sobre todo, el Tren Maya. En efecto, a López Obrador no se le resbala la crítica, le choca, le baja brillo a su imagen. Él quiere carta abierta para hacer lo que se le venga en gana.

El problema de fondo es que, entre los obstáculos que le estorban están las leyes ambientales, al estado de derecho, la democracia y el balance de poderes. Parece ser que a nuestro presidente le hubiera encantado ser Luis XIV, el rey sol de la Francia prerrevolucionaria, quien decretó ante las críticas de su corte (al pueblo nadie lo escuchaba) “el estado soy YO”.

En la pagina de Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se publicó una larga lista de las violaciones a los derechos humanos por las que varios colectivos y organizaciones ambientales denuncian la obra del Tren Maya. Ahí se detalla, entre otras cosas, que FONATUR ha deforestado 144 hectáreas de selva sin tener permiso para cambio de uso de suelo y sin tomar en cuenta las medidas cautelares. Muchos locales, cuyas vidas se verán afectadas por dicha obra y que de ninguna manera son neoliberales o “fifís”, ven con frustración que sus amparos siguen atorados tras 15 meses de burocracia judicial corrupta, que involucra entre otros al Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, el cual se hace que no escucha a los que están en contra de la obra.

El 20 de octubre de este 2021, CEMDA publicó en su página: “Se han presentado pruebas periciales, solicitud de medidas cautelares y ampliaciones de demanda, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito se haya pronunciado sobre las mismas; esta situación deja sin posibilidad de ejercer su derecho de acceso a la justicia a muchas comunidades, pueblos y colectivos que consideran, con razones sólidas, que el proyecto denominado Tren Maya es contrario a los derechos humanos y hace evidente que el Poder Judicial de la Federación se está limitando a si mismo en su actuar en violación al estándar fijado por el Acuerdo de Escazú”. Esto fue antes de que el presidente decidiera  que dicha obra sería considerada de seguridad nacional y por lo tanto, que el ejercito puede avanzar sobre quien se oponga.

Según el mismo gobierno de México, en su página www.gob.mx, la categoría de seguridad nacional es: “La condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera”.

Tal vez un aeropuerto militar pueda ser considerado un asunto de seguridad nacional, pero este será también civil y comercial, y estirando mucho el concepto, podríamos pensar que la independencia energética también lo es, pero, ¿qué pasa cuando se liga a la construcción de una refinería que destruye manglares y atenta contra los tratados internacionales de protección ambiental ante cambio climático global?

Y no me digan que un tren supuestamente turístico, aunque en realidad también va mover mercancía, lo es. El Tren Maya va a tumbar la selva, hábitat de miles de especies, muchas de ellas en peligro, como los jaguares, y condenará a un ambiente deteriorado a millones de personas que dependen de los servicios ambientales esa selva, de los cenotes y sobre todo, del gran acuífero maya que se vería severamente afectado por esta obra. En la lógica de López Obrador, ¿significa esto que quienes se oponen son una amenaza contra el Estado?

Si hay algo que, sobre todas las cosas, debería ser considerado un asunto de seguridad nacional, es la protección al medio ambiente y los recursos naturales, pero el gobierno opera la inversa. Parece que detrás de este acuerdo no hay razonamiento alguno, sino un berrinche del señor presidente, que cree que puede estirar la realidad hasta distorsionarla, porque el Estado, sin duda, es él.