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La travesía a la Ciudad de México duró 50 días. Acompañado por un pequeño grupo de personas, en su mayoría provenientes de las comunidades chontales de Nacajuca, un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partió de su natal Tabasco rumbo a la capital del país. Impulsados por el reclamo de un fraude electoral en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, los tabasqueños se concentraron en el Parque Juárez en Villa Hermosa. La agotadora caminata comenzó el 25 de noviembre de 1991. Marcharon por Veracruz, Puebla y Estado de México, hasta que el 11 de enero de 1992, ya acompañados por miles de mexicanos, entraron al Zócalo capitalino. Poca gente creyó que el “Éxodo por la democracia” lograría su objetivo, pero López Obrador tenía a los tabasqueños de su lado. Algunos líderes locales se sumaron al contingente y conforme fueron sumando kilómetros, gente y líderes perredistas de estados vecinos se unieron a la marcha. La dirigencia nacional del partido expresó su respaldo unos días después y más tarde Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se unieron durante varios tramos. Pasaron los días y miles de marchistas inundaron la carretera federal hasta alcanzar Texcoco. El cansancio era notorio, pero en ningún momento se dieron por vencidos. Una vez en la plancha principal de la ciudad, López Obrador dio un discurso a favor de la democracia. Un día después, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, lo recibió. El “Éxodo por la democracia” lo había logrado, las autoridades federales aceptaron que el PRD estuviera al frente de un concejo municipal en Cárdenas, mientras que en Nacajuca y Macuspana, se anularon las elecciones y optaron por instalar concejos municipales mixtos con mayoría priista. Una manifestación pública logró que los tabasqueños fueran escuchados. Aunque fue difícil y agotador, la democracia les dio las herramientas para lograrlo. Veintisiete años después, Andrés Manuel López Obrador, líder de ese “Éxodo por la democracia”, ha respaldado, ahora como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma al Código Penal del estado que sanciona las protestas y afecta sustantivamente los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre manifestación social. El pasado lunes 29 de julio, con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó el dictamen conocido como Ley Garrote, el cual sanciona hasta con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.
Veintisiete años después, pareciera que el Andrés Manuel López Obrador que lideró el “Éxodo por la democracia”, olvidó la importancia de permitir a los ciudadanos expresar sus ideas y preocupaciones. / Fotografía obtenida del sitio oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Dos días después, el 31 de julio, el gobernador de Tabasco publicó la reforma en el Periódico Oficial del estado, por lo que entró en vigor a partir del 1 de agosto. En su exposición de motivos, justificaron la decisión como parte del combate al “incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en la entidad. Dicha reforma es de carácter penal, por lo que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. “El ámbito penal es la herramienta más intrusiva que tiene el Estado respecto a las personas”, detalla en entrevista para Gatopardo, Luis Knapp del Área de Legal de ARTICLE 19. “La misma doctrina jurídica establece que la materia penal es el último recurso al cual acudir, ya que se han agotado recursos menos lesivos. Sin embargo, las reformas propuestas tipifican (como delito) algunas conductas que que impactan sustantivamente en el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social”, explica Luis Knapp. Cuando el dictamen se presentó el 24 de julio, la discusión se centró en el artículo 308 Bis, que de acuerdo con la propuesta original del gobernador, refería a que aquel que impidiera total o parcialmente el libre tránsito de las personas tendría por sanción, prisión o multa. “Se trataba de una iniciativa totalmente ambigua y con evidente impacto en la libre manifestación. Cualquier protesta, cualquier manifestación en la vía pública genera ciertos cortes en el tránsito y así como estaba redactado, cualquier protesta que cruce una avenida ya incumplía la norma penal”, detalla. En respuesta a las críticas y el rechazo social, los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. Ante esta nueva versión, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, al cual pertenece ARTICLE 19, emitió en un comunicado denunciando que, a pesar de los cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Tras la aprobación de la Ley Garrote es posible que quienes protesten en la vía pública en contra de alguna obra que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., como sucede con muchos megaproyectos, por ejemplo, terminen en la cárcel. “Es muy preocupante”, enfatiza Luis Knapp, “estamos en un contexto de megaproyectos, sí, pero pensemos que esta norma ya aplica para cualquier obra pública o privada. Por ejemplo, si en una colonia una obra afecta los derechos de una vivienda y la gente se manifiesta, podrían ser sujetos a un proceso penal”.
Tercera asamblea informativa, celebrada el 30 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México / Gisela Ishihara vía Wikimedia Commons. En la conferencia matutina del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la Ley Garrote era para “poner orden”, pues en el estado de Tabasco se estaba viviendo una situación “de anarquía, de corrupción, de extorsión y eso no se puede permitir porque no es una lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”. “El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Este discurso ya ha comenzado a ser replicado por los demás militantes de Morena. Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, calificó como “sagradas” a las manifestaciones, pero aseguró que la Ley Garrote es una medida ante aquellos que a través de éstas “han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”. Sin embargo, en palabras de Luis Knapp, “las autoridades simplemente deben garantizar y cumplir con lo que dice la norma, no pueden erigirse como jueces que califican las protestas y eligen cuál se debe sancionar”.
***
El “Éxodo por la democracia” no fue la única vez que el ahora mandatario recurrió a su libertad de protesta social. Ejemplo claro de esto fue el cierre de las instalaciones petroleras en Tabasco en 1996. Ese año, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la cabeza de los bloqueos que exigían las indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. Otro ejemplo fue lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 2006, cuando las autoridades electorales anunciaron como ganador al panista Felipe Calderón. En respuesta, el PRD, del que López Obrador era candidato, denunció fraude, e inició un gran movimiento para exigir el recuento de votos. AMLO convocó a sus simpatizantes a bloquear una de las principales avenidas de la Ciudad de México. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (...) que permanezcamos aquí día y noche hasta que cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos”, dijo el 30 de julio de 2006. Miles de simpatizantes mantuvieron ocupado el Paseo de la Reforma durante 47 días. “Creo que López Obrador o está mal asesorado o desconoce la materia jurídica. Él mismo lo ha dicho públicamente en las mañaneras, pero eso no es justificación porque para eso tiene una consejería jurídica”, explica Luis Knapp, “Ellos hablan de extorsión grave en el estado de Tabasco. Si hay una problemática grave al respecto, pues que le pongan ese nombre y regulen en ese sentido, pero lo que sucedió, o es ignorancia, o es dolo, por parte de estas autoridades”. Como él, muchos especialistas están de acuerdo en que criminalizar la protesta social es extremadamente peligroso para la justicia y la democracia.
“El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Pese a los argumentos que se han dado para justificar la Ley Garrote y modificar la percepción que apunta a una clara violación de derechos, varios legisladores han manifestado su rechazo a la misma. Entre ellos destacan las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales; mientras que por el PRI se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. De cualquier forma, la Ley Garrote ya fue ido publicada y ahora "corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Luis Knapp. “Solo ellas están facultadas para eso y nadie más, ninguna asociación o persona. Otra vía es promover juicios de amparo, que sí puede iniciar cualquier persona, ante el poder Judicial alegando la inconstitucionalidad de estas reformas”, detalla. La controversial reforma se suma a lo sucedido apenas el pasado 23 de julio en Baja California, cuando el Congreso autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Ambos casos, “son focos rojos, totalmente. Nos preocupa que, por ejemplo, derivado de la llamada Ley Garrote en Tabasco, comiencen a surgir otras propuestas o iniciativas en otros estados de la República y que estas medidas se empiecen a replicar”. Hace ya cinco años, ante un escenario de violencia similar al que vive hoy México, surgieron iniciativas como la Ley Bala en Puebla, la Ley de Movilidad en la CDMX o la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, pero nunca como ahora existió un precedente legal para justificar violaciones a la libertad de expresión.
*Fotografía: Ismael Villafranco / Flickr.
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Tras el dictamen se castigará con cárcel la obstrucción de vías y obras públicas.
La travesía a la Ciudad de México duró 50 días. Acompañado por un pequeño grupo de personas, en su mayoría provenientes de las comunidades chontales de Nacajuca, un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partió de su natal Tabasco rumbo a la capital del país. Impulsados por el reclamo de un fraude electoral en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, los tabasqueños se concentraron en el Parque Juárez en Villa Hermosa. La agotadora caminata comenzó el 25 de noviembre de 1991. Marcharon por Veracruz, Puebla y Estado de México, hasta que el 11 de enero de 1992, ya acompañados por miles de mexicanos, entraron al Zócalo capitalino. Poca gente creyó que el “Éxodo por la democracia” lograría su objetivo, pero López Obrador tenía a los tabasqueños de su lado. Algunos líderes locales se sumaron al contingente y conforme fueron sumando kilómetros, gente y líderes perredistas de estados vecinos se unieron a la marcha. La dirigencia nacional del partido expresó su respaldo unos días después y más tarde Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se unieron durante varios tramos. Pasaron los días y miles de marchistas inundaron la carretera federal hasta alcanzar Texcoco. El cansancio era notorio, pero en ningún momento se dieron por vencidos. Una vez en la plancha principal de la ciudad, López Obrador dio un discurso a favor de la democracia. Un día después, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, lo recibió. El “Éxodo por la democracia” lo había logrado, las autoridades federales aceptaron que el PRD estuviera al frente de un concejo municipal en Cárdenas, mientras que en Nacajuca y Macuspana, se anularon las elecciones y optaron por instalar concejos municipales mixtos con mayoría priista. Una manifestación pública logró que los tabasqueños fueran escuchados. Aunque fue difícil y agotador, la democracia les dio las herramientas para lograrlo. Veintisiete años después, Andrés Manuel López Obrador, líder de ese “Éxodo por la democracia”, ha respaldado, ahora como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma al Código Penal del estado que sanciona las protestas y afecta sustantivamente los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre manifestación social. El pasado lunes 29 de julio, con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó el dictamen conocido como Ley Garrote, el cual sanciona hasta con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.
Veintisiete años después, pareciera que el Andrés Manuel López Obrador que lideró el “Éxodo por la democracia”, olvidó la importancia de permitir a los ciudadanos expresar sus ideas y preocupaciones. / Fotografía obtenida del sitio oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Dos días después, el 31 de julio, el gobernador de Tabasco publicó la reforma en el Periódico Oficial del estado, por lo que entró en vigor a partir del 1 de agosto. En su exposición de motivos, justificaron la decisión como parte del combate al “incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en la entidad. Dicha reforma es de carácter penal, por lo que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. “El ámbito penal es la herramienta más intrusiva que tiene el Estado respecto a las personas”, detalla en entrevista para Gatopardo, Luis Knapp del Área de Legal de ARTICLE 19. “La misma doctrina jurídica establece que la materia penal es el último recurso al cual acudir, ya que se han agotado recursos menos lesivos. Sin embargo, las reformas propuestas tipifican (como delito) algunas conductas que que impactan sustantivamente en el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social”, explica Luis Knapp. Cuando el dictamen se presentó el 24 de julio, la discusión se centró en el artículo 308 Bis, que de acuerdo con la propuesta original del gobernador, refería a que aquel que impidiera total o parcialmente el libre tránsito de las personas tendría por sanción, prisión o multa. “Se trataba de una iniciativa totalmente ambigua y con evidente impacto en la libre manifestación. Cualquier protesta, cualquier manifestación en la vía pública genera ciertos cortes en el tránsito y así como estaba redactado, cualquier protesta que cruce una avenida ya incumplía la norma penal”, detalla. En respuesta a las críticas y el rechazo social, los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. Ante esta nueva versión, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, al cual pertenece ARTICLE 19, emitió en un comunicado denunciando que, a pesar de los cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Tras la aprobación de la Ley Garrote es posible que quienes protesten en la vía pública en contra de alguna obra que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., como sucede con muchos megaproyectos, por ejemplo, terminen en la cárcel. “Es muy preocupante”, enfatiza Luis Knapp, “estamos en un contexto de megaproyectos, sí, pero pensemos que esta norma ya aplica para cualquier obra pública o privada. Por ejemplo, si en una colonia una obra afecta los derechos de una vivienda y la gente se manifiesta, podrían ser sujetos a un proceso penal”.
Tercera asamblea informativa, celebrada el 30 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México / Gisela Ishihara vía Wikimedia Commons. En la conferencia matutina del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la Ley Garrote era para “poner orden”, pues en el estado de Tabasco se estaba viviendo una situación “de anarquía, de corrupción, de extorsión y eso no se puede permitir porque no es una lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”. “El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Este discurso ya ha comenzado a ser replicado por los demás militantes de Morena. Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, calificó como “sagradas” a las manifestaciones, pero aseguró que la Ley Garrote es una medida ante aquellos que a través de éstas “han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”. Sin embargo, en palabras de Luis Knapp, “las autoridades simplemente deben garantizar y cumplir con lo que dice la norma, no pueden erigirse como jueces que califican las protestas y eligen cuál se debe sancionar”.
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El “Éxodo por la democracia” no fue la única vez que el ahora mandatario recurrió a su libertad de protesta social. Ejemplo claro de esto fue el cierre de las instalaciones petroleras en Tabasco en 1996. Ese año, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la cabeza de los bloqueos que exigían las indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. Otro ejemplo fue lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 2006, cuando las autoridades electorales anunciaron como ganador al panista Felipe Calderón. En respuesta, el PRD, del que López Obrador era candidato, denunció fraude, e inició un gran movimiento para exigir el recuento de votos. AMLO convocó a sus simpatizantes a bloquear una de las principales avenidas de la Ciudad de México. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (...) que permanezcamos aquí día y noche hasta que cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos”, dijo el 30 de julio de 2006. Miles de simpatizantes mantuvieron ocupado el Paseo de la Reforma durante 47 días. “Creo que López Obrador o está mal asesorado o desconoce la materia jurídica. Él mismo lo ha dicho públicamente en las mañaneras, pero eso no es justificación porque para eso tiene una consejería jurídica”, explica Luis Knapp, “Ellos hablan de extorsión grave en el estado de Tabasco. Si hay una problemática grave al respecto, pues que le pongan ese nombre y regulen en ese sentido, pero lo que sucedió, o es ignorancia, o es dolo, por parte de estas autoridades”. Como él, muchos especialistas están de acuerdo en que criminalizar la protesta social es extremadamente peligroso para la justicia y la democracia.
“El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Pese a los argumentos que se han dado para justificar la Ley Garrote y modificar la percepción que apunta a una clara violación de derechos, varios legisladores han manifestado su rechazo a la misma. Entre ellos destacan las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales; mientras que por el PRI se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. De cualquier forma, la Ley Garrote ya fue ido publicada y ahora "corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Luis Knapp. “Solo ellas están facultadas para eso y nadie más, ninguna asociación o persona. Otra vía es promover juicios de amparo, que sí puede iniciar cualquier persona, ante el poder Judicial alegando la inconstitucionalidad de estas reformas”, detalla. La controversial reforma se suma a lo sucedido apenas el pasado 23 de julio en Baja California, cuando el Congreso autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Ambos casos, “son focos rojos, totalmente. Nos preocupa que, por ejemplo, derivado de la llamada Ley Garrote en Tabasco, comiencen a surgir otras propuestas o iniciativas en otros estados de la República y que estas medidas se empiecen a replicar”. Hace ya cinco años, ante un escenario de violencia similar al que vive hoy México, surgieron iniciativas como la Ley Bala en Puebla, la Ley de Movilidad en la CDMX o la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, pero nunca como ahora existió un precedente legal para justificar violaciones a la libertad de expresión.
*Fotografía: Ismael Villafranco / Flickr.
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Tras el dictamen se castigará con cárcel la obstrucción de vías y obras públicas.
La travesía a la Ciudad de México duró 50 días. Acompañado por un pequeño grupo de personas, en su mayoría provenientes de las comunidades chontales de Nacajuca, un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partió de su natal Tabasco rumbo a la capital del país. Impulsados por el reclamo de un fraude electoral en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, los tabasqueños se concentraron en el Parque Juárez en Villa Hermosa. La agotadora caminata comenzó el 25 de noviembre de 1991. Marcharon por Veracruz, Puebla y Estado de México, hasta que el 11 de enero de 1992, ya acompañados por miles de mexicanos, entraron al Zócalo capitalino. Poca gente creyó que el “Éxodo por la democracia” lograría su objetivo, pero López Obrador tenía a los tabasqueños de su lado. Algunos líderes locales se sumaron al contingente y conforme fueron sumando kilómetros, gente y líderes perredistas de estados vecinos se unieron a la marcha. La dirigencia nacional del partido expresó su respaldo unos días después y más tarde Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se unieron durante varios tramos. Pasaron los días y miles de marchistas inundaron la carretera federal hasta alcanzar Texcoco. El cansancio era notorio, pero en ningún momento se dieron por vencidos. Una vez en la plancha principal de la ciudad, López Obrador dio un discurso a favor de la democracia. Un día después, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, lo recibió. El “Éxodo por la democracia” lo había logrado, las autoridades federales aceptaron que el PRD estuviera al frente de un concejo municipal en Cárdenas, mientras que en Nacajuca y Macuspana, se anularon las elecciones y optaron por instalar concejos municipales mixtos con mayoría priista. Una manifestación pública logró que los tabasqueños fueran escuchados. Aunque fue difícil y agotador, la democracia les dio las herramientas para lograrlo. Veintisiete años después, Andrés Manuel López Obrador, líder de ese “Éxodo por la democracia”, ha respaldado, ahora como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma al Código Penal del estado que sanciona las protestas y afecta sustantivamente los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre manifestación social. El pasado lunes 29 de julio, con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó el dictamen conocido como Ley Garrote, el cual sanciona hasta con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.
Veintisiete años después, pareciera que el Andrés Manuel López Obrador que lideró el “Éxodo por la democracia”, olvidó la importancia de permitir a los ciudadanos expresar sus ideas y preocupaciones. / Fotografía obtenida del sitio oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Dos días después, el 31 de julio, el gobernador de Tabasco publicó la reforma en el Periódico Oficial del estado, por lo que entró en vigor a partir del 1 de agosto. En su exposición de motivos, justificaron la decisión como parte del combate al “incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en la entidad. Dicha reforma es de carácter penal, por lo que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. “El ámbito penal es la herramienta más intrusiva que tiene el Estado respecto a las personas”, detalla en entrevista para Gatopardo, Luis Knapp del Área de Legal de ARTICLE 19. “La misma doctrina jurídica establece que la materia penal es el último recurso al cual acudir, ya que se han agotado recursos menos lesivos. Sin embargo, las reformas propuestas tipifican (como delito) algunas conductas que que impactan sustantivamente en el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social”, explica Luis Knapp. Cuando el dictamen se presentó el 24 de julio, la discusión se centró en el artículo 308 Bis, que de acuerdo con la propuesta original del gobernador, refería a que aquel que impidiera total o parcialmente el libre tránsito de las personas tendría por sanción, prisión o multa. “Se trataba de una iniciativa totalmente ambigua y con evidente impacto en la libre manifestación. Cualquier protesta, cualquier manifestación en la vía pública genera ciertos cortes en el tránsito y así como estaba redactado, cualquier protesta que cruce una avenida ya incumplía la norma penal”, detalla. En respuesta a las críticas y el rechazo social, los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. Ante esta nueva versión, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, al cual pertenece ARTICLE 19, emitió en un comunicado denunciando que, a pesar de los cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Tras la aprobación de la Ley Garrote es posible que quienes protesten en la vía pública en contra de alguna obra que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., como sucede con muchos megaproyectos, por ejemplo, terminen en la cárcel. “Es muy preocupante”, enfatiza Luis Knapp, “estamos en un contexto de megaproyectos, sí, pero pensemos que esta norma ya aplica para cualquier obra pública o privada. Por ejemplo, si en una colonia una obra afecta los derechos de una vivienda y la gente se manifiesta, podrían ser sujetos a un proceso penal”.
Tercera asamblea informativa, celebrada el 30 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México / Gisela Ishihara vía Wikimedia Commons. En la conferencia matutina del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la Ley Garrote era para “poner orden”, pues en el estado de Tabasco se estaba viviendo una situación “de anarquía, de corrupción, de extorsión y eso no se puede permitir porque no es una lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”. “El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Este discurso ya ha comenzado a ser replicado por los demás militantes de Morena. Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, calificó como “sagradas” a las manifestaciones, pero aseguró que la Ley Garrote es una medida ante aquellos que a través de éstas “han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”. Sin embargo, en palabras de Luis Knapp, “las autoridades simplemente deben garantizar y cumplir con lo que dice la norma, no pueden erigirse como jueces que califican las protestas y eligen cuál se debe sancionar”.
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El “Éxodo por la democracia” no fue la única vez que el ahora mandatario recurrió a su libertad de protesta social. Ejemplo claro de esto fue el cierre de las instalaciones petroleras en Tabasco en 1996. Ese año, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la cabeza de los bloqueos que exigían las indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. Otro ejemplo fue lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 2006, cuando las autoridades electorales anunciaron como ganador al panista Felipe Calderón. En respuesta, el PRD, del que López Obrador era candidato, denunció fraude, e inició un gran movimiento para exigir el recuento de votos. AMLO convocó a sus simpatizantes a bloquear una de las principales avenidas de la Ciudad de México. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (...) que permanezcamos aquí día y noche hasta que cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos”, dijo el 30 de julio de 2006. Miles de simpatizantes mantuvieron ocupado el Paseo de la Reforma durante 47 días. “Creo que López Obrador o está mal asesorado o desconoce la materia jurídica. Él mismo lo ha dicho públicamente en las mañaneras, pero eso no es justificación porque para eso tiene una consejería jurídica”, explica Luis Knapp, “Ellos hablan de extorsión grave en el estado de Tabasco. Si hay una problemática grave al respecto, pues que le pongan ese nombre y regulen en ese sentido, pero lo que sucedió, o es ignorancia, o es dolo, por parte de estas autoridades”. Como él, muchos especialistas están de acuerdo en que criminalizar la protesta social es extremadamente peligroso para la justicia y la democracia.
“El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Pese a los argumentos que se han dado para justificar la Ley Garrote y modificar la percepción que apunta a una clara violación de derechos, varios legisladores han manifestado su rechazo a la misma. Entre ellos destacan las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales; mientras que por el PRI se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. De cualquier forma, la Ley Garrote ya fue ido publicada y ahora "corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Luis Knapp. “Solo ellas están facultadas para eso y nadie más, ninguna asociación o persona. Otra vía es promover juicios de amparo, que sí puede iniciar cualquier persona, ante el poder Judicial alegando la inconstitucionalidad de estas reformas”, detalla. La controversial reforma se suma a lo sucedido apenas el pasado 23 de julio en Baja California, cuando el Congreso autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Ambos casos, “son focos rojos, totalmente. Nos preocupa que, por ejemplo, derivado de la llamada Ley Garrote en Tabasco, comiencen a surgir otras propuestas o iniciativas en otros estados de la República y que estas medidas se empiecen a replicar”. Hace ya cinco años, ante un escenario de violencia similar al que vive hoy México, surgieron iniciativas como la Ley Bala en Puebla, la Ley de Movilidad en la CDMX o la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, pero nunca como ahora existió un precedente legal para justificar violaciones a la libertad de expresión.
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Tras el dictamen se castigará con cárcel la obstrucción de vías y obras públicas.
La travesía a la Ciudad de México duró 50 días. Acompañado por un pequeño grupo de personas, en su mayoría provenientes de las comunidades chontales de Nacajuca, un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partió de su natal Tabasco rumbo a la capital del país. Impulsados por el reclamo de un fraude electoral en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, los tabasqueños se concentraron en el Parque Juárez en Villa Hermosa. La agotadora caminata comenzó el 25 de noviembre de 1991. Marcharon por Veracruz, Puebla y Estado de México, hasta que el 11 de enero de 1992, ya acompañados por miles de mexicanos, entraron al Zócalo capitalino. Poca gente creyó que el “Éxodo por la democracia” lograría su objetivo, pero López Obrador tenía a los tabasqueños de su lado. Algunos líderes locales se sumaron al contingente y conforme fueron sumando kilómetros, gente y líderes perredistas de estados vecinos se unieron a la marcha. La dirigencia nacional del partido expresó su respaldo unos días después y más tarde Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se unieron durante varios tramos. Pasaron los días y miles de marchistas inundaron la carretera federal hasta alcanzar Texcoco. El cansancio era notorio, pero en ningún momento se dieron por vencidos. Una vez en la plancha principal de la ciudad, López Obrador dio un discurso a favor de la democracia. Un día después, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, lo recibió. El “Éxodo por la democracia” lo había logrado, las autoridades federales aceptaron que el PRD estuviera al frente de un concejo municipal en Cárdenas, mientras que en Nacajuca y Macuspana, se anularon las elecciones y optaron por instalar concejos municipales mixtos con mayoría priista. Una manifestación pública logró que los tabasqueños fueran escuchados. Aunque fue difícil y agotador, la democracia les dio las herramientas para lograrlo. Veintisiete años después, Andrés Manuel López Obrador, líder de ese “Éxodo por la democracia”, ha respaldado, ahora como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma al Código Penal del estado que sanciona las protestas y afecta sustantivamente los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre manifestación social. El pasado lunes 29 de julio, con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó el dictamen conocido como Ley Garrote, el cual sanciona hasta con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.
Veintisiete años después, pareciera que el Andrés Manuel López Obrador que lideró el “Éxodo por la democracia”, olvidó la importancia de permitir a los ciudadanos expresar sus ideas y preocupaciones. / Fotografía obtenida del sitio oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Dos días después, el 31 de julio, el gobernador de Tabasco publicó la reforma en el Periódico Oficial del estado, por lo que entró en vigor a partir del 1 de agosto. En su exposición de motivos, justificaron la decisión como parte del combate al “incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en la entidad. Dicha reforma es de carácter penal, por lo que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. “El ámbito penal es la herramienta más intrusiva que tiene el Estado respecto a las personas”, detalla en entrevista para Gatopardo, Luis Knapp del Área de Legal de ARTICLE 19. “La misma doctrina jurídica establece que la materia penal es el último recurso al cual acudir, ya que se han agotado recursos menos lesivos. Sin embargo, las reformas propuestas tipifican (como delito) algunas conductas que que impactan sustantivamente en el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social”, explica Luis Knapp. Cuando el dictamen se presentó el 24 de julio, la discusión se centró en el artículo 308 Bis, que de acuerdo con la propuesta original del gobernador, refería a que aquel que impidiera total o parcialmente el libre tránsito de las personas tendría por sanción, prisión o multa. “Se trataba de una iniciativa totalmente ambigua y con evidente impacto en la libre manifestación. Cualquier protesta, cualquier manifestación en la vía pública genera ciertos cortes en el tránsito y así como estaba redactado, cualquier protesta que cruce una avenida ya incumplía la norma penal”, detalla. En respuesta a las críticas y el rechazo social, los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. Ante esta nueva versión, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, al cual pertenece ARTICLE 19, emitió en un comunicado denunciando que, a pesar de los cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Tras la aprobación de la Ley Garrote es posible que quienes protesten en la vía pública en contra de alguna obra que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., como sucede con muchos megaproyectos, por ejemplo, terminen en la cárcel. “Es muy preocupante”, enfatiza Luis Knapp, “estamos en un contexto de megaproyectos, sí, pero pensemos que esta norma ya aplica para cualquier obra pública o privada. Por ejemplo, si en una colonia una obra afecta los derechos de una vivienda y la gente se manifiesta, podrían ser sujetos a un proceso penal”.
Tercera asamblea informativa, celebrada el 30 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México / Gisela Ishihara vía Wikimedia Commons. En la conferencia matutina del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la Ley Garrote era para “poner orden”, pues en el estado de Tabasco se estaba viviendo una situación “de anarquía, de corrupción, de extorsión y eso no se puede permitir porque no es una lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”. “El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Este discurso ya ha comenzado a ser replicado por los demás militantes de Morena. Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, calificó como “sagradas” a las manifestaciones, pero aseguró que la Ley Garrote es una medida ante aquellos que a través de éstas “han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”. Sin embargo, en palabras de Luis Knapp, “las autoridades simplemente deben garantizar y cumplir con lo que dice la norma, no pueden erigirse como jueces que califican las protestas y eligen cuál se debe sancionar”.
***
El “Éxodo por la democracia” no fue la única vez que el ahora mandatario recurrió a su libertad de protesta social. Ejemplo claro de esto fue el cierre de las instalaciones petroleras en Tabasco en 1996. Ese año, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la cabeza de los bloqueos que exigían las indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. Otro ejemplo fue lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 2006, cuando las autoridades electorales anunciaron como ganador al panista Felipe Calderón. En respuesta, el PRD, del que López Obrador era candidato, denunció fraude, e inició un gran movimiento para exigir el recuento de votos. AMLO convocó a sus simpatizantes a bloquear una de las principales avenidas de la Ciudad de México. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (...) que permanezcamos aquí día y noche hasta que cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos”, dijo el 30 de julio de 2006. Miles de simpatizantes mantuvieron ocupado el Paseo de la Reforma durante 47 días. “Creo que López Obrador o está mal asesorado o desconoce la materia jurídica. Él mismo lo ha dicho públicamente en las mañaneras, pero eso no es justificación porque para eso tiene una consejería jurídica”, explica Luis Knapp, “Ellos hablan de extorsión grave en el estado de Tabasco. Si hay una problemática grave al respecto, pues que le pongan ese nombre y regulen en ese sentido, pero lo que sucedió, o es ignorancia, o es dolo, por parte de estas autoridades”. Como él, muchos especialistas están de acuerdo en que criminalizar la protesta social es extremadamente peligroso para la justicia y la democracia.
“El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Pese a los argumentos que se han dado para justificar la Ley Garrote y modificar la percepción que apunta a una clara violación de derechos, varios legisladores han manifestado su rechazo a la misma. Entre ellos destacan las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales; mientras que por el PRI se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. De cualquier forma, la Ley Garrote ya fue ido publicada y ahora "corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Luis Knapp. “Solo ellas están facultadas para eso y nadie más, ninguna asociación o persona. Otra vía es promover juicios de amparo, que sí puede iniciar cualquier persona, ante el poder Judicial alegando la inconstitucionalidad de estas reformas”, detalla. La controversial reforma se suma a lo sucedido apenas el pasado 23 de julio en Baja California, cuando el Congreso autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Ambos casos, “son focos rojos, totalmente. Nos preocupa que, por ejemplo, derivado de la llamada Ley Garrote en Tabasco, comiencen a surgir otras propuestas o iniciativas en otros estados de la República y que estas medidas se empiecen a replicar”. Hace ya cinco años, ante un escenario de violencia similar al que vive hoy México, surgieron iniciativas como la Ley Bala en Puebla, la Ley de Movilidad en la CDMX o la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, pero nunca como ahora existió un precedente legal para justificar violaciones a la libertad de expresión.
*Fotografía: Ismael Villafranco / Flickr.
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Tras el dictamen se castigará con cárcel la obstrucción de vías y obras públicas.
La travesía a la Ciudad de México duró 50 días. Acompañado por un pequeño grupo de personas, en su mayoría provenientes de las comunidades chontales de Nacajuca, un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partió de su natal Tabasco rumbo a la capital del país. Impulsados por el reclamo de un fraude electoral en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, los tabasqueños se concentraron en el Parque Juárez en Villa Hermosa. La agotadora caminata comenzó el 25 de noviembre de 1991. Marcharon por Veracruz, Puebla y Estado de México, hasta que el 11 de enero de 1992, ya acompañados por miles de mexicanos, entraron al Zócalo capitalino. Poca gente creyó que el “Éxodo por la democracia” lograría su objetivo, pero López Obrador tenía a los tabasqueños de su lado. Algunos líderes locales se sumaron al contingente y conforme fueron sumando kilómetros, gente y líderes perredistas de estados vecinos se unieron a la marcha. La dirigencia nacional del partido expresó su respaldo unos días después y más tarde Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se unieron durante varios tramos. Pasaron los días y miles de marchistas inundaron la carretera federal hasta alcanzar Texcoco. El cansancio era notorio, pero en ningún momento se dieron por vencidos. Una vez en la plancha principal de la ciudad, López Obrador dio un discurso a favor de la democracia. Un día después, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, lo recibió. El “Éxodo por la democracia” lo había logrado, las autoridades federales aceptaron que el PRD estuviera al frente de un concejo municipal en Cárdenas, mientras que en Nacajuca y Macuspana, se anularon las elecciones y optaron por instalar concejos municipales mixtos con mayoría priista. Una manifestación pública logró que los tabasqueños fueran escuchados. Aunque fue difícil y agotador, la democracia les dio las herramientas para lograrlo. Veintisiete años después, Andrés Manuel López Obrador, líder de ese “Éxodo por la democracia”, ha respaldado, ahora como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma al Código Penal del estado que sanciona las protestas y afecta sustantivamente los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre manifestación social. El pasado lunes 29 de julio, con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó el dictamen conocido como Ley Garrote, el cual sanciona hasta con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.
Veintisiete años después, pareciera que el Andrés Manuel López Obrador que lideró el “Éxodo por la democracia”, olvidó la importancia de permitir a los ciudadanos expresar sus ideas y preocupaciones. / Fotografía obtenida del sitio oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Dos días después, el 31 de julio, el gobernador de Tabasco publicó la reforma en el Periódico Oficial del estado, por lo que entró en vigor a partir del 1 de agosto. En su exposición de motivos, justificaron la decisión como parte del combate al “incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en la entidad. Dicha reforma es de carácter penal, por lo que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. “El ámbito penal es la herramienta más intrusiva que tiene el Estado respecto a las personas”, detalla en entrevista para Gatopardo, Luis Knapp del Área de Legal de ARTICLE 19. “La misma doctrina jurídica establece que la materia penal es el último recurso al cual acudir, ya que se han agotado recursos menos lesivos. Sin embargo, las reformas propuestas tipifican (como delito) algunas conductas que que impactan sustantivamente en el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social”, explica Luis Knapp. Cuando el dictamen se presentó el 24 de julio, la discusión se centró en el artículo 308 Bis, que de acuerdo con la propuesta original del gobernador, refería a que aquel que impidiera total o parcialmente el libre tránsito de las personas tendría por sanción, prisión o multa. “Se trataba de una iniciativa totalmente ambigua y con evidente impacto en la libre manifestación. Cualquier protesta, cualquier manifestación en la vía pública genera ciertos cortes en el tránsito y así como estaba redactado, cualquier protesta que cruce una avenida ya incumplía la norma penal”, detalla. En respuesta a las críticas y el rechazo social, los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. Ante esta nueva versión, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, al cual pertenece ARTICLE 19, emitió en un comunicado denunciando que, a pesar de los cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Tras la aprobación de la Ley Garrote es posible que quienes protesten en la vía pública en contra de alguna obra que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., como sucede con muchos megaproyectos, por ejemplo, terminen en la cárcel. “Es muy preocupante”, enfatiza Luis Knapp, “estamos en un contexto de megaproyectos, sí, pero pensemos que esta norma ya aplica para cualquier obra pública o privada. Por ejemplo, si en una colonia una obra afecta los derechos de una vivienda y la gente se manifiesta, podrían ser sujetos a un proceso penal”.
Tercera asamblea informativa, celebrada el 30 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México / Gisela Ishihara vía Wikimedia Commons. En la conferencia matutina del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la Ley Garrote era para “poner orden”, pues en el estado de Tabasco se estaba viviendo una situación “de anarquía, de corrupción, de extorsión y eso no se puede permitir porque no es una lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”. “El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Este discurso ya ha comenzado a ser replicado por los demás militantes de Morena. Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, calificó como “sagradas” a las manifestaciones, pero aseguró que la Ley Garrote es una medida ante aquellos que a través de éstas “han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”. Sin embargo, en palabras de Luis Knapp, “las autoridades simplemente deben garantizar y cumplir con lo que dice la norma, no pueden erigirse como jueces que califican las protestas y eligen cuál se debe sancionar”.
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El “Éxodo por la democracia” no fue la única vez que el ahora mandatario recurrió a su libertad de protesta social. Ejemplo claro de esto fue el cierre de las instalaciones petroleras en Tabasco en 1996. Ese año, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la cabeza de los bloqueos que exigían las indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. Otro ejemplo fue lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 2006, cuando las autoridades electorales anunciaron como ganador al panista Felipe Calderón. En respuesta, el PRD, del que López Obrador era candidato, denunció fraude, e inició un gran movimiento para exigir el recuento de votos. AMLO convocó a sus simpatizantes a bloquear una de las principales avenidas de la Ciudad de México. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (...) que permanezcamos aquí día y noche hasta que cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos”, dijo el 30 de julio de 2006. Miles de simpatizantes mantuvieron ocupado el Paseo de la Reforma durante 47 días. “Creo que López Obrador o está mal asesorado o desconoce la materia jurídica. Él mismo lo ha dicho públicamente en las mañaneras, pero eso no es justificación porque para eso tiene una consejería jurídica”, explica Luis Knapp, “Ellos hablan de extorsión grave en el estado de Tabasco. Si hay una problemática grave al respecto, pues que le pongan ese nombre y regulen en ese sentido, pero lo que sucedió, o es ignorancia, o es dolo, por parte de estas autoridades”. Como él, muchos especialistas están de acuerdo en que criminalizar la protesta social es extremadamente peligroso para la justicia y la democracia.
“El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Pese a los argumentos que se han dado para justificar la Ley Garrote y modificar la percepción que apunta a una clara violación de derechos, varios legisladores han manifestado su rechazo a la misma. Entre ellos destacan las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales; mientras que por el PRI se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. De cualquier forma, la Ley Garrote ya fue ido publicada y ahora "corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Luis Knapp. “Solo ellas están facultadas para eso y nadie más, ninguna asociación o persona. Otra vía es promover juicios de amparo, que sí puede iniciar cualquier persona, ante el poder Judicial alegando la inconstitucionalidad de estas reformas”, detalla. La controversial reforma se suma a lo sucedido apenas el pasado 23 de julio en Baja California, cuando el Congreso autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Ambos casos, “son focos rojos, totalmente. Nos preocupa que, por ejemplo, derivado de la llamada Ley Garrote en Tabasco, comiencen a surgir otras propuestas o iniciativas en otros estados de la República y que estas medidas se empiecen a replicar”. Hace ya cinco años, ante un escenario de violencia similar al que vive hoy México, surgieron iniciativas como la Ley Bala en Puebla, la Ley de Movilidad en la CDMX o la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, pero nunca como ahora existió un precedente legal para justificar violaciones a la libertad de expresión.
*Fotografía: Ismael Villafranco / Flickr.
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La travesía a la Ciudad de México duró 50 días. Acompañado por un pequeño grupo de personas, en su mayoría provenientes de las comunidades chontales de Nacajuca, un joven Andrés Manuel López Obrador, entonces líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partió de su natal Tabasco rumbo a la capital del país. Impulsados por el reclamo de un fraude electoral en los municipios de Cárdenas, Nacajuca y Macuspana, los tabasqueños se concentraron en el Parque Juárez en Villa Hermosa. La agotadora caminata comenzó el 25 de noviembre de 1991. Marcharon por Veracruz, Puebla y Estado de México, hasta que el 11 de enero de 1992, ya acompañados por miles de mexicanos, entraron al Zócalo capitalino. Poca gente creyó que el “Éxodo por la democracia” lograría su objetivo, pero López Obrador tenía a los tabasqueños de su lado. Algunos líderes locales se sumaron al contingente y conforme fueron sumando kilómetros, gente y líderes perredistas de estados vecinos se unieron a la marcha. La dirigencia nacional del partido expresó su respaldo unos días después y más tarde Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, se unieron durante varios tramos. Pasaron los días y miles de marchistas inundaron la carretera federal hasta alcanzar Texcoco. El cansancio era notorio, pero en ningún momento se dieron por vencidos. Una vez en la plancha principal de la ciudad, López Obrador dio un discurso a favor de la democracia. Un día después, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, lo recibió. El “Éxodo por la democracia” lo había logrado, las autoridades federales aceptaron que el PRD estuviera al frente de un concejo municipal en Cárdenas, mientras que en Nacajuca y Macuspana, se anularon las elecciones y optaron por instalar concejos municipales mixtos con mayoría priista. Una manifestación pública logró que los tabasqueños fueran escuchados. Aunque fue difícil y agotador, la democracia les dio las herramientas para lograrlo. Veintisiete años después, Andrés Manuel López Obrador, líder de ese “Éxodo por la democracia”, ha respaldado, ahora como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una reforma al Código Penal del estado que sanciona las protestas y afecta sustantivamente los derechos a la libertad de expresión y al ejercicio de la libre manifestación social. El pasado lunes 29 de julio, con 24 votos a favor y uno en contra, el Congreso de Tabasco aprobó el dictamen conocido como Ley Garrote, el cual sanciona hasta con 13 años de prisión a quienes “impidan o traten de impedir, por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras públicas y privadas”.
Veintisiete años después, pareciera que el Andrés Manuel López Obrador que lideró el “Éxodo por la democracia”, olvidó la importancia de permitir a los ciudadanos expresar sus ideas y preocupaciones. / Fotografía obtenida del sitio oficial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Dos días después, el 31 de julio, el gobernador de Tabasco publicó la reforma en el Periódico Oficial del estado, por lo que entró en vigor a partir del 1 de agosto. En su exposición de motivos, justificaron la decisión como parte del combate al “incremento desmedido y alarmante de la extorsión” en la entidad. Dicha reforma es de carácter penal, por lo que criminaliza y menoscaba el ejercicio de derechos. “El ámbito penal es la herramienta más intrusiva que tiene el Estado respecto a las personas”, detalla en entrevista para Gatopardo, Luis Knapp del Área de Legal de ARTICLE 19. “La misma doctrina jurídica establece que la materia penal es el último recurso al cual acudir, ya que se han agotado recursos menos lesivos. Sin embargo, las reformas propuestas tipifican (como delito) algunas conductas que que impactan sustantivamente en el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social”, explica Luis Knapp. Cuando el dictamen se presentó el 24 de julio, la discusión se centró en el artículo 308 Bis, que de acuerdo con la propuesta original del gobernador, refería a que aquel que impidiera total o parcialmente el libre tránsito de las personas tendría por sanción, prisión o multa. “Se trataba de una iniciativa totalmente ambigua y con evidente impacto en la libre manifestación. Cualquier protesta, cualquier manifestación en la vía pública genera ciertos cortes en el tránsito y así como estaba redactado, cualquier protesta que cruce una avenida ya incumplía la norma penal”, detalla. En respuesta a las críticas y el rechazo social, los legisladores terminaron por modificar el contenido del artículo 308 Bis, para quedar de la siguiente manera: “al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización”. Ante esta nueva versión, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, al cual pertenece ARTICLE 19, emitió en un comunicado denunciando que, a pesar de los cambios, el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social. Tras la aprobación de la Ley Garrote es posible que quienes protesten en la vía pública en contra de alguna obra que afecte derechos, propiedades, el medio ambiente, etc., como sucede con muchos megaproyectos, por ejemplo, terminen en la cárcel. “Es muy preocupante”, enfatiza Luis Knapp, “estamos en un contexto de megaproyectos, sí, pero pensemos que esta norma ya aplica para cualquier obra pública o privada. Por ejemplo, si en una colonia una obra afecta los derechos de una vivienda y la gente se manifiesta, podrían ser sujetos a un proceso penal”.
Tercera asamblea informativa, celebrada el 30 de julio del 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México / Gisela Ishihara vía Wikimedia Commons. En la conferencia matutina del pasado 30 de agosto, el presidente López Obrador dijo que la Ley Garrote era para “poner orden”, pues en el estado de Tabasco se estaba viviendo una situación “de anarquía, de corrupción, de extorsión y eso no se puede permitir porque no es una lucha por una causa justa, es un modus operandi. Es chantajear para obtener recursos, porque proliferaron grupos, supuestamente sindicatos, que no tienen fundamento legal y se dedicaban a extorsionar”. “El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Este discurso ya ha comenzado a ser replicado por los demás militantes de Morena. Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, calificó como “sagradas” a las manifestaciones, pero aseguró que la Ley Garrote es una medida ante aquellos que a través de éstas “han querido manipular para generar un movimiento en contra de Dos Bocas. Esta ley es para evitar chantajes y sabotajes”. Sin embargo, en palabras de Luis Knapp, “las autoridades simplemente deben garantizar y cumplir con lo que dice la norma, no pueden erigirse como jueces que califican las protestas y eligen cuál se debe sancionar”.
***
El “Éxodo por la democracia” no fue la única vez que el ahora mandatario recurrió a su libertad de protesta social. Ejemplo claro de esto fue el cierre de las instalaciones petroleras en Tabasco en 1996. Ese año, Andrés Manuel López Obrador estuvo a la cabeza de los bloqueos que exigían las indemnizaciones a más de 40 mil campesinos y pescadores afectados por las actividades de Pemex. Otro ejemplo fue lo sucedido tras las elecciones presidenciales de 2006, cuando las autoridades electorales anunciaron como ganador al panista Felipe Calderón. En respuesta, el PRD, del que López Obrador era candidato, denunció fraude, e inició un gran movimiento para exigir el recuento de votos. AMLO convocó a sus simpatizantes a bloquear una de las principales avenidas de la Ciudad de México. “Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente (...) que permanezcamos aquí día y noche hasta que cuenten los votos y tengamos un presidente electo con la legalidad mínima que nos merecemos”, dijo el 30 de julio de 2006. Miles de simpatizantes mantuvieron ocupado el Paseo de la Reforma durante 47 días. “Creo que López Obrador o está mal asesorado o desconoce la materia jurídica. Él mismo lo ha dicho públicamente en las mañaneras, pero eso no es justificación porque para eso tiene una consejería jurídica”, explica Luis Knapp, “Ellos hablan de extorsión grave en el estado de Tabasco. Si hay una problemática grave al respecto, pues que le pongan ese nombre y regulen en ese sentido, pero lo que sucedió, o es ignorancia, o es dolo, por parte de estas autoridades”. Como él, muchos especialistas están de acuerdo en que criminalizar la protesta social es extremadamente peligroso para la justicia y la democracia.
“El presidente ha dicho que apoya y está de acuerdo con las protestas que tengan causa justa, pero al hacerlo se está erigiendo como un juez de la libertad y entonces pretende determinar qué es lo que sí tiene causa justa y qué no la tiene”, dice Luis Knapp. Pese a los argumentos que se han dado para justificar la Ley Garrote y modificar la percepción que apunta a una clara violación de derechos, varios legisladores han manifestado su rechazo a la misma. Entre ellos destacan las legisladoras del PRD, Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita y Elsy Lydia Izquierdo Morales; mientras que por el PRI se manifestaron en contra los diputados Gerald Washington Herrera Castellanos, Ingrid Margarita Rosas Pantoja y Katia Ornelas Gil. De cualquier forma, la Ley Garrote ya fue ido publicada y ahora "corresponde a la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco y la Comisión Nacional de Derechos Humanos promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, explica Luis Knapp. “Solo ellas están facultadas para eso y nadie más, ninguna asociación o persona. Otra vía es promover juicios de amparo, que sí puede iniciar cualquier persona, ante el poder Judicial alegando la inconstitucionalidad de estas reformas”, detalla. La controversial reforma se suma a lo sucedido apenas el pasado 23 de julio en Baja California, cuando el Congreso autorizó ampliar la gubernatura de Jaime Bonilla de dos a cinco años. Ambos casos, “son focos rojos, totalmente. Nos preocupa que, por ejemplo, derivado de la llamada Ley Garrote en Tabasco, comiencen a surgir otras propuestas o iniciativas en otros estados de la República y que estas medidas se empiecen a replicar”. Hace ya cinco años, ante un escenario de violencia similar al que vive hoy México, surgieron iniciativas como la Ley Bala en Puebla, la Ley de Movilidad en la CDMX o la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, pero nunca como ahora existió un precedente legal para justificar violaciones a la libertad de expresión.
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