El Consejo de la Judicatura Federal, a través del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa después de detectar una serie de irregularidades cometidas durante las averiguaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR).

En los fallos a los amparos en revisión 203/2017 y 206/2017, resueltos el pasado 4 de junio, el Poder Judicial ordenó la creación de una comisión de investigación para la justicia y verdad en el caso Iguala, además de un procedimiento alternativo para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR, señalada en la resolución como una entidad imparcial y sin autonomía.

En una sentencia inédita, el Tribunal con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, estableció que se debe retomar la investigación debido a “que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de quienes presentaron los recursos de amparo —varios acusados de participar en las desapariciones— fueron “obtenidas por medio de tortura“, entre otras irregularidades.

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“De la manera más atenta y respetuosa se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida comisión”, piden los Magistrados en el apartado VIII, párrafo 1241 de la sentencia.

Por medio de un comunicado de prensa, cuatro instituciones en defensa de los derechos humanos –Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Fundar: Centro de Análisis e Investigación; Tlachinollan: Centro de Derechos Humanos de la Montaña y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)- saludaron la resolución del Tribunal como un importante aporte del Poder Judicial para alcanzar la verdad y justicia en el caso.

Fotografía: Daniel Cima/CIDH

“Frente a los múltiples señalamientos críticos ante la llamada ‘verdad histórica’ por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Gobierno Federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, explican en el informe. Además, las instituciones consideran que el fallo del tribunal es un llamado a la creación de una fiscalía autónoma al gobierno de Enrique Peña Nieto y el entrante.

Las familias de los 43 normalistas desparecidos durante la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero aún no se han posicionado públicamente sobre la resolución. Sin embargo, se espera que en los próximos días inicien un proceso de análisis para revisar sus acciones.

Fotografía de portada: Flickr – Comisión Interamericana de Derechos Humanos