Las inconsistencias del Rébsamen
Verificado 2018 hizo una revisión a las inconsistencias del expediente del Colegio Rébsamen, después del debate por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
mayo 17, 2018

Irene Larraz / Verificado 2018 –  El derrumbe del Colegio Rébsamen fue nuevamente tema en el segundo debate de candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Mikel Arriola, Alejandra Barrales y Purificación Carpinteyro volvieron a acusar a Claudia Sheinbaum de ser responsable de las irregularidades y corrupción que causaron el desplome de uno de los edificios del plantel, en el que murieron 19 niños y seis adultos, tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

Las acusaciones van desde que ella, como delegada de Tlalpan entre 2015 y 2017, no clausuró el colegio, a pesar de las irregularidades en la construcción y los permisos de operación, hasta que ocultó información y no entregó el expediente completo de este plantel.

Verificado 2018 consultó con el equipo de la propia Sheinbaum, entrevistó a padres de familia y revisó expedientes.

Con base en esta información, puede concluirse que la delegación Tlalpan sí tenía un expediente incompleto del edificio que albergaba al Colegio Rebsamen y la información sí estuvo reservada por cuatro meses, tal como han denunciado padres de familia.

Opacidad

Bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, la delegación tomó la decisión de no difundir información del colegio durante cuatro meses, amparándose en una orden judicial. El Comité de Transparencia Delegacional, en sesión extraordinaria el 27 de octubre de 2017, reservó la información.

La delegación alegó que lo hizo en respuesta a una notificación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), en la que señalaba que la información era parte de una investigación judicial. Sin embargo, la notificación sólo exigía la reserva de los datos personales y no había ninguna prohibición expresa que impidiera generar versiones públicas.

La decisión se mantuvo hasta el 21 de febrero, cuando Sheinbaum ya había solicitado licencia para contender por la jefatura de Gobierno capitalina. Esta decisión se tomó por instrucciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF). Un día después, el 22 de febrero, Tlalpan desclasificó la información y abrió un micrositio donde publicó de nuevo el expediente de la escuela.

El expediente

Al arranque de su administración, Claudia Sheinbaum denunció que los expedientes que había recibido de la administración 2012-2015 estaban incompletos. Citó como ejemplo los de la Dirección General de Obras, sobre los que aseguró que había nueve proyectos adjudicados de los cuales faltaban expedientes, o en la Dirección de Jurídico y Gobierno, donde denunció que había 43 expedientes perdidos.

Esta denuncia la hizo pública durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva en octubre de 2015. Esta misma entrevista fue utilizada por el equipo de la ahora candidata de Morena para explicar las razones por las cuales el expediente del Colegio Rébsamen estuviera incompleto.

Sin embargo, el Bufete Fuentes León, que representa a seis de los padres de las víctimas y familiares de algunos de los adultos fallecidos, sostiene que Tlalpan entregó información incompleta y que esto es responsabilidad del gobierno delegacional.

Entre los documentos faltantes, de acuerdo con el bufete, están:

> Los vistos buenos de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19 entre 2007 y 2017 (se tiene que renovar cada tres años). Sin embargo, en el aviso de funcionamiento señala que existe un visto bueno con vigencia hasta el 16 de abril de 2016.

> Certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos de Rancho Tamboreo 19 con folio 16122, fechado de 7 de septiembre de 1993, que figura en el aviso de funcionamiento.

> El colegio estaba ubicado no sólo sobre Rancho Tamboreo 11 y 19, sino también sobre Calzada de las Brujas 34 y 40. Sin embargo, no hay ningún documento oficial sobre la fusión de estos dos predios, por lo que también falta toda la documentación sobre ellos.

> Renovaciones del visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 11 entre 2009 y 2017. El último visto bueno es de 2017 y el anterior, de 2009; pero por ley, este documento debe renovarse cada tres años, por lo que faltarían dos. Lo mismo sucede con el visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19: sólo aparecen los de 2007 y 2017.

> No hay planos de los inmuebles.

> No existen documentos que acrediten que se cumplieron las órdenes de clausura de 2010 y 2014, ni la orden de demolición de 2014. Tampoco el pago de la multa impuesta en 2010.

> No hay ningún documento que acredite la revisión de la escuela tras el sismo del 7 de septiembre.

> No figuran las autorizaciones ni los programas internos de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen, que deben de renovarse cada año. Sólo existe una prevención del año 2017 a la solicitud de autorización del programa interno de protección civil de Rancho Tamboreo 11.

 

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Inconsistencias en el expediente

Maritere Ruiz, de la organización Suma Urbana y colaboradora de la plataforma #ObraChueca, que denuncia irregularidades en el sector de la construcción, corroboró la falta de documentos y constató las inconsistencias en el expediente presentado por la delegación, entre las que se encuentran las siguientes:

> En 2010 existe una orden de clausura y demolición; sin embargo, no figuran pruebas de que se cumpliera. Este es el principal argumento de Sheinbaum para sustentar su denuncia penal contra los directores Jurídico y de Gobierno, Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero López.

> En 2015 y 2016, la escuela construyó una ampliación del edificio que se desplomó, ubicado en Rancho Tamboreo 19, a decir de algunos padres de víctimas. Sin embargo, en el expediente no aparece ningún registro de manifestación de construcción. En este caso, también es posible que la obra se realizara de forma clandestina, sin notificarse a la delegación.

> Los documentos existentes registran el aumento de metros cuadrados para Rancho Tamboreo 19, sin embargo, no existen manifestaciones de obra para esos años. Esto último constituye otra inconsistencia, ya que para que aumentaran los metros debían existir manifestaciones de obra que acreditaran ese crecimiento de la construcción.

> En lugar del certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos para Rancho Tamboreo 19, lo que se presenta es la solicitud, no la aprobación. En ella consta que “el uso de suelo para escuela secundaria aparece prohibido” para ese predio.

 

> Aunque el el aviso de constancia de seguridad estructural de 2013 para Rancho Tamboreo 19 tiene una vigencia de cinco años, el 17 de julio de 2014, se presenta otro aviso de constancia de seguridad estructural.

> En la solicitud de autorización del programa interno de protección civil, que debe presentarse cada año.

> Una prevención insta al colegio a presentar cuatro documentos faltantes; entre ellos, la actualización del programa interno del predio Rancho Tamboreo 19, y se determina que tiene un plazo de cinco días para subsanarlo. El trámite está inconcluso y pese a ello no se clausuró el colegio.

> En el aviso de visto bueno de seguridad y operación de Rancho Tamboreo 19, con fecha 28 de agosto de 2006, se declaró un número de licencia de construcción de fecha de 1981. Sin embargo, las únicas dos licencias de construcción entregadas por la delegación Tlalpan a Rancho Tamboreo 19 son del 25 de noviembre de 1983 y del 19 de febrero de 1984.

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Lo que SÍ está en el expediente

El expediente inicia con la denuncia penal de la delegada, Claudia Sheinbaum, “en contra de quien resulte responsable” por el derrumbe del Rébsamen. El resto del expediente está desordenado, mezclando documentos de los dos predios que conforman el colegio, Rancho Tamboreo 11 y 19, y sin ningún orden cronológico.

El documento contiene licencias de construcción de 1983, expedientes de verificación de 2010 y 2013, avisos de visto buenos de seguridad y operación incompletos, avisos de constancia de seguridad estructural, uso de suelo del predio Rancho Tamboreo 11 con número de licencia 1/245/83/14, un oficio de prevención al Programa Interno de Protección Civil y el aviso de funcionamiento de establecimiento mercantil con giro de bajo impacto.

¿Qué permisos de operación y protección civil tenía el Colegio Rébsamen para operar?, ¿en qué estatus está el proceso judicial de la dueña de esta escuela?, ¿qué procesos legales han iniciado los padres? Es información que se publicará en la segunda parte de esta historia.

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Segunda entrega

Verificado 2018 corroboró que el colegio presentó un certificado de uso de suelo falso para operar en el predio y que carecía de programas de protección civil previos al 2016.

Irene Larraz / Verificado 2018 – Claudia Sheinbaum, candidata a la Jefatura de Gobierno por Morena, ha sido señalada como responsable de las irregularidades y corrupción que habrían permitido que el Colegio Rébsamen, en el que murieron 19 niños y seis adultos, tras el sismo del 19 de septiembre pasado, operara por más de tres décadas.

Verificado 2018 publicó ayer la primera parte de esta investigación, sobre la opacidad alrededor del expediente, que fue reservado durante cuatro meses. Dos son las primeras conclusiones:

1.- Sobre opacidad, los documentos fueron públicos un mes y estuvieron en la página de internet de la Delegación Tlalpan, pero se reservaron desde el 27 de octubre hasta el 22 de febrero, cuando INFODF ordenó su difusión.

2.- Peritos y abogados de familiares de los fallecidos en el Rébsamen enlistaron documentos que no están en el expediente oficial, particularmente aquellos que pudieran probar que hubo revisiones de seguridad estructural de las instalaciones, responsabilidad que le correspondía a la delegación Tlalpan.

Verificado 2018 corroboró que el colegio presentó un certificado de uso de suelo falso para operar en el predio y carecía de programas de protección civil, como señaló en un inicio la delegación, aunque después encontró los de 2016 y 2017, que correspondian a la gestión de Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México conoció de estas irregularidades, pero no clausuró sus instalaciones.

En entrevista con Denise Maerker, Sheinbaum dijo que la delegación compartió toda la información relativa al Colegio Rébsamen en su página web. Sin embargo, no es cierto: en el InfoDF aparece más información recopilada a través de solicitudes de transparencia que no consta en el expediente (LINK).

Protección civil

En el expediente del Colegio Rébsamen no figuran los programas internos de Protección Civil, pese a que deben ser renovados cada año.

En su lugar, hay un oficio de prevención del 31 de julio de 2017, en el que se le otorgan cinco días hábiles para subsanar las observaciones o el trámite sería rechazado. Pero el trámite no fue resuelto. El plazo para resolverlo se vencía tres meses después, el 31 de octubre, pero el sismo ocurrió antes.

Además, la delegación se contradice en cuanto a las respuestas que ha dado vía transparencia. Primero dijo que no existía ningún programa en sus registros, unos días después aseguró en su página web haber encontrado los programas de 2016 y 2017, correspondientes al periodo de gobierno de la delegada en funciones.

El despacho de abogados Fuentes León, que representa a algunos de los padres de niños víctimas, anunció que presentará hoy una denuncia en materia de Protección Civil contra servidores de Tlalpan por las inconsistencias en la respuesta a la solicitud de información.

expediente Rebsamen Sheimbaum inconsistencias, int3

 

El Rébsamen debió ser clausurado

No, el predio Rancho Tamboreo 19 tenía un certificado de uso de suelo falso. Verificado 2018 pudo corroborar que la constancia de uso de suelo presentada en el expediente no corresponde a la escuela, sino a un predio ubicado en la calle Ferrocarriles del Río Frío, manzana 16, Lote 13, Colonia El Rodeo, en la delegación Iztacalco, según confirmó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) mediante solicitud de información.  

En enero de 2017, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) detectó que el colegio había entregado un certificado falso de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos. Ante la duda, el INVEA cotejó con Seduvi el certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos de Rancho Tamboreo 19 que entregó la directora, y constató que no correspondía al predio en el que se encontraba el colegio.

La institución exigió una multa de 107 mil pesos y conminó a la escuela a que dejara de operar como colegio o que presentara un certificado válido que ampare el uso de suelo y superficie utilizada. Sin embargo, la directora de la escuela, Mónica García Villegas, apeló la resolución y la escuela se mantuvo abierta.

La posible clausura era una decisión que correspondía al Gobierno de la CDMX.

Meyer Klip, presidente del Invea, justificó no haber clausurado el inmueble porque la Ley de Establecimientos Mercantiles establece que ante irregularidades de giros de bajo impacto, como las escuelas, lo primero que se debe hacer es conminar a que regularicen su situación jurídica, y alegó que no había continuado con el proceso debido al amparo que obtuvo la directora.

Pero el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México lo corrigió y precisó que el 31 de mayo del 2017 había fallado a favor del INVEA el juicio de nulidad que iniciaron los representantes legales del colegio, validando la sanción impuesta y permitiéndole continuar con su proceso.

El oficio del Tribunal señala que “este procedimiento, de ninguna manera, le impide al INVEA continuar con el procedimiento administrativo respecto a las materias de su competencia”.

En paralelo, la Fiscalía Descentralizada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) inició en febrero de 2017 una investigación contra García Villegas por el delito de falsificación y uso indebido de documentos, bajo la carpeta de investigación CI/FEDAPUR/A/UI-2 C/D/00111/02-2017.

Unos meses después, el 27 de septiembre de 2017, García Villegas presentó una demanda de amparo con la que logró suspender cualquier orden de detención y congelar la información que las autoridades podían proporcionar sobre ella. Fue esta la razón por la que tanto la delegación Tlalpan como el INVEA se basaron para reservar la información.

Verificado 2018 constató que el último certificado público de uso de suelo de Rancho Tamboreo 19 que aparece en el Sistema de Información para la Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU), con fecha del 18 de abril de 2013, determina que el único uso de suelo permitido es el habitacional, con un máximo de tres niveles de construcción.

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¿Qué quieren los padres?

Los padres y los familiares de los fallecidos han emprendido distintos caminos legales. Se estima que hay unos 300 padres afectados (con y sin hijos fallecidos), a los que se suman los familiares de los seis adultos que perdieron la vida, más los maestros y el personal de la escuela.

Un grupo de padres que reúne a 17 familias de las 26 víctimas mortales presentó una demanda civil de acción colectiva por medio de la Fundación Barra Mexicana de Abogados. Juan José Serrano, presidente de la Fundación, señaló que en su caso “lo que se está buscando es sentar precedente para que esto no vuelva a suceder y generar conciencia en todos los ámbitos”.

Otro grupo integrado por cinco padres de familia que perdieron a sus hijos, familiares de una de las adultas fallecidas, y otros que no perdieron a sus hijos, está representado por el bufete Fuentes León, que tramitó una denuncia en materia penal y presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este grupo también creó la asociación civil Ángeles contra la Impunidad, que busca velar por los derechos de los niños y llevar a cabo acciones para prevenir otra tragedia como la del Rébsamen.

Existe un tercer grupo bajo el nombre Ni un Rébsamen más (@FamiliaRebsamen). Verificado 2018 solicitó una entrevista con este grupo, pero no obtuvo respuesta.

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Interpol tras la directora y dueña del Rébsamen

Mónica García Villegas permanece prófuga de la justicia por el presunto delito de homicidio y uso de documentación apócrifa para la construcción de su departamento en el colegio Enrique Rébsamen.

En septiembre obtuvo un amparo para no ser detenida, y en diciembre, la Procuraduría General de la República informó que la Interpol había emitido una ficha roja para localizarla, después de haber realizado un cateo en una vivienda de Coyoacán sin éxito.

En repetidas ocasiones, usuarios de redes sociales han solicitado a Verificado 2018 revisar si García Villegas es cuñada de la exministra Olga Sánchez Cordero –casada con el notario y catedrático Eduardo García Villegas–, y  quien, de resultar electo Andrés Manuel López Obrador, formaria parte de su gabinete.  

Mónica García Villegas es hija de Enrique García Gámez y Gloria Villegas Piña, mientras que el notario Eduardo García Villegas es hijo de Francisco García Villagomez y Mercedes Villegas Bouchez.

La exministra aclaró a Verificado 2018 que se trata de una “coincidencia de apellidos” y compartió el acta de nacimiento de su esposo.

Las denuncias que presentó Sheinbaum

Sheinbaum también dijo a Mearker que una de sus primeras acciones fue denunciar a funcionarios públicos de pasadas administraciones delegacionales. Es cierto.

El 28 de septiembre Sheinbaum presentó una denuncia penal contra Alejandro Zepeda Rodríguez y Miguel Ángel Guerrero López, exdirectores generales de Jurídico y Gobierno en Tlalpan en administraciones anteriores, así como contra la directora del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas. Además, y “contra quien resulte responsable”.

La denuncia no señala directamente a los exdelegados Higinio Chávez García (2009-2012) o Maricela Contreras Julián (2012-2015), quienes estuvieron a cargo de la delegación en los periodos en los que supuestamente se cometieron las irregularidades en el colegio, pero Sheinbaum se refirió a sus administraciones. Tanto Chávez como Contrerars migraron a las filas de Morena en los últimos seis meses.

José Adolfo Suárez del Real, coordinador de la campaña de Sheinbaum, dijo que ninguno de ellos forma parte del equipo oficial de la candidata. “Esa información es falsa; sería una irresponsabilidad exponer la campaña integrando a funcionarios que están sujetos a investigación”, aclaró. “Sheinbaum amplió la denuncia a quien resulte responsable, pero corresponde a la Procuraduría (de Justicia de la Ciudad de México) determinar hasta dónde llega la responsabilidad”, precisó Suárez del Real.

Contreras no forma parte de la campaña de forma oficial, aunque en los últimos meses ha hecho campaña a favor de la candidata a través de sus redes sociales. El 4 de abril publicó una foto en su cuenta de Facebook con el siguiente mensaje: “Con mi amiga Patricia Aceves Pastrana sumando esfuerzos para que #Tlalpan contribuya al triunfo de #Morena en el país con Andres Manuel Lopez Obrador y en la Ciudad con Claudia Sheinbaum”. En otra publicación del 1 de abril, la diputada compartió una nota titulada Claudia Sheinbaum inicia campaña, presenta a su equipo, y señala: “Vamos a recuperar en la #CDMX la vocación de izquierda que mejore las condiciones de vida de las personas. Existe esperanza y se logrará con este equipo”.

Miguel Ángel Guerrero López, que actualmente se desempeña como secretario técnico en la Cámara de Diputados, ocupó el cargo de director Jurídico y Gobierno, durante la administración de Maricela Contreras Julián (2012-2015) y Alejandro Zepeda, director de Adquisiciones en la Asamblea Legislativa del DF, ocupó el mismo cargo durante la administración de Higinio Chávez García (2009-2012).

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